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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29167         1 de 1
Primera Sala Publicación: viernes 29 de noviembre de 2019 10:40 h
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. LA ABROGACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO ACTUALIZA EL SUPUESTO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL GOBERNADO POR SUPRESIÓN DEL TIPO PENAL.

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. LA ABROGACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO IMPLICA LA SUPRESIÓN DEL TIPO PENAL RELATIVO.


CONTRADICCIÓN DE TESIS 301/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.)(2) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo primero, 81, párrafo primero y 86, párrafo segundo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el punto segundo, fracción VII –aplicado en sentido contrario– del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, modificado mediante instrumentos normativos de nueve de septiembre de dos mil trece, veintiocho de septiembre de dos mil quince y cinco de septiembre de dos mil diecisiete. En virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia penal, propios del conocimiento de esa Primera Sala.

9. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que sustentaron uno de los criterios que se denunció como contendiente en la presente contradicción de tesis.

10. TERCERO.—Posturas contendientes. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, atendiendo a la cronología de la emisión de las tesis, resulta conveniente conocer –para su posterior análisis– el origen y las consideraciones en que se apoyaron las respectivas tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito denunciadas como contendientes.

11. I. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver en sesión de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el amparo en revisión ********** tomó en cuenta lo siguiente:

Antecedentes

• El quejoso, persona física por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil catorce, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución del Tribunal Unitario en Materia Penal, por la cual al resolver el recurso de apelación, revocó el auto de plazo constitucional emitido en la causa penal y ordenó su formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en la fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación, vigentes en la época de los hechos (2008), ya que la conducta imputada consistió en que el quejoso en su carácter de administrador único de una empresa, omitió presentar por más de doce meses la declaración anual del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio fiscal de dos mil ocho, al que estuvo obligada, dejando de pagar el citado impuesto en el monto determinado y en perjuicio del fisco federal, pues tuvo que presentar la declaración a más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, por lo que a partir del uno de abril de dos mil diez, se actualizó la hipótesis normativa.

• El Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite la demanda y seguida la secuela procesal, celebró la audiencia constitucional y por sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil quince, negó el amparo al quejoso.

• Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito referido al inicio de este apartado, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y otorgar el amparo al quejoso.

Consideraciones del recurso de revisión que contiene la tesis denunciada en contradicción.

• El Tribunal Colegiado de Circuito estimó que el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, vigente a la fecha de los hechos era un tipo penal en blanco porque sancionaba con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, a quien omita presentar por más de doce meses las declaraciones de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, sin que se determine la naturaleza del impuesto, por lo que era necesario atender a otra ley fiscal, que en el caso específico era la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en donde se establecía la obligación de pago de ese impuesto.

• Refirió que no obstante lo anterior, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de diciembre de dos mil trece, se abrogó esa Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a partir del uno de enero de dos mil catorce, por lo que desapareció el citado impuesto y, por tanto, la obligación de los contribuyentes de realizar la declaración y su pago.

• De lo que concluyó que el tipo penal de defraudación fiscal equiparado, regulado en el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se refiere a ese impuesto fue despenalizado, en virtud de la abrogación de la ley que lo establecía y, por tanto, los hechos cometidos durante su vigencia dejaban de tener el carácter de delictivos, pese a que se consumaran antes de que la legislación fuera abrogada, esto atento al principio de retroactividad benigna atento al artículo 14 de la Constitución Federal, en concordancia con los artículos 56 y 117 del Código Penal Federal, y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y específicamente refirió que el artículo 56 del Código Penal Federal no sólo favorecía en la imposición de la pena, sino también entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad.

• Finalmente refirió que no era obstáculo a su decisión el contenido del artículo décimo segundo transitorio del decreto por el que se abroga la ley referida en el que se indica que las obligaciones y los derechos derivados de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única que se abroga, que hubiesen nacido durante su vigencia por la realización de situaciones jurídicas o de hecho previstas en dicha ley, debían cumplirse conforme a los montos, formas y plazos establecidos en el citado ordenamiento y demás disposiciones aplicables. Esto, porque tenía como función regular el paso ordenado de la ley abrogada, precisando cuál era el tratamiento que se debía dar durante la vigencia de aquélla; pero que en relación con la materia penal, se debían observar los principios de exacta aplicación de la ley penal y de retroactividad de la ley en beneficio del inculpado, esto sin perjuicio de que en la vía administrativa se pudieran hacer exigibles los créditos fiscales; sin embargo, la conducta dejó de tener el carácter de delictuosa.

12. La resolución de ese asunto por parte del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dio lugar a la tesis I.7o.P.38 P (10a.), cuyos título, subtítulo, texto y datos de publicación(3) que en seguida se reproducen:

"DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARABLE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL ABROGARSE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2014, LA OMISIÓN DE PRESENTAR POR MÁS DE DOCE MESES LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, A PARTIR DE DICHA FECHA, DEJÓ DE TENER CARÁCTER DELICTIVO. El delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el precepto mencionado, es de los tipos penales en blanco, porque sancionan con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, a quien omita presentar por más de doce meses las declaraciones de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, sin que se determine la naturaleza del impuesto, por lo que se necesita de un complemento con otra ley fiscal, en el caso, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, donde se establece la obligación del pago del impuesto relativo. Ahora bien, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, que dicha ley fiscal quedaba abrogada a partir del 1o. de enero de 2014, ya no es obligación presentar la declaración anual del impuesto empresarial a tasa única; por ende, no hacerlo, a partir de la abrogación de esa ley fiscal, dejó de tener el carácter delictivo, por lo que, de seguirse el proceso, constituiría una norma privativa prohibida en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aplicar sólo a aquellos individuos ubicados en el supuesto normativo hasta antes de la reforma aludida."

13. II. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** en sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, tomó en consideración lo siguiente:

Antecedentes del asunto

• El quejoso, persona física, a través de su defensor particular, por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de formal prisión dictado por la Jueza de Distrito al quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V y sancionado en la fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación, vigentes en la época de los hechos (2008), ya que la conducta imputada consistió en que el quejoso en su carácter de administrador único una empresa omitió presentar por más de doce meses la declaración anual del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio fiscal de dos mil ocho, al que estuvo obligada, dejando de pagar los citados impuestos cuantificados en perjuicio del fisco federal, pues tuvo que presentar la declaración a más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, por lo que a partir del uno de abril de dos mil diez, se consumó el evento delictivo.

• El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, admitió a trámite la demanda, seguida la secuela procesal, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia el seis de julio de dos mil diecisiete por la cual negó el amparo al quejoso.

• Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito ya referido, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo al quejoso.

Consideraciones del amparo en revisión en el que se sostiene la tesis denunciada en contienda

• El Tribunal Colegiado de Circuito reprodujo el contenido de los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 56 del Código Penal Federal, vigente a la emisión del acto reclamado, y al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación; y sostuvo que el principio de la aplicación retroactiva de leyes en beneficio tratándose de normas penales consistía en aquellas que hicieran más favorable la condición de los indiciados o reos de algún delito, además que existía sucesión de leyes penales cuando un hecho se regula por una ley nueva donde describía un tipo legal no definido antes, cuando se dejaba de considerar delictiva una conducta o se modificaba de algún modo la descripción o la punibilidad de las acciones humanas.

• Después señaló que el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación (vigente en la época de los hechos imputados al quejoso) tipificaba la defraudación fiscal equiparada, que se trata de un delito especial por encontrarse en ese cuerpo normativo, y que en el caso se le atribuía la probable responsabilidad en su comisión porque omitió presentar la declaración anual de la empresa citada, por el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por más de doce meses y dejó de pagar las contribuciones que debía pagar por los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, por los montos cuantificados.

• Luego, indicó que, en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de diciembre de dos mil trece, se abrogó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con efectos a partir del uno de enero del año siguiente, de manera que a partir de esa fecha el citado tributo quedó abrogado.

• Entonces, sostuvo que tal abrogación no permitía que operara a favor del quejoso la aplicación retroactiva de la ley, ya que la abrogación de la ley en comento, no implicaba una reforma al tipo penal previsto en el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación. De ahí que debía estarse a lo previsto en el último párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que para la fijación de la pena de prisión que correspondiera a los delitos fiscales conforme a los límites mínimo y máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando éste pueda ser determinado, será conforme al que esté establecido en el momento de realizarse el hecho delictivo.

• Lo anterior estimó guardaba congruencia con el contenido del artículo décimo segundo transitorio del decreto por el cual se abrogó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en el sentido de que las obligaciones y derechos nacidos durante la vigencia de la ley en cita, deberán cumplirse conforme a los montos, formas y plazos establecidos en ella y demás disposiciones aplicables, como en el caso resultaba ser el Código Fiscal de la Federación, por lo que si al tenor de esa legislación el quejoso se encontraba obligado a rendir en un plazo no mayor a doce meses su declaración anual del impuesto empresarial a tasa única, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil ocho y no lo hizo, ocasionando un perjuicio al fisco federal, entonces su conducta era constitutiva del delito de defraudación fiscal equiparable.

• Entonces la abrogación de la ley del citado impuesto no tenía efectos hacia el pasado, ni desconocía ninguna situación jurídica definida al amparo de su vigencia, como al momento en que se considera se cometió un delito previsto en un diverso cuerpo normativo, para estimar que hubiera violación al principio de retroactividad en la aplicación de la ley.

• Por ello, atento al principio de legalidad en cuanto a que todo delito debe ser juzgado y sancionado de acuerdo con las previsiones contenidas en la ley que rija en la fecha en que se cometió el acto criminal, la previsión de una conducta delictiva de índole fiscal, debe ser determinada conforme al marco normativo establecido al momento de efectuar la conducta, sin que tuviera influencia en la determinación del delito, las posteriores modificaciones que sufrieran las legislaciones exactoras, porque sólo tienen efectos a partir de su vigencia y no podían incidir ni invadir la esfera de aplicación de las normas penales, porque de la derogación o modificación de un tributo no derivaba que la conducta delictiva efectuada se considerara menos lesiva y, por tanto, no ameritara sanción; sobre todo si los delitos fiscales sancionaban el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Federación, que se constituía por las contribuciones causadas y no pagadas conforme a las leyes fiscales vigentes durante el momento en que se realizara el hecho generador, por lo que la posterior eliminación del impuesto no resarcía la afectación causada al bien jurídico tutelado. De ahí que tal derogación no trascendía al ámbito penal.

• En conclusión, refirió que a la emisión del acto reclamado había sido abrogada la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; sin embargo, ello sólo evidenciaba la intención del legislador de en lo sucesivo, no continuar imponiendo a los contribuyentes dicho impuesto, pero no a dejar de sancionar penalmente conductas producidas durante la vigencia de esa norma.

14. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Importa recordar que de acuerdo con el criterio de esta Suprema Corte, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Máximo Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho que debe ser dilucidado en jurisprudencia para dar seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias que se presentaron en los casos que generaron esos criterios fueron relevantes para su determinación en los problemas jurídicos resueltos.(4)

15. En el caso, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estableció sustancialmente que atento a la conformación del tipo penal previsto en el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, dos mil ocho, era necesario atender a la ley fiscal, que en el caso era la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en donde se establecía la obligación de pago de ese impuesto; pero ya que por decreto publicado el once de diciembre de dos mil trece, se abrogó esa ley a partir del uno de enero de dos mil trece, desapareció el citado impuesto y la obligación de declararlo y pagarlo, por tanto, el tipo penal en comento por lo que se refiere a ese impuesto fue despenalizado y atento al principio de retroactividad en beneficio, los hechos consumados bajo su vigencia dejaban de considerarse delictivos. De manera que el artículo décimo segundo transitorio del decreto por el que se abrogó esa ley, al referir que los derechos y obligaciones derivados de esa ley, que hubiesen nacido durante su vigencia debían cumplirse conforme a los montos, formas y plazos establecidos en ese ordenamiento y demás disposiciones, sólo tenía relación con la materia administrativa fiscal como pudieran ser para hacer exigibles los créditos fiscales, pero no con la materia penal en la que se debían observar los principios de exacta aplicación de la ley y de retroactividad en beneficio del inculpado.

16. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en esencia refirió que el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil ocho, época de los hechos imputados, establecía un tipo especial; y que si bien la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única había sido abrogada por decreto publicado en dos mil trece, en vigor a partir de dos mil catorce, no permitía que operara a favor del quejoso la aplicación retroactiva de la ley, en tanto que tal abrogación no tenía efectos hacia el pasado porque no implicó una modificación al tipo penal previsto en el citado precepto. Entonces, sostuvo que atento al contenido del artículo décimo segundo transitorio del decreto por el que se abrogó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, permanecían las obligaciones y derechos nacidos durante la vigencia de esa norma y debían cumplirse conforme a los montos y plazos establecidos en ella y demás disposiciones fiscales; de ahí que la abrogación de esa ley tributaria sólo evidenciaba la intención del legislador en lo sucesivo, no continuar con la imposición de dicha contribución, pero no a dejar de sancionar penalmente las conductas producidas durante la vigencia de esa norma, por lo que debía atenderse al principio de legalidad, conforme al cual todo delito debe ser juzgado y sancionado de acuerdo con las previsiones contenidas en la ley que rija en la fecha en que se cometió el acto criminal.

17. Los elementos relatados evidencian que sí existe contradicción de tesis, porque ambos
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