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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29195         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h
ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL VOCAL EJECUTIVO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON), A DEVOLVER AL TRABAJADOR LAS APORTACIONES DE VIVIENDA ENTERADAS POR LA DEPENDENCIA A LA QUE PRESTABA SUS SERVICIOS.

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE IMPUGNE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 50-C, 50-E, 92, 111-C, FRACCIÓN II, 113, FRACCIÓN III Y 114 DE LA LEY NÚMERO 38 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.


CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS, MARTÍN ALEJANDRO CAÑIZALES ESPARZA, ARTURO CASTAÑEDA BONFIL, JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA Y MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ. AUSENTE: INOSENCIO DEL PRADO MORALES. PONENTE: MARTÍN ALEJANDRO CAÑIZALES ESPARZA. SECRETARIO: DANIEL MARTÍNEZ ARAGÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo; 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) en virtud de que fue realizada por Herminio Armando Domínguez Zúñiga, Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad.

TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones torales de las ejecutorias objeto de denuncia, son:

I. Amparo en revisión 796/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito:

"QUINTO.—Consideraciones firmes.

"Por falta de impugnación, debe quedar firme el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero, que se rige por el considerando quinto del fallo recurrido, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (foja 78 vuelta del juicio de amparo).

"Es aplicable la jurisprudencia 7/91, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.’ (cita texto)

"SEXTO.—Causal de improcedencia advertida de manera oficiosa.

"Es innecesario analizar las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida, así como los agravios formulados en su contra, toda vez que, acorde con lo previsto por el numeral 62 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte oficiosamente la actualización de la causa de improcedencia que prevé el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del ordinal 5o. de la misma legislación, lo que determina que en el juicio de derechos habrá de decretarse el sobreseimiento en términos de la fracción V del ordinal 63 de esa ley.

"A efecto de sustentar jurídicamente lo anterior, debe tenerse en cuenta que los preceptos 5o., fracción II, y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en ese orden, establecen: (transcribe artículos).

"De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de derechos será improcedente, entre otros supuestos, cuando las normas generales, actos u omisiones que se reclamen, no provengan de una autoridad, al margen de cuál sea su naturaleza formal; o bien, cuando los reclamados no sean de un particular a quien pueda equiparársele a una autoridad, es decir, que realice actos equivalentes a los de aquélla, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

"En el caso, la ahora recurrente reclamó la inconstitucionalidad de la aprobación, expedición y promulgación de los dispositivos 50-C, 50-E, 92, 113, fracción III, y 114, todos ellos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, que se hizo consistir en el oficio FOVI/**********, de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del citado instituto, el cual también reclamó por vicios propios, según se precisó en el resultando primero de esta ejecutoria.

"Cabe hacer la precisión que la quejosa, como antecedentes de los citados actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, narró lo siguiente:

"‘1. La suscrita tengo como fecha de nacimiento el día **********; por esa razón, al momento de interponer esta demanda de amparo, tengo más de ********** años de edad cumplidos.

"‘2. La suscrita estuve laborando durante: 31 años, 00 meses, y 01 días, en el magisterio del Estado de Sonora, teniendo como patrón al GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, específicamente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Durante ese mismo tiempo estuve cotizando dentro del régimen de seguridad social del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON).

"‘3. En ese orden, coticé ante el ISSSTESON, entre el mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, y el mes de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. Esas cotizaciones englobaban dos conceptos: las cuotas que me correspondían como trabajador y las aportaciones que eran propias de mi patrón.

"‘4. Adicionalmente, durante ese mismo periodo de cotización, mi patrón se encargó de enterar en forma directa al ISSSTESON (de sus propios recursos) el equivalente a un 4% (CUATRO POR CIENTO) sobre el sueldo integrado mensual que yo devengaba. Esto, con la finalidad de aportar en mi favor esos recursos al Fondo de la Vivienda del ISSSTESON (el FOVISSSTESON), conforme a lo previsto en los artículos 40 y 43, fracción I, de la Ley Número 38.

"‘5. Esas aportaciones fueron hechas con recursos propios de mi patrón, por concepto de fondo de vivienda. Ellas derivan del derecho a una vivienda digna que tenemos todos los trabajadores del servicio civil para el Estado de Sonora, conforme al artículo 123, apartado A, fracción XII, y apartado B, fracción XI, inciso f), en relación con el ordinal 116, fracción VI, ambos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"‘6. Como consecuencia del número de años que coticé ante el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), el mes de enero de mil novecientos noventa, la H. Junta directiva de ese mismo instituto de seguridad social, emitió un dictamen mediante el cual me concedió una jubilación.

"‘7. Por otro lado, debo precisar que como trabajador activo y actualmente como jubilada, nunca hice uso del sistema de crédito establecido por el FOVISSSTESON, así como tampoco dispuse de los saldos acumulados en mi favor en ese Fondo de la Vivienda.

"‘8. Por esos motivos, el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en ejercicio de mi derecho constitucional de petición, en forma pacífica, respetuosa y por escrito, solicité a la Comisión Ejecutiva del FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON), me hiciera la inmediata devolución de todas las cantidades que hubiesen sido aportadas en mi favor al Fondo de la Vivienda del ISSSTESON, durante mi vida laboral activa en el servicio civil del Estado de Sonora (adjunto copia simple del acuse de recibido correspondiente).

"‘9. Es importante resaltar que la solicitud de devolución de aportaciones del Fondo de la Vivienda fue dirigida a la H. Comisión Ejecutiva del FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON), en virtud de que dicha autoridad es la encargada de administrar ese fondo, conforme a las facultades que le confiere el artículo 111-C de la Ley Número 38 del ISSSTESON.

"‘10. De igual modo, debo referir que el escrito de solicitud de aportaciones que vengo refiriendo, fue presentado a través de la Vocalía Ejecutiva de la H. Comisión Ejecutiva del FOVISSSTESON, en las oficinas que tiene ubicadas en: CALLE PEDRO MORENO ESQUINA CON SEGUNDA DE OBREGÓN, COLONIA CENTRO, EN HERMOSILLO, SONORA, tal como se advierte en el sello de recibido que obra en el escrito de mérito. En ese mismo documento pedí que la respuesta correspondiente me fuera remitida vía electrónica al correo: **********@gmail.com.

"‘11. Tiempo después, me vi en la necesidad de interponer una demanda de amparo indirecto, toda vez que la H. Comisión Ejecutiva del FOVISSSTESON, no daba respuesta a la solicitud de devolución de aportaciones que le formulé por conducto de su vocalía ejecutiva. Ese amparo fue tramitado ante el H. JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, bajo el número de expediente **********.

"‘12. Finalmente, con motivo del juicio de amparo antes referido, recibí la respuesta a mi solicitud de devolución de aportaciones del FOVISSSTESON, mediante el oficio número FOVI/********** (sic), signado con fecha del **********, por la C. LIC. PAMELA GARCÍA MUNGUÍA, en su calidad de vocal ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTESON.

"‘13. Cabe hacer el señalamiento de que mi solicitud de devolución de aportaciones fue dirigida a la H. Comisión Ejecutiva del FOVISSSTESON, pero la respuesta fue producida por la vocal ejecutiva de esa H. Comisión. Ello se debió a que la vocalía ejecutiva cuenta con las mismas facultades que esa comisión –o inclusive más–, de acuerdo a los artículos 10 y 11 del Reglamento Interior del ISSSTESON.

"‘14. Esa primera respuesta fue combatida mediante otro juicio de amparo indirecto, tramitado ante el H. JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, bajo el número de expediente **********. Ahí, se me concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la vocal ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTESON, emitiera una nueva respuesta cumpliendo con el mandato constitucional de fundar y motivar su actuación.

"‘15. En un segundo intento de cumplir con la ejecutoria dictada con motivo del juicio antes mencionado (pues se había dejado sin efectos el primer intento del oficio número FOVI/**********), recibí una nueva respuesta a mi solicitud de devolución de aportaciones del FOVISSSTESON, mediante el oficio número FOVI/**********, signado con fecha del **********, por la C. LIC. PAMELA GARCÍA MUNGUÍA, en su calidad de vocal ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTESON.

"‘16. El oficio número FOVI/**********, me fue entregado vía correo electrónico remitido el día **********, al e-mail: **********@gmail.com, según lo requerí en mi solicitud de aportaciones. Por consiguiente, no tengo en mi posesión un original del oficio en comento, de tal modo que sólo anexo a esta demanda la impresión correspondiente.

"‘17. En el oficio número FOVI/**********, se negó la devolución de las aportaciones que, en su momento, mi ex patrón hizo en mi favor al Fondo de la Vivienda del ISSSSTESON, por las cuatro (sic) razones que me permito sintetizar a continuación:

"‘a) Porque no se me ha negado la oportunidad de acceder a un crédito para la vivienda y, por ende, todavía puedo presentar la solicitud de crédito respectiva (ver el segundo y tercer párrafos del oficio).

"‘b) Porque la Ley Número 38 del ISSSTESON, y específicamente su artículo 111-C, fracción II, no establece la hipótesis de la devolución solicitada. Aunado a que el principio de legalidad impide a las autoridades realizar actuaciones que no tengan sustento en la normatividad aplicable, y en la especie, no está regulada la devolución en comento (ver el cuarto, octavo, noveno, décimo y decimoséptimo párrafos del oficio).

"‘c) Porque la aportación del 4% (CUATRO POR CIENTO), en todo caso, es sobre la masa salarial de la dependencia en donde laboré y, por ello, se trata de un fondo colectivo que no es propio de los trabajadores en lo individual, a pesar de que no exista disposición exacta en la Ley 38, que corrobore eso de que es un fondo colectivo, pues ello se sobrentiende después de hacer una interpretación del contenido de los artículos 40, 43, 50-C y 114 de dicho ordenamiento (ver el quinto, sexto, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto párrafos del oficio).

"‘d) Porque la aportación del 4% (CUATRO POR CIENTO), pasó a ser parte del patrimonio del FOVISSSTESON (ver el sexto párrafo del oficio).

"‘e) Porque la aportación del 4% (CUATRO POR CIENTO) no provino de mi nómina o pensión, ya que no se trata de alguna de los conceptos que integran las cuotas que le corresponden a los trabajadores, conforme al artículo 16 de la Ley 38 del ISSSTESON (ver el séptimo párrafo del oficio).

"‘18. En esta tesitura, el oficio número FOVI/**********, constituye uno de los actos reclamados del presente juicio. Asimismo, es el acto mediante el cual me fueron aplicados los artículos 50-C, 50-E, 92, 113, fracción III, y 114 de la Ley Número 38 del ISSSTESON, cuya inconstitucionalidad también estoy reclamando en esta demanda.

"‘19. Ciertamente, en el oficio número FOVI/**********, no se advierten literalmente los artículos 50-E, 92 y 113, fracción III, de la Ley Número 38 del ISSSTESON, pues sólo se citaron el numeral (sic) 50-C y 114 de esa ley. Sin embargo, los artículos 50-E, 92 y 113, fracción III, de la Ley 38, sí fueron aplicados en forma tácita, en cuanto que en las argumentaciones que contiene el oficio número FOVI/**********, se advierte que hacen referencia a las hipótesis normativas de dichos preceptos legales.

"‘20. Aunado a ello, que todos los preceptos reclamados en la presente demanda de amparo, constituyen un sistema normativo, el cual regula la situación específica al hecho de que, supuestamente, no me corresponde disponer de las aportaciones que mi empleador entregó para el FOVISSSTESON, esto, en los términos que expondré más adelante.’ (fojas 4-7 del juicio de amparo indirecto).

"A partir de los antecedentes anotados se arriba a la conclusión que para determinar la procedencia del juicio de amparo respecto de los preceptos reclamados, al haberse impugnado como heteroaplicativos, es menester determinar, en principio, la procedencia de la acción constitucional en lo que ve al acto concreto de aplicación que, según se dijo, se hizo consistir en el citado FOVI/**********.

"Lo anterior implica que los supuestos jurídicos contenidos en los preceptos de que se trata, incidirán en la esfera jurídica de la ahora disconforme hasta que se materialice un acto diverso (a la emisión de las normas) que condicione su aplicación, a lo cual la doctrina y jurisprudencia han definido como ‘individualización condicionada.’

"Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (cita datos de localización y texto)

"En ese tenor, el análisis sobre la constitucionalidad de un precepto reclamado como de naturaleza heteroaplicativa, como en la especie sucede, debe sujetarse a reglas específicas de prelación, ante la imposibilidad de desvincular a la norma reclamada del acto concreto de aplicación.

"Así es, al estar íntimamente relacionados el acto de aplicación y el dispositivo que se reclame, no resulta factible desvincularlos, pues de hacerse perdería sentido la naturaleza misma de la heteroaplicación; por lo que, en primer orden, debe abordarse el estudio del acto concreto de aplicación.

"Luego, de resultar positivo tal extremo, se podrá hablar de que existió un acto de aplicación de la norma, que posibilitará el estudio de su constitucionalidad; por el contrario, de concluirse que no hay acto de aplicación o que respecto de éste el juicio de amparo es improcedente, ello acarreará la imposibilidad técnica de emprender dicho análisis, pues, como se dijo, no resulta factible desvincular a la norma reclamada del acto de aplicación, que es precisamente lo que posibilita el examen en comento.

"Dicho criterio ha sido sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, que dice:

"‘LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.’ (cita datos de localización y texto)

"A partir de tales postulados es que se debe de analizar, en principio, si el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, consistente en el consabido oficio FOVI/**********, de **********, suscrito por la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, reúne las características de un acto de autoridad que permita, no sólo la procedencia del amparo, sino también el análisis de los preceptos reclamados antes indicados.

"Establecido lo anterior, a juicio de este Tribunal Colegiado, la acción constitucional es improcedente respecto del oficio FOVI/********** de marras.

"Se explica.

"Como se advierte del capítulo de antecedentes de los actos reclamados, antes transcritos, a la aquí recurrente, en ejercicio de su derecho de petición tutelado por el artículo 8o. constitucional, solicitó a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la devolución o el pago de las aportaciones equivalentes al cuatro por ciento del sueldo integrado que devengaba y que se destinaron al mencionado fondo de vivienda.

"Ante la omisión de la autoridad ante quien se formuló la petición anotada, la aquí recurrente promovió un primer juicio de amparo, el cual fue registrado con el número **********, del acervo del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, en el que se concedió la protección constitucional, a efecto de que la autoridad de mérito emitiese la respuesta a la solicitud de nuestra atención.

"En cumplimiento a lo anterior, la vocal ejecutiva del fondo de vivienda en comento, emitió el oficio FOVI/**********, que constituye la materia en el juicio de amparo de origen y el que se dice es el primer acto de aplicación de los numerales reclamados.

"Con la acotación de que el fallo protector emitido en aquel juicio de derechos causó ejecutoria en auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, al no haber sido impugnado, según se advierte de la consulta realizada al expediente relativo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

"Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, en lo que aquí interesa, estableció:

"‘Así, de conformidad con lo antedicho, a partir del tres de abril de dos mil trece, día en que entró en vigor la Ley de Amparo, por disposición del artículo primero transitorio del decreto respectivo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: a) la existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, c) que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria.

"‘Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo, que ofrece el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, sigue, esencialmente, las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de esta Segunda Sala, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las
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