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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 29022         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). NO PUEDE APLICARSE PARA DETERMINAR LA CUOTA DIARIA O LA LIMITANTE DE PAGO DE UNA PENSIÓN, POR TRATARSE DE PRESTACIONES DE NATURALEZA LABORAL REGIDAS POR EL SALARIO MÍNIMO.

AMPARO DIRECTO 43/2019. 9 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ADRIANA ESCORZA CARRANZA. SECRETARIO: DANIEL SÁNCHEZ QUINTANA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Por cuestión de técnica jurídica, los conceptos de violación se estudiarán en un orden distinto al planteado.

En el quinto concepto de violación el peticionario de amparo aduce que, en atención al tercer concepto de anulación, la Sala Regional debió analizar la convencionalidad de las normas y jurisprudencias cuya inaplicación solicitó [artículo 186 de la ley del instituto abrogada y las jurisprudencias 2a./J. 8/2017 (10a.) y 2a./J. 23/2017 (10a.)], toda vez que –dice– violan el derecho humano a la seguridad social y el de progresividad.

En consecuencia, considera que la sentencia reclamada no es congruente ni exhaustiva, porque la Sala se abstuvo de analizar los argumentos respecto de la solicitud de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

A juicio de este Tribunal Colegiado, el concepto de violación es inoperante.

Si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión.

Empero, si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica.

Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia.

Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado."

Además, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo señaló la Sala responsable, no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad y/o de convencionalidad ex officio por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía.

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 7/2015, que dio origen a la tesis aislada 2a. CII/2016 (10a.), que dice:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SUJETARSE A CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien la institución de la jurisprudencia prevista en el décimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal supone que su aplicación y vigencia es inmutable hasta en tanto no se sustituya el supuesto normativo al que se refiere por uno nuevo, lo cierto es que ello no conlleva desconocer la jerarquía existente entre los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, que están legitimados para emitir jurisprudencia, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en la cúspide. Bajo este orden, concebida la jurisprudencia como el resultado de la función y desempeño de la labor interpretativa y jurisdiccional del Alto Tribunal, sus decisiones y sentencias no pueden sujetarse a control constitucional, ya que estimar lo contrario implicaría contrariar la naturaleza de sus resoluciones como ‘definitivas e inatacables’, lo que resultaría adverso al artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de control de la regularidad constitucional y convencional de los actos emitidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y como garante primordial del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es susceptible de sujetarse a control constitucional; desconocer lo anterior significaría ejercitar un medio de control de regularidad sobre otro más, esto es, si a través de un juicio de amparo o de un recurso de revisión se plantea la inconstitucionalidad de una jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, ello implicaría un contrasentido, ya que con el pretexto de analizar su supuesta inconstitucionalidad lo que en realidad se pretende es modificar una decisión ejecutoriada, la cual goza además de las características de ser definitiva e inatacable. Aunado a lo anterior, permitir que los quejosos impugnen la constitucionalidad de un criterio jurisprudencial del Máximo Tribunal, implicaría también una violación a los principios de certeza y seguridad jurídica, ya que lejos de dar congruencia y claridad al contenido de la Ley de Amparo, se contravendría su mandato, generando una sensación de inestabilidad e incertidumbre para los justiciables, pues los órganos jurisdiccionales obligados a aplicarla podrían, incluso, desconocer su contenido ante la inexistencia de una resolución definitiva e inatacable, circunstancia que además fue definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.) (*), en el sentido de que la jurisprudencia que emita no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá potencializar la aplicación de la interpretación más favorable a las personas, sin que ello signifique el desconocimiento de sus atribuciones como máximo intérprete del texto constitucional, ni de las reglas de admisibilidad o de procedencia del juicio de amparo y de los recursos respectivos."

Por otra parte, en el cuarto concepto de violación el peticionario de amparo señala que la Sala responsable, en relación con el pago de las diferencias que derivan del ajuste pensionario solicitado por el actor, aplicó el artículo 186 de la ley del instituto vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, y consideró que el derecho al pago de las diferencias se encuentran sujetas a la figura de la prescripción.

Argumenta que la jurisprudencia 2a./J. 8/2017 (10a.) –en que sustentó sus consideraciones– viola, restringe y limita el ejercicio y disfrute del derecho humano de la seguridad social y el principio de progresividad.

También aduce que, en observancia al principio pro persona, la Sala responsable únicamente debió fundar su determinación en la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, donde se estableció –dice– que las diferencias originadas con motivo de los incrementos de la pensión no se encuentran sujetas a prescripción, sino en la hipótesis general de que el derecho a la jubilación y a la pensión son imprescriptibles, ya que dichas diferencias derivan directa e inmediatamente de esos derechos otorgados al beneficiado.

Este concepto de violación es infundado.

Contrario a lo alegado por el quejoso, la determinación de la Sala Regional, relativa a la prescripción del pago de diferencias derivadas del incremento de su pensión –que sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 8/2017 (10a.)– no resulta ilegal.

En efecto, la aplicación del criterio referido no puede considerarse violatoria de los derechos humanos a la seguridad social y al desarrollo progresivo en la tutela de los derechos humanos, en tanto que la prescripción del derecho al pago de las pensiones vencidas ya estaba prevista en las disposiciones legales aplicables, así como en los criterios sustentados con anterioridad por el propio Máximo Tribunal, a saber, la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, cuyo rubro es: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", así como la tesis aislada 2a. CIV/2015 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009 (*)."

Al respecto, es importante destacar que el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 8/2017 (10a.) no constituyó un nuevo criterio judicial vinculante, sino sólo la aclaración y precisión para la operabilidad adecuada y funcional de la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, según la propia Segunda Sala, a fin de dar a conocer los argumentos jurídico-racionales conforme a los cuales debía aplicarse esta última en su calidad de criterio vinculante, al fallarse los casos que resultaran iguales o con similitudes sustanciales.

De lo que se colige que, en el caso, no existe la aplicación retroactiva de un nuevo criterio que hubiere modificado o sustituido a uno anterior, ni el desacato de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que prohíbe la aplicación retroactiva de una jurisprudencia, al atender el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 8/2017 (10a.), para precisar los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, en cuanto a que el instituto demandado sólo está obligado al pago de diferencias hasta por un periodo de cinco años anteriores a la fecha en que se reclamaron y no desde que se otorgó la pensión a la demandante, tal como lo concluyó la Sala.

En efecto, tal jurisprudencia no fue sustituida ni interrumpida; es decir, el criterio obligatorio fijado no quedó superado, modificado o abandonado sino, en estricto sentido, sólo se precisaron sus alcances, a fin de evitar –según la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– confusiones en su aplicación por parte de los operadores jurídicos a quienes se encontraba dirigida, a los tribunales administrativos y jurisdiccionales, en aras de hacer operativa la mencionada jurisprudencia.

En ese sentido, la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 8/2017 (10a.) no se considera de aplicación retroactiva en perjuicio del quejoso, ni violatoria de los derechos humanos a la seguridad social y al desarrollo progresivo en la tutela de los derechos humanos.

Finalmente, cabe señalar que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera, so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 906, que dice:

"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.—Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.’, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de ‘derechos’ alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes."

En otro aspecto, en el segundo concepto de violación, el peticionario de amparo señala que la Sala Regional ordenó incrementar su pensión desde el momento de su otorgamiento conforme al salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, hasta el dos mil quince, y a partir del dos mil dieciséis que se incremente conforme a la Unidad de Medida y Actualización, lo cual –dice– es ilegal y violatorio del derecho de irretroactividad, porque este último parámetro no se encuentra regulado por el artículo 57 de la ley del instituto.

Por tanto, debe ordenarse que se incremente su pensión conforme al salario mínimo general vigente en la Ciudad de México desde el otorgamiento de la misma y hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia firme.

Este concepto de violación es fundado, porque el indicador UMA (Unidad de Medida y Actualización) no se puede aplicar.

Ahora bien, el artículo 5o. constitucional reconoce el derecho al trabajo, mientras que el diverso 82 de la Ley Federal del Trabajo establece que por "salario" debe entenderse la contraprestación que paga el patrón a un trabajador por el servicio que éste le presta de forma subordinada.

El salario mínimo ha sido utilizado históricamente como instrumento de indexación, base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en los diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, tales como alimentos, reparación de daños y perjuicios, responsabilidades en materia civil, sanciones en materia administrativa, fiscal y regulatoria, responsabilidad penal o límites para delitos, multas en amparo, entre otros.

Empero, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se declaran adicionadas y reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo".

En particular, la reforma modificó el artículo 123, inciso A), (sic) fracción VI, constitucional, para quedar como sigue:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación
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