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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28976         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 30 de agosto de 2019 10:38 h
CARTA INVITACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LA SOLICITUD ACLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SU SITUACIÓN FISCAL DERIVADA DE AQUÉLLA, NO ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 332/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito y dos Tribunales Colegiados de diferente Circuito, además de que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para dirimir el punto jurídico en contienda.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues su denunciante fue precisamente uno de los órganos jurisdiccionales contendientes (Pleno de Circuito) que sostiene un criterio discrepante al de los diversos Tribunales Colegiados en disputa, como lo permiten los numerales en comento.

TERCERO.—Tema y criterios contendientes.

I. El denunciante Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis **********, de la que derivó la jurisprudencia en conflicto, a través de la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, determinó en lo que interesa lo siguiente:

"QUINTO.—Estudio de la contradicción de tesis. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno de Circuito, en el sentido de que no es procedente el juicio contencioso administrativo, cuando se demanda la nulidad de la resolución que tiene por no aclarada la carta invitación para que el contribuyente regularice su situación fiscal.

"Para dar sustento a la postura aquí adoptada, en principio es menester hacer las siguientes acotaciones:

"En efecto, el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone:

"‘Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.’

"Como se ve, dicho artículo dispone que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Asimismo, que procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos, o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Por último, establece que, las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.

"Por su parte, los artículos 14, en sus fracciones I a IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, y actual 3o., fracciones I a V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, disponen:

Ver artículos

"Tales disposiciones normativas prevéen que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (anteriormente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) conocerá de los juicios que se promuevan contra actos de autoridades fiscales (resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos), cuando:

"I. Se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; y,

"II. Cuando causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

"Con relación a la segunda hipótesis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencialmente que, por ‘materia fiscal’ debe entenderse todo lo relacionado con la recaudación de impuestos o de multas, o con las sanciones impuestas por infracciones a las leyes tributarias.

"También determinó que la expresión ‘que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores’, se refiere a una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida; por la negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales.

"El criterio en cita se contiene en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/2007, que dice:

"‘CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. AL SER LA SUSPENSIÓN DE SU REGISTRO UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LE CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL, ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 11 DE SU LEY ORGÁNICA.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por «materia fiscal» debe entenderse todo lo relacionado con la recaudación de impuestos o de multas o con las sanciones impuestas por infracciones a las leyes tributarias. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 2a. XI/2003, que el requerimiento de información y/o documentos que formula el fisco federal al contador público autorizado que dictaminó los estados financieros, con copia al contribuyente, en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, constituye una resolución definitiva que afecta a ambos, respecto de la cual, si se pretende su nulidad, es necesario impugnarla a través del juicio contencioso administrativo de manera destacada, ya que se impone al profesionista señalado por el desempeño de su actividad. Ahora bien, la expresión «que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores» contenida en el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se refiere a una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida; por la negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales. En consecuencia, la suspensión del registro que autoriza a un contador público para dictaminar estados financieros para efectos fiscales, constituye una resolución definitiva que causa un agravio en materia fiscal diferente a los supuestos señalados y, por ende, es impugnable a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual debe agotarse previamente al juicio de garantías.’

"Sobre la temática propia de esta contradicción, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la ‘carta invitación’ dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal, con relación al pago del impuesto sobre la renta derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo.

"Ello, en virtud de que se trata únicamente de un acto declarativo, a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto, la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado.

"Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 62/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:

"‘CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.—La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado.’

"A la luz de las directrices legales y jurisprudenciales apuntadas y considerando las particularidades del tema central, materia de esta contradicción de tesis, este Pleno de Circuito considera que la respuesta emitida por la autoridad demanda en el juicio de nulidad, con motivo de la pretendida aclaración de la carta invitación para que el causante aclare su situación fiscal con motivo de los depósitos detectados en sus registros o cuentas bancarias, conforme a la norma transcrita, no constituye una resolución definitiva impugnable mediante el juicio contencioso administrativo, en razón de que en ella no se determina la existencia de una obligación fiscal, ni se fijó su cantidad líquida ni se dieron las bases para su liquidación, sino que como se verá, esa resolución no es más que una declaración de la autoridad fiscal, mediante la cual una vez analizados los documentos presentados por el particular, concluye que no es posible tener por aclarada la carta invitación respectiva por no acreditarse fehacientemente el origen de los depósitos detectados, e invita al contribuyente a que acuda a los centros de atención para brindarle la orientación necesaria, y le reitera que esa resolución no constituye instancia impugnable, dejándole a salvo sus derechos para que modifique su situación fiscal en el momento en que lo considere oportuno.

"Para dar sustento a ello, es pertinente puntualizar que si la ‘carta invitación’ es el antecedente directo del acto impugnado y si la pretensión del escrito del particular es esclarecer el origen de los ingresos referidos en esa carta invitación; entonces, sin la existencia de la carta invitación, tampoco existiría la respuesta de tenerla por no aclarada.

"Efectivamente, sobre la base de que la respuesta a la solicitud de aclaración deriva de una carta invitación (que no es una resolución definitiva impugnable) no fija en cantidad líquida, ni otorga las bases para la liquidación de un crédito fiscal, menos aún causa un perjuicio al contribuyente, pues no establece obligaciones de hacer, tampoco precisa un lapso o periodo en el que debe ser cubierto el entero propuesto, sino que únicamente es un acto declarativo por el cual se comunica al contribuyente que el origen de los ingresos referidos en la carta invitación no se encuentran aclarados; es concluyente que no procede su impugnación en sede contencioso administrativa, por tratarse de un acto que no causa perjuicio a la demandante.

"Además, las resoluciones desestimatorias de la aclaración de la carta invitación, como se dijo, no constituyen instancia alguna y, por ende, no son actos susceptibles de impugnarse en términos de las disposiciones legales, pues en casos como el que es materia de la presente contradicción de tesis, forma un todo indisoluble con la carta invitación que no constituye un acto de molestia.

"Bajo esa tónica, ni la resolución impugnada, ni la sujeta a aclaración en la instancia administrativa tienen la calidad de actos definitivos, susceptibles de ser impugnados a través del juicio de nulidad, porque no contienen la determinación de un crédito, ni imponen multa alguna y menos determinan una situación jurídica precisa, pues sólo contienen aclaraciones conducentes sobre lo pretendido por el contribuyente, exhortándosele para que, si decide cumplir con la obligación relativa, se acoja a los beneficios que la regla 2.8.3.1, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince.

"Esto obedece a que la procedencia del juicio contencioso administrativo contra actos ‘que causen un agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren las fracciones anteriores’, como ya se definió. Tiene la indefectible condicionante de que se produzca una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, derivada de un acto en que la autoridad hacendaria determina que el contribuyente incumplió las leyes fiscales, o bien, cuando los actos (diversos a los enumerados en la norma) ocasionan una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida; por la negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales, supuestos que no podrían materializarse en la aludida respuesta que mereció la solicitud de aclaración.

"Pero, además, la señalada condicionante de que el acto produzca un ‘agravio en materia fiscal diferente a las hipótesis señaladas’, no resulta aplicable en el supuesto tratado, pues ello se refiere a una afectación derivada o relacionada con el cumplimiento a las leyes fiscales, lo que no ocurre en la determinación de tener por no aclarada la carta invitación, porque en ella no se fija una situación jurídica concreta, que, en su caso, sería previa al ejercicio de sus facultades de fiscalización, como resultado de la petición que formuló la quejosa.

"Cabe señalar que la respuesta al escrito aclaratorio, originado por la carta invitación, no constituye una formalidad del procedimiento de comprobación fiscal; y de ahí que, en principio, no podría analizarse su legalidad en el juicio contencioso administrativo; máxime que tiene su génesis, precisamente, en la ‘invitación’ previa, contra la cual no procede el juicio contencioso administrativo, conforme a la invocada jurisprudencia 2a./J. 62/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Por tanto, no es jurídicamente aceptable sostener que la aludida respuesta de la autoridad constituya una resolución definitiva que imponga al contribuyente una obligación fiscal, pues además de que deriva de una carta invitación, no lo constriñe a cumplir irrestrictamente con algún requerimiento de naturaleza fiscal, poniendo de manifiesto que subsisten los términos en que se emitió la referida carta invitación.

"Así es, la respuesta a la pretendida aclaración carece de los elementos determinantes para evidenciar que un acto de esa naturaleza pueda afectar la esfera jurídica del contribuyente, siguiendo las mismas directrices que respecto de la invitación previa estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis **********, a saber:

"i) Que la fiscalizadora ejerza sus facultades de comprobación, y como consecuencia de ello;

"ii) Que emita una determinación; y

"iii) Que establezca un crédito a cargo del gobernado.

"Esto es, la procedencia del juicio requiere necesariamente la determinación de un crédito u obligación fiscal a cargo del contribuyente y que se le informe expresamente tal circunstancia en el texto del propio documento, además de las consecuencias jurídicas para el interesado en caso de incumplimiento. En lo que aquí importa, el Alto Tribunal del País, en la señalada ejecutoria de contradicción de tesis **********, dijo:

"‘SEXTO.—Estudio. Esta Segunda Sala considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en las consideraciones siguientes: El artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el juicio de nulidad procede contra las resoluciones administrativas definitivas que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y al respecto el artículo 14 de esta Ley Orgánica, señala:

"‘«Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

"‘«I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

"‘«II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por
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