Actualizado a julio de 2013
Completa Sin datos de localización
Favor de esperar que este habilitado el boton de copiado

Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28753         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 21 de junio de 2019 10:27 h
CONTRIBUCIÓN PARA OBTENER UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL PAGO EN ESPECIE O EN EFECTIVO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 203, INCISO B), DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017, COMO REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, TIENE LA NATURALEZA DE UN DERECHO.

CONTRADICCIÓN TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 21 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO, JESÚS RODOLFO SANDOVAL PINZÓN Y MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. PONENTE: JESÚS RODOLFO SANDOVAL PINZÓN. SECRETARIA: ANA MARÍA DE LA ROSA GALINDO.


CONSIDERANDO:


PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 10 y 49 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y de acuerdo a lo establecido en el oficio SECJACNO/CNO/1255/2014, emitido por el secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis, en materia administrativa, sustentadas por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito y dos Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región que actuaron en auxilio de dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito.


Respecto de la competencia para resolver la presente contradicción de tesis, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:


"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.—Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción.". [Décima Época. Registro digital: 2008428. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, materias constitucional y común, tesis 2a./J. 3/2015 (10a.), página 1656 y Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas]


SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, que actuaron en auxilio de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito, por lo que para efectos de la legitimación de los denunciantes, se estima que, de igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en el considerando que antecede.


TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente las consideraciones en que se basaron las resoluciones de los recursos de revisión de los Tribunales Colegiados contendientes, para después proceder a su análisis.


El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 767/2018, determinó, esencialmente, que la contribución (en sentido lato) establecida en el artículo 203, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, no es un derecho que se deba cubrir en contraprestación al otorgamiento de una licencia de construcción, sino una contribución especial de gasto, esto es, la que se debe cubrir para mitigar el costo público de tareas estatales o municipales provocadas por las actividades del contribuyente (dotación de equipamiento urbano, reservas territoriales o áreas verdes), que tiene su causalidad eficiente con motivo de las construcciones para nuevas edificaciones de predios no habitacionales ubicados en terrenos no comprendidos en fraccionamientos autorizados.


Sustentó lo anterior en base en las siguientes consideraciones:


"... A1. Naturaleza de la tributación establecida en el artículo 203, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León como contribución especial y no como derecho.


"En principio, es de señalar que la clasificación de los ingresos para los Municipios en el Estado de Nuevo León, para el año de dos mil diecisiete se estableció en el artículo primero de la ley correspondiente, de la siguiente forma: (se transcribe)


"Con independencia de la clasificación que normativamente se le haya otorgado, este tribunal debe advertir cuál es la naturaleza de las aportaciones que se señalan en las normas para establecer cuáles son los principios que le resultan aplicables.


"Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 19/2003, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 301, del siguiente contenido:


"‘INGRESOS PÚBLICOS. PARA VERIFICAR SU APEGO A LOS PRINCIPIOS QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RIGEN SU ESTABLECIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE LES DÉ EL LEGISLADOR ORDINARIO.’ (se transcribe)


"Bajo esa vertiente, es menester aclarar la exposición de ideas desarrolladas por el agraviado respecto de cuáles son las contribuciones reconocidas en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, y la manera en la que con relación a ellas juegan los principios fundamentales de proporcionalidad contributiva.


"En ese punto, es necesario señalar que la doctrina nacional, regularmente, venía identificando como contribuciones especiales sólo a las de mejoras, lo cual puede tener sustento en que el Código Fiscal de la Federación es el único de contribución especial que se reconoce.


"Sin embargo, otro sector de la doctrina, en épocas más recientes, ha venido sosteniendo que al lado de ellas existe otro tipo de contribuciones especiales, que son las de gasto, y que surgen cuando por la actividad del particular, el Estado se ve obligado a erogar recursos en la realización de tareas estatales o municipales provocadas por las actividades del contribuyente.


"Las contribuciones especiales de gasto se distinguen de las de mejoras en que, mientras que éstas surgen a virtud de un beneficio que el gobernado recibe por la obra pública que el Estado realiza en favor de la colectividad y sin que sea su actividad la que provoca de manera eficiente la realización de la obra pública, sino que la necesidad de ella surge de manera ordinaria (el ejemplo clásico es el de quien obtiene beneficio por encontrarse su predio frente a una rúa de reciente construcción); en las de gastos, previo a la actividad del contribuyente, no existe una obra pública, sino que es tal actividad la que la provoca la necesidad de realizarlas; y es por ello, que el gobernado que la provocó debe participar con el Estado, mediante contribuciones o a través de otras figuras, para su realización; de tal manera que si se da la hipótesis de que se le imponga ex lege como contribución (el financiamiento del Estado para la realización de las obras públicas por parte de los gobernados que la provocan puede establecerse a través de figuras diversas a las contribuciones como los convenios de participación, constitución de fideicomisos, entre otras), entonces, se estará en el caso de la contribución especial de gasto.


"Asimismo, es menester establecer que las contribuciones especiales de gasto se distinguen de los derechos en que éstos son generales, pues corresponde a aquellos que surgen por la prestación de un servicio público que se ofrece de manera generalizada y que se concretizan cuando, de manera individualizada, se presta el servicio a un gobernado en particular, por lo que el gasto preexiste a la individualización del servicio; en tanto que, en el caso de la contribución especial de gasto, es la actividad lícita del particular la que provoca la necesidad de un gasto que antes no existía y, por tanto, no recibe un servicio público individualizado por su contribución, sino que es la comunidad en general quien se beneficiará por la obra pública que el Estado realizará con el financiamiento parcial de quien la provocó.


"Luego, para el caso de las contribuciones especiales, al lado del principio fundamental de proporcionalidad del beneficio al que se refirió el quejoso, existe el del gasto provocado, que implica que el particular debe contribuir con el Estado en la solvencia del gasto público que surge de manera eficiente por su actividad lícita, en la correspondencia en que ésta detonó causalmente dicha necesidad y el valor económico de la actividad.


"En el caso del Estado de Nuevo León, la existencia de la contribución especial de gasto, no tiene sólo soporte doctrinario, sino que el legislador neoleonés lo previó de manera expresa en la fracción III del artículo 3 del Código Fiscal local, al disponer lo siguiente: (se transcribe)


"Con esa precisión, a fin de resolver si la contribución impugnada es o no un derecho, como lo sostuvo el quejoso, es menester tomar en consideración que el contenido de los preceptos impugnados, esto es, el artículo primero de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año dos mil diecisiete ya citada, y el artículo 203, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León impugnado, que es del tenor siguiente: (se transcribe)


"Además, debe considerarse el contenido del ya invocado artículo 3 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.


"Así, tenemos que lo que se establece en el artículo 203, inciso b), de la Ley de Desarrollo Urbano impugnado, es que en construcciones para nuevas edificaciones en terrenos no comprendidos en fraccionamiento autorizado, se deberá ceder una superficie a favor del Municipio; y que en el caso de predios no habitacionales, lo que se cederá o pagará es el siete por ciento del área vendible; asimismo, que cuando se opte por el pago, se tomará como base el valor comercial del predio que expida la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el cual tendrá vigencia de tres meses; y que, tratándose de cesión, ésta deberá ser destinada para la formación de áreas verdes, equipamiento urbano público y reservas territoriales; en el caso de pago en efectivo, éste deberá ser destinado a la adquisición de áreas verdes.


"Luego, en ese precepto no se establece que el pago de la contribución sea para el pago de la autorización de la licencia de construcción; no es óbice que en el artículo 228, fracción IV, de la propia ley se establezca lo siguiente: (se transcribe)


"Lo anterior, porque aunque en ese precepto se haga mención a la autorización que el quejoso refiere y que pretende hacer ver que implica que el pago que se impone en el artículo 203, inciso b), es contraprestación de la expedición de dicha autorización, no se señala en forma expresa que así sea.


"Además, puede ser interpretado el precepto simplemente como una ampliación a la base de causación de la contribución, esto es, que opera no sólo frente a una construcción de edificación nueva ya concluida, sino como el pago anticipado que corresponda a ese hecho imponible desde el momento en que se solicita la autorización.


"De igual forma, la ley establece como supuesto hipotético de la contribución, las construcciones para edificaciones nuevas en terrenos no comprendidos en fraccionamiento autorizado; que es diferente, en relación de género a especie, de lo considerado por el quejoso en cuanto a que se regula la hipótesis de edificaciones nuevas en fraccionamientos no autorizados, porque bajo esta perspectiva, el quejoso pierde de vista que también se regulan construcciones para edificaciones nuevas en terrenos no fraccionados.


"Entonces, los argumentos del quejoso para demostrar que se trata de un derecho, parten de premisas falsas.


"Además, tampoco le asiste la razón en los demás razonamientos que expone para arribar a esa misma conclusión.


"Así es, en cuanto al señalamiento de que, en su concepto, en el apartado 11 de la fracción II del artículo primero de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, se regula a esa contribución como un derecho, el argumento es insuficiente, porque si bien en ese precepto se establecen derechos sobre ‘... 11. Por nuevos fraccionamientos, edificaciones y subdivisiones en materia urbanística ...’; y en el caso del artículo cuestionado se trata de ‘Construcciones para edificaciones nuevas’, por lo que por sí mismo, la descripción de ese precepto no demuestra que se trate del mismo supuesto, por lo que se tendría que reforzar el argumento con otra referencia sistémica normativa, la cual, además, es realizada por este órgano para dar respuesta a un diverso argumento y de la que se obtiene que no se refiere al pago de derechos por el otorgamiento de la licencia para construcción de edificaciones nuevas; incluso, el mismo razonamiento puede emplearse para descartar de que se trate de un derecho por la sola circunstancia de que se reconozcan como tales los que se pagan por ‘... 3. Por construcciones y urbanizaciones. ... 7. Por expedición de licencias. ... 12. Diversos ...’


"Más aún, como bien lo señala el quejoso, también podría encuadrar en la fracción III de ese numeral como contribución especial, pues ahí se describen a los ingresos de las contribuciones especiales por ‘... nuevos fraccionamientos, edificaciones, parcelaciones, relotificaciones y subdivisiones previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León ...’


"De esa manera, se obtiene que, materialmente, tanto los derechos como las contribuciones especiales son tributos (contribuciones en sentido lato); formalmente, la obligación de pago contenida en el artículo 203, inciso b), cuestionado puede ser clasificado tanto como derecho (si se obtiene de un análisis integral de la normatividad que es contraprestación del otorgamiento de licencia) o como contribución especial.


"Sin embargo, por cuanto hace a los fines hacia los que se canaliza el importe de la contribución, sólo podría entenderse como una contribución especial y no como derecho.


"Es de esa forma, porque en el artículo 3 del Código Fiscal Local se establece que el rendimiento de las contribuciones no debe tener un destino ajeno al financiamiento de las obras o actividades correspondientes, de lo que se sigue, en un razonamiento de menor a mayor, que si los rendimientos, que son accesorios, no pueden tener un destino diferente, menos lo podría tener el importe de la contribución misma, por ser la principal; luego, tienen un destino específico.


"En cambio, si los derechos corresponden a gastos que el Estado realiza de manera generalizada y se concretizan sólo cuando se presta de manera particular el servicio público a un gobernado, entonces, ello implica que la fuente del financiamiento de esos gastos es el ingreso público general, por lo que en vía de consecuencia financiera, la recepción del pago de derechos que se cobra por el Estado en contraprestación al servicio público se debe destinar a reintegrarlo al gasto corriente, por lo que no tiene un destino específico.


"De todo lo anterior se sigue que, por su destino, la contribución cuestionada es una contribución especial y no un derecho.


"Cabe mencionar en este punto que el quejoso cuestiona que esa tributación constituya una contribución especial, porque con relación a la causalidad que da origen a la obligación de contribuir, aduce que no existe una mejora que el gobernado perciba con motivo de una obra pública, pues además, tampoco existe una obra pública porque se trata de la tramitación de una licencia de construcción; y, en apartados posteriores, refiere que lo que da origen a la obligación de aportar es la obtención de la licencia de construcción, pues se establece que el pago de la contribución se realizará en autorización de construcciones de edificaciones nuevas en inmuebles ubicados en los fraccionamientos no autorizados (la ley se refiere a las construcciones de ese tipo realizadas en inmuebles que no se ubiquen en fraccionamientos autorizados).


"Sobre el tema, como antes se sostuvo, el quejoso pierde de vista que al lado de las contribuciones especiales de mejoras, en el artículo 3 del Código Fiscal del Estado se prevén las de gasto, que son las que se deben cubrir por el particular que, por sus actividades lícitas, hace surgir una necesidad que obliga al Estado a gastar en la implementación de obras públicas o actividades del Estado que previamente no era menester realizar y que, por ello, está obligado a participar proporcionalmente en su atención.


"Para explicar lo anterior, es de considerar que el legislador, al expedir la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, según se advierte de su artículo 1, tuvo por cometido establecer las bases para la concurrencia y coordinación entre el Estado y los Municipios para la ordenación y regulación de los

Completo Sin datos de localización
Cargando
Descripción