Consulta tradicional. Ejecutorias.

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Décima Época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 25085         1 de 1
Segunda Sala Libro 7, Junio de 2014 , Tomo I, página 653.

SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE.


CONTRADICCIÓN DE TESIS 422/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.


CONSIDERANDO:


PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de distintos circuitos, la cual versa sobre materia laboral (medidas de protección al salario) que es competencia de esta Sala.


SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(1)


TERCERO. Los antecedentes de los asuntos que dieron origen a las ejecutorias contendientes y las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, son los siguientes:


1. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 330/2013.


Una persona física demandó de otra el pago de ********** M.N. por concepto de suerte principal, los intereses moratorios a un ********** por ciento mensual y el pago de gastos y costas.


En la admisión de la demanda, se ordenó emplazar al demandado y requerirle el pago de las prestaciones reclamadas y, en su defecto, ordenó que se embargaran bienes suficientes para garantizarlo.


En cumplimiento a lo anterior, se llevó a cabo la diligencia y se trabó embargo sobre el excedente del salario mínimo que percibía el demandado como empleado de una empresa.


Se ordenó girar oficio al representante legal de la persona moral para que retuviera el excedente del salario mínimo que el actor percibía como su empleado, con el apercibimiento de que, de no dar cumplimiento a lo ordenado, se haría acreedora a una multa por desobediencia a un mandato de autoridad judicial.


Contra tal determinación, se demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la imposición de la medida de apremio y que la responsable se abstuviera de solicitar que se efectuaran descuentos en el salario del trabajador.


De la demanda conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, el cual la admitió con el número 811/2013-VI.


Seguidos los trámites correspondientes, por auto de veintidós de julio de dos mil trece, el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, encargado del despacho, celebró la audiencia constitucional y determinó negar la protección constitucional solicitada.


Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien dictó resolución el diez de octubre de dos mil trece, en la que determinó conceder el amparo solicitado.


En lo que al caso interesa, dicha sentencia es del tenor siguiente:


"... Los agravios expuestos por las recurrentes son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida. En efecto, de las constancias que obran en autos se desprende lo siguiente: Por demanda presentada el siete de mayo de dos mil doce, ********** endosatario en procuración de **********, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de ********** y de **********, reclamándoles las siguientes prestaciones: ‘A. El pago de **********, por concepto de suerte principal. B. El pago de los intereses moratorios del ********** por ciento mensual, a partir de la fecha de vencimiento. C. El pago de gastos y costas judiciales que se originen por la tramitación del «presente juicio» (foja 2 del anexo I). ...’. El veintitrés de mayo de dos mil doce, se llevó a cabo la diligencia ordenada, trabándose embargo sobre el excedente del salario mínimo que percibe ********** como empleado de la empresa ********** (fojas 9, 10, 14 y 15 del anexo I). Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil doce, a solicitud del actor, la Juez Civil responsable ordenó girar oficio al representante legal de **********, a efecto de que se le retuviera a ********** el excedente del salario mínimo que percibe como empleado de dicha empresa y lo pusiera a su disposición, haciéndole saber que el monto de lo que se le reclama a dicha persona es por la cantidad de **********, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado se haría acreedora a una multa por desobediencia a un mandato de autoridad judicial (foja 19 del anexo I), el cual fue notificado a la sociedad quejosa el tres de julio de dos mil doce. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil doce, se le hizo de nuevo el requerimiento indicado a la sociedad mencionada. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil doce, **********, en su carácter de representante legal de **********, expuso que su representada estaba imposibilitada para dar cumplimiento al requerimiento que le fue hecho, en virtud de que el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo establece que los salarios de los trabajadores son inembargables, salvo en el caso de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente y que los patrones no están obligados a cumplir ninguna orden judicial o administrativa de embargo; escrito que fue acordado por la Juez responsable el veintidós del mes y año mencionados. Por proveído de veintidós de noviembre de dos mil doce, a solicitud del actor, de nueva cuenta, la Juez del conocimiento ordenó requerir a la representante legal de la sociedad de referencia para que retuviera a ********** el excedente del salario mínimo que percibe como trabajador de esa empresa, poniéndolo a disposición de dicha autoridad, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado se haría acreedor a una multa por la cantidad de ********** por desobediencia a un mandato de autoridad judicial. ... Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil trece, la Juez responsable hizo efectivo el apercibimiento imponiendo al representante legal de **********, una multa por la cantidad de **********, ordenando girar nuevamente oficio al representante legal de la empresa automotriz mencionada para que le retuviera a ********** el excedente del salario mínimo que percibe como trabajador de dicha empresa, cantidad que debía poner a su disposición, con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo ordenado, se haría acreedor a una multa por la cantidad de **********, por desobediencia a un mandato de autoridad judicial. ... Ahora bien, asiste la razón a las recurrentes en cuanto sostienen que es ilegal que se les hubiera negado el amparo solicitado, puesto que el juzgador federal, no obstante que reconoció que la ley laboral prohíbe embargar el sueldo de los empleados, excepto tratándose de pensiones alimenticias, desatendió lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, que expresamente establece que los patrones no están obligados a cumplir ninguna orden judicial o administrativa de embargo; por lo que en cumplimiento a dicho dispositivo legal, no acató la orden de retener al trabajador parte de su salario, porque, de hacerlo, éste podía intentar en su contra una reclamación de naturaleza laboral o pudiera haber una sanción por parte de las autoridades del trabajo, por no atender a lo dispuesto en el mencionado dispositivo legal. Se sostiene lo anterior, porque de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que, efectivamente, el Juez de Distrito negó a las quejosas el amparo solicitado, lo que es incorrecto, dado que los artículos 110 y 112 de la Ley Federal del Trabajo disponen: (se transcriben). El primero de los dispositivos legales transcritos, establece la prohibición de efectuar descuentos a los salarios de los trabajadores, señalando los conceptos por los que pueden hacerse únicamente, en tanto que el segundo de los dispositivos establece expresamente que los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados, excepto tratándose de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos, decretadas por autoridades competentes, y que los patrones no están obligados a cumplir ninguna orden de embargo. En la especie, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, ordenó en diversas ocasiones a **********, que retuviera a **********, quien fue demandado en el juicio de origen, el excedente del salario mínimo que percibe como trabajador de dicha empresa; orden que se negó a cumplir la empresa requerida, sosteniendo que, de conformidad con el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, se encontraba imposibilitado para ello. Debe sostenerse que es correcta la oposición de **********, en virtud de que por disposición expresa de la ley laboral, no está obligada a cumplir ninguna orden de embargo, ya sea de carácter judicial o administrativa. Lo anterior es así, porque al establecer el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo los casos de pensión alimenticia, y que los patrones no están obligados a cumplir ninguna orden judicial o administrativa de embargo, no hace distinción alguna en cuanto al monto del salario, es decir, si dicha excepción de embargo se refiere sólo al salario mínimo, por lo que debe entenderse que no sólo es inembargable éste, sino cualquier salario aunque sea superior al mínimo. Es aplicable, al respecto, la tesis de jurisprudencia 477, visible en la página 316 del Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ‘SALARIO, INEMBARGABILIDAD DEL.’ (se transcribe). También es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia emitida por la inexistente Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7218 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXV, que dispone: ‘SALARIO, INEMBARGABILIDAD DEL.’ (se transcribe). También debe hacerse notar que si bien el artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, determina que el salario mínimo queda exento de embargo, compensación o descuento, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso no es obstáculo para que la Ley Federal del Trabajo pueda establecer que también es inembargable el salario superior al mínimo, como se desprende de la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1405, Tomo LXXI, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘SALARIO, INEMBARGABILIDAD DEL.’ (se transcribe). En virtud de lo anterior, es de concluirse que si bien fue al trabajador demandado en el juicio de origen **********, a quien se embargó el salario, al exigirse a **********, la retención del monto del salario embargado, no obstante que el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo dispone: ‘Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo.’, es de concluirse que es fundada la oposición de la sociedad a obedecer la orden que le fue girada por el Juez responsable y, por tanto, la multa que le fue impuesta es ilegal; por lo que **********, está legitimada para impugnar la orden de retención del monto del salario embargado. SÉPTIMO. Con base en lo expuesto en el considerando que antecede, resultan infundados los argumentos expuestos por el actor en el juicio de origen en el amparo adhesivo. En efecto, si bien, como se indicó, el artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal dispone que el salario mínimo está exceptuado de embargo, compensación o descuento, lo cierto es que no establece prohibición alguna para que el legislador ordinario pueda ampliar esa protección al salario de los trabajadores cualquiera que sea el monto de éste, por lo que es perfectamente aplicable lo previsto por el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: (se transcribe). Disposición que debe entenderse como protectora de la totalidad del salario de los trabajadores, sin limitar sólo al salario mínimo; sin que con esa disposición se afecte el principio de supremacía constitucional, puesto que no se está contrariando ningún mandato de la Ley Suprema. Por tanto, debe hacerse notar que no es aplicable, en la especie, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que invoca el quejoso adhesivo, que afirma aparece publicada en la página 2799 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 4, correspondiente al mes de octubre de 2012, con el rubro: ‘SALARIO MÍNIMO ANUAL. CORRESPONDE AL JUEZ APLICAR LAS PROPORCIONES EN QUE SU EXCEDENTE PUEDE SER EMBARGADO, PERO SIN COMPROMETER LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR Y LA DE SU FAMILIA (APLICACIÓN ANALÓGICA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AL CÓDIGO DE COMERCIO Y A LA LEGISLACIÓN LOCAL CIVIL).’, puesto que dicha tesis está referida al embargo de sueldos y emolumentos de los trabajadores del Estado. Por lo que toca a la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que también cita el inconforme y que afirma aparece publicada en la página 1129, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 2, correspondiente al mes de marzo de 2012, con el rubro: ‘EMBARGABILIDAD DEL SALARIO EXCEDENTE DEL MÍNIMO. SON VIOLATORIAS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS DETERMINACIONES JUDICIALES DICTADAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO O 544, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA PROHÍBAN.’, no se comparte por este órgano colegiado, dado que, como se hizo mención con anterioridad, el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo no contraviene lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, sólo por establecer una protección mayor al salario, sino que resulta totalmente acorde, al ser una ley reglamentaria de dicho precepto constitucional. Por lo que respecta a la tesis de jurisprudencia 172/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: ‘SALARIO MÍNIMO. EL MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE CONSTRIÑE AL LEGISLADOR ORDINARIO A NO GRAVAR LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES QUE SOLAMENTE OBTIENEN ESE SALARIO.’ (se transcribe); debe sostenerse que no es aplicable en el presente caso, puesto que se refiere a que el salario mínimo es inembargable, de acuerdo con lo dispuesto por el precepto constitucional citado, lo que debe observar el legislador ordinario, pero no establece expresamente que el excedente de ese salario mínimo sí puede ser embargado, por lo que, al determinar el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, en términos generales, que el salario de los trabajadores es inembargable, sin constreñir ese mandato sólo al salario mínimo, no se contradice el artículo 123 de la Constitución Federal que establece una protección mínima. ..."


2. Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 592/2010 y 436/2010.


En relación con el primero de los juicios de amparo de referencia, se destaca lo siguiente:


El quejoso promovió juicio de amparo en contra del laudo de cinco de julio de dos mil diez, dictado por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a devolver las cantidades que fueron descontadas del salario de las actoras en el juicio laboral, las cuales derivaron de la condena dictada en un juicio ejecutivo mercantil.


De la demanda, conoció el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.


Seguidos los trámites correspondientes, el ocho de noviembre de dos mil diez, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento dictó sentencia, en la que determinó negar el amparo al quejoso.


En lo que al caso interesa, dicha sentencia es del tenor siguiente:


"SÉPTIMO. Los conceptos de violación propuestos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su apoderada, son infundados. Efectivamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene razón, por virtud de que las retenciones efectuadas a los salarios de las actoras ********** y **********, se hicieron al margen de las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, particularmente en los artículos 110 y 112, los cuales prevén: (se transcriben). De los preceptos legales preinsertos se colige que los patrones única y exclusivamente pueden hacer descuentos a los salarios de los trabajadores en los supuestos que en forma limitativa establece el primer numeral transcrito y, particularmente, cuando el embargo o descuento derive de pensiones alimenticias decretadas por autoridad judicial competente, pero en ningún otro caso se autoriza al patrón hacer tales retenciones a los salarios de los empleados; máxime si la orden de efectuar tales descuentos o retenciones proviene de un juicio ejecutivo mercantil, como aconteció en el caso, pues la patronal no estaba obligada a cumplir con dicha orden, según lo previene el segundo párrafo del último numeral transcrito. En esa tesitura, como bien lo apreció la Junta responsable, el instituto demandado debió oponerse a la determinación del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, señalándole la imposibilidad legal que tenía para cumplir con su encomienda y negarse a efectuar las retenciones o descuentos a los salarios de las trabajadoras, pues ello le está vedado por disposición expresa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el arábigo 545, página 445, Tomo V, Materia del Trabajo, Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘SALARIO, INEMBARGABILIDAD DEL.’ (se transcribe). Por lo tanto, no tiene razón el instituto quejoso, en cuanto alega que la condena efectuada por la Junta responsable es de imposible cumplimiento, habida cuenta que los descuentos o retenciones efectuados a los salarios de las trabajadoras, si bien obedeció a una determinación judicial, lo cierto es que pudo y debió oponerse a ello, porque el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, en su segundo párrafo, de manera expresa, lo exime de la obligación de cumplir con cualquier otra orden judicial o administrativa de embargo, a no ser que se trate de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente. ... La disposición prevista en el artículo 123, fracción VIII, constitucional, que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento, debe interpretarse en sentido estricto y en concordancia con lo dispuesto en el

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