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Undécima Época Semanario Judicial de la Federación 30124         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 01 de octubre de 2021 10:11 h
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.

SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SU FALTA DE PUBLICIDAD O DE LA SESIÓN EN LA QUE SE DICTARON, EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PÁGINA OFICIAL DE INTERNET), NO AFECTA SU VALIDEZ NI CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD.

AMPARO DIRECTO 362/2019. AXCALE AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. 18 DE JUNIO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: BOLÍVAR LÓPEZ FLORES.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio de fondo.

En la medida y para los efectos que más adelante se precisarán, resultan por una parte ineficaces, y sustancialmente fundados por la otra, los conceptos de violación que hace valer el representante legal de la directamente agraviada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, como se pondrá de manifiesto en párrafos subsecuentes.

Sin embargo, es necesario puntualizar de entrada que, por razón de técnica jurídica, los precisados motivos de inconformidad serán atendidos en un orden distinto de aquel en el que fueron formulados e, inclusive, de manera conjunta, con el fin de facilitar su comprensión y análisis; desde luego, sin que lo anterior conlleve la existencia de alguna omisión por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito, pues lo trascendente del caso estriba en que serán objeto de examen en esta ejecutoria todos aquellos que resulten procedentes, con el fin de satisfacer plenamente los principios de exhaustividad y congruencia que deben prevalecer en toda resolución judicial.

Al respecto, resulta altamente ilustrativa la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que es compartida por este órgano de control constitucional, la cual puede consultarse en la página 1677 del Tomo XXIX, febrero de 2009, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 167961, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejosa o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."

Sin embargo, antes de exponer las consideraciones que le dan sustento a la anterior conclusión, en el sentido de que resultan, por una parte ineficaces, y sustancialmente fundados por la otra, los motivos de inconformidad hechos valer por el representante legal de la directa solicitante de amparo, con el objeto de facilitar la comprensión del asunto y, de paso, sentar las bases sobre las cuales se desarrollará el presente estudio, es necesario realizar una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo de origen.

Así las cosas, es oportuno reseñar, a manera de antecedentes, lo que sigue:

1. Mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, la persona moral denominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal **********, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la cual, el procurador fiscal de la antes denominada Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco (hoy Secretaría de la Hacienda Pública), resolvió el recurso administrativo de revocación identificado con el número de expediente **********, confirmando la diversa resolución contenida en el oficio **********, de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Dirección de Auditoría Fiscal de la extinta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, en la que, a su vez, se determinó un crédito fiscal a cargo de la entonces demandante, por la cantidad total de ********** (**********, moneda nacional), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, recargos, actualizaciones y multas, derivados de los ejercicios fiscales dos mil doce y dos mil trece.

2. Una vez admitida la demanda en la vía ordinaria y sustanciada que fue la contienda respectiva por sus distintas etapas procesales, la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pronunció sentencia el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que después de desestimar algunos de los conceptos de impugnación hechos valer por la persona moral accionante, consideró fundado el décimo de ellos para, posteriormente, declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, clarificándose, al efecto, que con la anterior decisión no podía obligarse, pero tampoco impedirse a la autoridad competente que ejerciera nuevamente sus facultades discrecionales, debido a que éstas no podían ser vedadas a la autoridad en sede administrativa pero, en todo caso, quedarían supeditadas a la eventual reposición del procedimiento respectivo, sólo a partir del levantamiento de la última acta parcial, de ser el caso.

En la inteligencia de que el referido fallo se sustentó medularmente en las siguientes consideraciones torales:

a) Que al elaborar la última acta parcial, así como el acta final relativas a la visita domiciliaria practicada en el domicilio fiscal de la persona moral accionante, los visitadores adscritos a la autoridad demandada llevaron a cabo la valoración y análisis de las diferentes constancias aportadas durante su práctica, al exponer, entre otras cosas, que revisaron, valoraron e, incluso, determinaron el alcance probatorio de los medios de convicción ofrecidos por la persona moral contribuyente, además de que establecieron la inexistencia de algunas operaciones efectuadas por aquélla con sus proveedores y, en general, calificaron la situación legal de estos últimos, como proveedores, para determinar la ilegalidad del acreditamiento del impuesto al valor agregado relativo al ejercicio fiscal dos mil doce, además de que rechazaron expresamente algunas deducciones correspondientes a ese mismo tributo, entre muchas otras anomalías que se estimaron ilegales, bajo el argumento de que, a través de las mismas, se dilucidaron diferentes situaciones jurídicas en perjuicio de la accionante del juicio natural;

b) Que con todo lo anterior, resultó violentado el contenido del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, debido a que si bien dicho precepto faculta a los visitadores para ejercer las facultades de revisión de los documentos contables y los sistemas de almacenamiento de datos relativos a la contabilidad del visitado, así como para plasmar en las actas parciales la constancia de los hechos o irregularidades que se conocieron con motivo de tal ejercicio, no menos acertado resulta que dentro de sus atribuciones no se encuentra la de valorar las pruebas o calificar la situación fiscal del contribuyente visitado; y,

c) Que al proceder en esa forma los visitadores, de hecho, determinaron tributos omitidos a cargo de la parte actora, después de valorar de primera mano las pruebas allegadas a la visita domiciliaria y, por ende, debía considerarse que las resoluciones impugnadas recurridas resultaban ilegales, al derivar de un procedimiento de fiscalización que no fue seguido apegado a derecho e, inclusive, precisó la Sala del conocimiento que esa violación, que calificó como procedimental o "... de procedimiento ...", finalmente trascendió de manera directa al sentido de aquellas determinaciones, debido a que se determinó un crédito fiscal a cargo de la parte actora, a pesar de que la facultad de analizar y valorar las probanzas aportadas corresponde expresamente a la autoridad fiscalizadora y no así a los visitadores actuantes.

De lo anterior emerge como una conclusión primigenia que la nulidad decretada en la sentencia recurrida exclusivamente obedeció a aspectos formales y no de fondo, puesto que la Sala determinó la nulidad del acto impugnado, tomando para ello en consideración que: "... los visitadores al valorar los registros contables, así como la información y documentación comprobatoria exhibida por la contribuyente durante la visita domiciliaria, determinaron la situación fiscal de la accionante sin tener facultades para ello, actuando en contravención a lo previsto en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación ..." y que, por ende, la precisada ilegalidad actualizó la hipótesis de nulidad "... prevista en la fracción I del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resultando procedente declarar la nulidad lisa y llana tanto de la resolución determinante recurrida en sede administrativa, como de la resolución que confirmó aquélla y que constituye el acto impugnado en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 52 de la citada ley procedimental."

En otras palabras, no se dilucidó algún aspecto de fondo relacionado con las resoluciones controvertidas, sino que la nulidad decretada exclusivamente obedeció al ejercicio de facultades que no les correspondían, por parte de los visitadores que llevaron a cabo la diligencia respectiva en el domicilio fiscal de la persona moral accionante, en otras palabras, la incompetencia de los funcionarios que llevaron a cabo la visita domiciliaria de que se trata, pues así lo puso de relieve la Sala responsable cuando aludió a la actualización del motivo de ilegalidad previsto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que expresamente alude a la incompetencia del funcionario que haya dictado la resolución impugnada, o bien, del que haya ordenado o tramitado el procedimiento del que la misma deriva.

Lo trascendente de la precisión acabada de realizar estriba en que, por derivar el asunto del ejercicio de facultades discrecionales, en este caso, de la práctica de una visita domiciliaria, se indicó expresamente a la quejosa que no podría obligarse o impedirse a la autoridad que en ejercicio de sus facultades discrecionales, de encontrarse en tiempo, pudiera reponer el procedimiento respectivo, si llegara a considerarlo pertinente.

Ahora bien, en el primero de sus conceptos de violación, el representante legal de la directa solicitante de amparo expone, en resumidas cuentas, que resultó ilegal que se otorgara a la autoridad una nueva oportunidad de reponer el procedimiento instruido en contra de su mandante, debido a que la nulidad decretada fue lisa y llana; de tal manera que no podía tener el efecto de dejar a salvo las facultades de la parte demandada para ordenar una reposición de procedimiento, sino limitarse a emitir la declaratoria de nulidad correspondiente, a pesar de que, en el caso, se hubiera actualizado un vicio de incompetencia.

Lo acabado de sintetizar es infundado, pues resulta de explorado derecho que, tratándose de actos o resoluciones provenientes del ejercicio de facultades discrecionales, como en la especie, una vez que se declara la nulidad por parte de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no puede obligarse a la autoridad demandada a emitir una nueva resolución o reponga el procedimiento relativo, aunque tampoco puede impedírsele el ejercicio de ese derecho, con la única limitante de que se encuentre en tiempo para llevarlo a cabo.

En esas condiciones, la sola declaratoria en el sentido previamente apuntado no es capaz de agraviar de alguna forma a la directa solicitante de amparo, pues únicamente se clarifica que la parte reo no quedará obligada legalmente a emitir algún acto, pero tampoco quedará vedada para hacerlo, en caso de que lo considere pertinente.

Sobre el tema resulta de aplicación analógica la jurisprudencia 2a./J. 89/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 185 del Tomo X, agosto de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 193566, cuyos rubro y texto indican:

"ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo, encuadran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal, ello no ocurre, en el caso de las órdenes de visita domiciliaria. En efecto, no debe perderse de vista que debido a la naturaleza de las resoluciones impugnadas, las que derivaron de la emisión de órdenes de visita domiciliaria, expedidas con base en la facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el artículo 16 constitucional, surte el caso de excepción previsto en la parte final del precepto citado en último término y, por tanto, aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que la nulidad decretada en este supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo."

Orientadora resulta la siguiente tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, que se identifica con el número XVI.1o.A.43 A (10a.), la cual se comparte por este órgano jurisdiccional y puede consultarse en la página 1859 del Libro 7, Tomo II, junio de 2014, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas», con número de registro digital: 2006849, que textualmente dice:

"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUANDO DECLARAN LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DERIVADA DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR VICIOS EN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EMISORA, LA COMPETENTE PUEDE DICTAR UNA NUEVA, MIENTRAS NO CADUQUEN SUS FACULTADES. De acuerdo con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 52/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.’, ante la ausencia o insuficiencia en la fundamentación de la competencia de las autoridades administrativas, debe declararse, en su integridad, la nulidad lisa y llana del acto administrativo derivado del ejercicio de facultades discrecionales, ya que no es factible imprimirle efectos a la sentencia, al desconocerse si la autoridad demandada tiene o no atribuciones para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, ya que de lo contrario podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que reclamar nuevamente. Por su parte, el artículo 57, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, específicamente limita a las autoridades demandadas y a cualesquiera otra relacionada, tratándose de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaren la nulidad por incompetencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, a dictar una nueva sin contravenir lo resuelto y mientras no caduquen sus facultades; es decir, este último aspecto es el límite para que la autoridad competente pueda dictar una nueva determinación, en lugar de la declarada nula de forma lisa y llana, derivada de facultades discrecionales, por vicios de la competencia de quien la emitió. No obsta a lo anterior el hecho de que el segundo párrafo de la fracción señalada establezca el plazo de cuatro meses para cumplir las sentencias, ya que éste sólo es aplicable a las que anulan un acto por vicios formales en la resolución o en el procedimiento, señaladas en el diverso inciso b) de la misma porción normativa."

Consecuentemente, no puede sino reiterarse que la sola declaratoria emitida por la responsable, en el sentido de que no podía impedirse u obligarse a la autoridad competente a llevar a cabo el ejercicio de las facultades discrecionales que le son inherentes, de ninguna manera es capaz de agraviar a la directa solicitante de amparo, puesto que no se trató de alguna atribución que se hubiera dejado a salvo de la autoridad demandada, como equivocadamente lo asume la parte quejosa, sino que más bien se trata de un derecho que la fiscalizadora puede decidir si ejerce nuevamente o no, en términos de la normatividad aplicable, se insiste, porque las resoluciones impugnadas provienen de un procedimiento de visita domiciliaria instruido en contra de la quejosa, es decir, del ejercicio de facultades discrecionales y, por ende, no puede vedársele dicha oportunidad a la responsable; de ahí lo infundado del motivo de inconformidad examinado.

En diverso orden de ideas, en atención a la técnica jurídica que se anticipó, a continuación se atenderá el tercero de los conceptos de violación hechos valer, mediante el cual se asegura que, al pronunciar la sentencia reclamada, la Sala responsable perdió de vista el principio de máxima publicidad que se encuentra previsto en el artículo 6o., apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En opinión del representante legal de la directamente agraviada, ello es así, porque del contenido del numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que las Salas Regionales se componen de tres Magistrados cuya presencia es indispensable para la validez de las sesiones, y que estas últimas deben ser públicas y transmitirse por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento; sin embargo, afirma que lo anterior no fue cumplido por la responsable, debido a que no existe alguna evidencia material de la cual se advierta la existencia del archivo electrónico o la versión estenográfica de la sentencia respectiva en la página oficial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; de tal suerte que, en su opinión, no puede tenerse certeza de que se llevó a cabo la sesión correspondiente, con la asistencia de los tres Magistrados y, por ende, aduce que tampoco puede acreditarse la validez de la audiencia respectiva.

Inclusive, pretende hacer valer lo anterior como una violación de carácter procesal y sostiene que para solventar lo anterior no basta con que se haya hecho constar en el encabezado y al calce de la sentencia reclamada lo relativo a la efectiva presencia de los tres Magistrados que integran la Sala responsable, debido a que en esas porciones del fallo no consta que se emitió en una sesión pública y con todos sus integrantes.

Lo acabado de sintetizar deviene jurídicamente ineficaz, de entrada, porque la sola
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