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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29188         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA RESOLUCIÓN EXPRESA NO DA LUGAR A SU NULIDAD.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 387/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 23 DE OCTUBRE DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.

7. Lo anterior, toda vez que los tribunales anunciados en contienda pertenecen a dos diferentes Circuitos, pues un criterio emanó del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mientras que el otro fue emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; además de que el asunto es de orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.

8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, porque el denunciante es el representante legal(1) de quien fue la quejosa en uno de los asuntos en contienda, esto es, el amparo directo 514/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

9. TERCERO.—Criterios contendientes. El denunciante manifestó a este Alto Tribunal una posible contradicción de criterios respecto de cuál es la consecuencia jurídica en caso de que la autoridad fiscal emita una resolución fuera del plazo de treinta días establecido en la regla 1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, en relación con el procedimiento previsto en el artículo 69-B, quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federación (contribuyentes que adquirieron comprobantes fiscales de empresas incluidas en el listado definitivo de aquellas que presuntamente realizan operaciones simuladas, y que acuden ante la autoridad para acreditar la materialidad de sus operaciones).

10. Lo anterior, al realizar el contraste entre las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito que a continuación se indican, incluyendo una breve referencia a los antecedentes que les dieron origen, para resolver lo conducente en la presente sentencia:

11. I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo directo 514/2018)(2)

12. El treinta de enero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la lista de contribuyentes que conforme al artículo 69-B, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, no desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales, entre los que se encontraba la empresa **********, quien tenía contratos de comisión mercantil y de prestación de servicios de asesoría financiera con **********.

13. **********, al haber dado efectos fiscales a los comprobantes expedidos por la empresa incluida en el listado, compareció el catorce de marzo de dos mil diecisiete ante la autoridad fiscal para demostrar la materialidad de las operaciones correspondientes. Sin embargo, por resolución de dos de mayo siguiente, se resolvió que no lo había acreditado.

14. Contra dicha resolución, la demandante interpuso recurso de revocación; el cual fue resuelto el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete por la autoridad fiscal en el sentido de confirmar la resolución recurrida. Inconforme, combatió las resoluciones anteriores; del juicio conoció la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien emitió sentencia el primero de junio de dos mil dieciocho, en la cual reconoció la validez de la resolución impugnada.

15. Contra lo resuelto por la sala regional, la actora presentó demanda de amparo, en la cual argumentó, entre otras cosas, que el artículo 69-B, párrafos quinto y sexto, del Código Fiscal de la Federación y la regla 1.5., de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, resultaban violatorios de los principios de legalidad, seguridad jurídica, reserva de ley y subordinación jerárquica, por las siguientes razones:

15.1. La regla 1.5., de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete altera y modifica el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, al introducir el aspecto temporal, consistente en el plazo máximo de treinta días para emitir la resolución, sin que exista una cláusula habilitante que le permita regular dicho aspecto.

15.2. El artículo 69-B, párrafos quinto y sexto, del código antes mencionado y la regla 1.5., de la resolución miscelánea antes citada, contravienen el principio de seguridad jurídica, al no establecer una sanción o consecuencia en caso de que la autoridad fiscal emita la resolución con posterioridad al plazo de treinta días.

16. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictó sentencia, en la que negó el amparo, entre otras cosas, por las siguientes razones:

16.1. Advirtió que no era posible analizar la constitucionalidad del párrafo sexto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (vigente en dos mil diecisiete), porque en él se expresa la posibilidad de la determinación de créditos fiscales en el despliegue de facultades de comprobación; y en el caso, no existía la determinación de algún crédito.

16.2. En otro aspecto, indicó que si bien la norma, en su párrafo quinto, no indicaba el plazo para que la autoridad resolviera sobre la existencia o no de los actos amparados en comprobantes fiscales emitidos por una empresa que factura operaciones simuladas, lo cierto es que la regla miscelánea no excedía ni modificaba o alteraba lo previsto en la ley, pues no era la disposición administrativa la que propiamente vinculaba al contribuyente a definir su situación fiscal ante la autoridad.

16.3. Desestimó también los argumentos relacionados con la ausencia de una consecuencia jurídica para el caso de que la resolución se emitiera fuera del plazo previsto en la regla 1.5., de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, dado que era posible aplicar la figura de la negativa ficta contemplada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación.

17. II. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (amparo directo 795/2018)

18. Mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, la autoridad fiscal determinó que **********, no acreditó la materialidad de las operaciones llevadas a cabo con un contribuyente incluido en el listado de quienes no desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

19. Inconforme con la resolución anterior, la contribuyente promovió juicio de nulidad. El primero de agosto de dos mil diecisiete, la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió en el sentido de reconocer la validez de la resolución controvertida.

20. Subsecuentemente, la contribuyente promovió un primer juicio de amparo directo. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito dictó sentencia, a través de la cual concedió el amparo y Protección de la Justicia Federal por vicios formales.

21. La empresa quejosa interpuso recurso de revisión. De este asunto conoció esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual desechó el citado medio de defensa.

22. El tribunal administrativo del conocimiento emitió la sentencia definitiva de fecha de dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante la cual se reconoció la validez de la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen.

23. Por considerar que la anterior sentencia es violatoria de derechos fundamentales, la parte quejosa presentó un nuevo amparo directo registrado con el número 795/2018. En sus conceptos de violación argumentó, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada, en virtud de que la Sala responsable no consideró que la extemporaneidad de la resolución impugnada, actualizó la causal de ilegalidad contemplada en el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

24. El veinte de junio de dos mil diecinueve el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, concedió el amparo para que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución dictada el dos de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar, dictara una nueva en donde se decretara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Las razones que sustentaron su decisión son las siguientes:

24.1. La autoridad responsable emitió la resolución administrativa fuera del plazo de treinta días establecido en la regla 1.5., de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, en relación con el procedimiento del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

24.2. Si bien no existe sanción expresa por el incumplimiento de las normas, no se permite que la autoridad responsable emita un acto administrativo a destiempo sin sanción alguna.

24.3. En consecuencia, determinó que la omisión de emitir la resolución en el plazo señalado se sanciona con su nulidad, pues implica la omisión de un requisito legal previsto en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

24.4. Este razonamiento es conforme a una interpretación(3) de la Segunda Sala que indica que la consecuencia del dictado de una resolución fuera de los plazos previstos por la norma que los regula, aun cuando no exista disposición expresa que prevea la sanción, debe ser entendido como una omisión de un requisito que conlleva a que se decrete la nulidad lisa y llana.

25. CUARTO.—Existencia y punto de contradicción. En el presente considerando, esta Segunda Sala emprenderá el análisis de existencia de una contradicción a la luz de los requisitos de la jurisprudencia y de los argumentos que se sustentaron en las ejecutorias respectivas. Lo anterior, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora en la interpretación del orden jurídico.

26. Para configurarse una contradicción es necesario que de manera general los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.(4) Lo anterior, con independencia de que los criterios divergentes no estén plasmados en tesis redactadas y publicadas, en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo.(5)

27. Pues bien, en el caso se observa que efectivamente los tribunales contendientes analizaron puntos jurídicos similares y arribaron a conclusiones distintas. Para ello, debe considerarse que ambos asuntos provienen de procedimientos en los que la autoridad fiscal determinó que las empresas quejosas no acreditaron que efectivamente habían materializado los actos que amparaban los comprobantes fiscales adquiridos por empresas calificadas, en definitiva, como de aquellas que realizan operaciones simuladas.

28. Además, los dos supuestos partieron del sistema normativo vigente en dos mil diecisiete, integrado por el artículo 69-B, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación, y la regla 1.5., de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete.

29. En la cadena procesal, en ambos casos se alegó al tribunal administrativo correspondiente, y de manera posterior, en los amparos respectivos, diversos argumentos tanto de constitucionalidad como de legalidad en los que señalaron que: (i) no había un plazo en ley –sino en todo caso en una disposición administrativa– para que la autoridad fiscal se pronunciara sobre la "existencia de las operaciones"; y, (ii) no existía en todo el ordenamiento jurídico una consecuencia ante el incumplimiento del plazo, por lo que su emisión extemporánea debía acarrear su nulidad.

30. Frente a los escenarios antes descritos, los Tribunales Colegiados coincidieron en que no había impedimento para que el plazo de treinta días a fin de emitir una resolución se estableciera en una regla miscelánea; no obstante, discreparon sobre la consecuencia jurídica ante su dictado de manera extemporánea:

30.1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la consecuencia era considerar actualizada una negativa ficta en términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, aspecto por el cuál no había violación a la seguridad jurídica de los contribuyentes, y por tanto, aun cuando la autoridad hubiere dictado la resolución fuera del plazo de treinta días, tal circunstancia no acarrea su nulidad.

30.2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito determinó que de dejarse al arbitrio de la autoridad su dictado se generaría una inseguridad jurídica que provoca una indefensión a los gobernados por no fijar una sanción; por lo que debía declararse su nulidad con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

31. Por tanto, a la luz del procedimiento conferido a los contribuyentes para poder acudir ante la autoridad fiscal a demostrar la materialidad de los actos y servicios amparados por los comprobantes fiscales adquiridos a empresas que han sido catalogadas, en definitiva, como aquellas que realizan presuntas operaciones inexistentes, se observa que el punto en contradicción consiste en determinar: para efectos del quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, cuál es la consecuencia jurídica de que la autoridad emita una resolución fuera del plazo de treinta días contemplado en la regla 1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete.

32. QUINTO.—Estudio. De conformidad con el punto en contradicción que ha sido fijado con anterioridad, debe tenerse presente desde este momento el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil diecisiete, cuyo diseño normativo establecía lo siguiente:

"Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

"En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

"Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

"Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

"Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este código.

"En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código."

33. Por su parte, los artículos 69 y 70 del reglamento del código tributario, y las reglas 1.4. y 1.5., de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, dicen lo que a continuación se transcribe:

"Artículo 69. Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo, del código, la notificación se realizará en el siguiente orden:

"I. A través del buzón tributario;

"II. Publicación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria; y,

"III. Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"La notificación mediante la publicación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación, se realizará hasta que conste la primera gestión de notificación a que se refiere la fracción I de este artículo."

"Artículo 70. Para los efectos del artículo 69-B, tercer párrafo, del código, la autoridad fiscal podrá requerir información adicional al contribuyente, a fin de que éste la proporcione dentro del plazo de diez días contado a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento, en cuyo caso, el plazo para valorar las pruebas comenzará a computarse a partir de que el requerimiento haya sido cumplido."

"1.4. Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción.

"Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo, del CFF, respecto de la notificación por buzón tributario, cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, notificarán un oficio individual mediante el cual se informará a cada
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