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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29178         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h
ARRESTOS MILITARES. LA REGULACIÓN DE LOS QUE SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS POR UN SUPERIOR JERÁRQUICO O DE CARGO, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.

ARRESTOS MILITARES. LOS QUE SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS REPRESENTAN ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL Y NO MEROS ACTOS DE MOLESTIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CONTRA ALGUNAS CONSIDERACIONES JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MANIFESTÓ QUE HARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.

III. Competencia

6. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con base en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(6) 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(7) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(9) en razón de que los Tribunales Colegiados contendientes pertenecen a diferentes Circuitos y el tema sobre el que versa la posible contradicción corresponde a la materia administrativa, una de las materias de su especialidad.

IV. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(10) pues en el caso fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quienes sustentaron el criterio contenido en el amparo en revisión 90/2018.

V. Existencia de la contradicción

8. El procedimiento de denuncia de contradicción de tesis esencialmente persigue otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables mediante la unificación de los criterios jurídicos emitidos por los distintos Tribunales del Poder Judicial de la Federación. A fin de cumplir más eficazmente con ese objetivo la Suprema Corte ha reconocido, por ejemplo, que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos órganos jurisdiccionales terminales, sin importar si existe identidad en las situaciones fácticas que los precedieron,(11) ni tampoco si los criterios denunciados constituyen jurisprudencia.(12)

9. Asimismo, el propósito de generar certeza jurídica ha llevado al Máximo Tribunal a aceptar la existencia de una contradicción de tesis aunque se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las sentencias que sustentaron los criterios denunciados,(13) así como a sostener que el fondo de una contradicción de tesis debe resolverse a pesar de que los criterios contendientes sean erróneos.(14) En suma, la seguridad jurídica como razón guía del procedimiento de resolución de contradicciones de tesis implica concentrarse en los procesos de interpretación y, por tanto, no exagerar la importancia de las diferencias de hecho entre los asuntos que les dieron origen, ni tampoco orientarse por sus resultados concretos.

10. En esta tesitura, como sostuvo recientemente el Tribunal Pleno,(15) por regla general una contradicción de tesis se considerará existente cuando:

A. Los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se hayan visto en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

B. Los respectivos ejercicios interpretativos tengan un punto de toque, es decir, que entre ellos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico –ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio jurídico, la finalidad de una determinada institución, o cualquier otra cuestión jurídica en general– pero los tribunales contendientes adopten posturas divergentes; y,

C. Sobre el diferendo interpretativo resultante pueda concluirse genuinamente, a través de la formulación de una pregunta específica, que una forma de abordar dicha cuestión jurídica es preferente sobre todas las demás que, como la primera, sean posibles dentro de la variedad de significados que ofrecen las normas interpretadas.

11. Así, para determinar si existe contradicción de tesis lo procedente es analizar en específico si en la denuncia se satisfacen estos tres requisitos.

A. Ejercicio interpretativo

12. La Segunda Sala considera que se surte el primer requisito para la existencia de la contradicción de tesis, pues tanto (1) el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 90/2018, como (2) el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en el amparo en revisión 295/2015, realizaron interpretación constitucional para resolver las cuestiones jurídicas que les fueron presentadas.

1. Amparo en revisión 90/2018 resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito(16)

13. Hechos que dieron lugar al juicio. El diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete un sargento primero asistente administrativo de Sanidad del Ejército Mexicano adscrito a la farmacia del Hospital Militar de la Zona Campo Militar 1-A de la Ciudad de México se vio involucrado en una discusión de carácter personal en el estacionamiento de esa instalación militar. Esto le generó llamadas de atención por parte de oficiales de rango superior que se encontraban en el hospital.

14. Dos días después de lo sucedido, por considerar que los acontecimientos ponían en entredicho la disciplina del personal de esa instalación médico militar, la teniente enfermera que fungía como oficial de Cuartel al momento de los hechos impuso como correctivo disciplinario al sargento primero un arresto por quince días. Fundamentó la medida, entre otros preceptos, en los artículos 4o., 24o. Ter, 24o. Quáter, fracción II, 25o. y 28o. de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (en lo sucesivo Ley de Disciplina), así como 47, 49, 50 y 53 del Reglamento General de Deberes Militares.(17)

15. Amparo indirecto. Inconforme con la sanción, el militar promovió juicio de amparo indirecto contra la orden de arresto. En su demanda alegó que el correctivo disciplinario que le fue aplicado vulneraba en su perjuicio el derecho de audiencia previa establecido en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, pues no se habían respetado las formalidades esenciales del procedimiento que se debían observar frente a cualquier acto privativo de derechos. Señaló que como consecuencia de tal omisión no había tenido conocimiento del inicio del procedimiento instaurado en su contra, tampoco la oportunidad para aportar y desahogar pruebas ni de presentar alegatos que le permitieran demostrar que no era acreedor a la medida disciplinaria que le había sido aplicada.(18)

16. El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió el amparo al quejoso. Consideró que el arresto militar constituía un acto privativo de la libertad en términos del artículo 14 constitucional y señaló que este tipo de medidas eran equiparables al arresto administrativo que se aplica a los cuerpos policiales, respecto de los cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte ya había resuelto en la contradicción de tesis 130/2017 que se trataba de actos privativos sobre los cuales la autoridad debía respetar el derecho de audiencia previa de los implicados. De este modo, ordenó que la autoridad responsable dejara insubsistente el arresto impuesto y, en caso de que decidiera sancionar la conducta del quejoso, debería observar y respetar su derecho de audiencia previa.(19)

17. Amparo en revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, la teniente enfermera oficial de Cuartel que había ordenado el correctivo disciplinario interpuso recurso de revisión. En sus agravios sostuvo que el arresto formaba parte esencial del régimen disciplinario de los militares, pues su implementación buscaba imponer castigos más severos que produjeran una fuerte impresión colectiva para reprimir los desórdenes que se cometieran dentro del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. La recurrente argumentó que esta finalidad no se veía cumplida si se obligaba a la autoridad militar a seguir un proceso en el que se satisficieran el derecho de audiencia previa y las formalidades esenciales del procedimiento.(20)

18. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó infundados los agravios y confirmó la sentencia recurrida. Basó su decisión esencialmente en tres consideraciones.

18.1. Primero, señaló que el artículo 14 de la Constitución Federal consagraba el derecho de audiencia y exigía que los actos privativos de la libertad, propiedades, posesiones o derechos sólo ocurrieran mediante juicios seguidos ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte,(21) las formalidades esenciales del procedimiento eran aquellas que garantizaban una adecuada y oportuna defensa del gobernado. Por tanto, para que un acto de autoridad las cumpliera y respetara el derecho de audiencia se requería: (1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (2) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; (3) la oportunidad de alegar; y, (4) el dictado de una resolución que dirimiera las cuestiones debatidas.(22) El tribunal resaltó que "la notificación del hecho sancionable" (sic) era de trascendental importancia porque permitía al infractor conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodeaban al hecho atribuido y, por ende, estar en condiciones de defenderse.(23)

18.2. En segundo lugar, el tribunal distinguió entre el arresto impuesto como medida de apremio y el arresto impuesto como sanción. Respecto del primero, señaló que se trataba de una facultad exclusiva de las autoridades jurisdiccionales, cuya finalidad era garantizar el cumplimiento eficaz de las órdenes y resoluciones dictadas en un procedimiento ante la negligencia o contumacia de las partes. Dado que el objeto que perseguía esta facultad era proteger la efectividad y celeridad en la administración de justicia, no era necesario que se satisficiera el derecho de audiencia antes de la ejecución del arresto.(24) En cambio, al referirse al arresto impuesto como sanción, señaló que se trataba de una medida de naturaleza punitiva. Su finalidad era castigar un hecho que implicara la inobservancia de una norma jurídica para prevenir la reincidencia del individuo (prevención especial) y, además, generar un efecto disuasivo para evitar que otras personas cometieran la misma infracción (prevención general). El tribunal consideró que la naturaleza punitiva de esta medida obligaba a la autoridad facultada para su imposición a respetar el derecho de audiencia del afectado y, consecuentemente, las formalidades esenciales del procedimiento.(25)

18.3. Finalmente, el Tribunal Colegiado analizó los artículos 4o., 24o. Ter, 24o. Quáter, fracción II, y 25o. de la Ley de Disciplina, así como 47 y 53 del Reglamento General de Deberes Militares, que fueron el fundamento legal de la imposición del arresto. Del contenido de estos preceptos el tribunal desprendió que el arresto militar era un correctivo disciplinario al que se hace acreedor cualquier miembro del Ejército por la comisión de alguna conducta contraria a las normas disciplinarias previstas en las leyes o reglamentos militares. Esta sanción consistía en la reclusión temporal del militar al interior de las unidades, dependencias o instalaciones militares, el cual podía ser impuesto con o sin perjuicio del servicio, y cuya duración dependía del rango que poseyera el infractor. Concluyó que el arresto decretado en contra del quejoso había sido impuesto como una medida sancionatoria, cuya consecuencia material se había traducido en la restricción de su libertad, por lo que sí debían haberse cumplido las formalidades esenciales del procedimiento para respetar el derecho de audiencia previsto en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.(26)

19. Como puede observarse, es claro que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito llevó a cabo un ejercicio de interpretación jurídica para determinar que sí se había vulnerado en perjuicio del quejoso el derecho de audiencia previa consagrado en el artículo 14 constitucional.

2. Amparo en revisión 295/2015 resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito(27)

20. Hechos que dieron lugar al juicio.(28) En julio de dos mil catorce un teniente de infantería adscrito al Programa de Sistemas Aéreos no Tripulados de la Fuerza Aérea Mexicana en la 7a. Zona Militar solicitó gozar de su periodo vacacional. Sus vacaciones fueron autorizadas por el titular de la jefatura del referido programa para el periodo del veintiuno de julio al quince de agosto de ese año, en la inteligencia de que el interesado debía reanudar sus labores el dieciocho de agosto siguiente.

21. El militar no se presentó a realizar sus funciones el día que debía reincorporarse al servicio. En consecuencia, el general brigadier jefe del Estado Mayor de la 7a. Zona Militar requirió al jefe del programa correspondiente para que impusiera al faltista el máximo correctivo disciplinario y se convocara al Consejo de Honor para hacer de su conocimiento la conducta del elemento.

22. Al día siguiente, teniendo en consideración que el teniente de Infantería tenía antecedentes de correctivos disciplinarios por inasistencia e impuntualidad para presentarse a sus labores, el jefe del Programa de Sistemas Aéreos no Tripulados impuso al militar un arresto por un periodo de ocho días. El superior fundó la sanción, entre otros preceptos, en los artículos 24o. Ter, 24o. Quáter, fracción II, 25o. y 28o. de la Ley de Disciplina, así como 47, 49, fracción II, 50 y 53 del Reglamento General de Deberes Militares.

23. Amparo indirecto. Inconforme con esa sanción, el teniente de infantería promovió juicio de amparo indirecto contra la orden de arresto. En lo que interesa al presente asunto, el quejoso alegó que el correctivo disciplinario que le había sido aplicado violaba en su perjuicio el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues se le privaba de la libertad sin haber sido escuchado de manera previa en un procedimiento en que se respetaran las formalidades esenciales.(29)

24. El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León concedió el amparo por considerar que el arresto decretado por faltas a la disciplina militar constituía un acto privativo, cuya imposición debía regirse por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, lo que hacía exigible el derecho de audiencia previa en favor del quejoso. En consecuencia, dejó insubsistente el arresto impuesto, así como todos sus efectos inherentes.(30)

25. Amparo en revisión. Inconforme con esta sentencia, el jefe accidental de la Jefatura de Programa de Sistemas Aéreos no Tripulados interpuso recurso de revisión. Alegó, en esencia, que el arresto impugnado no debía ser considerado como un acto privativo, sino como un acto de molestia respecto del cual no operaba el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. Sostuvo que la restricción a la libertad del quejoso había sido provisional, por lo que no existía una afectación definitiva en la esfera jurídica del afectado.(31)

26. El Segundo Tribunal Colegiado Materia Administrativa del Cuarto Circuito estimó fundado el agravio de la autoridad recurrente. En consecuencia, resolvió modificar la sentencia recurrida y negar el amparo al quejoso. Sustentó su decisión esencialmente en tres consideraciones:

26.1. En primer lugar, sostuvo que el arresto militar como medida de carácter disciplinario no se trataba de un acto privativo sino de molestia, dado que sólo restringía de manera provisional la libertad deambulatoria del afectado y no lo hacía en términos absolutos, pues sólo se imponía para evitar que saliera del interior de las instalaciones y continuara prestando sus servicios. Incluso, en caso de que el arresto fuera sin perjuicio del servicio, el afectado podía salir de las instalaciones con la autorización correspondiente.(32)

26.2. En segundo lugar, el tribunal hizo referencia a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 117/2004, en la que se había concluido que el límite temporal de treinta y seis horas previsto en el artículo 21 constitucional para los arrestos por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía no era aplicable a los arrestos militares. Sostuvo que para llegar a esa conclusión la Suprema Corte había reconocido que en los arrestos militares el bien jurídico tutelado era la disciplina militar y su aplicación se regía por el fuero castrense reconocido en el artículo 13 de la Constitución Federal. Por tanto, al tratarse de una jurisdicción especializada, cuyo objetivo era organizar, equipar, educar, capacitar y desarrollar a las fuerzas armadas, no le era aplicable lo dispuesto en el artículo 21 constitucional. Señaló que estas consideraciones permitían ilustrar cuál era el alcance del fuero militar respecto de la disciplina castrense y la necesidad de que este principio fuera protegido mediante sanciones severas, objetivas e inflexibles.(33)

26.3. Por último, señaló que existía jurisprudencia de la Suprema Corte que avalaba que el arresto, impuesto como medida de apremio contra civiles, no requería del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento,(34) por lo que implícitamente se había reconocido que esa limitación a la libertad deambulatoria constituía un acto de molestia y no uno privativo, en virtud del carácter provisional de la restricción.(35) Señaló que el hecho de que la restricción a la libertad pudiera tener una duración de quince días no afectaba el carácter provisional de la medida, pues era consistente con la circunstancia de que la restricción a la libertad no conllevaba el encierro en una celda, sino únicamente la prohibición de abandonar las instalaciones militares. Sostuvo que una interpretación en sentido contrario implicaría una afectación grave a la disciplina castrense, pues permitiría que los militares indisciplinados exigieran el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, minando la autoridad de sus superiores, en detrimento del valor que esas normas correctivas buscaban proteger. Así, el tribunal concluyó que el arresto impuesto a cualquier militar como una medida correctiva era un acto de molestia sobre el cual no era exigible el respeto al derecho de audiencia previa previsto en el artículo 14 constitucional.(36)

27. En esta tesitura, es evidente que también el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito llevó a cabo interpretación jurídica para determinar que no se violaba en perjuicio del quejoso el artículo 14 constitucional.

28. Comprobado que en los dos asuntos que sustentan esta posible contradicción de criterios hubo ejercicios interpretativos sobre normas jurídicas, lo procedente es verificar si se cumple el segundo requisito para la existencia de una contradicción de tesis, es decir, si entre ellos hay algún punto de toque donde se aborde de manera diferente un mismo tipo de problema jurídico.

B. Puntos de toque

29. La Segunda Sala considera que también se actualiza el segundo requisito para la existencia de una contradicción de tesis, pues ambos órganos jurisdiccionales utilizaron su arbitrio judicial para resolver
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