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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29215         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 03 de enero de 2020 10:04 h
IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, AL CONTENER UNA TABLA PARA SU CÁLCULO QUE PERMITE QUE AL AUMENTAR EN UNA UNIDAD EL LÍMITE SUPERIOR DE UN RANGO, LOS CONTRIBUYENTES QUEDEN COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

AMPARO EN REVISIÓN 314/2019. ALIMENTOS RÁPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. 15 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GLORIA AVECIA SOLANO. SECRETARIO: JOSÉ CARLOS FLORES SANTANA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Los agravios son ineficaces.

De la sentencia recurrida se advierte, en lo que aquí interesa, que la a quo consideró infundado el concepto de violación en el cual la quejosa sostuvo que el precepto impugnado transgrede el principio de legalidad, en razón de que no justifica en su exposición de motivos las razones que dieron lugar al incremento de las tasas y tarifas hasta en un 80% (ochenta por ciento), a diferencia del ejercicio dos mil dieciocho, lo que no le permite conocer los motivos y razones que se consideraron para imponer una carga tributaria, resultando un impuesto ruinoso y contrario a la garantía de legalidad.

Que lo anterior es así, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los alcances del principio de legalidad tributaria ha determinado que éste consiste en que los tributos sean establecidos mediante un acto legislativo; es decir, que provengan del órgano con la atribución para crear leyes (aspecto formal) y que los elementos esenciales de aquéllos, tales como el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, se encuentren consignados en la ley (aspecto material), con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica al contribuyente al momento de cumplir sus obligaciones y evitar cualquier arbitrariedad por parte de las autoridades hacendarias en la determinación y cobro respectivos.

Citó en apoyo de sus consideraciones las tesis de rubros: "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." e "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY."

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha dicho que para determinar el alcance del principio de legalidad tributaria es útil acudir al concepto de reserva de ley, el cual guarda estrecha semejanza y mantiene vinculación con aquél.

Que al respecto es aplicable la tesis P. CXLVIII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY."

Que los elementos esenciales del impuesto predial se encuentran previstos en los artículos 92, 93, 94 y 98 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como en el numeral 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, ya que de dichos preceptos legales se desprenden el objeto, sujeto, base, tasa y tarifa, y que al contener el último de los numerales una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, no viola el principio de legalidad, establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Cita en apoyo de sus consideraciones las tesis «I.4o.A.533 A y P. XXII/95», de rubros: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2005, QUE ESTABLECE UNA TABLA QUE CONTIENE LOS RANGOS QUE PERMITEN DETERMINAR LA TARIFA DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." y "DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY, AUN CUANDO ÉSTA SEA LA DE INGRESOS."

Que contrario a lo afirmado por la quejosa, en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos referida sí se estableció la justificación para aumentar las tasas o tarifas, en relación con el ejercicio fiscal anterior, sobre los predios rústicos, en relación con el año pasado, ya que éste (sic) se aumentó sólo en un 5% (cinco por ciento) para estar en sintonía con los incrementos de la dinámica macroeconómica de las finanzas gubernamentales (transcribe la parte referente a los puntos del XVI al XX de la exposición de motivos) y concluye que el artículo 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, no transgrede el principio de legalidad tributaria.

Que en relación con el principio de proporcionalidad tributaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que éste implica que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza gravada, por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, o sea, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa o tarifa exprese la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo.

Que la capacidad de cada sujeto pasivo se entiende como la potencialidad real para contribuir al gasto público, de manera que las personas que tengan mayor riqueza gravable tributen en forma diferenciada y superior a aquellos que la tengan en menor proporción, por lo que, atendiendo a dicho factor, el impacto del tributo es distinto, lo cual puede trascender cuantitativa o cualitativamente en lo tocante al mayor o menor sacrificio, o bien, en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimientos o a la manifestación de riqueza gravada.

Que el Alto Tribunal ha sostenido que un gravamen es proporcional cuando existe congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes. Por tanto, la potestad tributaria implica para el Estado la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de su capacidad contributiva; de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones es, precisamente, el de la identificación de la capacidad para contribuir al gasto público por parte de los gobernados.

Así, el principio de proporcionalidad tributaria se respeta, en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción.

Que lo anterior se corrobora con las jurisprudencias «P./J. 109/99 y P./J. 10/2003», de rubros: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS." y "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES."

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para analizar la proporcionalidad de un impuesto, debe atenderse a los términos en los que se realiza el respectivo hecho imponible, tomando en cuenta sus características o su naturaleza; es decir, si grava una manifestación general de la riqueza de los gobernados, lo cual se advierte de las tesis de rubros: "IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS." e "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS."

Que de igual forma es infundado el argumento en el que la quejosa aduce que el incremento de las tarifas aplicables al impuesto predial transgrede los principios tributarios (sic), ya que las nuevas tasas y tarifas no se encuentran motivadas en cuanto al incremento respecto del ejercicio anterior.

Que lo anterior es así, toda vez que la tarifa progresiva del impuesto predial que se establece en el artículo 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se estructura por diez rangos; cada uno tiene un límite inferior y uno superior, los cuales se fijan según el valor fiscal del inmueble –valor catastral que constituye la base gravable–, existiendo para cada rango cuotas fijas y tasas marginales aplicables sobre el excedente del límite inferior.

Que en relación con este mecanismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, tratándose de impuestos que recaen sobre la propiedad raíz –como lo es el impuesto predial–, la capacidad económica de los contribuyentes puede gravarse diferencialmente a través de tarifas progresivas, a fin de que en cada caso el impacto sea distinto.

Consideración que se encuentra reflejada en la jurisprudencia 2a./J. 222/2009, de rubro: "PREDIAL. LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA EN EL IMPUESTO RELATIVO, PUEDE GRAVARSE INDISTINTAMENTE A TRAVÉS DE TASAS FIJAS O DE TARIFAS PROGRESIVAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).", de la cual destacan dos ideas: la primera, que para hablar de una tarifa progresiva se requiere que exista variación de la base así como del porcentaje aplicable; la segunda, que su uso o implementación permite que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción.

Que en el citado criterio se hace referencia a la ejecutoria de la acción de inconstitucionalidad 29/2008, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de mayo de dos mil ocho, de cuyo texto se desprende que tras el estudio de los diferentes tipos de tarifas, se consideró que la progresividad escalonada se aproxima en mayor medida a la capacidad contributiva de los contribuyentes, así como que su utilización es adecuada para impuestos reales, como lo es el impuesto predial.

Que en la tarifa prevista en el artículo 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se aplican mediante la estructura de distintos rangos o parámetros de la base gravable, cada uno definido por un límite mínimo y uno máximo, con una cuota fija (aplicable al límite inferior) y una tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior, dado que ello permite cuantificar el gravamen en atención a la verdadera capacidad contributiva del causante.

Que esto se debe a que la tasa no se aplica sobre el total de la base, sino únicamente sobre la porción que excede de cada rango y al resultado se le suma la cuota fija, cuya cuantía debe corresponder a la del impuesto a pagar en el límite superior del rango inmediato anterior, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro.

Que el artículo cuestionado de inconstitucional contiene la fundamentación para el incremento de las tarifas del impuesto predial, toda vez que entre un rango y otro se encuentran compensadas con la cuota fija que se adiciona al impuesto marginal (que es el resultado de aplicar la tasa respectiva al excedente del límite inferior), evitando que el impuesto se eleve de manera desproporcionada.

Así, aunque el aumento de la base gravable provoca un cambio de rango al rebasarse el límite superior y eso conduce a que el sujeto activo quede comprendido en el rango siguiente e implica que la carga tributaria es mayor, el mecanismo diseñado se sigue ajustando a los principios constitucionales de motivación que se dicen violados.

Que en mérito de las consideraciones que anteceden, es dable concluir que, contrario a lo que sostiene la quejosa, la tarifa progresiva contenida en el artículo 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, no viola los principios de legalidad, seguridad, proporcionalidad y equidad tributarias, que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

Que en relación con lo que argumenta la quejosa, en el sentido de que existe un incremento en la tarifa del periodo dos mil dieciocho al dos mil diecinueve, hasta del 80% (ochenta por ciento) de un año a otro, no existió el incremento en forma desproporcionada, ya que éste tuvo como base el recibo de pago folio **********, cuyo importe bruto es por $********** (********** M.N.) y en relación con el ejercicio dos mil dieciocho, del recibo que allega se observa que es por importe bruto (sic) la cantidad de $********** (********** M.N.); de lo que se advierte que el incremento no fue del 80% (ochenta por ciento) como lo aduce, sino menor, el cual se fue incrementando conforme a los costos de las cargas administrativas, en sintonía con la dinámica macroeconómica progresiva en los predios urbanos y rústicos, de acuerdo con las finanzas públicas gubernamentales.

Así, aunque el aumento de la base gravable provoca un cambio de rango ubicado en el número cinco de la tabla, y éste rebase el límite inferior, ello conduce a que el sujeto activo quede comprendido en el rango de la tasa marginal sobre el excedente de 0.000330, lo que implica que la carga tributaria se sujeta a los mecanismos diseñados al ajuste de la tabla.

Hasta aquí las consideraciones de la sentencia recurrida.

Frente a tales consideraciones, la recurrente aduce que, contrario a lo considerado por la a quo, la mecánica empleada por el legislador para determinar el pago del impuesto predial para el Municipio de Guadalajara, Jalisco, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, pues no obstante que establece una fórmula a base de rangos, tasa sobre el excedente y cuota fija, no atiende a la capacidad real del contribuyente.

Que el legislador no fundó ni motivó el incremento del impuesto predial, el cual llega hasta el 80% (ochenta por ciento), lo cual es desproporcional, máxime que en el resto de los Municipios de la zona metropolitana de Guadalajara no hubo incremento alguno; aunado a que respecto de otros impuestos aumentó en un 5% (cinco por ciento), manifestando que ello fue atendiendo a la dinámica macroeconómica y a las finanzas públicas gubernamentales del país, lo que hace más importante que se justificaran las razones por las cuales exceptuó al impuesto predial y, más aún, porque consideró que las tasas y tarifas aplicables resultaron las establecidas, las que representan un aumento en un 80% (ochenta por ciento) con relación al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho.

Cita en apoyo de sus argumentos la tesis «P./J. 117/2006», de rubro: "EVALUACIÓN DEL REQUISITO DE RAZONABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, QUE REGULAN LA TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL, AL CUMPLIR CON LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES, SON CONSTITUCIONALES.", de la cual se advierte que para tener como válido un incremento en las tasas o tarifas para efectos del entero del impuesto predial, resulta necesario que el legislador justifique su determinación de una manera razonable.

Que se viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues se deja de observar que si bien diversos tribunales han realizado pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de la mecánica establecida con base en tarifas progresivas, ello es aplicable únicamente para el impuesto sobre la renta, el cual grava ingresos obtenidos por los contribuyentes, resultando lógico que quien gana más tendrá que contribuir en mayor proporción, sin que dicha lógica sea aplicable al impuesto predial, pues el objeto del impuesto no es un ingreso, sino la propiedad, tenencia o usufructo de un bien inmueble, lo cual no necesariamente atiende a la capacidad contributiva de los particulares.

Que en razón de ello, la mecánica establecida en la norma reclamada transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, resultando contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al principio de proporcionalidad tributaria, contenido en la fracción IV del artículo 31 del mismo ordenamiento.

Solución al caso.

Como se dijo, los agravios son ineficaces.

En efecto, resulta infundado el agravio en el que expresa que del proceso legislativo no se desprende motivación alguna que justifique el aumento del tributo.

Para evidenciar lo anterior, conviene establecer que el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipios Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

"...

"c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

"Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

Del precepto constitucional transcrito se desprenden los siguientes supuestos:

Los Municipios manejarán su patrimonio conforme a la ley y administrarán libremente su hacienda.

La forma en que se integra la hacienda municipal. El derecho de los Municipios a percibir las contribuciones que establezcan las Legislaturas sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles.

La prohibición para que las leyes federales no (sic) limiten a los Estados para establecer las contribuciones sobre los conceptos que corresponden a los Municipios, ni para que concedan exenciones en relación con los mismos.

La prohibición a las leyes estatales para que establezcan exenciones o subsidios respecto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles.

La regla de que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, Estados o Municipios, con las salvedades que ahí se anotan.

La facultad de las Legislaturas Estatales para aprobar las Leyes de Ingresos de
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