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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28818         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h
DEDUCCIONES DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. LA REGLA 3.9.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, AL ESTABLECER UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN SU VERTIENTE DE RESERVA DE LEY.

INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES. LA REGLA 2.8.1.17 Y LOS ANEXOS 1 Y 1-A DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018 QUE REGULAN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPECTIVAS, SON CONSISTENTES CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA ESE EJERCICIO FISCAL.

OPERACIONES RELEVANTES. LA CLÁUSULA HABILITANTE RELACIONADA CON LA FORMA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN RELATIVA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.

AMPARO EN REVISIÓN 593/2018. FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Y OTRAS. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYAN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JAVIER LAINEZ POTISEK. 16 DE ENERO DE 2019. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 83 en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; así como en los puntos segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de mayo de dos mil trece, porque fue interpuesto contra una sentencia dictada en audiencia constitucional, en la que subsiste el problema de constitucionalidad respecto del artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho.

SEGUNDO.—Oportunidad. No es el caso de analizar la oportunidad de los recursos de revisión principal ni de los adhesivos, pues de este tema se ocupó debidamente el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en su conocimiento, en el considerando segundo de su fallo.

TERCERO.—Legitimación. El recurso de revisión en lo principal fue interpuesto por parte legítima, dado que Financiera Independencia, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple entidad no regulada; Financiera Finsol, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple entidad no regulada; Finsol, Sociedad Anónima de Capital Variable; Fisofo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple entidad no regulada; Serfincor, Sociedad Anónima de Capital Variable; Conexia, Sociedad Anónima de Capital Variable; Confianza Económica, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple entidad no regulada y Sistemas Corporativos Coa, Sociedad Anónima de Capital Variable, que actuaron por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ********** –a quien la Juez de Distrito reconoció esa calidad por auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho–, tienen el carácter de quejosas en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y, por ende, de afectadas por la sentencia recurrida, pues se sobreseyó en el juicio y, en esa medida, tienen interés en que esa determinación sea modificada, conforme al criterio sustancial contenido en la jurisprudencia 2a./J. 77/2015 (10a.) de esta Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de dos mil quince, página ochocientos cuarenta y cuatro, que dice:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De los artículos 5o., 81, fracción II, 82, 87, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que el recurso de revisión sólo puede interponerlo la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En ese sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio o porque cuente con la representación legal de aquél."

Por su parte, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, que compareció por conducto del Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "4" –quien, conforme a los artículos 2, apartado B, fracción V, inciso i),(1) 11, fracción I,(2) 13, fracción I,(3) 28, apartado A, fracción LVIII, y párrafo séptimo, numeral 9, inciso e),(4) y artículo 29, apartado I, fracción II,(5) del Reglamento Interior de esa dependencia, tiene facultades para representar al indicado titular–; así como el presidente de la República, que actuó a través de su delegado ********** –a quien la Juez de Distrito reconoció esa calidad en proveído de dos de abril de dos mil dieciocho–, cuentan con legitimación para interponer el recurso de revisión adhesiva, dado que tienen la calidad de autoridades responsables en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, de beneficiados con la sentencia recurrida que sobreseyó en el juicio; aunado a que se trata de las autoridades que tienen encomendada la expedición de las normas generales reclamadas en términos del artículo 87, párrafo primero, del indicado ordenamiento.

CUARTO.—Causales de improcedencia. En términos de lo dispuesto en el punto noveno, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de mayo de dos mil trece,(6) en relación con el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo,(7) se advierte que el indicado Tribunal Colegiado analizó diversos temas de procedencia, pero no los agotó. Así, aun cuando de conformidad con esas disposiciones corresponde a los Tribunales Colegiados analizar todo lo relativo a la procedencia del juicio de amparo, esta Segunda Sala, por una cuestión de economía procesal y de manera excepcional, procede a analizar los motivos de improcedencia y sobreseimiento que fueron omitidos en la resolución del Tribunal Colegiado del conocimiento.

I. La Cámara de Senadores, al rendir su informe justificado (folios doscientos setenta y siguiente), invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la simple discusión, votación y aprobación del artículo reclamado de la Ley de Ingresos de la Federación de dos mil dieciocho no afectan la situación de la parte quejosa.

No se surte el motivo de improcedencia aducido, toda vez que, conforme al artículo 72, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la discusión y aprobación de una norma forma parte del proceso legislativo, es decir, del conjunto de actos necesarios para su formación, los que, de manera integral, dan vigencia a un cuerpo legal, constituyendo así una unidad indisoluble.

Y, en ese tenor, al haberse reclamado el artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, es claro que los actos del procedimiento legislativo correspondiente (que no fueron impugnados por vicios propios), generan un perjuicio a los quejosos en la medida que dieron origen a la normatividad reclamada.

Por tanto, el interés que tiene la parte quejosa respecto de la discusión y aprobación de esos preceptos, guarda estrecha vinculación con la afectación que le depara su contenido, al tenor del criterio sustancial de la tesis aislada del Tribunal Pleno, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 97-102, primera parte, página ciento treinta y tres, que dice:

"REFRENDO. INTERÉS JURÍDICO.—Si de la documentación exhibida por los quejosos queda probado que tienen el carácter de causantes, a quienes corresponde pagar el impuesto establecido en la ley promulgada mediante el decreto cuyo refrendo es combatido, dicha circunstancia es suficiente para estimar que éste si afecta el interés jurídico de aquéllos, ya que el mismo es uno de los actos que concurren a formar el ordenamiento legal impugnado por vicios de inconstitucionalidad."

Igualmente, es ilustrativa la tesis aislada del Tribunal Pleno consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 187-192, Primera Parte, página cincuenta y tres, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EL ACTO RECLAMADO ESTÁ INTEGRADO POR TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO.—Se aplica equivocadamente la causa de improcedencia relativa a que se consumaron irreparablemente los actos consistentes en la expedición, promulgación y refrendo de la ley tratándose de amparos contra leyes, pues se debe entender que el acto reclamado está integrado por todas las etapas del proceso legislativo y los actos de aplicación, cuando no se trata de leyes autoaplicativas, de tal manera que este Tribunal Pleno, al dictar la resolución correspondiente, debe considerar los actos que integran el proceso legislativo y los actos de aplicación, cuando no se reclamaron por vicios propios, como una unidad y no separar los actos del proceso legislativo cuando deben de estudiarse íntegramente como un proceso."

II. La Cámara de Diputados, al rendir su informe justificado (folios doscientos cincuenta), expuso que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 63, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que la norma reclamada no causa perjuicio a la parte quejosa, en la medida en que fue expedida en estricto apego al procedimiento previsto en los artículos 71, 72 y 73, fracciones X, XVI y XXXI, de la Constitución Federal, y en respeto a los derechos fundamentales.

No se actualiza el motivo de improcedencia aducido, pues las afirmaciones de la autoridad responsable en cuanto a que la norma general reclamada se ajusta al texto constitucional, se vinculan con cuestiones de fondo (contenido, alcance y control constitucional de dicha norma), por lo que no constituyen aspectos que miren a la procedencia y, en ese tenor, deben desestimarse al tenor de la jurisprudencia P./J. 135/2001, pronunciada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de dos mil dos, página cinco, que dice:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.—Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."

Agotado el aspecto de procedencia, a continuación se entra al estudio de fondo del asunto.

QUINTO.—Son inoperantes los agravios expuestos en los escritos de revisión adhesiva del presidente de la República y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante los cuales pretenden demostrar que el sistema normativo combatido no transgrede el Texto Constitucional en los diversos derechos cuya violación adujo la parte quejosa, porque esos agravios no cumplen con la finalidad de la revisión adhesiva, pues no están dirigidos a reforzar la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia –que sobreseyó en el juicio–, sino que, en realidad, plantean cuestiones de fondo sobre las que no se pronunció el Juez de Distrito, por lo que su estudio no es apto.

Sin que pueda estimarse válido el planteamiento anticipado de estos temas, porque, evidentemente, no están dirigidos a apoyar o reforzar la decisión de sobreseimiento y, por ende, a obtener su confirmación, sino que, en realidad, pretenden defender la constitucionalidad del sistema normativo reclamado, lo que implicaría, más bien, la revocación de la sentencia de primera instancia y que, por ende, no son oponibles a través de la revisión adhesiva.

Por tanto, se impone declarar infundadas las revisiones adhesivas.

SEXTO.—Conceptos de violación. Dado que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento se hizo cargo de los agravios planteados por la recurrente en la revisión y, en ese tenor, levantó el sobreseimiento en relación con las normas reclamadas, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de los conceptos de violación expuestos en la demanda en relación con el tema competencia de esta Segunda Sala.

Al respecto, se destaca que, en estrictos términos de los puntos segundo, fracción III,(8) y tercero(9) del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, a esta Segunda Sala corresponde ocuparse de la constitucionalidad del artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho. Empero, dado que los vicios de inconstitucionalidad son imputados contra el sistema normativo en lo general, el estudio de constitucionalidad se realiza de manera conjunta con el resto de las normas generales reclamadas, a saber, las reglas 2.8.1.17 y 3.9.1.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciocho publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, la forma oficial 76 "Información de Operaciones Relevantes", contenida en el anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, y la ficha de trámite 230/CFF contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de enero de dos mil dieciocho.

Cabe precisar que, dada la extensión de los conceptos de violación planteados en la demanda, se estima inconducente reproducirlos o sintetizarlos en considerando aparte, por lo que, con la única finalidad de agilizar el análisis de esta ejecutoria, se introducirán de manera simultánea en el estudio de fondo, conforme a un orden de prelación lógico.

SÉPTIMO.—Estudio de fondo. A continuación se procede al estudio de la constitucionalidad del sistema normativo reclamado.

I. Seguridad jurídica. La parte quejosa aduce que el sistema normativo reclamado transgrede el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que tiene como apoyo el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –por no dar la certidumbre jurídica suficiente sobre el alcance de la obligación que prevé de reportar información ("operaciones relevantes")–; lo que genera la inconstitucionalidad de las normas actuales, habida cuenta de que:

a) El artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación es el precepto que, en su origen, impuso la obligación de reportar las "operaciones relevantes", lo que pone de manifiesto que los contribuyentes deben ubicarse en este supuesto normativo; es decir, es esta disposición la que establece la obligación de informar este tipo de operaciones mediante las formas oficiales que al efecto se aprueben, lo que revela que los particulares tienen el deber ineludible de acatar su contenido y, en consecuencia, de atender a los ordenamiento derivados, a saber, el artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal, ambas para dos mil dieciocho.

b) Dada la forma en que están estructuradas las normas en comento, el gobernado debe partir de la lectura del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación para continuar con el artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, para finalmente concluir con las normas generales de carácter administrativo.

c) De no ubicarse en el supuesto del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, no podría entenderse el artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, que establece que su contenido debe atenderse en sustitución de aquella disposición; esto es, sólo para quienes resulte aplicable la primera norma mencionada, deberán ignorar su contenido y acatar el segundo precepto en comento.

d) El artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho no puede acatarse por sí mismo, sino que exige un presupuesto previo, a saber, que los contribuyentes se ubiquen en la hipótesis del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación.

e) Dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación no aclara qué debe entenderse por "operaciones relevantes", es evidente que el sistema normativo actual, al apoyarse en dicha disposición, genera la misma inseguridad jurídica.

Son infundados los argumentos de marras, debiendo destacarse que el artículo 16 constitucional señala que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento", lo que implica el derecho a la seguridad jurídica que, tratándose de normas de carácter general, ha sido explicado por esta Segunda Sala a través de la jurisprudencia 2a./J. 144/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de dos mil seis, página trescientos cincuenta y uno, que dice:

"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.—La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad."

Como puede apreciarse, el derecho en comento exige que las normas deben contener los lineamientos y elementos suficientes que permitan materializar el supuesto jurídico que prevean, con la finalidad de que la autoridad no incurra en arbitrariedades precisamente por la falta de parámetros mínimos que regulen su obligación frente a las prerrogativas de los particulares; empero, tal situación no implica que el legislador esté obligado a hacer una referencia expresa y pormenorizada de cada eventual situación que pudiera acontecer, sino que basta que establezca de manera genérica y sencilla la forma de proceder, normando la actuación de las autoridades.

Así pues, la norma que prevé obligaciones a cargo de los particulares, respeta el principio de seguridad jurídica cuando el legislador establece los elementos que permiten distinguir con claridad el alcance del deber a cumplir, pues, aun cuando se deje un margen de actuación a la autoridad que le permita valorar las circunstancias, lo cierto es que no debe dársele pauta a una actuación caprichosa e injustificada.

Ahora, debe atenderse al texto del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, que establece:

"Artículo 31-A. Los contribuyentes deberán presentar la información de las operaciones que se señalen en la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se celebraron.
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