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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28964         1 de 1
Primera Sala Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 27 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTES: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA Y CARLOS EDUARDO MICHEL REGALADO.

III. Consideraciones

10. Competencia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013. Lo anterior, dado que los criterios denunciados como supuestamente divergentes provienen de Tribunales Colegiados de diferente Circuito y diversa especialización e inciden en una materia (penal) que corresponde a esta Sala.

11. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).—De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."(9)

12. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se encuentra facultado para promoverla.

IV. Existencia de la contradicción

13. De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, no es necesario satisfacer los requisitos establecidos en la diversa jurisprudencia número P./J. 26/2001,(10) pues dicho criterio se interrumpió con motivo de lo resuelto por el Pleno en la indicada sesión.

14. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que se suscitan en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

15. Por ello, ahora debe tomarse en consideración que la divergencia de criterios existe cuando los tribunales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

16. En ese sentido, la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas que rodean a los asuntos en aparente colisión sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que tal variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto.

17. Así, para comprobar la existencia de contradicción de tesis es indispensable determinar si existe necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en un punto jurídico. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en la interpretación adoptada por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. Las anteriores consideraciones se fundamentan en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(11) que está encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

19. Criterios contendientes. Con el objetivo de determinar si las posturas denunciadas como presuntamente antagónicas en realidad se contraponen, es necesario dar cuenta de las consideraciones que las sustentan.

A. Tribunales que sostienen una primera postura

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito. Amparos en revisión **********, **********, **********, ********** y **********.

Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Amparo en revisión **********.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo en revisión **********.

20. Al resolver amparos en revisión con un esquema procesal similar: juicios de amparo sobreseídos, que fueron promovidos, por derecho propio, por personas privadas de la libertad –en centros de reinserción federales– que impugnaron un acto que incidía en las condiciones en que se ejecutaba la privación de su libertad, provocada ya por la prisión preventiva, o bien como consecuencia de una sentencia condenatoria; estos Tribunales Colegiados determinaron que el Juez de Distrito incurría en una violación a las reglas que instrumentan el juicio de amparo, cuando omitía designarle al quejoso un defensor público federal(12) o un asesor público federal(13) que lo representara durante la susbtanciación del procedimiento constitucional.

21. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito resolvió algunos recursos de revisión interpuestos en contra de la sentencia dictada en juicios de amparo indirecto promovidos por personas privadas de la libertad –unos por prisión preventiva, otros por sentencia condenatoria–, en los que se reclamaron órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro de mayor seguridad y omisiones de proveer servicios médicos. En esos asuntos, el Juez federal sobreseyó en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, sin haber notificado personalmente a los quejosos (reclusos) el auto en que se recibieron los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mediante los cuales negaron la existencia de los actos reclamados.

22. Ese Colegiado consideró, básicamente, que la parte quejosa –persona privada de la libertad– se ubicaba en una posición de desventaja social, pues al estar recluida en un centro penitenciario, estaba materialmente impedida para ejercer su defensa por sí, pues no podía imponerse de las actuaciones del juicio, ofrecer pruebas para demostrar la existencia de los actos reclamados y recurrir la sentencia que decretó el sobreseimiento del juicio de amparo. Entonces, para garantizar que el juicio de amparo promovido en esos casos, fuera en realidad un recurso judicial efectivo, era imperativo que el Juez de amparo adoptara las medidas necesarias para que lo asesorara un defensor público federal, en términos de la Ley Federal de Defensoría Pública.(14)

23. Posteriormente, ese tribunal comunicó(15) que al resolver el amparo en revisión **********,(16) derivado de una nueva reflexión, se apartó del criterio adoptado en algunos amparos en revisión,(17) en los que se había considerado que la omisión del Juez federal de designar, de oficio, a un defensor público que asistiera a la parte quejosa (privada de la libertad), cuando promovía por derecho propio, era una violación a las reglas del procedimiento de amparo que ameritaba su reposición. El cambio de criterio se sustentó en que debía privilegiarse la voluntad de la persona quejosa privada de la libertad que promovía el juicio de amparo sin asistencia profesional o, en su caso, la valoración del propio Juez de Distrito en torno a la necesidad de designarle uno.(18)

24. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito resolvió el recurso de revisión interpuesto por uno de los quejosos, contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto que promovieron diversos internos (unos procesados y otros sentenciados) del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS Sonora" contra la omisión de que se les proporcionara atención médica. En dicha sentencia de amparo, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por inexistencia de los actos reclamados y porque la denominación de una de las autoridades señaladas como responsables no había sido precisa.

25. El órgano colegiado decidió revocar el sobreseimiento decretado por el juzgador y ordenar la reposición del juicio de amparo, toda vez que se habían violado las leyes del procedimiento, pues el recurrente, que estaba privado de la libertad, por esa circunstancia, no pudo desahogar la prevención en el sentido de precisar la denominación correcta de la autoridad responsable, ni había contado con la asistencia legal de un especialista en el ámbito jurídico que le ayudara al respecto.

26. Dicha conclusión se justificó en que para dar verdadero contenido y protección a los derechos fundamentales de las personas que detenten la calidad de reo dentro de un centro penitenciario, era indispensable que éstas contaran con asistencia jurídica adecuada para poder enfrentar de manera digna cualquier situación legal que se les presentara bajo esas condiciones, en atención a que su situación, por sí misma y por obvias razones, les impedía tener acceso como cualquier otra persona no privada de su libertad, a buscar un apoyo legal adecuado. Postura que, además, era acorde al derecho de acceso efectivo a la justicia.(19)

27. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió un recurso de revisión interpuesto por el quejoso (sentenciado), contra el sobreseimiento del juicio de amparo que promovió para controvertir la negativa a dar trámite a un incidente no especificado para la traslación del tipo penal y adecuación de la pena. A juicio del tribunal, era ilegal el sobreseimiento por cesación de efectos decretado, en esencia, porque la Juez federal fijó incorrectamente la litis constitucional, sin antes prevenir al quejoso para que aclarara el acto de autoridad que pretendía reclamar, lo que no constituía una oportunidad para ampliar la demanda, sino el deber de la juzgadora de determinar con precisión cuál era el acto efectivamente reclamado; además, consideró incorrecto que no se le hubiera designado al quejoso un defensor de oficio, por la simple razón de que esa figura jurídica no existía en el juicio de amparo.

28. Este Colegiado señaló que si bien el marco normativo en materia de defensoría pública federal no establecía expresamente la posibilidad de asignar defensor de oficio a la persona privada de la libertad que promovía un juicio de amparo bajo el escenario descrito, para no obstaculizar que ésta ejerciera plenamente la defensa de sus intereses, tutelar realmente sus derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, y garantizar que el juicio de amparo cumpliera con las características de un recurso judicial efectivo, debía solicitarse al Instituto Federal de Defensoría Pública que le nombrara a un asesor jurídico.(20)

B. Tribunales que sostienen una segunda postura

Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Queja administrativa **********.

Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Queja **********.

29. Estos órganos jurisdiccionales, al conocer de recursos de queja interpuestos por la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal contra el auto emitido por el Juez de Distrito durante la sustanciación de un juicio de amparo en materia penal, mediante el que se le impuso multa por omitir designar a un especialista que asistiera a la parte quejosa (privada de la libertad –en un centro de reinserción estatal–), que promovió juicio de amparo reclamando un acto que incidía en las condiciones de su internamiento, fijaron la postura que participa en esta contradicción.

30. Al resolver esos medios de impugnación, los Colegiados decidieron que era injustificada la multa impuesta por el Juez de Distrito a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal. En esencia, sostuvieron que la solicitud del Juez federal era innecesaria y, por tanto, la delegada no debía atenderla, pues tratándose del juicio de amparo, conforme a las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública Federal únicamente podía designar asesor jurídico que representara a la persona quejosa cuando: (a) fuera menor de edad o (b) tuviera capacidad limitada para representarse a sí misma, es decir, se tratara de una persona con discapacidad o sujeta a interdicción.

31. De modo que, al tratarse de personas quejosas privadas de la libertad en un centro de reinserción social estatal, si bien estaban limitadas en sentido ambulatorio, no lo estaban para representarse a sí mismas, por lo que no se ubicaban en alguno de los supuestos para que se les designara un asesor jurídico federal.

32. Determinación sobre la existencia de la contradicción de criterios. En el caso, esta Sala considera que sí se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de tesis que se han mencionado. A continuación, se explicitan las razones:

33. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los Tribunales Colegiados contendientes realizaron un ejercicio interpretativo para llegar a una solución en particular, consistente, básicamente, en determinar si existe la necesidad de asignar a un especialista para que asista jurídicamente a una persona privada de la libertad que promueve juicio de amparo indirecto, por derecho propio y sin representación legal, para impugnar un acto de autoridad que incide en las condiciones de su internamiento (provisional o definitivo).

34. Segundo requisito. Punto de contradicción. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes sí existió un punto de contradicción con respecto a la resolución de un mismo problema jurídico.

35. Los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver distintos medios de impugnación, se enfrentaron a la necesidad de resolver una problemática jurídica similar, consistente en determinar si existe la necesidad de que los titulares de los órganos jurisdiccionales designen, incluso de oficio, a un abogado que asista jurídicamente a la persona privada de la libertad que promueve, por derecho propio y sin representación legal, un juicio de amparo indirecto en materia penal.

36. Los Tribunales Colegiados que forman parte de la primera postura realizaron una interpretación extensiva de distintas normas, como la Constitución Mexicana, las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública Federal y la Ley de la Defensoría Pública Federal y, en esencia, sostuvieron que es necesario designar a un experto en el ámbito jurídico (defensor público o asesor jurídico) que asista a la persona quejosa privada de la libertad en un centro penitenciario federal, durante la tramitación del juicio de amparo indirecto que ésta promueve, por derecho propio, para reclamar un acto de autoridad que incide en las condiciones de su internamiento (provisional o definitivo), pues se trata de proteger sus derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, lo que, además, es acorde con la naturaleza tutelar de derechos humanos del procedimiento constitucional.

37. Por su parte, los Tribunales Colegiados que sostienen la segunda postura, en un tramo de su razonamiento, realizaron una interpretación a contrario de los mismos ordenamientos, y
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