Consulta tradicional. Ejecutorias.

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Décima Época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 28130         1 de 1
Plenos de Circuito Libro 59, Octubre de 2018 , Tomo II, página 1530.

FOTOCOPIAS CERTIFICADAS DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO DEBE VALORAR LA AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN LOCAL CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE JUSTIFICAR LOS DATOS QUE, EN SU CASO, SE CLASIFIQUEN COMO CONFIDENCIALES O RESERVADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).


CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO, RENÉ OLVERA GAMBOA, ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO, HUGO GÓMEZ ÁVILA, LUCILA CASTELÁN RUEDA, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO. SECRETARIO: MIGUEL MORA PÉREZ.


Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticinco de junio de dos mil dieciocho.


VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 30/2017; y,


RESULTANDO:


PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.


Mediante oficio 7509/2017 de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 1 del toca), el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto de su entonces Magistrada presidenta hizo saber al Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito sobre la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por dicho órgano colegiado al resolver la queja 222/2017 y el diverso sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al fallar la queja 205/2016.


SEGUNDO.—Trámite.


En proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete (fojas 53 a 55 del toca), el entonces Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis, registrada como toca 30/2017.


En el propio acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, analizado el oficio de cuenta y anexos correspondientes, se tuvo como posible punto de contradicción entre los criterios sustentados por el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, si el Juez de Distrito debe o no autorizar o acordar de manera favorable la petición del quejoso de copias de los resultados de los exámenes de control de confianza, así como la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio esa información.


Además, se solicitó a la presidencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que informara si el criterio sustentado, materia de la denuncia, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, para lo cual debía señalar las consideraciones respectivas y, en su caso, remitir la sentencia correspondiente donde se hubiere sustentado el nuevo criterio.


Asimismo, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si existía alguna contradicción de tesis que guardara relación con la temática planteada en la presente; y, finalmente, que se comunicara a todos los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito sobre la admisión del asunto.


TERCERO.—Sustanciación.


En acuerdo de diez de octubre de dos mil diecisiete (foja 76 del toca), se recibió el informe del presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual hizo saber que sigue vigente el criterio contenido en la queja 205/2016.


En auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 85 del toca), se acordó el informe de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que recibió el oficio SGA/GVP/629/2017 de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien acudió al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver y no advirtió la existencia de alguna radicada en el Máximo Tribunal del País, respecto del punto a dilucidar, y que tuviera relación con la temática planteada en el presente asunto.


CUARTO.—Turno.


En acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho (foja 86 del toca), tomando en cuenta las reglas internas del turno de los asuntos del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adoptadas en sesión extraordinaria (de entrega-recepción) de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se ordenó el turno de la contradicción de tesis 30/2017, al presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Magistrado Mario Alberto Domínguez Trejo, para que, en términos de lo establecido en los artículos 13, fracción VII, y 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, procediera a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.


CONSIDERANDO:


PRIMERO.—Competencia.


Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en materia administrativa del propio Circuito.


SEGUNDO.—Legitimación.


Esta denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por los integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y se hizo saber su intención de la denuncia de posible contradicción de criterios por conducto de su entonces presidenta.


TERCERO.—Posturas contendientes.


El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en lo que aquí interesa, denunció la posible contradicción de tesis, en los siguientes términos (folio 1 del toca):


Ver términos de la denuncia


Para efectos de identificar si en el caso existe oposición de criterios, es conveniente reproducir lo considerado en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.


El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 205/2016, en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, sostuvo:


"... En el escrito de agravios el recurrente alega que el auto recurrido viola lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos legales 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.—Dichos motivos de inconformidad son inoperantes, cuenta habida de que en ellos pretende poner en evidencia que el auto impugnado, que se recurre, no se dictó ajustándose a los principios y garantías que se consagran en la Constitución Federal y tratados internacionales, lo que entrañaría que se convirtiera el presente recurso de queja, en un medio de control constitucional sobre ese proveído, lo cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94 y que reiteró al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 9/2012 resuelta en sesión de doce de noviembre de dos mil trece, ya determinó que, en el recurso de revisión –en el caso, queja–, no es jurídicamente correcto analizar los agravios consistentes en que el Juez de Distrito viole derechos humanos, por la propia naturaleza tanto del medio de defensa como la función de control constitucional que desempeñan los Jueces federales, ya que de acceder a la pretensión del inconforme se estaría desnaturalizando el juicio de amparo, al establecer un medio de defensa de control constitucional sobre otro de control constitucional.—La contradicción de tesis a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, dio origen a la jurisprudencia P./J. 2/97, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’.—Por otro lado, en el escrito de agravios alega que el Juez de Distrito le niega imponerse de las constancias por cualquier medio electrónico de los resultados de los exámenes de control y confianza en términos de los artículos 56, párrafo segundo Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en el artículo 13, numerales 1 y 2, de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, aduce que éstas son leyes secundarias y que por ende se encuentran por debajo de la Constitución.—Los reseñados motivos de inconformidad son inoperantes en razón de que, en relación con el tema existe jurisprudencia definida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve el tema.—En efecto, el Máximo Tribunal en el País, al resolver la contradicción de tesis 121/2014 sostuvo que: • Por regla general, de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la facultad para revisar directamente la constitucionalidad y legalidad de la clasificación de información como reservada o confidencial en principio le corresponde a los organismos garantes dispuestos en esos ordenamientos; y por excepción, cuando se promueve amparo en contra de las interpretaciones del órgano garante en relación con los derechos al acceso a la información pública y a la protección de datos personales.— • En atención a la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de dar vista a las partes con los informes justificados que rindan las autoridades establecida en el artículo (sic) 117 de la Ley de Amparo en vigor y 149 de la Ley de Amparo derogada, cuando se remita información clasificada –reservada o confidencial– en dichos informes y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los Jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial bajo su más estricta responsabilidad, a fin de que las partes puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convenga, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que, para efectos del juicio de amparo dicha información clasificada puede darse a conocer en atención a la debida defensa de las partes.— • El acceso que, en su caso, se conceda a la información clasificada como reservada o confidencial, el Juez constitucional, además de decidir a qué parte o partes tendrán acceso los interesados, podrá imponer las modalidades que considere necesarias a efecto de determinar, por ejemplo, que se tenga acceso a los documentos clasificados, el tiempo necesario para familiarizarse y tener conocimiento de ellos, sin que esto implique la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información.—Las consideraciones recién expuestas, dieron origen a la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), que dice: ‘INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.’.—Luego, lo alegado por el recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito vulnera sus garantías individuales y tratados internacionales al negarle el acceso de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para que éste pueda escanearlos, reproducirlos o fotografiarlos, es inoperante al existir jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación que resuelve el tema en el sentido de que cuando en un juicio de amparo se presenta información clasificada como reservada, dicha tipificación no puede sujetarse a un análisis para establecer su constitucionalidad o legalidad, pues para ello existe un órgano garante; y que el Juez de Distrito analizando cada caso, podrá dar a conocer la información clasificada de considerar que es necesaria para la debida defensa de las partes, pero sin la posibilidad de que éstas puedan transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información.—Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 14/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.—Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.’.—Además, la cita de la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) de título y subtítulo: ‘INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.’, es suficiente para estimar la resolución judicial fundada y motivada, cuenta habida de que cuando en una sentencia se cita y transcribe un precedente o una tesis de jurisprudencia como apoyo de lo que se está resolviendo, como acontece en la especie, el órgano jurisdiccional propiamente hace suyos los argumentos de esa tesis, sin que se requiera que lo explique, pues resulta obvio que al fundarse en la tesis recoge los diversos argumentos contenidos en ella; consideraciones que se sustentan en la jurisprudencia P./J. 126/99 de rubro: ‘SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA.’.—Sin que sea factible desconocer la obligatoriedad de la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) de título y subtítulo: ‘INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.’, cuenta habida de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el control de convencionalidad (dentro del cual está inmerso el principio pro persona, que significa la adopción de la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate), no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el artículo 94 constitucional establece que la jurisprudencia será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica, tanto en la norma abrogada, como en el artículo 217 del cuerpo legal vigente.—Por tanto, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado, que tienda a inaplicarla.—Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.), cuyos título,

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