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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29219         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 03 de enero de 2020 10:04 h
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA. EL ANÁLISIS DE LA FECHA EN QUE SE EMITE EL TÍTULO DE CONCESIÓN ES UNA CUESTIÓN DE FONDO Y NO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA. LA CALIDAD DE CONCESIONARIO NACE CON LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE CONCESIÓN QUE LO ACREDITA COMO TAL Y NO SÓLO CON LA RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA DE CONCESIÓN EN LA QUE RESULTÓ BENEFICIARIO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA LEONOR PACHECO FIGUEROA, JORGE HIGUERA CORONA Y MANUEL ROJAS FONSECA. PONENTE: MANUEL ROJAS FONSECA. SECRETARIA: GIOVANNA CERVANTES CALLEJAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del propio Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

SEGUNDO.—La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo, en virtud de que a ********** le revistió el carácter de recurrente en los amparos en revisión 177/2018 y 475/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; además de que la Magistrada Leonor Pacheco Figueroa en su carácter de integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito la hizo suya.

TERCERO.—Los antecedentes y consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son los siguientes:

• Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 395/2015 (fojas 112 a 130 de la presente contradicción), el dos de diciembre de dos mil quince:

1. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil doce, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de:

• La resolución contenida en el oficio No. E-1086/2005 de treinta de septiembre de dos mil cinco, por medio de la cual se autoriza la ampliación del parque vehicular para la ruta denominada ********** y viceversa, con el otorgamiento de nuevas concesiones.

• La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo llevado a cabo para culminar con dicha resolución.

2. La demanda fue admitida con el número de expediente 1647/2012 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.

3. El siete de junio de dos mil trece, se celebró la audiencia constitucional, y el veintisiete del mismo mes y año, se pronunció la sentencia respectiva en la que se determinó sobreseer en el juicio.

4. Inconforme con dicha sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión que fue radicado bajo el número A.R. 376/2013 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual fue resuelto mediante sesión de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, en el sentido de revocar y reponer el procedimiento en el juicio de amparo.

5. Cumplido lo anterior, seguidos los demás trámites legales, el tres de abril de dos mil catorce, se celebró la audiencia constitucional, y el nueve de julio del citado año, se pronunció la sentencia respectiva en la que se resolvió conceder el amparo solicitado.

6. Inconforme con dicha sentencia, la parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión que fue admitido el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y registrado con el número A.R. 371/2014, resuelto en sesión de diez de diciembre de dos mil catorce, en el sentido de revocar la sentencia, reponer el procedimiento y dejar sin materia la revisión adhesiva hecha valer por el quejoso.

7. Seguido el trámite correspondiente, el quince de junio de dos mil quince, se celebró la audiencia constitucional, y el veintinueve de julio del citado año, se pronunció la sentencia respectiva en la que se resolvió sobreseer en el juicio.

8. Inconforme con dicha sentencia, el quejoso, interpuso recurso de revisión que fue admitido por acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito el veintiséis de agosto de dos mil quince, registrado el expediente con el número A.R. 395/2015, resuelto en sesión de dos de diciembre de dos mil quince, bajo los resolutivos siguientes:

"PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.

"SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 4/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

Lo anterior bajo las consideraciones siguientes:

"CUARTO. El único agravio formulado por la parte quejosa recurrente es infundado, por las razones que a continuación se exponen.

"En el mismo se aduce, en esencia, que el a quo no tomó en cuenta el acuerdo E-152/2003, de doce de enero de dos mil cuatro, que crea la ruta de transporte **********, del que se desprende que es beneficiario de la concesión desde dos mil cuatro, año en que se expidió dicho acuerdo y si bien es cierto sus documentos son de fecha posterior, eso se debe a cuestiones administrativas que no dependieron del quejoso, sino de la autoridad administrativa.

"El agravio anterior es infundado.

"El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable establece:

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.’

"Sobre el interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que por el mismo debe entenderse aquel que está legalmente protegido por modo directo, identificándose la noción de interés jurídico con la de derecho subjetivo, por consiguiente, la lesión a un simple interés material o económico de un sujeto, sin tutela legal directa, es decir, sin que la ley lo proteja con vista a la situación específica en que aquél pudiera encontrarse, hace improcedente el amparo conforme al artículo 73, fracción V, de la ley de la materia aplicable.

"En esas condiciones, el derecho subjetivo consiste en la facultad que la norma jurídica objetiva concede a cualquier sujeto, la cual no entraña simplemente un poder de obrar, sino una potestad de exigencia que debe ejercerse frente a otro sujeto distinto del titular de dicha facultad, obligado a cumplir las pretensiones que se reclamen a través del ejercicio de ésta, lo que significa que todo derecho subjetivo implica necesariamente una obligación correlativa correspondiente a otro sujeto.(1)

"Ahora bien, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en vigor a los ciento veinte días de su publicación, de conformidad con su artículo primero transitorio, es decir, el cuatro de octubre del mismo año, se reformó el artículo 107, fracción I, constitucional, introduciendo la figura de interés legítimo para efectos del juicio de amparo, quedando su texto en los términos siguientes:

"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.’

"Por lo que hace al interés legítimo, esta figura jurídica se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que ésta requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica –no exclusivamente en una cuestión patrimonial–, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos.(2)

"Expuesto lo anterior debe indicarse que la carga de la prueba del interés jurídico o legítimo correspondía, en este caso, a la parte quejosa, sin que ello se modifique por quedar demostrada la existencia de los actos reclamados.(3)

"Ahora bien, de la sentencia reclamada se desprende que el Juez de Distrito estimó improcedente el juicio de amparo, en atención a que los documentos con los cuales el quejoso pretendió acreditar la afectación en su esfera jurídica denotan que fue beneficiado con la concesión para prestar el servicio público de transporte en fecha posterior a la emisión del acto reclamado.

"Por su parte, en el único agravio el quejoso recurrente aduce, en esencia, que ello es incorrecto porque el a quo no tomó en cuenta el acuerdo E-152/2003, de doce de enero de dos mil cuatro.

"Empero, de las constancias que obran en el juicio constitucional no se desprende el acuerdo a que hace referencia la parte quejosa.

"En efecto, en el juicio de garantías obran las pruebas documentales que a continuación se precisan.

"a) Anexos de la demanda de amparo:

"1. Copia certificada del tarjetón de concesión **********, a nombre de **********, expedido el veinticuatro de enero de dos mil ocho, en que se indica que la expedición de la concesión ********** aconteció el nueve de mayo de dos mil seis, con clave de ruta ********** (fojas 19 y 20).

"2. Copia certificada del título de concesión, con número de folio **********, de veinticuatro de enero de dos mil ocho, a nombre de **********, en que se indica que la concesión se expidió el nueve de mayo de dos mil seis, con clave de ruta **********, ********** (foja 21).

"b) Anexos del informe justificado rendido por el coordinador general de asuntos jurídicos en representación del secretario de transportes del Gobierno del Estado de Puebla:

"1. El oficio IV.7.3/232/03E.T., de cinco de agosto de dos mil tres, del director de ingeniería del transporte, que contiene el cálculo para determinar el número de unidades para la ruta ********** (fojas 37 a 42, antecedente del acto reclamado).

"2. El acuerdo E-1086/2005, de treinta de septiembre de dos mil cinco, a través del cual se amplía el parque vehicular y se regulariza una concesión, por lo que hace a la ruta **********, suscrito por el entonces secretario de comunicaciones y transportes del Gobierno del Estado de Puebla (fojas 43 a 52, acto reclamado en el juicio de amparo), copia de la credencial de elector a nombre de ********** (foja 53) y acta de notificación realizada a este último el nueve de diciembre de dos mil cinco (foja 54).

"c) Anexos del informe justificado rendido por la directora de Administración de Concesiones y Permisos:

"1. Con las mismas se formó un tomo anexo y consiste en copias certificadas de documentos atinentes al trámite relativo al acuerdo E-1086/2005, como son las tarjetas de circulación, comprobantes de pago y domiciliarios de los beneficiarios, así como los títulos de concesión, tarjetones y placas que les fueron expedidos, facturas y cartas factura de los vehículos, actas de nacimiento, pólizas, credenciales de elector y el propio acuerdo 1086/2015, entre otros (anexo I del juicio de amparo).

"De tal forma, el agravio de la parte quejosa carece de sustento probatorio, por no obrar en el juicio constitucional el acuerdo E-152/2003, contrario a lo que afirma.

"Así, atendiendo estrictamente a los documentos exhibidos en el juicio de amparo, se concluye que la concesión con la que fue beneficiado el quejoso se expidió el nueve de mayo de dos mil seis, mientras que el acto reclamado que pretende controvertir se emitió el treinta de septiembre de dos mil cinco.

"Por lo tanto, como correctamente se determinó en la sentencia recurrida, el quejoso no demostró que la emisión del acto reclamado haya afectado su interés jurídico porque el hoy recurrente no acreditó que, al momento en que ello aconteció, contaba con un derecho subjetivo que pudiera haber sido transgredido con la expedición de aquél.

"No pasa inadvertido que en el capítulo de pruebas de la demanda de amparo hizo referencia a una copia certificada del acuerdo de doce de enero de dos mil cuatro, sin embargo, la misma no fue anexada al escrito inicial; lo que no impedía al quejoso presentarla con posterioridad, inclusive durante la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 151 de la Ley de Amparo aplicable, sin que así lo haya hecho.

"Por lo que hace al interés legítimo debe señalarse que en el presente caso no se promovió la demanda de amparo aduciendo un interés de ese tipo, no obstante, en todo caso, para demostrar el mismo de igual forma resulta necesario acreditar que el acto reclamado, al momento en que se emitió, causó una afectación en cierta esfera jurídica del particular.

"En las condiciones antes apuntadas, al haberse desestimado el agravio hecho valer, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.

"SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 4/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

De las consideraciones que sustentaron el fallo, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa estimó, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

Que en la sentencia recurrida el Juez de Distrito estimó improcedente el juicio de amparo en atención a que los documentos con los cuales el quejoso pretendió acreditar la afectación en su esfera jurídica denotan que fue beneficiado con la concesión para prestar el servicio público de transporte en fecha posterior a la emisión del acto reclamado. Por su parte, en el único agravio el quejoso recurrente adujo, en esencia, que ello era incorrecto porque el A quo no tomó en cuenta el acuerdo E-152/2003, de doce de enero de dos mil cuatro; empero, de las constancias que obran en el juicio constitucional no se desprende el acuerdo a que hizo referencia la parte quejosa, por lo que su argumento carecía de sustento probatorio.

Así, el Tribunal Colegiado sostuvo que atendiendo estrictamente a los documentos exhibidos en el juicio de amparo, se concluía que la concesión con la que fue beneficiado el quejoso se expidió el nueve de mayo de dos mil seis, mientras que el acto reclamado que pretende controvertir se emitió el treinta de septiembre de dos mil cinco. Por lo tanto, el quejoso no demostró que la emisión del acto reclamado hubiera afectado su interés jurídico porque el recurrente no acreditó que, al momento en que ello aconteció, contaba con un derecho subjetivo que pudiera haber sido transgredido con la expedición de aquél.

Es decir, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la resolución del Juez de Distrito en donde se consideró que el quejoso obtuvo la titularidad en dos mil seis, es decir, cuando obtuvo los documentos que lo acreditaban como concesionario (título y tarjetón), esto es, con posterioridad a que se emitió el oficio reclamado No. E-1086/2005 de treinta de septiembre de dos mil cinco, por lo que carecía de interés jurídico para impugnarlo.

• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 540/2014 (fojas 05 a 25 de la presente contradicción), el trece de agosto de dos mil quince:

1. Mediante escritos presentados el veinticuatro de octubre, cinco y veintinueve de noviembre dos mil trece, **********, ********** y ********** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de:

• La resolución que determina procedente la creación de una nueva ruta, así como la asignación de nuevas concesiones con empalme en la ruta que tiene autorizada contenido en el oficio ST CYSET/006/2013 (seis de febrero de dos mil trece)

• La omisión de habérseles llamado al procedimiento administrativo llevado a cabo para culminar con dicha resolución.

• Dictámenes técnicos D.I.III.3.1/109/12.E.T y D.I.III.3.3/109/12.E.T (seis de marzo de dos mil doce)

2. Las demandas fueron admitidas con los números de expediente 1551/2013 (**********), 1754/2013 (**********) del índice del Juzgado Sexto y 1601/2013 (**********) del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla.

3. Mediante resolución de seis de marzo de dos mil catorce, dictada dentro de los autos del juicio de amparo 1551/2013, se determinó procedente el incidente de acumulación promovido por el tercero interesado **********, y en consecuencia se decretó la acumulación de los juicios de amparo 1754/2013 y 1551/2013 ambos del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y 1601/2013 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado.

4. El quince de abril de dos mil catorce, se celebró la audiencia constitucional, y el treinta del mismo mes y año, se pronunció la sentencia respectiva en la que se determinó sobreseer en parte y conceder en otra el amparo solicitado.

5. Inconformes con dicha sentencia, **********, ********** Y **********, a través de su representante, interpusieron recurso de revisión que fue radicado bajo el número A.R. 198/2014 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual fue resuelto mediante sesión de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, en el sentido de revocar y reponer el procedimiento en el juicio de amparo.

6. Cumplido lo anterior, seguidos los demás trámites legales, el veintiocho de octubre de dos mil catorce, se celebró la audiencia constitucional, y el mismo día, se pronunció la sentencia respectiva en la que se resolvió sobreseer por unos actos y
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