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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29221         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 03 de enero de 2020 10:04 h
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. NO SE GARANTIZA ESTE DERECHO AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD, POR EL HECHO DE QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN, LE NOMBRE UN DEFENSOR POR NO TENER UN LICENCIADO EN DERECHO QUE LO REPRESENTE, SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO SE LE DESIGNÓ A UNO OFICIOSAMENTE, POR LO QUE DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

AMPARO EN REVISIÓN 199/2019. 17 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA, QUIEN NO ESTUVO DE ACUERDO CON EL CRITERIO MATERIA DE ESTA TESIS. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Resulta innecesario la transcripción y el análisis de los agravios esgrimidos, en virtud de que se advierte la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que conduce a revocar la sentencia impugnada y ordenar la reposición de aquél, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.

En primer lugar, del escrito de demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, cabe destacar que el solicitante de amparo ********** se encuentra privado de la libertad en la Penitenciaría Santa Martha Acatitla, por el delito de secuestro exprés para cometer el delito de robo, y promovió el juicio constitucional por propio derecho, sin la asistencia de un abogado, en contra del auto de tres de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal **********; medio de impugnación que el veinticuatro de julio del año en curso la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió sobreseer en el juicio de amparo **********, al considerar que el acto reclamado deriva o es consecuencia de otro consentido, es decir, el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, es consecuencia directa y necesaria de uno diverso y anterior acto de autoridad (acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve) o no fue combatido en la vía de amparo, previa interposición de los recursos ordinarios y medios de impugnación procedentes, o bien, fue consentido expresamente.

Ahora, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5), en relación con los diversos numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(6), incorpora el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, entendida ésta en su sentido más amplio, como el derecho de las personas a formular pretensiones o defenderse de ellas ante un órgano jurisdiccional, a través de un juicio en el que se respeten las garantías del debido proceso, se emita una sentencia y, en su caso, se logre su plena y efectiva ejecución.

En ese contexto, los Estados tienen el deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva mediante distintos mecanismos legales que satisfagan los estándares mínimos, como lo pueden ser el derecho a un recurso efectivo, una justicia completa, pronta y gratuita, entre otros.

Ahora, los estándares mínimos del derecho a un recurso efectivo implican no sólo a su previsión formal en la ley, sino que, además, sea el idóneo para los fines creados, esto es, que se garantice una tutela efectiva contra los actos o normas lesivas de derechos fundamentales.

En ese tenor, las autoridades jurisdiccionales deben ser garantes a fin de que durante la tramitación del juicio de amparo, se garantice al gobernado las condiciones mínimas necesarias para que se esté en posibilidad real de proteger, asegurar y hacer valer los derechos comprometidos.

Ahora, de acuerdo con las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad(7), deben garantizarse las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, de manera que se permita el pleno goce de los servicios del sistema judicial y, en ese mismo sentido, los operadores del sistema de justicia otorguen a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.

En ese tenor, la situación de reclusión, ya sea temporal o permanente, se considera una condición de vulnerabilidad(8), puesto que puede generar dificultades para ejercer con plenitud –ante el sistema de justicia– el resto de derechos de los que se es titular (seguridad, alimentación, salud, integridad y vida, entre otros aspectos); de ahí que lo que se pretenda es que se le brinde un proceso justo, ya que sus derechos fundamentales no han sido limitados o suspendidos durante su reclusión.

Ahora bien, el artículo 12 de la Ley de Amparo(9) contempla la facultad con que cuentan las partes procesales para que sean representadas en el juicio de amparo por profesionales del derecho, de manera que la parte interesada puede acudir –a través de dicha representación– ante el juzgado a instar o motivar la sustanciación del juicio de amparo.

Designación que permite –en términos amplios– que los autorizados favorezcan los derechos e intereses de la parte procesal que representan, como es la interposición de recursos, el ofrecimiento de pruebas, la asistencia a las audiencias, la formulación de alegatos y, en sí, realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante.

Derivado de lo anterior, es dable concluir que cuando una persona se encuentra privada de su libertad personal y promueve el juicio de amparo por propio derecho, sin pasar por alto que puede designar autorizado en términos del numeral arriba señalado, por lo general, existen condiciones de precariedad que pueden constituir un obstáculo que repercuta en la efectividad del juicio de amparo; de ahí que el Juez de Distrito, de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, al recibir un escrito de demanda de amparo proveniente de una persona que promueve el juicio de amparo por propio derecho, deba prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación.

Ello, se insiste, debido a las condiciones de vulnerabilidad de quien se encuentra en prisión, así como la dificultad de acceso a la justicia y las importantes consecuencias que puede conllevar la falta de representación jurídica.

Lo anterior derivó en la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación «del viernes» 23 de agosto de 2019 «a las 10:31 horas», de título y subtítulo:

"TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO."

Al respecto, dicha Sala en la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis 187/2017, de la que derivó la jurisprudencia en cita, estableció que en el caso del quejoso privado de su libertad en virtud de un proceso penal, que promueve juicio de amparo indirecto en esa materia, por propio derecho y sin representación jurídica, existen condiciones de precariedad análogas a las que existen en el proceso penal que justifican, en principio, que el Estado lleve a cabo acciones para garantizar el derecho a la asistencia letrada; de ahí que cuando un quejoso está interno en algún centro de reclusión y promueve juicio de amparo indirecto por derecho propio, esa sola circunstancia entraña un serio obstáculo para representarse a sí mismo durante el juicio, pues existe una barrera física para allegarse de pruebas, acudir al órgano jurisdiccional a consultar actuaciones, realizar promociones, entre otras acciones de igual importancia, para tener mayores probabilidades de obtener una sentencia de amparo favorable.

Ahora bien, de las constancias de autos –como ya se dijo– se pone de manifiesto que, en el caso, no obstante que se aprecia que el quejoso se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría Santa Martha Acatitla, mediante proveído de doce de junio de dos mil diecinueve, por el que se admitió la demanda de amparo indirecto, la Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no lo previno para que nombrara a un abogado que lo representara, y en el supuesto de que no lo hiciere o no pudiere nombrarlo, debía nombrarle al de oficio para que le proporcionara asistencia jurídica para así ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Sin embargo, la Juez de Distrito resolvió el juicio de amparo sin respetar ese derecho de defensa, por lo que tal omisión le generó indefensión que trascendió al fallo, dado su estado de vulnerabilidad (privado de la libertad); de ahí que se estime transgredido su derecho a la asistencia de un abogado como condición de efectividad del juicio de amparo, a fin de que el quejoso pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

En ese sentido, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de aplicación obligatoria y, por tanto, aun cuando los hechos delictivos, la tramitación del juicio de amparo y la resolución impugnada, ocurrieron con antelación a la emisión del criterio jurisprudencial citado, en observancia del principio pro persona y a fin de garantizar la protección más amplia a los derechos del gobernado como base de la tutela de la dignidad humana, así como su defensa adecuada, se deberán acatar las pautas de interpretación establecidas en consonancia con esa nueva tendencia proteccionista incorporada al régimen constitucional.

Por tanto, es evidente que las condiciones fácticas en las que se encuentra el quejoso ********** le impiden ejercer adecuadamente su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 constitucional, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, se encuentra justificado que en el presente asunto sea asistido de un abogado, pues de esa manera se permitirá que pueda plantear y defender adecuadamente sus pretensiones en el juicio de amparo.

Sin soslayar que al quejoso, una vez que este Tribunal Colegiado aceptó el conocimiento del asunto –por relación de precedente– y se avocó a su estudio, lo previno para que designara un licenciado en derecho para que lo asistiera, con el apercibimiento de que, si no lo hiciere, se le designaría un defensor de oficio; por lo que al momento de notificarle personalmente dicha circunstancia, solicitó que se le designara a un defensor de oficio; en atención a ello se giró oficio a la Dirección de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, a fin de que designara defensor para que le brindara orientación y asesoría jurídica, siendo designada para tal efecto la licenciada Nina Concepción Rosas Castañeda, pero dicho nombramiento debió ser requerido desde la presentación de la demanda de amparo indirecto ante la Juez de Distrito.

Sin embargo, el hecho de que este órgano colegiado acordara lo conducente para la debida sustanciación del recurso de revisión, no tiene el impacto suficiente para convalidar todas las actuaciones previas desahogadas durante el juicio de amparo indirecto y así abordar el fondo del asunto, pues de hacerlo, se consumaría un daño irreparable a los derechos del quejoso, descritos en párrafos precedentes; en específico, los relativos a ofrecer pruebas, mejorar los conceptos de violación, controvertir los informes justificados y consultar los autos de manera presencial para definir una estrategia procesal.

Es por esa misma razón, que para garantizar el derecho del quejoso a una tutela jurisdiccional efectiva, no basta que en el recurso de revisión opere a su favor la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.

Lo anterior, ya que la figura de la suplencia de la queja, únicamente procede en el momento de emitir las resoluciones sobre el fondo del asunto para subsanar la deficiencia o ausencia total de agravios o conceptos de violación, no así en otros aspectos como los apuntados, en los que, invariablemente, subsiste la necesidad de asistencia de un licenciado en derecho, en virtud de que este último orientará al solicitante de amparo acerca de qué actos reclamar, decidir si se amplía la demanda, desistir total o parcialmente de la acción, ejercer la actividad probatoria del quejoso, controvertir los informes rendidos por las autoridades responsables, o hacer valer los recursos idóneos; de ahí la relevancia para ordenar la reposición del procedimiento.

Finalmente, cabe señalar que en el caso, la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja, no generarían un mayor beneficio al quejoso, pues con la reposición se podrían mejorar los conceptos de violación, los planteamientos con motivo de la vista del informe justificado, así como los agravios. Además, el quejoso, aquí recurrente, contará con una persona que le pueda asesorar respecto de los fallos que se emitan, y así esclarecer las dudas que éste pueda llegar a tener.

En esas condiciones, toda vez que ********** promovió juicio de protección de derechos fundamentales por propio derecho, sin asesoría de un profesional en derecho, se revoca la sentencia sujeta a revisión y se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo **********, a partir del auto admisorio, para el efecto de que la Juez de Distrito:

a) Requiera a la parte quejosa, ya sea en la diligencia en que comunique esa prevención o dentro de los tres días posteriores a que surta dicha notificación, si es su deseo designar licenciado en derecho (defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera) para que lo asista en la tramitación del juicio de amparo y, en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, dado que en el caso se advierte que el procedimiento penal que dio origen al acto reclamado se instruyó en el fuero común, requiera a la Dirección de la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, que proporcione uno que asista al quejoso en el presente juicio.

b) Hecho lo anterior, notifique al quejoso y a su licenciado en derecho el contenido de la demanda, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y le otorgue el término de ocho días para imponerse de los mismos, a efecto que esté en aptitud de promover lo que a su representación convenga.

c) A fin de no retrasar el procedimiento, la reposición no implica dejar sin efecto las actuaciones llevadas a cabo desde el auto admisorio y hasta el auto donde tiene por recibido el informe, que ya ha rendido la autoridad responsable.

d) Continúe la sustanciación del juicio de amparo, como proceda, hasta el dictado de la sentencia que en derecho corresponda.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo **********, promovido por **********, en los términos establecidos en el último considerando del presente fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a la autoridad recurrida; vuelvan los autos a su lugar de origen; acúsese de recibo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Irma Rivero Ortiz de Alcántara (presidenta), Emma Meza Fonseca (ponente) y Luis Pérez de la Fuente, con voto concurrente de la primera de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 103, 117 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.







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5. "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..."

6. "Artículo 8. Garantías judiciales
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ..."

"Artículo 25. Protección judicial
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ..."

7. Estas reglas, si bien no constituyen propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia.

8. Sección 2a. Beneficiarios de las Reglas, punto 10, reglas 22 y 23. "(22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores.

"(23) A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo."

9. "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.—En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior."

Esta ejecutoria se publicó el viernes 03 de enero de 2020 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


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