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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28953         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA. LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL FRACCIONADOR DE CONSTRUIRLAS A SU COSTA Y DE ENTREGARLAS AL MUNICIPIO U ORGANISMO DESCENTRALIZADO CORRESPONDIENTE, CONSTITUYE UNA DONACIÓN.

VALOR AGREGADO. LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN AL MUNICIPIO U ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE SINALOA CONSTITUYE UNA DONACIÓN Y, POR TANTO, NO ESTÁ GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NI PROCEDE EL ACREDITAMIENTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO TRASLADADO AL FRACCIONADOR (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2012, 2013 Y 2014).


CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS VIGÉSIMO, DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA. 12 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK, QUIEN MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.


III. Competencia


5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, respecto de la que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.


IV. Legitimación


6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual emitió uno de los criterios denunciados como contradictorios.


V. Criterios contendientes


7. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, resulta necesario conocer los criterios esenciales sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes a través de las resoluciones respectivas.


8. Para ello, es importante destacar que todos los Tribunales Colegiados contendientes en el presente caso, conocieron de amparos directos con antecedentes similares entre sí.


9. En efecto, los citados órganos colegiados conocieron de amparos directos en los que se reclamaron las sentencias dictadas en los correspondientes juicios en que se demandó la nulidad de los oficios emitidos por la autoridad hacendaria mediante los cuales negó a la contribuyente la devolución de saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado (correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre de dos mil doce, agosto de dos mil trece y marzo de dos mil catorce, según el caso), bajo la consideración esencial de que las obras de urbanización realizadas, al encontrarse exentas de dicho tributo, no le otorgan el derecho de acreditar el impuesto que le fue trasladado por sus proveedores.


10. Asimismo, en todas las sentencias reclamadas en los juicios de amparo de que se trata, las correspondientes Salas fiscales consideraron en esencia que las obras de urbanización, al constituir una donación (o en su caso estar destinadas a casa habitación), no están gravadas por el impuesto al valor agregado, de manera que, al ocurrir de ese modo, no procede el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente con motivo de las erogaciones efectuadas para la realización de tales obras y, por ende, la contribuyente no tiene derecho a la devolución del referido impuesto. Bajo esos razonamientos, las Salas fiscales reconocieron la validez de los respectivos actos impugnados.


11. De igual manera, en todos los amparos directos promovidos en contra de las sentencias reclamadas –en el aspecto de interés–, la parte quejosa pretendió demostrar a través de sus conceptos de violación que la resolución respectiva no se encontraba debidamente fundada y motivada pues, en su concepto, no se justificó por qué la entrega de las obras de urbanización llevadas a cabo por dicha peticionaria deben considerarse una donación, tomando en cuenta que en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, en ningún momento se establece que la entrega de tales obras al Municipio u organismo descentralizado respectivo se equipare a una donación, sino que se trata de una entrega obligatoria impuesta por el Estado (no un acuerdo de voluntades), la cual puede ser considerada como una transmisión de bienes o incluso como una prestación de servicios gravada para efectos del impuesto al valor agregado.


12. Como se puede observar, el sustento de las negativas recaídas a las solicitudes de devolución promovidas por la contribuyente, las consideraciones de las sentencias reclamadas, así como los argumentos formulados en las respectivas demandas de amparo, en el aspecto de interés, son esencialmente iguales.


13. Ahora, una vez precisados los antecedentes de los casos sometidos al conocimiento de los Tribunales Colegiados contendientes, a continuación se sintetizan las consideraciones contenidas en las sentencias respectivas. Lo anterior, se efectuará en dos bloques, en atención a que los razonamientos agrupados en cada uno de ellos son prácticamente idénticos entre sí.


14. Postura asumida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo directo ********** [**********]) y por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (amparo directo **********):


15. Los Tribunales Colegiados de referencia, consideraron que la entrega de las obras de urbanización que el fraccionador hace al Municipio de conformidad con el artículo 160 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (actualmente abrogada), constituye una donación en los mismos términos en que dicho ordenamiento lo prevé respecto de los terrenos que también han de entregarse a dicha autoridad en términos del artículo 161 de esa ley, pues en ambos casos se trata de una transferencia gratuita de una parte de los bienes presentes del fraccionador, acto que encuadra en la definición del contrato de donación prevista en el artículo 2214 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.


16. Al respecto, los Tribunales Colegiados aludidos estimaron aplicables las consideraciones contenidas en la acción de inconstitucionalidad 35/2006, fallada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del quince de enero de dos mil siete, para desestimar el planteamiento de la parte quejosa relativo a que la entrega de las obras de urbanización no es una donación en tanto ese acto no opera por un acuerdo de voluntades sino por una obligación impuesta por el Estado, pues contrariamente a lo argumentado, en la cesión a título gratuito de las obras de urbanización, sí interviene la libre voluntad del cedente, sin que obste el hecho de que se condicione la autorización de la construcción a tal circunstancia (cesión gratuita), puesto que precisamente la elección de llevar a cabo esa ejecución y entrega de obras, dependerá de la voluntad del cedente, incluso, absorbiendo la carga tributaria derivada de la causación del impuesto al valor agregado.


17. Con base en lo señalado, los Tribunales Colegiados concluyeron que si las obras de urbanización que generaron los gastos por virtud de los cuales se trasladó el impuesto al valor agregado cuya devolución solicitó la quejosa, fueron entregadas en donación al Municipio, entonces, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 8, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues no se trata de una enajenación, sino de una donación, la cual, al ser una actividad que no está gravada, no admite el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente, de manera que fue correcta la negativa de la devolución solicitada por la quejosa.


18. Bajo tales consideraciones, los Tribunales Colegiados de referencia calificaron de infundados los argumentos respectivos y resolvieron negar el amparo solicitado.


19. Postura asumida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo directo **********), por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo directo ********** [DA. **********]) y por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, (amparo directo ********** [cuaderno auxiliar **********]):


20. Por su parte, los Tribunales Colegiados de referencia consideraron que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, no ubicó en igualdad de circunstancias las obligaciones previstas en sus artículos 160 y 161, ya que a su parecer, de manera expresa el legislador otorgó el carácter de donación a la entrega –a título gratuito–, de una superficie de terreno por parte del fraccionador (artículo 161), mientras que tratándose de la obligación de realizar obras de urbanización, sólo se refirió a la necesidad del particular de asumir su costo y entregarlas al Municipio u órgano desconcentrado designado por este último, sin especificar su naturaleza jurídica (artículo 160).


21. Por ello, los órganos colegiados de referencia precisaron que sólo la actividad descrita en el artículo 161 del referido ordenamiento local (obligación de ceder gratuitamente un porcentaje determinado de la superficie del fraccionamiento), debe ser considerada como donación, de manera que es la única que se ubica en el supuesto de excepción previsto en el artículo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.


22. En cambio –señalaron los Tribunales Colegiados–, no es dable incluir dentro de esa excepción a las obras de urbanización que se entregan al Municipio en términos del artículo 160 de la citada ley local, porque si la norma no les dio el carácter de donación –como sí lo hizo en relación con la entrega de una superficie de terreno–, no se les debe atribuir una categoría que el propio legislador no les otorgó, aunado ello a que las obras de urbanización aludidas no pueden catalogarse como construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, ya que se trata de instalaciones que se ubican en el exterior, son de carácter general, público e independientes de la casa habitación, de modo que tampoco pueden considerarse como una actividad exenta (artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 29 de su reglamento).


23. En esa lógica, si la entrega de las obras de urbanización que hace el particular al Municipio u organismo descentralizado correspondiente, en términos del artículo 160 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (actualmente abrogada), no es una donación, debe considerarse una enajenación, porque aun siendo a título gratuito, a través de dicha actividad se transmite la propiedad de las obras respectivas en favor de la autoridad, quien a partir de que las recibe conforme a las modalidades establecidas en la norma aplicable, asume la responsabilidad en cuanto a su operación, administración, mantenimiento y conservación.


24. Con base en lo señalado, los Tribunales Colegiados concluyeron que si las obras de urbanización no son una donación, lo resuelto por la Sala responsable no se ajusta a derecho, porque no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en el artículo 8o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en tanto que dichas obras son una enajenación y, por tanto, constituyen una actividad gravada para efectos del impuesto al valor agregado, de conformidad con los artículos 1o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 14, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.


25. Bajo esas consideraciones, los Tribunales Colegiados de referencia declararon fundados los argumentos respectivos y concedieron el amparo solicitado, a efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la cual, entre otros aspectos, considerara que la entrega de las obras de urbanización en términos del artículo 160 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, no constituye una donación, sino una actividad gravada para efectos del impuesto al valor agregado, hecho lo cual, resolviera lo que en derecho correspondiera.


VI. Existencia de la contradicción


26. Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción planteada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.


27. Con esa finalidad, conviene precisar que de acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.


28. Dicho criterio encuentra reflejo en la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de este Alto Tribunal, la cual señala:


"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.". (Novena Época, registro digital: 164120, Pleno, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7).


29. También se ha estimado que para el surgimiento de la contradicción es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el objetivo perseguido por esta institución, que es el de dar certidumbre jurídica.


30. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que en el caso que nos ocupa existe la contradicción de tesis denunciada, como se demuestra a continuación.


31. De la lectura de la síntesis de las posturas de los tribunales contendientes se advierte que ambos grupos analizaron la naturaleza jurídica que debe corresponder a la entrega de las obras de urbanización que el fraccionador hace al Municipio u organismo descentralizado correspondiente –teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 160 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (actualmente abrogada)– y, hecho lo anterior, determinaron si se trata de una actividad gravada o no para efectos del impuesto al valor agregado, lo cual resulta relevante para establecer si resulta acreditable o no el impuesto trasladado al contribuyente con motivo de las erogaciones efectuadas al realizar las citadas obras de urbanización y, por ende, determinar si tiene o no derecho a la devolución del impuesto al valor agregado solicitado.


32. Sin embargo, los contendientes fueron divergentes en los siguientes aspectos: en cuanto a la naturaleza jurídica de la entrega de dichas obras de urbanización; en torno al tipo de actividad de que se trata para efectos del impuesto al valor agregado; en cuanto a la posibilidad de acreditar el impuesto trasladado al contribuyente; y, por consiguiente, en torno a la procedencia de la solicitud de devolución respectiva.


33. En efecto, tanto el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, señalaron que la entrega de obras de urbanización al Municipio u organismo descentralizado correspondiente, constituye una donación, porque se trata de una transferencia gratuita de una parte de los bienes presentes del fraccionador, en la cual, interviene la libre voluntad del cedente, incluso para absorber la carga tributaria correspondiente al impuesto al valor agregado. En tal sentido, señalaron que al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 8, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en tanto la entrega de obras de urbanización no se trata de una enajenación, sino de una donación, ello significa que se trata de una actividad que no está gravada y, por ende, no admite el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente, de manera que fue correcta la negativa de la devolución solicitada.


34. Por su parte, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal

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