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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28900         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 09 de agosto de 2019 10:17 h
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS Y CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL ARTÍCULO 31 BIS DE LA LEY DE LA MATERIA (ACTUALMENTE ABROGADA), VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

TRÁNSITO, TRANSPORTE Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS Y CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA LEY RELATIVA (ACTUALMENTE ABROGADA) ES FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE LA FALTA DE REFRENDO DEL SECRETARIO DEL RAMO RESPECTIVO NO QUEDÓ SUBSANADA CON LOS DECRETOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD DONDE AQUÉL TUVO INTERVENCIÓN.


CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ÁNGEL MÁTTAR OLIVA Y LAURA GRANADOS GUERRERO. DISIDENTE Y PONENTE: SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA. SECRETARIO: ROGELIO PÉREZ REYES.


CONSIDERANDO:


PRIMERO.—Competencia


Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) así como 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.(5)


Lo anterior, por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados en asuntos de su competencia por Tribunales Colegiados de este Circuito.


SEGUNDO.—Plazo para emitir resolución


De conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el proyecto de resolución se emitió dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel que se turnó el asunto, en virtud que la notificación del turno se realizó el doce de julio de dos mil dieciocho y surtió sus efectos al día siguiente de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo,(6) de tal suerte que el plazo en cita venció el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho; mientras que el proyecto fue emitido el veinte de los referidos mes y año.


TERCERO.—Legitimación del denunciante


La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) pues fue denunciada por **********, autorizado en términos amplios dentro de los juicios de amparo indirecto 823/2017 y 824/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, de donde emana la presente contradicción de tesis.


CUARTO.—Posturas contendientes


Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente el origen procesal de los asuntos y transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.


Sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo administrativo en revisión 559/2017.


El primer criterio que forma parte del presente asunto, es el sustentado en el amparo en revisión 559/2017, del índice del Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, el cual derivó de los antecedentes que enseguida se relatan:


"********** y **********, promovieron demanda de amparo indirecto y en el capítulo de los hechos, manifestaron bajo protesta de decir verdad que: ‘la quejosa ********** suscribió los términos y condiciones para el acceso o uso de aplicaciones, páginas web, contenidos, productos y servicios puestos a disposición por **********, con el objeto de utilizar el vehículo de su propiedad, para la prestación del servicio de transporte privado de pasajeros, el cual sería conducido por el otro quejoso **********, quien el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete fue detenido por un inspector de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el que levantó un acta de inspección.


"‘El inspector señaló, según lo narrado, que el vehículo era utilizado para prestar el servicio público de transporte de pasajeros sin contar con la concesión que la autoridad estatal otorga para ello, por lo que se transgredían los artículos 31 Bis y 32 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, razón por la cual se ordenó el resguardo del vehículo en el corralón correspondiente y se entregó orden para acudir a la Delegación de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo, para efectos de que se calificara la infracción


"‘De igual forma, relataron que el veintitrés de mayo posterior, le fue expedido el formato de pago de aprovechamientos por la cantidad de $********** (********** pesos **********), por concepto de infracciones, cantidad que fue pagada el veinticinco de mayo siguiente, con el recibo con folio ********** y el veinticuatro (sic) de mayo posterior, se liberó el vehículo.’


Con motivo de lo anterior, reclamaron a través del juicio de amparo indirecto, la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se aprueba la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, actualmente abrogada, de doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de diciembre siguiente, en específico 1) los artículos 3, 30, 31, 31 Bis, 32, 37 y 82; 2) la expedición del Reglamento de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, publicado el treinta de mayo de mil novecientos ochenta y seis, en el Periódico Oficial del Estado específicamente los artículos 12, 13 y 93; y 3) la expedición del Decreto relativo al Reglamento de Tránsito en el Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado específicamente los artículos 215 y 216.


Seguido el procedimiento, la Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo indirecto al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que los quejosos no acreditaron ser propietarios del vehículo objeto de la inspección reclamada.


Inconforme con la sentencia que sobresee en el juicio de amparo, la quejosa interpuso recurso de revisión, y en relación con los agravios expuestos, la mayoría del Pleno del Tercer Tribunal de este Circuito consideró en esencia lo siguiente:


• En el considerando quinto se precisaron las normas y actos reclamados, aduciendo que las normas controvertidas fueron aplicadas en momentos distintos conforme fueron sucediendo los hechos.


En ese sentido, la mayoría consideró que la aplicación de los artículos 3o., 30, 31, 31 Bis y 32, de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, 12 y 13 del Reglamento de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, así como los numerales 215 y 216 del Reglamento de Tránsito en el Estado de Quintana Roo, sólo pudieron tener lugar en la inspección de las actividades que se realizaban con el vehículo marca **********, ocurrido el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete que dio origen al levantamiento del acta ********** (**********).


Mientras que los numerales 37 y 82 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, así como el diverso 93 del Reglamento de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, fueron aplicados en el acto de calificación de la infracción y la determinación de la imposición de una multa por la cantidad de $********** (********** pesos **********).


Enseguida, se reiteró la precisión de los actos reclamados de la forma siguiente:


I. La expedición, promulgación o publicación de los artículos 3, 30, 31, 31 Bis y 32, de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, 12 y 13 del Reglamento de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, así como 215 y 216 del reglamento de Tránsito en el Estado de Quintana Roo.


II. Como acto de aplicación de los anteriores artículos, el acta de inspección ********** (**********) de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.


III. La expedición, promulgación o publicación de los artículos 37 y 82 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, así como el diverso 93 del Reglamento de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo.


IV. Como acto de aplicación de los anteriores artículos, la emisión del formato de pago de aprovechamiento ********** de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete por la cantidad de $********** (********** pesos **********).


V. Pago realizado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete de la cantidad consignada en el formato antes precisado


• En el considerando sexto se abordó el estudio de los agravios hechos valer por la parte quejosa. Al respecto, la mayoría consideró que era fundado el único agravio hecho valer exponiendo las razones por las cuales se estimó incorrecto que el a quo decretara el sobreseimiento en el juicio por no acreditarse la propiedad del vehículo involucrado en la inspección.


Por otra parte, la mayoría del órgano colegiado consideró que los quejosos sí tienen interés jurídico para reclamar los artículos 3, 30, 31, 31 Bis y 32, de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, 12 y 13 del Reglamento de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, así como 215 y 216 del Reglamento de Tránsito en el Estado de Quintana Roo, y consideraron como acto de aplicación el acta de inspección ********** (**********), de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.


Lo anterior sustancialmente porque acreditaron la titularidad del derecho reclamado en el juicio de amparo, consistente en la libertad de trabajo, asociación y de igualdad, enfocado a la posibilidad de prestar el servicio de transporte en la plataforma **********


Lo que la mayoría consideró se demostró con el acta **********, levantada el ocho de agosto de dos mil diecisiete, por el Corredor Público Número ********** del Estado de Quintana Roo, de la cual se desprende que dicho fedatario asentó que el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ********** celebró con ********** un contrato para la prestación del servicio de autotransporte privado a través del vehículo marca **********, modelo **********, tipo **********, serie **********, color **********, y que la persona designada para conducir dicho vehículo y que aparece como chofer en la plataforma ********** es el diverso quejoso **********.


Así se precisó en la sentencia mayoritaria, que el perjuicio ocasionado ocurre desde el momento en que se les impide seguir prestando el servicio mediante el "resguardo" material del vehículo en los patios de las grúas **********, al ser éste el instrumento fundamental para la prestación del servicio.


Lo anterior, con independencia de que posteriormente se califique y determine la infracción, así como que ocurra el pago de ésta, pues la privación del derecho de libertad de trabajo y asociación ocurrió desde que fue "resguardado" el vehículo por la autoridad responsable.


Incluso, podría la autoridad determinar que del acta no se desprende falta legal alguna y, ante ello, omitir determinar una infracción, lo cual únicamente quiere decir que no se actualizó un perjuicio económico, pero la privación de los derechos de libertad de trabajo y asociación mediante la prestación del servicio de autotransporte queda consumada hasta que no se devuelva el vehículo.


• En el considerando séptimo, se declaró infundada la causal de improcedencia invocada por el Gobernador del Estado de Quintana Roo, en relación con que no se hicieron valer conceptos de violación en cuanto a la publicación de las normas impugnadas.


• En el considerando octavo se analizó la constitucionalidad de los artículos reclamados, declarando infundados la totalidad de los conceptos de violación hechos valer en relación con los tópicos de supremacía constitucional, legalidad y seguridad jurídica, e igualdad;


En lo que interesa para el estudio de la presente contradicción de tesis, se dijo, en esencia que la pretensión del legislador en el sentido de que todo vehículo que traslade pasajeros por las vías y carreteras de la entidad cuyo servicio se pacte por cualquiera de los medios precisados en la norma y se reciba un pago por ello, es considerado servicio público de transporte, y como tal requiere la autorización del ejecutivo estatal sujeto a la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo actualmente abrogada y sus reglamentos aplicables.


Sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 7/2018.


El segundo criterio contendiente, es sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito al resolver el recurso de revisión 7/2018 que derivó de los siguientes antecedentes:


En el considerando octavo, determinó que "los quejosos ********** y ********** acreditaron su interés jurídico, porque con independencia de que ********** acreditara o no ser el propietario del vehículo asegurado por el inspector de SINTRA, cuando su conductor ********** fue sorprendido prestando servicio de transporte de pasajeros, sin la autorización a que alude el artículo 32 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, lo cierto es que acreditó su interés jurídico con la fe de hechos contenida en el acta trescientos treinta y cuatro, elaborada por el licenciado **********, Corredor Público ********** del Estado de Quintana Roo, en la que consta que aquél es socio de la plataforma electrónica de la empresa **********, respecto de la prestación de servicio de transporte privado que realiza en el automotor marca **********, tipo **********, modelo dos mil diecisiete.


"Luego entonces, si el recurrente **********, al asociarse con ********** para prestar un servicio privado de transporte, manifestó que lo haría con el automóvil descrito con antelación, se considera que al haber sido llevado a un lugar de encierro, por una grúa, por no contar con la autorización a que alude el artículo 32 de la Ley de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, se le afectó su esfera jurídica, toda vez que se estima que no es jurídicamente válido exigirle mayores elementos de prueba para que demuestre su interés jurídico, como consideró la Juez de Distrito.


"Por lo que respecta al diverso quejoso, **********, se advierte que también se encuentra evidenciado su interés jurídico.


"Ello es así porque de las pruebas que obran en el expediente de amparo, concretamente, del acta levantada por el inspector de SINTRA, se desprende que el conductor del vehículo marca **********, tipo **********, con el cual se prestaba el servicio de transporte de pasajeros (**********), era ********** y toda vez que no contaba con la autorización del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para realizar esa actividad, fue expedida, a su nombre una multa por la suma de ********** pesos.


"Luego, si el recurrente era quien conducía el automotor y la multa fue extendida a su nombre, es claro que sí tiene interés jurídico para impugnar los actos señalados en el escrito de demanda."


En el considerando cuarto, el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, desvirtuó las causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, al considerar que los quejosos señalaron al Gobernador del Estado de Quintana Roo, como responsable de la promulgación del marco normativo, además que fue quien expidió también los reglamentos impugnados, haciendo valer argumentos, de tal suerte que no se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo; además de que los quejosos sí tienen legitimación para promover juicio de amparo, pues uno demostró ser socio de la plataforma de ********** para prestar el servicio de pasajeros y el otro evidenció que atendió al inspector en su calidad de conductor del automóvil.


En lo que interesa para esta contradicción, el Tribunal Colegiado en esencia determinó que la norma es inconstitucional porque, en suplencia de la queja, advirtió que el proceso legislativo presenta un vicio de forma como es la falta de refrendo del secretario del ramo, requisito exigido por las reglas referentes al proceso de creación de la norma y necesarios para su validez, lo cual no fue subsanado al emitirse el Decreto por el que se adiciona el artículo 31 Bis, de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, actualmente abrogada publicado en el Periódico Oficial de esta entidad federativa, el veinticuatro de julio de dos mil quince, no obstante la reforma al numeral 93 de la Carta Magna Local.


Además, señaló que el artículo 31 Bis de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, es inconstitucional, porque viola el principio de seguridad jurídica ya que el legislador catalogó el servicio que presta la quejosa como uno público pero sin establecer el método que deba seguir el gobernado para obtener una autorización para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, sino únicamente prevé que será necesario contar con la concesión que para tal efecto otorgue el titular.


También precisó que el servicio que prestan los quejosos y por el cual fueron infraccionados, fue solicitado a través de plataformas tecnológicas y se contrató entre particulares (cliente y prestador del servicio), por lo que no reúne las características de transporte público.


Reiteró que genera inseguridad jurídica el hecho de que el legislador quintanarroense hubiere catalogado como servicio público el servicio a que se refiere el artículo 31 Bis de la ley, que fue adicionado mediante decreto de veinte de julio de dos mil quince, ya que obliga al particular a realizar los trámites conforme al capítulo denominado "de las concesiones, de los permisos y de los concesionarios", previsto en el Reglamento de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, el cual no es el que se presta a través de la plataforma digital que utiliza **********, pues no se ajusta a ninguna de las modalidades aludidas en los preceptos reglamentarios; esto es, porque no existe una legislación específica que reglamente la contratación del servicio de transporte a través de una plataforma digital.


QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis


El propósito fundamental que persigue la contradicción de tesis es salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora en la interpretación del orden jurídico.


En tal sentido, debe precisarse que para determinar si existe o no la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, no es necesario que las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se sostengan en tesis, pues para ello basta:(8)


a. La presencia de dos o más ejecutorias en las que, en asuntos que son de su competencia, se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales;


b. Que la divergencia de criterios se presente en consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas emitidos en esas ejecutorias; y finalmente;


c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.


El referido test persigue detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.


Siendo así, el

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