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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28899         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 09 de agosto de 2019 10:17 h
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN Y EFECTOS DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, TERCERO DEL CUARTO CIRCUITO Y DÉCIMO SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 12 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

III. COMPETENCIA

8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es parcialmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo prescrito en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como el 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de la misma materia y de diferente Circuito, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

IV. INCOMPETENCIA

9. No obstante lo anterior, esta Sala no es competente para conocer y resolver lo relativo al criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 67/2019, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226 de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; y 3 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

10. Lo anterior, porque de dichas disposiciones se desprende que el órgano competente para conocer de las contradicciones de tesis sostenidas entre los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, son los Plenos de Circuito. Asimismo, de conformidad con el artículo 226 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo tiene competencia para conocer sobre contradicciones de tesis sostenidas entre sus Salas o alguna entre las sustentadas por el mismo Pleno o sus Salas y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como las suscitadas entre los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de diversa especialidad de un mismo Circuito y/o los Tribunales Colegiados de diverso Circuito.

11. Sin embargo, en el caso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –cuyo criterio no es factible ser revisado por este Alto Tribunal– pertenece al mismo Circuito y especialidad que el diverso Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, destacando que, respecto a este último tribunal colegiado, sí se justifica la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la medida en que –a diferencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito– sostuvo un criterio divergente respecto del sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual aunque también está especializado en materia administrativa, lo cierto es que pertenece a un Circuito distinto.

12. En este sentido, resulta innecesario analizar el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como la remisión de los autos al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito; esto, porque en la presente resolución esta Sala determinará el criterio que debe prevalecer.(10)

V. LEGITIMACIÓN

13. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quienes están legitimados para formularla de acuerdo a lo previsto en la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; ello al margen de que en términos de lo expresado con antelación, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resulte incompetente para analizar el criterio emitido por ese órgano.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

14. El Pleno de este Tribunal ha establecido que para actualizar la contradicción de tesis, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(11)

15. Del criterio precisado se obtiene que la existencia de la contradicción de criterios no depende de la identidad o semejanza de las cuestiones fácticas, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que la variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

16. Es decir, si las cuestiones fácticas fueran parecidas e influyeran en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

17. Así, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su potestad de arbitrio judicial, mediante la intelección (interpretación) de una norma para adoptar algún canon o método interpretativo, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos realizados por los órganos judiciales existe –al menos– un problema jurídico analizado, ya sea mediante la adopción de algún criterio o la fijación de un principio o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. A efecto de constatar si, en el caso, los criterios materia de la denuncia de contradicción abordan un mismo punto jurídico y se contraponen entre sí o no, resulta conveniente precisar cuál fue el análisis efectuado en cada una de las ejecutorias correspondientes, atento a lo siguiente:

19. Recursos de queja 47/2019 y 49/2019, resueltos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Las quejosas promovieron amparo indirecto en el cual reclamaron el artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve y solicitaron la suspensión en contra de la aplicación de esa norma.

20. Al proveer sobre la suspensión provisional, los respectivos Jueces de Distrito la negaron por considerar no satisfecho lo previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme al cual para conceder la suspensión, es necesario que no se siga en perjuicio del interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

21. Inconformes con las resoluciones respectivas, las quejosas interpusieron sendos recursos de queja los cuales fueron turnados al citado tribunal colegiado, quien resolvió confirmar los acuerdos impugnados y negar la medida cautelar provisional solicitada, con base en los siguientes argumentos:

• De la exposición de motivos del decreto reclamado se advierte que el legislador consideró que la entrada en vigor de las medidas contenidas en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación (el uno de julio de dos mil cuatro), si bien inicialmente representaron una simplificación administrativa, lo cierto es que con el tiempo tuvieron un impacto negativo, por lo que con el fin de combatir estas prácticas se propuso la modificación en la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que se reclama.

• La motivación del legislador fue al reformar la regla prevista en la fracción VI, inciso a) del artículo 25, de la Ley de Ingresos de la Federación, fue limitar la compensación abierta entre los diferentes impuestos, como medida para combatir las prácticas de evasión fiscal.

• A partir de lo anterior, el tribunal estimó que no se reúne el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que, de conceder la suspensión provisional se causaría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público pues la modificación a la fracción VI, inciso a) del numeral 25 de la ley reclamada constituye una medida establecida para impedir la práctica de evasión fiscal, lo cual es un fin legítimo en el que la sociedad está interesada.

• Además, de otorgarse la suspensión, se obstaculizaría la posibilidad de que el Estado cuente con medios de control efectivos para evitar conductas de los contribuyentes contrarias a los objetivos de la administración tributaria (como lo es la evasión fiscal), lo cual perjudica el interés social.

• De igual forma, el Estado está interesado en que las medidas de control, como las aludidas restricciones en la compensación de impuestos, sean realmente efectivas para el objeto que fueron creadas; de ahí que la aplicación de la norma que se reclama, se considere trascendente para el interés social y el orden público.

• El daño que puede inferirse a la colectividad, es mayor que el perjuicio que el contribuyente resentiría al tener limitada la compensación, pues la impetrante únicamente debe soportar un retraso para hacer efectivos los saldos a favor que pudieran llegar a tener y que no les sea posible compensar con el impuesto que los generó.

• Esto es, la afectación al gobernado no refleja un perjuicio irreparable, pues la modificación legislativa reclamada, no le coarta la posibilidad a la persona moral quejosa de solicitar la devolución de los saldos a favor que pueden tener en el pago de sus impuestos, sino que simplemente se modifica la forma de extinguir el saldo a favor del propio contribuyente.

• Lo anterior, máxime que la forma de compensación o restitución del saldo a favor no puede ser reclamada como un derecho adquirido, pues el contribuyente sólo podrá alegar el derecho a compensar dichos saldos.

• Incluso, haciendo un ejercicio de ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, se concluye que debe prevalecer el interés social al que tiene la disposición reclamada, pues resultan de mayor amplitud los beneficios que puede obtener la colectividad, entre ellos, que se eviten prácticas que conlleven a la evasión fiscal; de ahí que, al margen del análisis que resultara sobre la actualización de la apariencia del buen derecho, lo que prevalecería es la negativa de la suspensión por no cumplirse la totalidad de los requisitos previstos para tal efecto, porque de concederse la suspensión se propiciarían actividades que el legislador vinculó a la evasión fiscal, misma que, como se dijo, iría en detrimento de los beneficios de la colectividad.

• En efecto, la suspensión de la norma reclamada afecta el interés social y el orden público, pues si bien tal disposición es ajena a los elementos esenciales del impuesto (objeto, base, tasa o tarifa y época de pago); lo cierto es que, ésta impacta al cumplimiento de la obligación del pago de la contribución que debe enterarse oportunamente al Estado para soportar los gastos públicos, ya que se encuentra directamente vinculada con el acreditamiento de impuestos federales.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre dos tipos de deducciones, las estructurales y las no estructurales o "beneficios", y respecto de estas últimas determinó que no deben someterse a parámetros de exigibilidad constitucional, sino que su incorporación al sistema tributario se encuentra sometida exclusivamente a la voluntad del creador de la norma.

• Asimismo, señaló que no existe derecho constitucionalmente tutelado a que el legislador conceda una exención tributaria, un beneficio o un incentivo fiscal determinado.

• A partir de las premisas sintetizadas, se estimaron infundados los agravios vertidos y se confirmaron los autos en que se negó la suspensión provisional.

22. Recursos de queja 72/2019 y 79/2019 resueltos por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. A través de sendas demandas de amparo indirecto, las partes quejosas respectivas reclamaron la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y solicitaron la suspensión para el efecto de que tal norma no les sea aplicada y, en su lugar se atienda al sistema de compensación universal que contempla el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 6 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

21. Admitidas las demandas respectivas y abiertos los incidentes de suspensión, el Juez de Distrito en ambos casos negó la suspensión provisional al considerar que se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, toda vez que la obligación de contribuir con el gasto público es de orden público e interés social, además de no advertir afectación a los derechos fundamentales de las solicitantes y que, de otorgarse la medida, se darían efectos constitutivos, aunado a que las accionantes obtendrían el objeto que pretendían con la promoción del juicio de amparo, trastocándose el espíritu de la suspensión.

22. Ante ello, los quejosos interpusieron recursos de queja de los que conoció el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en ambos casos concedió la suspensión provisional al estimar:

• En términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, es factible conceder la suspensión para detener sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica de la quejosa, ello una vez satisfechos los requisitos de los artículos 128 y 138 Ley de Amparo.

• Para otorgar la suspensión en el juicio de amparo se requiere satisfacer diversos requisitos.(12)

• En el caso, algunos de esos requisitos se cumplen porque las quejosas solicitaron la medida, el acto materia de la medida es cierto y su naturaleza permite la suspensión de sus efectos.

• Respecto al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y a la no afectación del interés social y contravención a disposiciones de orden público, se indicó que conforme a los artículos 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 23 del Código Fiscal de la Federación y 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, el contribuyente obligado a pagar mediante declaración, tiene derecho a compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos.

• Por su parte, la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación regula el ejercicio de un derecho con el que cuenta el contribuyente, en términos de los artículos 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 23 del Código Fiscal de la Federación, a saber, para compensar cantidades a su favor con motivo de la presentación de su declaración de pago del impuesto al valor agregado.

• En el caso se cumple el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de concederse la suspensión provisional no se afecta al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que no se causan daños y perjuicios a la sociedad, ni se priva de un provecho concreto y generalizado, ni se obstaculiza directamente la satisfacción de una necesidad pública, pues en el caso la norma, únicamente regula el derecho que en su carácter de contribuyente tiene para recuperar cantidades que tiene a su favor con motivo de la presentación de su declaración ante las autoridades fiscales.

• El otorgamiento de la medida no priva de un derecho concreto y generalizado a la sociedad, pues la norma que se reclama versa sobre el ejercicio de un derecho a recuperar cantidades que a su favor tiene el contribuyente, lo que no incide con la recaudación de impuestos ni con las facultades de comprobación.

• Tampoco se obstaculiza directamente la satisfacción de una necesidad pública, ya que la regulación a favor de un contribuyente del impuesto a recuperar las cantidades que a su favor tiene, en modo alguno incide en la satisfacción de necesidad pública alguna.

• Así, con el otorgamiento de la medida no se contravienen disposiciones de orden público, ya que el derecho del contribuyente a recuperar vía compensación las cantidades que tenga a su favor, prevista en el artículo 6 de la ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 23 del código fiscal federal, lo que acredita la apariencia del buen derecho para la concesión de la suspensión, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo.

25. Cabe precisar que no se sintetizan los antecedentes y consideraciones que sustentaron el criterio sostenido por parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dado que, previamente, esta Sala ha concluido su incompetencia para conocer de la posible contradicción de ese criterio frente al emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

26. Sentado lo anterior, de lo sintetizado puede advertirse que en los fallos materia de la presente contradicción de tesis hubo pronunciamientos por parte de los tribunales colegiados correspondientes en cuanto al otorgamiento de la suspensión provisional en contra de los efectos y consecuencias generados por lo previsto en el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve (relativo al mecanismo denominado “compensación universal”), tópico en el cual se adoptaron posturas contradictorias por parte de los órganos contendientes. Efectos y
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