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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 43507         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 03 de enero de 2020 10:04 h
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. NO SE GARANTIZA ESTE DERECHO AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD, POR EL HECHO DE QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN, LE NOMBRE UN DEFENSOR POR NO TENER UN LICENCIADO EN DERECHO QUE LO REPRESENTE, SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO SE LE DESIGNÓ A UNO OFICIOSAMENTE, POR LO QUE DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Voto concurrente de la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara: Aun cuando coincido con la determinación de revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, considero que en la resolución se debió justificar detalladamente, acorde con las constancias existentes en autos, el porqué en este asunto, debe ordenarse la reposición del procedimiento para los efectos que se precisan, pues así lo dejó establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.).—En efecto, advierto que en el considerando cuarto de la resolución, luego de destacarse algunas de las consideraciones que emitió el Máximo Tribunal del País al resolver la referida contradicción de tesis, sólo se afirmó que la Juez de Distrito resolvió el juicio sin respetar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva "por lo que tal omisión le generó indefensión que trascendió al fallo, dado su estado de vulnerabilidad (privado de la libertad); de ahí que se estime transgredido su derecho a la asistencia de un abogado como condición de efectividad del juicio de amparo, a fin de que el quejoso pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva"; luego, se dijo que "es evidente que las condiciones fácticas en las que se encuentra el quejoso" le impiden ejercer adecuadamente su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva.—Y, finalmente, se expuso que en el caso, la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja, no generarían un mayor beneficio al quejoso, pues con la reposición "se podrían mejorar los conceptos de violación, los planteamientos con motivo de la vista del informe justificado, así como los agravios. Además, el quejoso, aquí recurrente, contará con una persona que le pueda asesorar respecto de los fallos que se emitan, y así esclarecer las dudas que éste pueda llegar a tener.".—No obstante, considero que se debe abundar sobre cuáles son o en qué consisten las "condiciones fácticas en las que se encuentra el quejoso", que le impidieron ejercer adecuadamente su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, a que se alude en la resolución, contrastado con las constancias de autos, ya que la circunstancia de que el quejoso se encuentre privado de la libertad, ello por sí solo es insuficiente para ordenar la reposición del procedimiento, pues basta imponerse de la ejecutoria en comento para advertir con claridad que si bien, como se destaca en el proyecto a foja "13", el Máximo Tribunal del País en el párrafo "81" sostuvo que "...La reclusión, en sí misma, entraña un serio obstáculo para representarse a sí mismo durante el juicio de amparo indirecto en materia penal, pues implica una barrera física para allegarse de pruebas, acudir al órgano jurisdiccional a consultar actuaciones o realizar promociones, etcétera"; no menos cierto es que ese párrafo, en modo alguno, puede interpretarse de manera aislada con las demás consideraciones que también consideró el Máximo Tribunal del País, ya que de igual manera sostuvo que se ordenará la reposición del procedimiento, sólo en aquellos casos en que "converjan las condiciones destacadas", esto es, cuando el quejoso haya tenido obstáculos físicos, culturales y sociales para poder ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o no haya contado con las condiciones mínimas necesarias para que "las personas estén en posibilidad real de proteger, asegurar y hacer valer los derechos implicados" o cualquier acto necesario "para lograr que en el juicio de amparo indirecto efectivamente se estudie la violación a derechos humanos reclamada.". Atender sólo al contenido literal del párrafo "81", sería tanto como soslayar las demás consideraciones del Máximo Tribunal del País, al estimarse irrelevantes.—En ese orden de ideas, estimo que en el presente asunto debió precisarse que el quejoso no contó con las condiciones mínimas necesarias que le permitieron ejercer adecuadamente su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues de los autos en consulta se advierte que, efectivamente, dicho impetrante promovió demanda de amparo por su propio derecho, manifestó encontrarse privado de su libertad personal en la Penitenciaría Santa Martha Acatitla, en esta ciudad y no señaló autorizado alguno, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.—Asimismo, se aprecia que la demanda que promovió la redactó de su puño y letra señaló, entre otras cosas, como acto reclamado el auto de tres de junio de dos mil diecinueve, atribuido al Juez Décimo Séptimo Penal de esta ciudad, manifestando los antecedentes del acto reclamado, así como los conceptos de violación.—Admitida la demanda, la autoridad responsable rindió su informe justificado, en el que negó categóricamente la existencia del acto reclamado; no obstante, realizó diversas manifestaciones en las que señaló la existencia de diversas actuaciones existentes en el sumario y agregó que una de ellas –la del 31 de mayo– podría constituir el acto reclamado; ante ello, la Juez de Distrito únicamente se constriñó a dar vista a las partes con el referido informe, ordenando que se notificara personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.—Cabe hacer mención que de las constancias que remitió la autoridad responsable –relativas a la causa penal de origen–, se advierte que el aquí quejoso presentó un escrito en el que solicitó al Juez responsable la expedición de copia certificada gratuita de "toda la causa penal", con la finalidad de presentar demanda de amparo directo; asimismo, refirió que de no ser procedente su petición, manifiesta su inconformidad desde ese momento, "para los efectos del artículo 409 del código adjetivo de la materia.".—Así, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el Juez de origen autorizó la expedición de copia certificada únicamente de "algunos documentos" y en torno a la "inconformidad" planteada no acordó de conformidad su petición; motivo por el cual, el aquí amparista insistió, cuando menos en otros dos escritos, que el Juez de origen se pronunciara respecto de la aludida "inconformidad"; ante ello, la autoridad responsable dio vista a la defensora de oficio de su adscripción "para que se haga cargo de la defensa técnica adecuada que debe brindar al sentenciado ... y ésta le asesore sobre los planteamientos que desee realizar y, en su caso, le asista en las peticiones jurídicas que correspondan, las cuales deben encontrarse debidamente fundadas y motivadas, y con base en las leyes vigentes, que resulten exactamente aplicables al caso concreto, las cuales deberá presentar ante la autoridad competente..."; lo que sucedió hasta el tres de junio de dos mil diecinueve.—Posteriormente, ante el Juez de Distrito el quejoso presentó un escrito redactado de igual manera de su puño y letra, a través del cual realizó diversas manifestaciones a guisa de alegatos, entre las que destacan que "del auto de fecha 25 de abril de 2019 se desprende que la responsable omite atender lo planteado sobre la inconformidad..."; ocurso que la Juez de Distrito relacionó en la audiencia constitucional.—Celebrada la audiencia constitucional, se dictó sentencia en la que la Juez de amparo sobreseyó en el juicio, al considerar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS."(sic), pues estimó que el acto reclamado lo constituía el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso y éste era consecuencia directa y necesaria de uno diverso y anterior al acto de autoridad –acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve– que "o no fue combatido en la vía de amparo previa interposición de los recursos ordinarios y medios de defensa procedentes, o bien, fue consentido expresamente.".—Por lo anterior estimo que, en el caso, la falta de asistencia letrada en el juicio de amparo, trascendió al resultado del fallo, pues el ahora quejoso no estuvo en aptitud de formular de la mejor manera posible los planteamientos que sustentaron la defensa de sus pretensiones, pues como se vio, en principio, no señaló con precisión la fecha del acto reclamado, lo que trajo como consecuencia que el Juez de la causa, al rendir su informe justificado, negara su existencia; luego, ante las diversas manifestaciones de la autoridad responsable, la Juez de Distrito fijó la litis y precisó que el acto reclamado lo era el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, soslayando que el aquí quejoso, al presentar su escrito de alegatos, manifestó que "del auto de fecha 25 de abril de 2019 se desprende que la responsable omite atender lo planteado sobre la inconformidad..."; lo que podría constituir el acto del que se duele.—De modo que, ante la existencia de diversas resoluciones pronunciadas por el Juez responsable relacionadas con el mismo tema del que se "duele" el quejoso, era necesario que éste contara con un abogado que le explicara, a suficiencia, sobre los alcances de tales actuaciones y los derechos implicados en ellas para, en su caso, aclarar cuál era el acto que realmente reclamaba y mejorar los conceptos de violación, o bien, ofrecer pruebas relevantes, controvertir el informe justificado rendido por la autoridad responsable o cualquier acto necesario para lograr que en el juicio de amparo indirecto efectivamente se estudie la violación a derechos humanos reclamada; cuestiones que, como lo estimó el Máximo Tribunal del País, sólo pueden llevarse a cabo adecuadamente con la asistencia de un abogado.—Por todo lo anterior, es que formulo este voto concurrente, pues desde mi punto de vista, remitir a los argumentos sustentados por el Máximo Tribunal del País al resolver la contradicción de tesis aludida, sin exponer en el caso particular, cuáles fueron las condiciones fácticas en las que se encontraba el aquí quejoso y que le impidieron ejercer adecuadamente su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, contrastado con las constancia de autos, es insuficiente para justificar la resolución que se emite por este órgano colegiado.

Este voto se publicó el viernes 03 de enero de 2020 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



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