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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29200         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h
PENSIÓN JUBILATORIA. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ÉSTOS RESULTEN ES IMPRESCRIPTIBLE.

AMPARO DIRECTO 9/2019. 28 DE FEBRERO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO RIVERA. SECRETARIA: MARÍA DEL ROCÍO P. POSADA ARÉVALO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Previo al estudio de los conceptos de violación, es de señalar que en el juicio laboral la legislación aplicada es la Ley Federal del Trabajo, anterior a la que entró en vigencia a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, ya que el actor presentó su demanda laboral el diecisiete de septiembre de dos mil nueve.

Puntualizado lo antes dicho, el análisis de los motivos de inconformidad que por razón de método se realiza en orden diverso al planteado, en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo, conduce a determinar lo siguiente:

En una parte del primero de ellos, refiere la quejosa que la responsable incurrió en una violación a las leyes del debido proceso, porque afirma que en los autos no se advierte el proyecto de laudo, lo que sostiene vulnera su garantía de seguridad jurídica, además de que estima violados los artículos del 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo.

Dicho planteamiento es infundado, porque contrario a lo expresado por el promovente del amparo, del sumario laboral se advierte que en autos sí obra el proyecto de laudo, pues éste se encuentra glosado entre las fojas 365 a 368 vuelta, lo que pone de manifiesto que lo alegado por la quejosa carece de sustento y, por tanto, en este aspecto no le asiste razón.

Con independencia de lo anterior, no sobra aclarar que el hecho de que en el expediente laboral no se encuentre agregado el proyecto de laudo, no constituye una violación a las reglas que rigen el procedimiento laboral, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 86/2011,(1) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO EL QUE NO SE ENCUENTRE AGREGADO AL EXPEDIENTE LABORAL.—El proyecto de resolución elaborado por el auxiliar de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a que se refiere el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, tiene el propósito fundamental de informar a sus integrantes, detalladamente, sobre los antecedentes del asunto y la posible solución del conflicto, para que puedan discutir y emitir su voto, por lo que la circunstancia de no añadir un ejemplar al expediente laboral no constituye una violación a las reglas del procedimiento, en virtud de que el numeral 889 de la misma legislación no exige esa formalidad. Esto es así, porque si el documento es aprobado sin modificaciones ni adiciones, el proyecto de resolución se convierte, al firmarse por los integrantes de la junta, en el laudo definitivo; en cambio, si se hacen modificaciones o adiciones, el secretario debe redactar el laudo acorde con lo aprobado y recabar las firmas de los integrantes de la Junta, una vez que sea engrosado, pero no existe obligación de agregar al expediente laboral un ejemplar del proyecto de resolución que fue modificado o adicionado, pues la norma jurídica únicamente exige que se redacte el laudo y que el resultado se haga constar en acta. En todo caso, es el contenido del laudo definitivo fallado por las Juntas de Conciliación y Arbitraje lo que puede causar agravios a las partes."

En un segmento del cuarto concepto de violación, la quejosa asegura que la Junta responsable violó las leyes del procedimiento, al omitir proveer respecto del perfeccionamiento de las pruebas y, además, decidió negarles valor probatorio.

Es infundado, en primer término, porque respecto de las que ofreció el actor bajo el numeral 2, incisos a), b), c), d) y e), no le agravia, dado que el demandado las hizo suyas; en lo referente a la 2, incisos del f) al i), fueron objetadas en cuanto alcance y valor probatorio; y por lo que hace a las indicadas en los incisos del j) al l), sólo fueron objetadas en términos generales, por lo que la autoridad de origen determinó que les daría el valor probatorio al dictar la resolución respectiva y si bien no lo hizo así, ello no le irrogó perjuicio alguno al impetrante, dado que de ello no dependió la eficacia o no de sus aseveraciones, como a continuación se verá.

En su segundo concepto de violación, alega que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, lo que afirma, se traduce en una violación al derecho de impartición de justicia, por no haberse sujetado aquélla a los plazos previstos por la norma laboral, incurriendo, por tanto, en omisiones y dilaciones en el procedimiento.

Es inoperante el anterior argumento, dado que existe imposibilidad material de retrotraer el tiempo transcurrido y reponer al impetrante en el goce de dicha garantía (sic) violada; esto es, si bien dicha disposición constitucional garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley, lo cierto es que aun cuando fueran veraces las dilaciones de las que se duele la quejosa, éstas se encuentran consumadas de manera irreparable, al haber concluido el procedimiento laboral con el dictado del laudo a debate.

Resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/31 (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo IV, noviembre de 2016, materia común, página 2224, registro digital: 2013005 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La violación a la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 885 a 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, por falta de pronunciamiento del laudo en los plazos establecidos en dichos preceptos, deja expedito el derecho del quejoso para exigir la responsabilidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; empero, por existir imposibilidad material de retrotraer el tiempo transcurrido y reponer al impetrante en el goce de dicha garantía violada, el concepto de violación que combata la dilación en el dictado del laudo resulta inoperante por no poder ser materia de estudio en el juicio de amparo directo."

En un apartado del cuarto concepto de inconformidad, la peticionaria de amparo sostiene que la autoridad de origen consideró procedente la excepción de prescripción opuesta por el demandado, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, lo que es incorrecto, ya que soslayó que existen dos reclamos distintos, uno relacionado al pago correcto de la prima de antigüedad y el otro, relativo al salario que debe integrar con el monto de la pensión jubilatoria.

Es infundado en una parte lo que asevera, pues del escrito de contestación se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social opuso la excepción de prescripción respecto de las diferencias en el pago de la prima de antigüedad, conforme a la jurisprudencia de rubro: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN CASO DE JUBILACIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA. TÉRMINO, CORRE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA JUBILACIÓN." (foja 44)

La Junta responsable, al dictar el laudo impugnado, estimó que había prosperado la excepción de prescripción que opuso el demandado, en lo referente al reclamo de la correcta integración de la prima de antigüedad, pues se le concedió la jubilación a partir del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que a partir de esa fecha comenzó a transcurrir a favor del instituto demandado la excepción de prescripción, por lo que al oponerla, el instituto adujo que había operado tal perentoria, en virtud de que la actora presentó su demanda el diecisiete de septiembre de dos mil nueve, por ello venció el término que tenía para efectuar su reclamo y, por tanto, al resultar procedente la excepción de mérito respecto del pago de las diferencias por prima de antigüedad, decidió absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social de esa pretensión.

Esto es objetivamente acertado, ya que al oponer la anotada excepción, el organismo de salud claramente expuso que con fundamento en el artículo 516 de la ley laboral, el término prescriptivo empezó a correr a partir del día siguiente al en que era exigible su reclamo; es decir, un día después del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro en que a la actora se le otorgó la jubilación y se celebró un convenio mediante el cual se fijó el monto que habría de recibir como prima de antigüedad y que tenía hasta el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cinco para solicitar el pago correcto de la liquidación finiquita donde aparece la suma relativa a ese concepto; y sostuvo que si presentó su escrito inicial de demanda el diecisiete de septiembre de dos mil nueve, el término para ejercitar su derecho en ese rubro, había prescrito por haber excedido el término legal de un año; lo que se reitera es exacto, puesto que conforme al dispositivo legal que invocó "las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible..."; de tal suerte que al habérsele jubilado el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro y entregado el finiquito correspondiente, tal como lo afirmó la autoridad de origen, tenía un año para inconformarse y reclamar las diferencias a las que la ahora quejosa sostiene que tenía derecho y, al haber presentado su ocurso hasta el año dos mil nueve (2009), es inconcuso que feneció el término del que gozaba legalmente para hacerlo.

Atinente al tema, se cita el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) del tenor literal siguiente:

"SEGURO SOCIAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN CASO DE TRABAJADORES JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL. PRESCRIPCIÓN.—Es procedente la excepción de prescripción opuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del pago de la prima de antigüedad reclamada, toda vez que al actor jubilado el término prescriptorio correspondiente empieza a contar al día siguiente de la fecha en que operó la jubilación, y si la demanda laboral fue presentada después de que transcurrió el término de un año que señala el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, está prescrita la acción ejercitada, siendo inexacto que la cláusula 131 del contrato colectivo establezca la imprescriptibilidad de dicha prestación, la que sólo se refiere a la nulidad de las renuncias a las disposiciones del pacto colectivo que favorezcan a los trabajadores, sin que en el caso exista renuncia alguna toda vez que la prima de antigüedad es una prestación independiente de las que contiene el citado contrato, y está sujeta para la prescripción a las disposiciones legales aplicables."

En consecuencia, resulta inoperante lo que expone en otra sección del cuarto y quinto conceptos de violación, donde argumenta que la autoridad laboral no se pronunció respecto de las prestaciones marcadas en los incisos a), b), c), g), i) y j) de su escrito inicial de demanda, concernientes al pago de las diferencias en la prima de antigüedad que le entregó la demandada mediante convenio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que asevera se le cubrió de manera incorrecta, toda vez que se hizo con doce (12) días conforme a la cláusula 59 bis del contrato colectivo de trabajo, cuando debió pagarse a razón de cincuenta (50) días, como lo estipula la cláusula tercera transitoria que remite a la 56, lo que contravino lo dispuesto en la cláusula 131 del pacto laboral, relativa a que no está permitida la renuncia de derechos que favorezcan a los trabajadores; aspectos que no valoró la autoridad responsable.

Obtiene igualmente esa calificativa el décimo tercer (sic) concepto de violación, mediante el cual afirma que en relación con el pago de la prima de antigüedad, le es aplicable el considerando quinto de la contradicción de tesis número 146/2008, "...respecto del convenio que adolece de nulidad absoluta...".

Ello es así, dado que tales aseveraciones tienden a impugnar lo atinente a las diferencias en el pago de la prima de antigüedad y al haberse declarado prescrita su acción para inconformarse respecto al monto que le fue otorgado, su estudio es innecesario, porque aun cuando resultara fundado, no se desvirtuaría la consideración relativa a que la acción de que se trata está prescrita.

Encuentra apoyo el anterior aserto, en la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala del Más Alto Tribunal del País,(3) cuyos rubro y texto son los siguientes:

"PRESCRIPCIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE PRUEBAS DE FONDO.—Cuando una Junta de Conciliación y Arbitraje considere operante la excepción de prescripción alegada con respecto a determinada acción, resulta innecesario el estudio de las pruebas relativas al fondo del asunto en cuanto a esa acción se refiere."

Y en otro ángulo, es fundado pero inoperante lo antes expuesto, porque la autoridad de instancia señaló que operaba la prescripción también respecto del pago correcto de la pensión jubilatoria, lo cual es desacertado, tal como se propone en la jurisprudencia 267, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, Tomo V, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia del Trabajo, página 175, registro digital: 393160, la cual es del tenor siguiente:

"JUBILACIÓN, MONTO DE LA. EL DERECHO A QUE SE CUANTIFIQUE CORRECTAMENTE, ES IMPRESCRIPTIBLE.—La jubilación constituye la obligación que merced a lo estipulado en un contrato adquieren los patrones para seguir satisfaciendo sus salarios a los trabajadores que les han servido durante los lapsos que se estipulen en tales contratos, salarios que deben entenderse como una compensación por el desgaste orgánico sufrido a través de los años por tales trabajadores; asimismo, debe comprender la incapacidad que a los mismos les ha producido el transcurso del tiempo, y satisfechas las condiciones establecidas por tal contrato, el trabajador adquiere el derecho de que se le paguen las pensiones relativas precisamente conforme a lo pactado, pasando a formar parte de su patrimonio el derecho de percibirlas; y a su vez los patrones adquieren las obligaciones de cubrírselas; o, en otras palabras, como ya lo ha sostenido en numerosas ejecutorias la Cuarta Sala, esta pensión se equipara a la renta vitalicia; de allí que, cuando los patrones cuantifican la pensión en cantidad inferior a la que se estableció contractualmente, y los obreros la acepten de esa forma, no quiere decir esto que los trabajadores carezcan de acción para exigir en cualquier tiempo la modificación, ya que tales pensiones son de tracto sucesivo, debido a su vencimiento periódico; en tal virtud, no serán procedentes las acciones para exigir diferencias que no se hicieron valer dentro del plazo de un año, pero sí lo son aquellas comprendidas dentro de este periodo; y, además, las subsiguientes que aún no se hubiesen vencido, pueden ser motivo de acción por parte del trabajador."

Así como la tesis aislada número I.6o.T.17 L (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, Tomo 2, junio de 2012, materia laboral, página 879, registro digital: 2000991, cuyos rubro y texto dicen:

"JUBILACIÓN. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ÉSTOS RESULTEN ES IMPRESCRIPTIBLE.—Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho para reclamar la pensión jubilatoria o su correcta fijación de la misma es imprescriptible, por tratarse de actos de tracto sucesivo que se producen día a día; en consecuencia, también es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos, prescribiendo, en su caso, únicamente las acciones para demandar el pago de los aumentos reclamados en las pensiones de jubilación de los meses anteriores en más de un año a la fecha de presentación de la demanda, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que señala el plazo genérico de prescripción."

No obstante lo anterior, a nada práctico conduciría conceder el amparo para que la Junta de instancia se abstenga de tener por prescrita tal acción, porque derivaría en el otorgamiento de un amparo ocioso que en nada beneficiaría al quejoso, por los motivos que más adelante se detallarán.

Asentado lo antes anotado, se procede a efectuar el análisis de los conceptos de violación en los que se combate todo lo relativo a la pensión jubilatoria.

En un apartado del tercer concepto de violación, el inconforme impugna la absolución decretada por la autoridad responsable, respecto de los conceptos de "estímulos de puntualidad y asistencia", con los que afirma, se integraba su salario y que considera, debieron servir para el cálculo de la cuantía básica de su pensión jubilatoria.

De inicio, debe tenerse presente que el beneficio de la jubilación se le otorgó en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, Tabla "A", 5, 6, 9 y demás relativos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, como se advierte de la resolución dictada por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, documental ofrecida por el propio quejoso en el numeral 2, inciso b), de su escrito de pruebas, y que obra agregada como "Anexo II", (foja 146); ahora bien, de los preceptos citados, no se advierte que contemplen los conceptos que reclama la quejosa, como integradores de la cuantía básica de la pensión y, por ende, fue correcto que la Junta responsable absolviera de dicho reclamo; por lo que resulta infundado lo alegado.

Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2008,(4) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD NO FORMAN PARTE DEL SALARIO BASE PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LAS PENSIONES.—De los artículos 1, 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones que forma parte del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que los estímulos de asistencia y puntualidad no forman parte del salario base para determinar la cuantía de las pensiones, pues disponen, en su orden, que dicho régimen es un estatuto que crea una protección más amplia y que complementa al plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro Social en los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada y muerte y en el de riesgos de trabajo; que las cuantías de las jubilaciones o pensiones se determinarán con base en los años de servicios prestados por el trabajador al instituto y el último salario que aquél disfrutaba al momento de la jubilación o pensión, integrado como lo señala el artículo 5 del propio régimen; y que los conceptos que integran el salario son: sueldo tabular, ayuda de renta, antigüedad, cláusula 86, despensa, alto costo de vida, zona aislada, horario discontinuo, cláusula 86 Bis, compensación por docencia, atención integral continua, aguinaldo, ayuda para libros, y riesgo por tránsito vehicular para choferes u operadores de área metropolitana. Por su parte, los artículos 93 y 91 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social
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