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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29198         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h
DICTÁMENES PERICIALES RENDIDOS EN LA ETAPA INDAGATORIA. LINEAMIENTOS QUE DEBE SEGUIR EL JUEZ PARA SU RATIFICACIÓN, SI POR CUALQUIER CAUSA EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA QUE LOS EXPERTOS QUE LOS EMITIERON SE PRESENTEN A REALIZARLA.

AMPARO DIRECTO 60/2019. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALBERTO DÍAZ DÍAZ. SECRETARIO: JUAN PABLO GARCÍA LEDESMA.


CONSIDERANDO:


SEXTO.—Decisión judicial.


Uno de los conceptos de violación es fundado, aunque suplido en la deficiencia de su queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo(1), y suficiente para conceder el amparo solicitado por el quejoso **********, toda vez que este tribunal advierte que se violaron las leyes del procedimiento y, por tanto, se afectaron las defensas del impetrante en términos de lo dispuesto en el numeral 173, apartado A, fracciones VII y XIV, de la legislación invocada, lo cual trascendió al resultado del fallo.


Para mejor comprensión de tal aserto, es menester narrar, primeramente, los antecedentes del acto reclamado y, posteriormente, realizar el análisis de las aludidas violaciones procedimentales.


Antecedentes del acto reclamado.


1. Mediante oficio **********, de cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, el agente del Ministerio Público de Villa Purificación, adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, consignó la averiguación previa ********, a través de la cual ejerció acción penal en contra del aquí quejoso *********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 213 y 219, fracción I, inciso a), del Código Penal del Estado de Jalisco, en perjuicio de *********(2).


2. El quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Juez de lo Penal del Décimo Segundo Partido Judicial, con sede en Autlán de Navarro, radicó el asunto bajo el número de expediente *********,(3) y dictó la orden de aprehensión solicitada(4).


3. El mandamiento de captura se cumplimentó el tres de junio de dos mil once, y se dejó al reo a disposición de la autoridad judicial en el interior del Centro Integral de Justicia Regional Costa Sur.(5)


4. Una vez tomada su declaración preparatoria(6) y transcurrido el término constitucional ampliado, el diez junio siguiente se resolvió la situación jurídica del detenido, y se dictó auto de formal prisión en su contra al considerarlo probable responsable del ilícito en comento.(7)


5. El cuatro de abril de dos mil doce, se dictó sentencia condenatoria en su contra.(8)


6. Inconforme con esa decisión, ********** interpuso el recurso de apelación **********, que correspondió conocer a la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, cuyos Magistrados integrantes, el dieciséis de octubre de dos mil doce, ordenaron reponer el procedimiento, a fin de que se desahogaran las diligencias de confrontación entre el apelante con los testigos de cargo.(9)


7. En cumplimiento a lo ordenado por el órgano de alzada, por acuerdo de veinte de noviembre de dos mil doce, se declaró abierta la instrucción, a fin de desahogar las diligencias indicadas por la superioridad.(10)


8. Paralelamente, el inculpado promovió el juicio de amparo indirecto 371/2013, del registro del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en contra del indicado auto de formal prisión, cuyo titular, el diecinueve de septiembre de dos mil trece dictó sentencia, en la que concedió el amparo para el efecto de que el Juez de primera instancia dejara insubsistente la resolución reclamada; repusiera el procedimiento desde la etapa inmediata anterior al proceso e iniciara un nuevo cómputo, a fin de dar vista al indiciado y a su defensor para que ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes, respetando el término constitucional ampliado y, hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resolviera la situación jurídica del quejoso.(11)


9. En desacuerdo con ello, el quejoso interpuso el recurso de revisión 11/2014, de este índice, el cual se resolvió en sesión plenaria de trece de febrero de dos mil catorce, en el sentido de confirmar la referida sentencia amparadora.(12)


10. En acato a esa ejecutoria, la autoridad de instancia dejó insubsistente la resolución reclamada, decretó la reposición del procedimiento y señaló fecha para recibir la declaración preparatoria del inculpado dentro del término constitucional ampliado.(13).


11. Recibido el deposado preparatorio del inculpado,(14) así como las pruebas correspondientes, el trece de marzo de dos mil catorce se dictó auto de bien preso en su contra, al considerarlo probable responsable del delito de homicidio calificado.(15)


12. En otro orden, el inculpado promovió el juicio de amparo indirecto 1645/2013, del registro del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con motivo de que la autoridad judicial no había dictado sentencia definitiva en la causa penal **********, a pesar de que fue detenido el tres de junio de dos mil once. Así, el cuatro de marzo de dos mil catorce, se le otorgó la protección constitucional para el efecto de que en el término de setenta y tres días, el Juez responsable ordenara la diligencia de confrontación con los testigos de cargo y, de no ser posible, justificara la imposibilidad para desahogarla y dictara la sentencia correspondiente.(16)


13. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco resolvió el toca penal **********, en el que modificó el auto de veintinueve de abril de ese mismo año, para que se admitieran determinados medios de prueba.(17)


14. Seguido el procedimiento por sus diversas etapas, el quince de octubre de dos mil catorce se dictó sentencia condenatoria.(18) Disconforme con la anterior determinación, el sentenciado y su defensor interpusieron el recurso de apelación.


15. El trece de abril de dos mil quince, la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco resolvió el toca **********, en el que dejó insubsistente la sentencia de quince de octubre de dos mil catorce y ordenó la reposición del procedimiento para el desahogo de las pruebas a que aludió y que fueron materia del precitado medio de impugnación.(19)


16. Hecho lo anterior, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el juzgador primario dictó sentencia condenatoria en contra del acusado **********, a quien consideró penalmente responsable del delito de homicidio calificado que se le atribuyó.(20)


En desacuerdo con tal determinación, el sentenciado interpuso el recurso de apelación.


17. Por razón de turno correspondió su conocimiento a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, cuyos Magistrados integrantes, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, confirmaron la resolución impugnada.(21)


18. El catorce de febrero siguiente, los integrantes de la Sala responsable aclararon la indicada sentencia, únicamente en cuanto a la fecha en que debería de empezar el cómputo de la pena de prisión, esto es, a partir del tres de junio de dos mil once, en que el inculpado fue materialmente detenido.(22)


Dicha sentencia definitiva y su aclaración, constituyen el acto aquí reclamado.


Cuestiones previas al estudio de las infracciones de carácter procesal.


En una parte de sus motivos de disenso, el quejoso argumenta que la autoridad responsable contravino los derechos relacionados con el debido proceso, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, ya que al estudiar las sanciones atinentes al delito de homicidio calificado, se apoyó en un artículo que no corresponde a la época de los hechos, lo cual le causa perjuicio, al contener una sanción mayor a la establecida en la disposición realmente aplicable.


Lo anterior formalmente es cierto, ya que la Sala responsable aplicó una disposición reformada con posterioridad a la comisión de los hechos, la cual establece una sanción máxima para el delito de homicidio calificado que perjudica al quejoso.


Bien, el artículo 213 del Código Penal para el Estado de Jalisco, en que se apoyó la Sala responsable dice:


"Artículo 213. Se impondrán de doce a dieciocho años de prisión a la persona que prive de la vida a otra. Pero, cuando el homicidio sea calificado, la sanción será de veinte a cuarenta años de prisión."


Mas al proceder de esa manera, realizó una aplicación retroactiva de la norma, aparentemente en perjuicio del sentenciado, pues en el momento en que sucedieron los hechos sobre los cuales se pronunció, la disposición contenía una sanción diferente.


De manera que la sentencia reclamada descansa en un precepto legal que no es el aplicable al caso, concretamente, en lo que corresponde a la pena corporal, que es de mayor temporalidad, ya que si los hechos ocurrieron el tres de abril de mil novecientos noventa y nueve, tenía que haberse aplicado lo dispuesto por el normativo reformado mediante decreto publicado en el medio de difusión estatal el veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y nueve, del contenido literal siguiente:


"Artículo 213. Se impondrán de doce a dieciocho años de prisión a la persona que prive de la vida a otra. Pero, cuando el homicidio sea calificado, la sanción será de veinte a treinta y cinco años de prisión."


Pues no fue sino hasta el doce de junio de dos mil tres, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el decreto número 19997, a través del cual se reformó el dispositivo en los términos en que lo aplicó la autoridad responsable en la sentencia reclamada.


Sin embargo, tal violación formal no trasciende al resultado del fallo, dado que en la reclamada se aplicó la sanción mínima prevista en ambas legislaciones, a saber, veinte años.


No obstante lo anterior, en estricta observancia a la garantías de no aplicación retroactiva de la norma en perjuicio de persona alguna, así como de exacta aplicación de la ley penal, ambas previstas por el artículo 14 constitucional,(23) la sentencia que la Sala responsable dicte en cumplimiento a la presente ejecutoria, deberá fundarla en el artículo 213 del Código Penal para el Estado de Jalisco, vigente en la época en que ocurrieron los hechos, esto es, el tres de abril de mil novecientos noventa y nueve.


Asimismo, deberá ordenar al Juez de la causa que, en su momento procesal oportuno, dicte la sentencia correspondiente con base en dicho dispositivo normativo.


Estudio de las violaciones a las reglas que rigen el procedimiento.


De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(24) en relación con el dispositivo 174 de la ley reglamentaria,(25) en el primer amparo directo que promueva un justiciable debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.


El presente juicio constitucional es el primero que promueve la parte quejosa, por lo que aquéllas habrán de estudiarse en su totalidad.


I. Análisis de la violación procesal consistente en la falta de confrontación con el testigo de cargo **********.


En una porción de sus motivos de disenso, el quejoso aduce que la confrontación es el medio idóneo para efectuar el reconocimiento de una persona; empero, el Juez de la causa omitió desahogar esa prueba respecto al testigo **********, a pesar de que el inculpado, en todo tiempo, sostuvo que el agresor fue una persona distinta, y que existen motivos para sospechar que dicho ateste no lo tuvo a la vista cuando ocurrieron los hechos.


Del análisis de la causa penal de origen, se desprende que la autoridad responsable consideró acreditada la plena responsabilidad del sentenciado en la ejecución del delito de homicidio calificado, entre otras pruebas, con la declaración a cargo de **********.
.
Ahora bien, como se vio en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el dieciséis de octubre de dos mil doce, la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, revocó la sentencia de primera instancia impugnada y ordenó reponer el procedimiento a efecto de que se desahogara la diligencia de confrontación entre el inculpado y los testigos de cargo.(26)


Así, el Juez del conocimiento dictó acuerdo el veinte de noviembre de dos mil doce, en que declaró abierto el periodo de instrucción con la finalidad de desahogar, entre otras, la diligencia indicada.(27)


El doce de abril y el veinte de junio de dos mil trece, precisó que no había sido posible llevar a cabo la diligencia de confrontación entre el inculpado y el testigo de cargo **********, ya que este último no se presentó, por lo que se fijaron nuevas fechas para su desahogo.(28)


Posteriormente, el veintidós de julio de ese mismo año se dictó acuerdo en el que se le precisó al inculpado que, pese a su desistimiento, la diligencia de confrontación tenía que desahogarse, al haber sido ordenada de manera oficiosa por la autoridad de segunda instancia.(29)


El nueve de junio de dos mil catorce, la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado se desistió de la aludida prueba,(30) por lo que en esa misma fecha se le tuvo por desistida de la diligencia de confrontación entre el testigo de cargo con el procesado;(31) y sin haberse desahogado la diligencia de confrontación –con motivo del desistimiento de la agente social de la adscripción–, el doce de junio de dos mil diecisiete se declaró cerrado el periodo de instrucción.(32)


Pues bien, la aludida omisión trasciende al resultado del fallo, ya que a pesar de que no se cuenta con una identificación cierta por parte de uno de los dos testigos de cargo, y sin haberse demostrado la absoluta imposibilidad material para desahogar la confrontación con **********, se cerró la instrucción y se dictó sentencia condenatoria, la cual se confirmó en segunda instancia.


Dicho de otra manera, el citado medio probatorio o, en su caso, la declaratoria de imposibilidad material para su desahogo, previo el agotamiento de su legal búsqueda, deviene necesario, puesto que la versión defensiva del aquí quejoso se sostiene en que el activo del delito fue diversa persona, por lo que resulta imperioso el reconocimiento de la identidad de quien, según dijo el ateste, fue la persona que disparó el arma de fuego en contra del finado **********, para dar seguridad jurídica y plena eficacia al proceso penal.(33)


Aunado a lo anterior, la autoridad responsable inadvirtió que en el juicio de amparo indirecto 1645/2013, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante sentencia de cuatro de marzo de dos mil catorce, también se ordenó el desahogo de la indicada prueba, sin que se hubiere efectuado, por haber ocurrido el mencionado desistimiento de la representante social.(34)


Razón por la que habrá lugar a la concesión del amparo con efectos de reposición del procedimiento de primera instancia, a fin de subsanar dicha transgresión procedimental.


Sin que pase por inadvertido para este Tribunal Colegiado, que tampoco se desahogó la testimonial a cargo de ********** (quien según refiere el impetrante de amparo fue el sujeto activo, y que fue ofrecida por su defensa); sin embargo, tal circunstancia obedece a que se agotaron los medios para dar con su paradero, como se indica en el acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete,(35) por lo que no puede sostenerse misma contravención procesal a la indicada.


II. Análisis de la violación procesal consistente en la falta de ratificación de dictámenes periciales.


De autos se advierte una diversa violación procesal que, de igual forma, conlleva la reposición del procedimiento, al valorarse en el proceso penal pruebas periciales imperfectas.


Cierto, durante el proceso penal se recabaron diversas opiniones periciales, las cuales no fueron ratificadas en la etapa de instrucción por sus emisores, pese a que al momento del dictado de la sentencia reclamada, ello resultaba obligatorio, atento al contenido de las tesis aisladas 1a. LXIV/2015 (10a.) y 1a. XXXIV/2016 (10a), así como de la jurisprudencia 1a./J. 62/2016 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de perfeccionarlas para otorgarles certeza y seguridad jurídica.


Para dilucidar lo anterior, es necesario determinar la forma en que debe cumplirse el amparo, por lo que se desarrollarán los temas siguientes:


1. Las razones por las cuales constituye una infracción al debido proceso, el hecho de que los peritos no ratificaran ante el Juez en la etapa de instrucción, los dictámenes que emitieron en la averiguación previa.


2. Las distintas situaciones que en la práctica son recurrentes, que dificultan, o bien, imposibilitan la ratificación de los dictámenes por los peritos que los emitieron, y la manera en que deberán repararse las infracciones procesales destacadas.


3. Las implicaciones que en este caso tiene la reposición del procedimiento, con motivo de la concesión de la protección constitucional.


Respecto del punto 1, debe indicarse que los dictámenes que valoró la responsable y que tuvo en consideración para tener por acreditados los elementos estructurales del ilícito de homicidio calificado son:


• Parte médico suscrito por la médico municipal **********, el tres de abril de mil novecientos noventa y nueve, en el que precisó que en esa misma fecha se trasladó en compañía del personal del Ministerio Público, al Panteón Municipal de Villa Purificación, Jalisco, donde advirtió la existencia de un cuerpo sin vida, con las siguientes lesiones:


• Herida de aproximadamente 1 cm. de diámetro localizada en hemitórax posterior izquierdo con bordes invertidos (al parecer orificio de entrada);


• Herida de aproximadamente 1 cm. de diámetro con bordes evertidos, localizada en hemitórax anterior izquierdo, en la línea externa clavicular al nivel del cuarto espacio intercostal (al parecer, orificio de salida);


• Herida de 1 cm. de diámetro con bordes invertidos (al parecer, orificio de entrada), localizada en la región glútea derecha cuadrante inferior externo;


• Herida de 1 cm. de diámetro con bordes invertidos con hematoma circular (al parecer, orificio de entrada), localizada en la región interna del tercio distal del muslo izquierdo;


• Herida de aproximadamente 1.5 cm. de diámetro con bordes evertidos y edema circular (al parecer, orificio de salida), localizada en la cara del dorso lateral externa del tercio medio del muslo izquierdo.


Lesiones que, al parecer, fueron producidas por agente proyectil de arma de fuego, y que por su situación y naturaleza sí son de las que ponen en peligro la vida, por lo que probablemente fueron la causa de la muerte de la víctima.(36)


• Necropsia contenida en el oficio **********, signado el cuatro de abril de mil novecientos noventa y nueve, por el doctor **********, adscrito al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el que detalló que el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de **********, presentaba orificio por herida de proyectil de arma de fuego, de bordes invertidos, y sin presencia de anillo de fish, de un diámetro de .09 mm., localizado al nivel de escápula izquierda, sobre la línea media supraescapular y con orificio de salida de bordes evertidos, a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo; la cual fue de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.


Asimismo, un segundo orificio de entrada de bordes invertidos localizado al nivel del glúteo superior derecho a 4 cm. por abajo de la cadera, provocando fractura del fémur, sin orificio de salida.


Y, una tercera herida por proyectil de arma de fuego de 1 cm. de diámetro, localizada la entrada en la parte media del muslo izquierdo, con orificio de salida de 1.4 cm. de diámetro en la cara externa del muslo izquierdo, con entrada de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.


Finalmente, que la causa de la muerte fue con motivo del choque hipovolémico por herida de arma de fuego.(37)


• Dictamen de

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