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Undécima Época Semanario Judicial de la Federación 29801         1 de 1
Primera Sala Publicación: viernes 21 de mayo de 2021 10:26 h
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.17 DE MARZO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

Es aplicable, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por los Magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes que dieron origen a la denuncia de contradicción son las siguientes:

I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, el cual sostiene la tesis aislada XVI.1o.C.3 C (10a.), de rubro y texto siguientes:

"TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADA VÍA PORTAL DE INTERNET. CUANDO EL CUENTAHABIENTE NIEGA HABER DADO AUTORIZACIÓN AL BANCO PARA SU REALIZACIÓN Y ÉSTE AFIRMA HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN RELATIVA, CORRESPONDE AL PRIMERO DEMOSTRAR QUE EL SISTEMA QUE OPERA LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS CARECE DE FIABILIDAD Y, POR TANTO, QUE SU CUENTA FUE SABOTEADA ELECTRÓNICAMENTE. La transferencia electrónica es un instrumento de pago y de transacciones comerciales con cargo a la cuenta de un cuentahabiente, en la que es necesaria la intervención de uno o varios bancos, según se trate de una operación entre cuentas de una misma institución de banca múltiple o interbancaria, es decir, que los bancos actúan como expedidores, intermediarios o receptores de los fondos; sin embargo, para que los bancos actúen en esa cadena de relaciones, es indispensable que exista un iniciador de esa secuencia, o sea, un cuentahabiente ordenante y éste, para que pueda ingresar a su cuenta y girar instrucciones a la institución de crédito sirviente, vía portal de Internet, debe hacer uso de un dispositivo electrónico que le proporciona la propia institución, el cual, al accionarse, genera un número clave que, junto con las contraseñas y demás datos de identificación que el cliente crea confidencialmente, esto es, fuera del control del banco, deben introducirse al sistema operativo de cómputo a fin de que pueda llevarse a cabo la operación. Por otro lado, la fiabilidad en la creación de la firma electrónica y de las distintas operaciones electrónicas que se realizan, vía Internet, otorgan certeza a la persona que la utiliza de que sólo ella la conoce, por lo que puede constituirle en una fuente válida y cierta de obligaciones; además, las normas que versan sobre firmas electrónicas y operaciones que se ejecutan mediante la red de comunicación de que se habla, califican de válidos los actos jurídicos en los que se inserta una firma o se proporcionan claves de acceso y contraseñas, sin cuestionar la fiabilidad del método de uso, sino sólo el de su creación, de conformidad con los artículos 89 y 97 del Código de Comercio. En ese contexto, cuando el cuentahabiente niega haber dado su autorización al banco, para realizar la transferencia y la institución de crédito afirma que sí recibió la instrucción, corresponde al primero demostrar que el sistema que opera las firmas electrónicas carece de fiabilidad y, por tanto, que su cuenta fue saboteada electrónicamente, de conformidad con los artículos 1194 y 1195 del código citado. Ello es así, pues si bien es cierto que por regla general, es a las instituciones de crédito a quienes corresponde la carga de la prueba en tanto que cuentan con mayores elementos, como lo son los registros de las autorizaciones efectuadas por sus clientes, a que alude el numeral 57 de la Ley de Instituciones de Crédito, no menos lo es que el cuentahabiente bien puede exigir la aportación de esos registros y ofrecer, además, la prueba pericial en informática, para acreditar que el banco se apartó de la forma de operar una transacción electrónica, o bien, que el sistema o método de creación de la firma electrónica no es fiable y, con ello, desvirtuar la presunción de que fue él quien con las claves de identificación, dio su autorización para que se llevara a cabo, con cargo a su cuenta, la transferencia de fondos que desconoce."(2)

La tesis aislada transcrita derivó de la resolución del juicio de amparo directo 171/2018, del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:

- Juicio oral mercantil. ********** demandó en la vía oral mercantil a ********** el pago de $**********, así como el pago del interés legal y los gastos y costas generados por el juicio interpuesto. Ello, con motivo del desconocimiento de una transferencia electrónica a la cuenta de un tercero registrada el veintidós de junio de dos mil quince.

Del juicio correspondió conocer al Juzgado de Oralidad Mercantil del Partido Judicial de León, Guanajuato, mismo que en sentencia de nueve de enero de dos mil dieciocho, condenó a la institución bancaria al pago de las prestaciones reclamadas, con excepción del pago de gastos y costas.

- Juicio de amparo. En contra de la resolución anterior, **********, promovió juicio de amparo directo del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito. Mismo que dictó sentencia el dieciocho de julio de dos mil dieciocho en el sentido de conceder el amparo.

Dicha determinación se sustentó, en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción y por lo que se concedió el amparo, en los razonamientos siguientes:

• El órgano colegiado calificó como fundados los conceptos de violación en torno a que la autoridad responsable impuso al banco una indebida carga probatoria a fin de acreditar que el cliente realizó las transferencias de dinero de su cuenta a la cuenta de un tercero, vía portal de Internet.

• Como punto de partida se señaló que la firma autógrafa es el medio por excelencia para crear el vínculo jurídico entre las partes que intervienen en la creación de un acto jurídico. Sin embargo, apuntó que los medios electrónicos han permitido la realización de operaciones comerciales entre personas no presentes.

• En cuanto a si la información que transmiten los datos electrónicos basta para constituir un acto jurídico dotado de validez, se dijo que ello había quedado resuelto por diferentes ordenamientos que establecen las reglas a las que debe ajustarse esta información para que se le reconozca valor jurídico.

• Por otra parte, señaló que la fiabilidad en la creación de la firma electrónica y de las distintas operaciones electrónicas que se realizan, otorga certeza a la persona que la utiliza de que sólo ella la conoce, por lo que puede constituirle una fuente válida y cierta de obligaciones.

• Así, que, una vez probado el método de creación de la firma electrónica, su ingreso al sistema de datos genera un vínculo jurídico que torna incuestionable la autoría del titular; y, en consecuencia, para desacreditarlo queda sólo la posibilidad de cuestionar la fiabilidad del método de su creación.

• Después, señaló que las normas respecto a las firmas electrónicas y operaciones que se ejecutan vía Internet califican de válidos los actos jurídicos en los que se inserta una firma o se proporcionan claves de acceso y contraseñas, sin cuestionar la fiabilidad del método de uso, sino sólo el de su creación; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 y 97 del Código de Comercio, mismos que se transcribieron. Asimismo, citó la tesis de Tribunales Colegiados de rubro siguiente: "FIRMA ELECTRÓNICA. REQUISITOS PARA CONSIDERARLA AVANZADA O FIABLE."

• Con base en lo anterior, afirmó que la institución bancaria, ante una acción sobre el desconocimiento de una transacción realizada vía portal de Internet, sólo debe acreditar que se realizaron electrónicamente las operaciones que generaron los cargos por cualquier medio de prueba; por lo que será carga probatoria de quien niega la transacción el demostrar que el sistema que opera las firmas electrónicas carece de fiabilidad o, en su caso, impugnar la certeza de la operación bancaria o comercial.

• Al respecto, abundó en cuanto a la distinción entre la fiabilidad de la firma electrónica y la certeza de la operación bancaria como fuente de obligaciones.

• Así, explicó que los elementos materiales de certeza en la operación bancaria, es decir, la seguridad de que quien realizó la operación es el titular de la cuenta, no encuentran sustento en el ámbito personal. Que éstos no están compuestos por la fecha y hora de la operación ni el análisis de su fiabilidad mediante la prueba pericial, sino que éstos debían presumirse porque existe fiabilidad en su proceso de creación y en que los sistemas utilizados son estandarizados para realizar las operaciones comerciales mediante el uso de la firma electrónica.

• Por tanto, estimó que éste resulta fiable y constituía una fuente válida y cierta de obligaciones para los derechohabientes, cuando satisficiera los requisitos para su creación a menos que se demostrara que el proceso que le dio origen la hacía vulnerable.

• En otro aspecto, explicó que la transferencia electrónica es un instrumento de pago mediante el movimiento de fondos consistente en el cargo que recibe la cuenta del ordenante y el abono que se produce en la cuenta del beneficiario.

• Que, en la utilización de ese medio de pago, era necesaria la intervención de uno o varios bancos, según se tratara de una operación entre cuentas de una misma institución de banca múltiple o interbancaria, de tal suerte que los bancos actuarán como expedidores, intermediarios o receptores de los fondos, e incluso, con todas esas funciones a la vez, para el supuesto de traspasos entre cuentahabientes de una misma entidad bancaria. Empero, para que los bancos actúen en esa cadena de relaciones, señaló que era indispensable que existiera un iniciador de tal secuencia, es decir, un cuentahabiente ordenante, y un destinatario final que concluya el enlace de nexos, esto es, un cuentahabiente beneficiario.

• En atención a esa mecánica, expuso que resultaba necesario acreditar en caso de una transferencia cuyo importe no se acepta como cargo a la cuenta de la parte ordenante de la operación, que dicha operación fue realizada directamente por la institución de crédito, incumpliendo así su obligación de abstenerse de realizar retiros que sólo puede hacer la parte depositante.

• Apuntó que no debía perderse de vista que la transferencia de fondos se realizaba en forma electrónica, de tal suerte que era el sistema computacional del cliente el que se enlazaba con el sistema del banco, y en ambos sistemas informáticos quedaban registradas las operaciones de envío de la instrucción y recepción de la misma, lo que permitía al cuentahabiente obtener un comprobante de la operación, pero también el sistema de la institución bancaria registrará de manera automática, como corresponde a los programas informáticos operados por computadoras, la autorización, asignándole un número, con fecha, monto, origen y destino.

• Lo anterior consideró que generaba que fuera el banco quien tuviere mayores elementos para acreditar no sólo la realización de las operaciones de transferencias electrónicas de fondos, sino también las autorizaciones correspondientes a cada una de ellas, ya que únicamente con base en la orden recibida por el sistema informático de la institución de crédito se puede realizar el traspaso automatizado de capitales.

• Por tanto, concluyó que como regla general la carga de la prueba sobre la existencia de la autorización para efectuar una transferencia electrónica de fondos correspondía a la institución bancaria. Sin embargo, que cuando el cuentahabiente afirmara que no fue él quien autorizó la operación y que, por tanto, la desconociere, pese a que es el único que pudo haber accedido a su cuenta, vía electrónica, utilizando el uso del dispositivo denominado "token", y a través de las claves o contraseñas que integran la firma electrónica, mismas que dan acceso y la consecuente autorización a su sistema para realizar dicha operación, datos que ninguna persona, ni el propio banco conoce –a menos de que hubiese confiado a terceros esa información–; entonces correspondía al propio cuentahabiente demostrar que fue el banco quien se apartó de la forma de operar un pago a terceros, y en particular una transferencia electrónica, para lo cual podrá exigir no sólo la aportación de los registros del banco sino, inclusive, ofrecer la prueba pericial en informática, entre otros medios de comprobación a su alcance.

• El Tribunal Colegiado también consideró importante recalcar que las claves generadas por el uso del dispositivo denominado "token", así como la de acceso y contraseñas, son datos que se crean bajo la confidencialidad del cuentahabiente; y que, por ende, se encuentran fuera del control de la institución de crédito. Entonces, que las operaciones bancarias y comerciales que se realizan a través de este medio electrónico, se presumen hechas por el titular de la cuenta o por la persona a quien se le hubiese confiado el uso del dispositivo y proporcionado las claves y contraseñas necesarias.

• En este sentido, se estimó que, si se actualizaba dicha situación, debía corresponder al cuentahabiente que desconoce un cargo hecho a su cuenta, desvirtuar la presunción de que se trata, y no a la institución de crédito.

• Asimismo, consideró que la institución bancaria, ante una acción sobre el desconocimiento de una transacción comercial realizada vía banca por Internet, sólo debía acreditar, por cualquier medio de prueba, que se realizaron electrónicamente las operaciones que generaron los cargos –cuestión que no fue materia de debate–; por lo que sería carga probatoria de quien negara la transacción el demostrar que el sistema que opera las firmas electrónicas carece de fiabilidad o, en su caso, impugnar la certeza de la operación bancaria.

• Con base en las premisas relatadas, determinó que, en la controversia sujeta a su consideración, al actor era quien debía probar que el sistema que operó su firma electrónica no fue confiable, o en su caso, que no fue él quien autorizó el cargo que se hizo a su cuenta bancaria, mediante el uso del dispositivo "token" y a través de las claves y contraseñas correspondientes, que sólo él debe conocer.

• Consecuentemente, consideró que debía presumirse que el cliente demandante fue quien realizó la transferencia o bien, que reveló la información necesaria para ello; por tanto, debía asumir las consecuencias de la falta de diligencia en el resguardo de los datos confidenciales que resultaban necesarios para que se pudiera realizar exitosamente la transferencia de recursos con cargo a su cuenta.

• Por todo lo anterior, el Tribunal Colegiado determinó que no estuvo en lo correcto la Jueza responsable al sostener que era a la institución bancaria demandada a quien tocó probar que el cliente fue quien realizó la multicitada transferencia electrónica de dinero, vía portal de Internet, utilizando el mecanismo "token" y a través de las contraseñas o datos de identificación necesarios para realizar exitosamente la operación, al declarar improcedentes las excepciones y defensas opuestas y, en consecuencia, condenar a la quejosa al pago de las prestaciones reclamadas.

Efectos de la concesión del amparo.

• En razón de lo anterior, el órgano colegiado concedió la protección constitucional para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada, y se dictara otra en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, normara correctamente las cargas probatorias y, con base en los medios de prueba ofrecidos y desahogados en el juicio resolviera lo que en derecho procediera.

II. Criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 176/2020, del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:

- Juicio oral mercantil. Mediante demanda presentada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, ********** demandó **********, la declaración judicial de inexistencia de diversas trasferencias de dinero realizadas desde la cuenta que mantenía con dicha institución, y que sumaban la cantidad de $**********, al no haberse realizado por la sociedad actora. Con motivo de lo anterior, se reclamó además el reembolso de dichas cantidades, el pago de los intereses legales sobre las citadas cantidades, así como el pago de gastos y costas que se generaran en el juicio.

Emplazada a juicio la institución demandada, ésta negó la acción de la actora aduciendo, fundamentalmente, que dichas operaciones se habían realizado con las contraseñas de la tarjeta de acceso, seguro y acceso digital y claves en posesión de la actora para realizar operaciones en Internet.

Del juicio respectivo, conoció la Juez Sexto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, quien, seguido el juicio respectivo, dictó sentencia en el sentido de absolver a la parte demandada, sin hacer especial condena en costas para alguna de las partes. En contra de dicha resolución, la parte actora promovió juicio de amparo directo.

- Juicio de amparo directo 176/2020. Del juicio de amparo respectivo tocó conocer por razón de turno al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; mismo que concedió el amparo a la parte quejosa, en atención a los siguientes razonamientos:

• En primer lugar, precisó que el asunto puesto a su consideración se encontraba relacionado con la realización de cuatro transferencias a través de la banca electrónica que el actor no reconocía, por lo que solicitaba la devolución de los cargos realizados en su cuenta bancaria, así como los intereses legales generados.

• Detalló que, en la sentencia reclamada, la Juez responsable determinó que la carga de la prueba de acreditar que las operaciones reclamadas no las realizó el cuentahabiente le correspondía a éste, pues, en su concepto, aquél debía demostrar que el sistema que opera las firmas electrónicas carece de fiabilidad y, por tanto, que su cuenta
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