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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 43205         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 17 de mayo de 2019 10:22 h
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL, DEBEN CONSIDERARSE COMO ACTOS O RESOLUCIONES DEFINITIVAS, AQUELLAS EN LAS QUE SE SEÑALE QUE SON RECURRIBLES CONFORME AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. PROCEDE CONTRA EL "DICTAMEN DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE GIRO", EMITIDO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.

Voto concurrente de la Magistrada Leticia Morales García. En el presente amparo directo 451/2018, promovido por **********, concurro con el voto mayoritario en el sentido de otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa; empero, difiero de los argumentos y efectos conferidos por la mayoría. Para justificarlo, destaco las notas argumentativas siguientes: Estimo que debió calificarse fundado un vicio de legalidad identificado en suplencia de la queja, acorde con lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.—Lo anterior, porque se evidencia una violación manifiesta de la ley, susceptible de examinarse en suplencia de la queja en favor de la quejosa, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídicas, dado que impacta en el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, emanado del artículo 17 de la Carta Magna y de los diversos preceptos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.—Dispone –en lo que interesa– el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro: "Artículo 12. Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: ...La procedencia del juicio será examinada de oficio.".—La facultad que tienen los Jueces administrativos en la entidad para examinar de oficio la demanda y, por ende, para desecharla en términos del último párrafo del precepto transcrito, no debe entenderse irrestricta, sino acotada a los casos en que la improcedencia de los actos impugnados resulte manifiesta e indudable, pues a la luz del principio de interpretación conforme con la Constitución y con los tratados internacionales, previsto en el artículo 1o. constitucional, esa intelección es acorde con el diverso principio de tutela judicial efectiva, contenido en el numeral 17 constitucional y, armónicamente, con los preceptos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.—Así, sólo por excepción puede vedarse el acceso a los tribunales y, por lo mismo, en términos del principio pro persona –artículo 1o. constitucional–, el citado artículo 12, último párrafo, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro es de aplicación estricta o restrictiva para desechar de plano una demanda; de lo contrario, esto es, de estimar dable el desechamiento de ésta sin que la causal de improcedencia resulte manifiesta e indudable, se vulneraría el principio de acceso a la justicia y de la previsión de recursos idóneos y efectivos, al permitir que en esa fase inicial se analizaran cuestiones propias de la sentencia o, incluso, que pudiesen ser materia de prueba durante la sustanciación del juicio.—En este contexto, por analogía, conviene mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de manera que –acotó–, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces, se debe admitir la demanda a trámite, pues de lo contrario se estaría privando al justiciable de su derecho a instar la acción y probar en el juicio.—En el caso concreto, se tiene que la responsable validó el auto de desechamiento, empero, sin contar con pruebas documentales suficientes que evidencien una causa manifiesta e indudable de improcedencia, porque si bien se cuenta con el dictamen cuya nulidad es materia de la litis, también es verdad que no obran las restantes actuaciones que preceden a su trámite, las cuales se estiman indispensables para clarificar la naturaleza, ya sea intraprocesal o autónoma del acto en cuestión, lo cual se considera determinante para definir la procedencia del juicio contencioso administrativo.—Acorde con las particularidades del presente caso, se resaltan los siguientes aspectos que, a criterio de la aquí sustentante, obstaculizan la determinación notoria y manifiesta –en esta etapa procesal– de la autonomía conferida al dictamen que se tilda de nulo, acorde con los argumentos y efectos conferidos por la mayoría de este tribunal: • Ya existió un dictamen de uso de suelo a nombre de la propietaria; • Para justificar la premisa normativa que sustenta la sentencia, es preciso "suponer" que se trata de una edificación –pues no hay prueba plena al respecto, en la fase procesal en que se coloca el caso–, siendo que la actora en realidad impugna la competencia de la autoridad emisora del dictamen, arguyendo que corresponde a una diversa su emisión, lo cual, al menos, es un signo de incertidumbre que amerita clarificarse en la fase probatoria del juicio de nulidad, a través de las constancias totales del expediente administrativo génesis del dictamen que se tilda de nulo; • La responsable alude a una "opinión"; sin embargo, se le dice que si impugna se requiere la misma; la actora señala que la desconoce; • El solo hecho de que el dictamen en cuestión sea recurrible administrativamente –Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro–, no es un aspecto determinante, por sí solo, para definir la procedencia del juicio contencioso administrativo, pues ese planteamiento queda incompleto, en tanto que debe complementarse con las normas especiales que se ocupan del marco de procedencia del juicio contencioso administrativo; esto es, la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, así como la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, de suerte que, sin prejuzgar en este tema –por considerar que no constan pruebas suficientes en la actual fase probatoria– estimo que se requiere interpretar en forma integral la legislación inherente a la procedencia del juicio de nulidad.—En conclusión, considero que la protección constitucional debió conferirse para el efecto de que la responsable declare insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, dicte una nueva determinación, a través de la cual: a) Siguiendo la directriz argumentativa aquí expuesta, determine que en la fase procesal en que se ubica el caso, no obran en el sumario pruebas suficientes para acreditar la actualización de causa notoria y manifiesta de improcedencia.—b) Hecho lo anterior, con libre jurisdicción, provea lo que en derecho corresponda respecto a la admisibilidad de la demanda de origen.

En términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 17 de mayo de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



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