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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 43218         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h
Voto particular del Magistrado José Carlos Rodríguez Navarro en la contradicción de tesis 9/2018.

En principio considero que el proyecto de resolución de contradicción de tesis plantea el interrogante de si la demanda de amparo es improcedente y, por consecuencia, debe desecharse desde el auto de inicio del juicio por notoria y manifiesta improcedencia, cuando la autoridad responsable lo es la asociación de colonos, a quien se atribuye la suspensión definitiva de los derechos de asociado.

El proyecto da una respuesta afirmativa, en el sentido de que, excepcionalmente, el auto inicial del juicio puede constituir el momento procesal oportuno para determinar que la asociación civil no tiene el carácter de autoridad responsable, cuando se le atribuye la suspensión definitiva de los derechos de asociado, si tal circunstancia puede ser advertida de la demanda, su ampliación o aclaración y sus anexos de manera que la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable.

Estimo, del modo más respetuoso, que la cuestión a debate no constituye puramente un tema de orden probatorio, sino concomitantemente uno de carácter normativo, tomando en consideración que el artículo 5o., fracción II, de la vigente Ley de Amparo, modificó el tradicional concepto de autoridad responsable, apartándose de la naturaleza formal del acto reclamado, para atender a su unilateralidad, con la finalidad de incluir a los particulares como autoridades responsables, cuando dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esta situación jurídica, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general –impersonal y abstracta–, y que deriven de una disposición jurídica de orden público y por eso, constituyan una potestad de ejercicio irrenunciable, por ser pública la fuente de esa potestad.

Por tanto, considero que, ni aun con la demanda, su ampliación o aclaración y sus anexos es posible determinar en el auto inicial del juicio, el carácter de autoridad responsable atribuido a una asociación de colonos, a quien se reclama la suspensión definitiva de derechos de asociado, pues no podría afirmarse con absoluta certeza que el acto impugnado no es unilateral y obligatorio, ni constituye el ejercicio de una potestad publica, irrenunciable, cuya fuente tampoco es de carácter público; puesto que estas cuestiones ameritan mayor estudio que el propio del auto inicial del juicio, lo que ocasiona que la causa de improcedencia no sea manifiesta e indudable y, consecuentemente, no deba desecharse de inicio la demanda de amparo.

En términos de lo previsto en los artículos 97, 98, fracción III, 104, 110, 113, 118 y 119 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XXI, 100, 116 y 120 de Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el diverso 8, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se certifica que en esta versión pública se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos; documento que incluye las sugerencias formuladas por la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este voto se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



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