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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29190         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. LA JUNTA PUEDE DESIGNAR PERITO A FAVOR DEL TRABAJADOR AUNQUE ÉSTE YA HUBIERA REALIZADO DESIGNACIÓN, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 780 Y 824 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 262/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 9 DE OCTUBRE DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ZARA GABRIELA MARTÍNEZ PERALTA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, esto es, se trata de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema de materia de trabajo de la especialidad de esta Segunda Sala, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, quienes están facultados para ello, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por otra parte, los Tribunales Colegiados contendientes informaron que las sentencias quedaron firmes al no existir recurso alguno promovido o en trámite en su contra.

TERCERO.—Antecedentes y criterios contendientes. En el presente considerando se analizarán las consideraciones relevantes de los asuntos que dieron origen a la posible contradicción de criterios.

I. Criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo laboral 931/2017.

Antecedentes:

***********, fue contratada por **********, Sociedad Civil, *********** o ********** y **********, a partir del dieciocho de agosto de dos mil tres, teniendo como última categoría la de directora psicopedagógica premier, con un horario de las ocho a las catorce horas y de las quince a las veinte horas de lunes a sábado de cada semana y un salario diario integrado por la cantidad de **********.

El diecinueve de agosto de dos mil trece, aproximadamente a las catorce horas, cuando se disponía a tomar sus alimentos fuera de la fuente de trabajo, fue interceptada en la puerta de entrada y salida por **********, quienes desempeñaban funciones de dirección y administración para la empresa demandada, y que la primera de las personas citadas le dijo que lamentaba decirle que a partir de ese día dejaba de laborar en la institución y que no volviera a poner un pie en ese lugar, ni regresara de comer, porque estaba despedida, por lo que la accionante pidió que se le pagara lo que le correspondía conforme a la ley, siendo interrumpida por **********, quien le dijo que ya había escuchado, que la decisión ya estaba tomada, que ya no quería que laborara en esa escuela, por lo que incluso le solicitó entregara a *********** sus herramientas de trabajo y se retirara porque estaba despedida.

********** demandó a **********, Sociedad Civil, Rechalle Etie ********** o ********** y ********** la reinstalación en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando y el pago de salarios caídos, así como diversas prestaciones de carácter autónomo, y subsidiariamente el pago de la indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad.

El veintiséis de mayo de dos mil catorce, el apoderado de los demandados dio contestación a la demanda laboral, señalando que entre la actora y los demandados físicos no existió relación de trabajo y que su único patrón era el colegio mencionado.

Manifestó que eran falsas las condiciones de trabajo, salvo la fecha de ingreso de la actora, pues se desempeñaba en la categoría de ********** en una jornada de lunes a miércoles y viernes de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, en tanto que, su salario quincenal era por la cantidad de **********.

En relación con el despido alegado refirió que jamás despidió a la actora de su empleo, porque precisamente en la fecha y hora en que ubicó la separación, de manera unilateral y voluntaria, aquélla dio por terminado el vínculo laboral por escrito, y para demostrarlo ofreció como prueba el escrito de renuncia fechado el diecinueve de agosto de dos mil trece.

La actora para acreditar su objeción, ofreció como medio de perfeccionamiento la prueba pericial en materia caligráfica, grafoscópica y grafométrica, a cargo del perito que propuso y/o a quien presentará el día y hora que la responsable señalara para efectos del desahogo de la prueba. Debe hacerse notar que no solicitó a la Junta, con fundamento en el artículo 824 de La Ley Federal del Trabajo, nombramiento de perito, ya que lo ofreció de manera expresa.

El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dictó laudo en los siguientes términos:

Condenó a la demandada a reinstalar a la actora, en los mismos términos y condiciones y a pagarle el importe de **********, salvo error u omisión de carácter aritmético, por concepto de salarios caídos, por vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios devengados, horas extras, así como a la entrega de las constancias de las aportaciones de los pagos a favor de la actora ante los institutos del Infonavit y Sar, lo anterior de conformidad con lo expuesto y fundado en la parte considerativa de este fallo.

Absolvió a la demandada del pago de la prima de antigüedad, fondo de ahorro, y respecto a las prestaciones subsidiarias se le dejan a salvo sus derechos a la parte actora para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinente.

Asimismo, absolvió a los codemandados físicos, del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte actora en su escrito de demanda.

En contra de la determinación antes precisada, la parte demandada promovió amparo directo, en el cual el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto, resolvió conceder el amparo por lo siguiente:

La quejosa señaló que la Junta responsable desahogó indebidamente la prueba pericial caligráfica de la actora (ahora tercero interesada), y dejó de observar lo establecido en los artículos 824 y 825 de la Ley Federal del Trabajo vigente, en virtud de que la actora no presentó a su perito en materias de caligrafía, grafoscopia y grafometría, el día y hora señalados, así como no le decretó la deserción de prueba, sin fundamento alguno le dio la oportunidad de presentarlo en una audiencia posterior, lo cual trascendió al resultado del laudo reclamado, dicha probanza tuvo un alcance contundente, al otorgársele valor probatorio al dictamen rendido por el perito de la accionante en unión con el que rindió el perito tercero en discordia.

Alegó que la actora incumplió lo dispuesto por la fracción I del artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo vigente, al no presentar a su perito a la audiencia correspondiente, la Junta indebidamente le nombró un perito oficial.

Lo anterior lo consideró fundado el Tribunal Colegiado, atendiendo a la causa de pedir.

El seis de agosto de dos mil catorce, la accionante objetó en autenticidad de contenido y firma la documental consistente en la carta renuncia de diecinueve de agosto de dos mil trece, que el colegio demandado ofreció como prueba para acreditar sus excepciones y defensas, que fue la trabajadora quien de manera voluntaria dio por terminada la relación de trabajo, y que para demostrar su objeción ofreció la prueba pericial en materias caligráfica, grafoscópica y grafométrica, designando perito para tal efecto.

Al no haberse reconocido el documento ni la firma que lo calza, en el desahogo de la confesional a cargo de la actora, por acuerdo de treinta de enero de dos mil quince, la Junta responsable señaló las once horas del veinticuatro de marzo de dos mil quince, para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba pericial ofrecida por las partes.

En la audiencia celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil quince, compareció el apoderado de la actora, y por otro lado, el apoderado del colegio demandado asistido de su perito, quien luego de aceptar y protestar el cargo conferido rindió el dictamen correspondiente en las materias para las que fue designado, y en uso de la voz, el apoderado de la actora, ante la incomparecencia del perito de su parte, solicitó se le designara uno a efecto de desahogar dicha probanza.

La Junta responsable tuvo por hechas tales manifestaciones, así como por rendido el dictamen del perito de la demandada, señalando las once horas del cuatro de septiembre de dos mil quince, para que tuviera lugar una audiencia de desahogo de pruebas, a la cual debía comparecer el perito de la accionante.

El cuatro de septiembre de dos mi quince se celebró la audiencia en la que compareció el perito de la actora quien aceptó y protestó el cargo y rindió el dictamen correspondiente, al advertirse que los dictámenes rendidos no eran coincidentes, la Junta responsable designó un perito tercero en discordia, quien rindió su dictamen en la audiencia celebrada el cinco de agosto de dos mil dieciséis.

La Junta responsable permitió el desahogo de la prueba pericial caligráfica, grafoscópica y grafométrica, que la ahora tercero interesada ofreció para acreditar la objeción del escrito de renuncia, exhibido por el demandado para acreditar las excepciones y defensas opuestas, inobservando lo establecido por los artículos 824 y 825, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo.

La Junta responsable desahogó indebidamente la prueba pericial técnica ofrecida por la accionante, en virtud de que debió declararse desierta, pues al ofrecer dicha probanza aquélla no hizo uso de la facultad prevista en el artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo vigente, el cual establece que la Junta nombrará los peritos que correspondan al trabajador cuando éste lo solicite, derivado de que nombró perito de su parte.

La referida autoridad dejó de observar que la actora incumplió lo dispuesto por la fracción I del artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, al no haber presentado a su perito a la audiencia que tuvo verificativo el veinticuatro de marzo de dos mil quince, y señaló día y hora para que tuviera lugar el desahogo de la pericial a cargo del perito de la demandante, en un supuesto no previsto por el referido numeral, si bien la fracción II del citado artículo, establece la posibilidad de señalar nueva fecha para que los peritos rindan su dictamen, ello debe acontecer a solicitud de los especialistas que comparezcan a protestar el cargo conferido y no a solicitud de alguna de las partes por incomparecencia del perito que hubieren designado, lo que evidentemente motivó el desahogo indebido de la prueba pericial técnica de que se trata.

Sin que obste que la fracción III del citado precepto legal, establezca que si alguno de los peritos no concurren a la audiencia, a juicio de la Junta, se señalará nueva fecha para que rinda su dictamen, dictando las medidas necesarias para que comparezca, pues dicha fracción se refiere a los peritos que en audiencia previa protestaron el cargo, y a su vez, solicitaron el señalamiento de nueva fecha para rendir el dictamen correspondiente a las materias para las que hubieren sido designados.

El desahogo de la prueba pericial en materias caligráfica, grafoscópica y grafométrica, ofrecida por la actora en el juicio laboral de origen, debió ser declarada desierta, por lo que su desahogo resultó contrario a la ley, lo cual motivaba que la Junta prescindiera de tomarla en consideración al momento de resolver, debió considerar que la actora no acreditó la objeción que formuló respecto del escrito de renuncia fechado el diecinueve de agosto de dos mil trece, por lo que dicho documento tenía valor probatorio para tener por acreditada la inexistencia del despido alegado.

Luego, al haber resuelto sobre la acción principal ejercida sin tomar en cuenta lo anterior, la Junta responsable incurrió en incongruencia y causó perjuicio al instituto quejoso.

La Junta debió apercibir a la trabajadora con declararle la deserción de la prueba pericial en cuestión, para el caso de que su perito no compareciera a protestar el cargo y rendir el dictamen respectivo, en la fecha y hora señalados para tal efecto, y que al no hacerlo dicha autoridad actualizó una violación al procedimiento; sin embargo, dicha omisión ha sido consentida por la ahora tercero interesada, pues no consta que hubiera promovido el amparo adhesivo para alegar la violación apuntada, no obstante que estaba obligada a ello al haber obtenido laudo favorable, y en esos términos, su derecho se encuentra precluido para hacerlo valer con posterioridad.

II. Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo laboral 201/2019.

Antecedentes:

El cinco de febrero de dos mil catorce **********, demandó a Petróleos Mexicanos y Pemex Petroquímica, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, consistentes substancialmente en el reconocimiento de que los padecimientos que presenta son de origen profesional.

El seis de febrero de dos mil catorce la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la radicó y el trece de octubre de dos mil catorce, se celebró la etapa de conciliación, en la que no se presentó el actor, por lo que se abrió la etapa de demanda y excepciones donde la parte actora amplió su demanda, aclarando y modificando su escrito y ratificando la demanda, por lo se suspendió la audiencia.

El veintiuno de enero de dos mil quince, se continuó con el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, se abrió la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que se tuvieron por ofrecidas las que las partes estimaron convenientes a sus intereses, reservándose el acuerdo atinente a su admisión.

El veintidós de mayo de dos mil quince, se admitieron las pruebas ofrecidas por ambas partes.

El actor ofreció como pruebas, la pericial técnica en materia de trabajo, y el dictamen médico de su perito, consistente en exámenes de audiometría tonal y radiográficos, procedimientos médicos y clínicos, documentos que establecen que es portador de cortipatía bilateral (hipoacusia), síndrome doloroso lumbar crónico (entorpecimiento de los movimientos de columna vertebral) y gonartrosis bilateral.

Las partes ofrecieron la prueba pericial correspondiente.

El quince de agosto de dos mil dieciocho la Junta dictó laudo en el que, en parte condenó y en otra absolvió.

En contra de la determinación antes precisada, las demandadas promovieron amparo directo, en el cual el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto, resolvió conceder el amparo por lo siguiente:

En el primero y segundo conceptos de violación, las demandadas señalaron que la responsable violó las formalidades del procedimiento laboral, en términos del artículo 173, fracción III, de la Ley de Amparo, porque la prueba pericial ofrecida por el actor se desahogó en forma contraria a la ley, toda vez que el perito del actor no compareció a la audiencia conducente y la responsable optó por nombrarle un nuevo perito y señalar nueva fecha para que éste compareciera a protestar el desempeño de su encargo y rendir el dictamen respectivo, lo que los dejó en estado de indefensión porque en el laudo reclamado se tomó como base el dictamen rendido por el perito designado ilegalmente por la responsable al actor, para condenarla al reconocimiento de diversas enfermedades y al pago de una indemnización por riesgo de trabajo.

Es inoperante lo argumentado, únicamente respecto de la prueba técnica en materia de trabajo, en virtud de que del desahogo de la misma, ofrecida por el actor, no trascendió al sentido del laudo reclamado, considerando que la misma tenía como finalidad demostrar las condiciones de trabajo en las que se desempeñó, no obstante dicha carga probatoria le correspondía a la patronal.

Respecto a lo anterior se citan los artículos 824 y 825, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de los cuales se desprende que existen dos posibilidades para designar peritos a favor del trabajador laboral:

1. Que sea designado por la Junta, atendido a la solicitud del trabajador, supuesto en el que este último no estará obligado a presentar personalmente a aquél el día de la audiencia.

2. Que al ofrecer la respectiva prueba. El trabajador designe, por sí mismo, perito de su parte, caso ante el cual, éste deberá presentar a aquél personalmente el día de la audiencia.

Los anteriores dispositivos establecen indistintamente la posibilidad de que la Junta designe perito a favor del actor, cuando éste se lo solicite, así como de que éste lo designe por sí mismo; sin embargo, no establece expresamente que habiendo designado perito de su parte el trabajador, por sí mismo, al ofrecer la probanza, esté impedido para solicitar posteriormente a la Junta que le designe un perito, ante la incomparecencia injustificada del que designó en el ofrecimiento, a la diligencia en la que habría de protestar el cargo inherente, por lo que el Tribunal Colegiado consideró que el trabajador puede efectuar la aludida solicitud a la Junta, aunque previamente hubiera designado perito de su parte al ofrecer la prueba, si éste no comparece a protestar el cargo, máxime si la referida solicitud se advierte justificada.

Estimar lo contrario conllevaría a una interpretación de la norma, en sentido desfavorable al trabajador, en contravención al contenido del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, conforme al cual, prevalecerá la interpretación favorable al trabajador, además de que se le dejaría en estado de indefensión ante la imposibilidad de cumplir la carga probatoria que le correspondía para acreditar la procedencia de la acción que instó, lo cual resultaría violatorio de derechos humanos, considerando la obligación legal que existe en cuanto a solventar la desigualdad procesal de las partes en el juicio laboral y la necesidad de proteger bienes básicos, ante la circunstancia genérica consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador, aunado a la necesidad de salvaguardar la subsistencia de éste y de su familia, la cual depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral.

En audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el actor solicitó a la Junta que le nombrara perito médico, toda vez que no contaba con los recursos económicos para sufragar los gastos, de conformidad con el artículo 824, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que la responsable le designó perito al actor, señalando día y hora para que éste protestara el cargo conferido.

El Tribunal Colegiado estimó que lo anterior se ajusta a derecho, en la medida en que, opuesto a lo sostenido por las quejosas, el artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo no prohíbe ni expresa ni implícitamente que el trabajador solicite a la Junta que le designe un perito, cuando el que designó por sí mismo en el ofrecimiento de la prueba, no compareció
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