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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29193         1 de 1
Primera Sala Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h
TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGULAR MORALES Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.


II. Competencia


7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de distinto Circuito y misma especialidad, que hicieron un pronunciamiento en materia mercantil, en la cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.


III. Legitimación


8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito en un asunto de su conocimiento.


IV. Cuestiones necesarias para resolver el asunto


9. Antes de determinar la existencia de la contradicción denunciada, se hace necesario hacer una breve comparación de los hechos que motivaron los criterios que se estiman en contradicción.


IV.1. Ejecutoria del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 17/2016


10. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado Eliseo Puga Cervantes, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el citado órgano colegiado en el juicio de amparo directo 839/2015 en contra del emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo 758/2015 y el resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo 238/2014.


11. Habiendo analizado los criterios contendientes, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito dictó ejecutoria el nueve de agosto de dos mil dieciséis, en donde determinó que el dictamen de CONDUSEF sobre la notoria alteración de la firma de un cheque no tiene la naturaleza de título ejecutivo o prueba preconstituida de la acción, toda vez que no genera una obligación distinta de la que deriva del acto jurídico o consentimiento y objeto de la relación contractual, sino sólo la hace constar y la cuantifica con relación a su incumplimiento para acceder a la vía que corresponda.


12. Con base en lo anterior, el Pleno determinó que debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis PC.I.C. J/39 C de título y subtítulo: "TÍTULO EJECUTIVO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LA NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DE UN CHEQUE (ALCANCES DEL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS)."(5)


IV.2. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 85/2016


13. **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Nuevo León y el director general de Dictaminación y Supervisión de la Comisión citada, por haber sido las autoridades responsables en la emisión de la resolución mediante la cual se emitió dictamen título ejecutivo no negociable, en la que se determinó la existencia de la obligación de pago a cargo de la institución bancaria quejosa a favor del tercero interesado, en términos de los artículos 68 Bis y 68 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; esto es, se resolvió sobre la existencia de una obligación contractual incumplida a cargo del banco, la cual era cierta, exigible y líquida.


14. Seguido el trámite, el Juez de Distrito celebró audiencia constitucional en la que dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio:


15. Inconforme con tal resolución, la quejosa interpuso el recurso de revisión que fue declarado fundado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Cuarto Circuito, lo que dio lugar al estudio de los conceptos de violación.


16. En primer término, el Tribunal Colegiado estimó fundados los agravios de la recurrente porque, opuestamente a lo considerado por el Juez de Distrito, la resolución impugnada emitida por la Dirección de Dictaminación de la CONDUSEF sí constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.


17. Para justificar esa decisión, el órgano federal partió de la base de que los artículos 78 y 80 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros disponen que el laudo y las resoluciones que pongan fin a los incidentes de ejecución admiten solamente como medio de defensa el juicio de amparo y que corresponde a la comisión citada adoptar todas aquellas medidas necesarias para el cumplimiento de los laudos que dicte, para lo cual debe determinar que, en su caso, se pague a la persona en cuyo favor se emitió el laudo, o se le restituya el servicio financiero demandado.


18. El órgano jurisdiccional tomó en cuenta las consideraciones expresadas en la ejecutoria de la contradicción de tesis 319/2012, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual derivó la jurisprudencia de rubro: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." «publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, página 1050»


19. En ese tenor, señaló que conforme a lo ahí resuelto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró a la CONDUSEF como autoridad para efectos del juicio de amparo, por tratarse de un organismo público descentralizado que forma parte del Estado; constituye una entidad pública creada por una ley que la dotó de personalidad y le atribuyó la satisfacción de un servicio público descentralizado, sin que el hecho de que se le otorgue autonomía autorice a considerarla como ente ajeno al Estado, cuyos actos escapen al orden legal. Ello, en términos del artículo 78 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al determinar que el laudo y las resoluciones que pongan fin a los incidentes de ejecución admiten únicamente como medio de defensa el juicio de amparo.


20. El órgano de amparo agregó que la comisión presta servicios públicos y aplica recursos públicos para fines de asistencia social. Como organismo descentralizado puede ejercer actos de autoridad de naturaleza análoga e idéntica a la que ejercen los órganos de la administración pública, pues son verdaderos desdoblamientos del Estado que gozan de las mismas características de éste.


21. Sobre esas bases, el Tribunal Colegiado acogió el agravio de la recurrente para determinar que la resolución impugnada sí era un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que ese organismo descentralizado ejerce actos de autoridad.


22. Asimismo, aclaró que el supuesto analizado en la referida contradicción de tesis 319/2012 resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refirió a un caso distinto del que resolvía, pues en aquel asunto la CONDUSEF emitió una resolución en el que declaró improcedente la emisión del dictamen técnico, en tanto que aquí, el acto reclamado fue la resolución emitida por la Dirección de Dictaminación de la Comisión señalada, en la cual se emitió el título ejecutivo no negociable por una cantidad que correspondió a tres cheques pagados por la quejosa, con cargo a los recursos del usuario, por el que se consideró una obligación contractual incumplida por la quejosa.


23. Así, el tribunal de amparo concluyó que, si bien era aplicable la premisa de que partió la Segunda Sala en el sentido de que la CONDUSEF tiene el carácter de autoridad, lo cierto es que no le era aplicable la conclusión alcanzada y que se reflejaba en la jurisprudencia correspondiente, para estimar que la resolución impugnada no constituía un acto de autoridad, por tratarse de un supuesto diverso.


24. Precisadas estas razones que anteceden, el Tribunal Colegiado analizó los conceptos de violación, los cuales los calificó de infundados, a partir de la base de que debía determinarse si la facultad de la autoridad responsable para emitir un dictamen que constituya título ejecutivo derivaba de una obligación extracontractual, para lo cual consideró que las obligaciones de los contratantes se determinan tanto por las disposiciones de la ley, como por las consecuencias naturales de esos contratos.


25. Al respecto, señaló que una obligación extracontractual crea el deber de reparar el daño derivado de un hecho distinto al incumplimiento parcial o total de una obligación contractual y en el sistema jurídico mexicano destacan como obligaciones extracontractuales: el enriquecimiento ilícito, pago de lo indebido, la gestión de negocios, los hechos ilícitos y el riesgo creado. Ello, conforme a la tesis aislada 1a. CXXXV/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título y subtítulo: "RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. SUS DIFERENCIAS." «publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, página 816»


26. El Tribunal Colegiado señaló que conforme a los artículos 4, 5, 11, fracción IV Bis, 68 Bis y 68 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, tal protección y defensa está a cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuya finalidad es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular a las instituciones financieras conforme a lo previsto en la leyes relativas al sistema financiero, para procurar la protección de los intereses de los usuarios.


27. Señaló también que la comisión tiene la facultad de emitir los dictámenes conforme a la ley, los cuales tendrán el carácter de título ejecutivo sí y sólo sí consigna una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, siempre que se trate de asuntos cuya cuantía (suerte principal y accesorios) sea inferior al equivalente en moneda nacional a cincuenta mil unidades de inversión, salvo que se trate de instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros y administradoras de fondos para el retiro, en los cuales el monto deberá ser inferior a cien mil unidades de inversión.


28. Dicho título ejecutivo no será negociable, sino únicamente tiene como titular al usuario del servicio financiero, con la limitante propia de cualquier título ejecutivo, en cuanto a requisitos generales. Además, la acción ejecutiva derivada del dictamen prescribe a un año de su emisión.


29. El tribunal federal señaló que, en términos del artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la comisión puede declarar el incumplimiento de obligaciones contractuales y destacó que las condiciones para que el dictamen técnico emitido por la CONDUSEF sea calificado como título ejecutivo y, por tanto, como prueba preconstituida de un crédito exigible ante la autoridad judicial es que se trate de una relación contractual y esté determinada, fundada y motivada la exigencia de una obligación pecuniaria cierta, exigible y líquida, independientemente de que la institución financiera pueda controvertir el monto del título y presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.


30. Ello porque, a decir del Tribunal Colegiado, la ley que la crea otorga a la comisión la facultad de formular un dictamen proveniente de un experto en derecho que tiene como finalidad auxiliar y asesorar jurídicamente al usuario financiero, con base en documentos y pruebas que tiene a la vista y que deben ser desahogadas legalmente bajo el principio de contradicción; lo cual implica que se haya notificado del procedimiento al interesado, y que el dictamen se haga respecto de una relación contractual que contenga el análisis fundado y motivado de las pruebas idóneas y suficientes que justifiquen la determinación de una obligación cierta, líquida y exigible, cuyas características esenciales corresponden a un título ejecutivo, respecto de las cuales, en cada caso, toca a la autoridad judicial constatar.


31. El órgano federal agregó que cualquier persona que acuda a la vía ejecutiva y presente con la demanda uno o varios documentos, con la afirmación de que en ellos consta un título ejecutivo por contener un crédito cierto, líquido y exigible obliga al juzgador a determinar, en ejercicio de la función jurisdiccional, si por el contenido de los documentos aportados se encuentran o no reunidos los requisitos necesarios para configurar un título ejecutivo y sobre la base del resultado de su análisis, el cual debe ser exhaustivo por las consecuencias que conlleva su decisión al emitir el auto de exequendo o negar el despacho de ejecución pedido, para que quede a salvo los derechos del actor en la vía procesal que sí sea procedente.


32. Refirió que los títulos ejecutivos son los actos jurídicos constantes en un documento a lo que la ley por voluntad de las partes o el acuerdo entre partes confiere presunción de certeza, destruible solamente con prueba plena en contrario o demostración de falsedad durante el juicio ejecutivo y que los elementos de los títulos ejecutivos deben estar en la sustancia de los actos jurídicos y la prueba suficiente en los documentos con que se formalicen.


33. Señaló que en las consideraciones de la contradicción de tesis 193/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, «publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 19» que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 90/2006 "ACCIÓN DE OBJECIÓN AL PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO ALEGA LA NOTORIEDAD DE LA FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA.", consta que respecto a la objeción de pago de cheque, contemplada en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que se demanda a una institución bancaria es un acto al que contractualmente se encuentra facultada por el propio cuentahabiente para llevar a cabo de forma cotidiana, ya que una de las obligaciones principales como institución bancaria respecto del cliente es precisamente la de pagar los cheques que le sean presentados y hayan reunido las condiciones correspondientes, en términos del artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con cargo a las cuentas respectivas.


34. En el caso concreto, el tribunal de amparo estimó que, conforme al acto reclamado, constaba que la autoridad responsable estimó que la institución bancaria quejosa incumplió con la obligación contractual de la conservación de los recursos dados en depósito, con lo cual impidió al cuentahabiente disponer de ellos por el pago de títulos al cobro con firmas notoriamente falsas y al derecho de objetar el pago cuando no se cumpla con esa obligación. En ese sentido, se actualizó el incumplimiento de observar el requisito de firma previsto en el artículo 176, fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; ya que, de la digitalización de los cheques cuestionados, se advertía que la firma contenida en ellos era notoriamente distinta a la registrada en la tarjeta de muestras exhibida por dicha institución bancaria, por lo que en términos del contrato de depósito celebrado entre las partes, para la disposición de los recursos mediante el libramiento de esos títulos valor era necesario que los cajeros del banco compararan las firmas respectivas. De ahí, que el banco quejoso resultara responsable de lo que sus empleados no realizaron, al no haber cotejado la firma de los cheques registrada en su sistema, para evitar su pago.


35. Por otro lado, dicho órgano jurisdiccional señaló que el artículo 68 Bis citado, dispone que el dictamen con naturaleza de título ejecutivo emitido por la comisión tiene la característica de ser presuntivo; es decir, no implica que definitivamente se determine sobre la existencia de una obligación cierta, líquida y exigible; sino que también prevé que la institución financiera puede controvertir el monto del título, presentar pruebas y oponer excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial competente.


36. En ese sentido, el órgano federal estimó que, opuestamente a lo manifestado por la quejosa, la responsable emitió un dictamen con naturaleza de título ejecutivo sobre la base del incumplimiento de una obligación contractual, que consistió en la indebida conservación de los recursos dados en depósito por parte de la institución de crédito para que el usuario estuviera en aptitud de ejercer la acción respectiva ante la autoridad judicial competente, en la que el banco pueda controvertir el monto del título, ofrecer pruebas y oponer excepciones.


37. Finalmente, el Tribunal Colegiado denunció la posible contradicción de criterios entre el suyo y el emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito resolvió la contradicción de tesis 17/2016.


38. Sobre esas bases, el órgano de amparo, en la materia de la revisión, revocó la sentencia recurrida y negó el amparo.


V. Existencia de la contradicción de tesis


39. Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso se actualiza una contradicción de criterios.


40. Para justificar lo anterior, como cuestión previa, es importante señalar que para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales, pues esta Primera Sala estima que por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.


41. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE

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