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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28700         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h
TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LOS ASESORES CON FUNCIONES DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES CON FINES DE ESPARCIMIENTO, DISTRACCIÓN Y ACTIVACIÓN FÍSICA, DEPENDIENTES DE ESA INSTITUCIÓN, NO TIENEN LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS DE CONFIANZA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 9 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA, MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, RAFAEL RIVERA DURÓN, IGNACIO CUENCA ZAMORA, GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES, HÉCTOR GUZMÁN CASTILLO Y JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA. PONENTE: GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

7. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO.—Legitimación.

8. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por las partes en los asuntos que las motivaron.

TERCERO.—Criterios contendientes.

9. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.

A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

10. En sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el indicado Tribunal Colegiado de Circuito, resolvió el amparo directo laboral 295/2018, concediendo para efectos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

11. En la parte medular de la sentencia que interesa al tema de contradicción de tesis, se expresó:

12. Que los conceptos de violación eran por un lado infundados y el resto esencialmente fundados.

13. Previo a su estudio, se citaron como antecedentes del caso, que mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil catorce, la licenciada **********, en su carácter de apoderada de **********, demandó de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, por conducto de su secretario, la Dirección de Recursos Grupos Vulnerables y Prevención a la discriminación de Gobierno del Estado, por conducto de su director, la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, por conducto de su director, todos con residencia en esta ciudad, el pago de las siguientes prestaciones:

14. "La reinstalación de nuestro representado en su puesto que venía desempeñando para los demandados como asesor de círculos dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, por conducto de su secretario, lo anterior con motivo del despido injustificado a que fue objeto nuestro representado.

"c) El pago de las proporcionales aguinaldo, vacaciones y prima vacacional que nuestro representado tiene derecho, desde la fecha en que ingresó a laborar para la demandada, por el último de los servicios prestados, y por el tiempo que dure el presente juicio hasta el día en que sea reinstalado en su puesto, prestaciones que se demanda con todos sus incrementos y sobre salario integrado.

"d) El pago de los salarios caídos que se generen desde el día en que nuestro representado se le despedido (sic) en forma injustificada, hasta el día en que sea reinstalado en su puesto y función como asesor de círculos, prestación que se reclama con todos sus incrementos y sobre salario integrado.

"e) El pago de las aportaciones al servicio médico que otorgaba el Instituto Chihuahuense de la Salud, a nuestro representado, como régimen de seguridad social, en los términos del artículo 123, apartado B), de nuestra Constitución Federal."

15. Además, se precisó:

"... de igual manera nos ha manifestado nuestro representado que durante el tiempo que duró la relación laboral siempre se desempeñó en favor y por orden de los demandados en una jornada comprendida de las 9:00 horas a.m. a las 20:30 horas p.m. seis días de cada semana, teniendo como día de descanso aquel que los demandados le designaran para tal efecto, tal y como consta en los controles de asistencia que mi representado firmaba al momento de iniciar su jornada laboral como al concluirla, lo que denota que nuestro representado laboraba a la semana 66 horas, es decir, 4 horas excedentes a la jornada laboral diaria, ya que la misma deberías ser de 8 horas con treinta minutos para descansar o tomar sus alimentos y toda vez que nuestro representado lo hacía dentro de la fuente de trabajo... por lo que mi representado laboraba a la semana 9 horas extras dobles y 15 horas extras triples a la semana, mismas que no le fueron cubiertas por los demandados."

16. Por otro lado, se puntualizó que el licenciado **********, en su carácter de apoderado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua y/o Dirección de Recursos Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de Gobierno del Estado y/o Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, hoy Secretaría de Hacienda, en escrito presentado el dos de abril de dos mil catorce, dio contestación a la demanda negando acción y derecho al actor para reclamar las prestaciones mencionadas en su citado libelo; oponiendo como excepciones la falta de acción y derecho de la acción de reinstalación intentada, la de inexistencia de la relación laboral y la de haber sido beneficiario de un programa social, lo que de ninguna manera constituye relación laboral alguna entre el Estado y el demandante (fojas 9 a 15 del expediente de la Junta JA/052/14).

17. Se destacó que continuado el trámite del juicio laboral, se dictó laudo el cual fue reclamado y el dos de agosto de dos mil diecisiete, el Tribunal de Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, emitió la resolución correspondiente, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

18. "PRIMERO.—Los agravios expuestos por la apoderada legal del actor ********, resultaron improcedentes, fundados e inoperantes (sic), según lo analizado en el considerando cuarto de la presente resolución, en consecuencia:

"SEGUNDO.—Se confirma el laudo dictado por la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, de fecha catorce de octubre de dos mil quince.

"TERCERO.—Remítanse en su oportunidad los autos a la Junta de origen para que ordene su archivo como asunto legal y totalmente concluido.

"CUARTO.—Notifíquese personalmente a las partes ..."

19. Inconforme con esa resolución, la parte actora promovió juicio de amparo, el cual se radicó en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, bajo el amparo directo laboral 792/2017, y en sesión pública de ocho de febrero de dos mil dieciocho, se resolvió conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable:

20. "a) Deje insubsistente la resolución reclamada de dos de agosto de dos mil diecisiete.

"b) Emita otra resolución en la que se pronuncie de manera fundada y motivada respecto a la confesional ficta a cargo de **********.

"c) Asimismo, suprima la consideración en la que atribuye a la parte actora la carga de la prueba de la relación laboral y parta de la base que la demandada no negó lisa y llanamente la relación laboral, sino que aduce una relación de diversa naturaleza, esto es, que percibía de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Grupos Vulnerables, un subsidio económico como beneficiario de un programa social y resuelva lo que en derecho proceda."

21. En cumplimiento de dicha resolución, la Junta laboral emitió un nuevo laudo, el ocho de marzo de dos mil dieciocho, que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo.

22. En primer término se abordó el tema que se identificó con el rubro: "TRABAJADOR DE CONFIANZA."

23. Al respecto, se estableció que la parte quejosa adujo, que la autoridad responsable incorrectamente estimó que se trata de un trabajador de confianza, atendiendo al puesto y actividades desempeñadas, toda vez que el puesto que ocupó no es de los contemplados en el artículo 75 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua; además que el criterio –"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA."–«publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, Novena Época, Tomo VI, Laboral Primera Parte, Segunda Sección, página 1060» que sirvió de sustento a la resolución no es aplicable, porque se refiere al caso en que no se haya contestado la demanda y en la especie si hubo contestación.

24. Agregó, que para estimar las funciones del actor como de confianza, es necesario que estén íntimamente vinculadas y/o relacionadas con la dirección, administración, vigilancia o fiscalización, dentro de Gobierno del Estado de Chihuahua, situación que no ocurrió y citó el criterio de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA. REFERENTES NORMATIVOS PARA IDENTIFICAR QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)." «publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo IV, marzo de 2018, página 3260»

25. Posteriormente fueron expuestos los argumentos relacionados con las demás prestaciones impugnadas, esto es, el tiempo extraordinario, vacaciones, gratificación anual y/o aguinaldo y prima vacacional, aguinaldo y prima vacacional.

26. Por lo que corresponde al tema relativo a la calidad de persona de confianza del trabajador, se precisó que del laudo reclamado se desprendía que el tribunal responsable señaló:

27. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75 del Código Administrativo de Chihuahua y considerando que la Suprema Corte ha sostenido que la clara intención de la Constitución es, que el legislador ordinario precise qué cargos serían determinados como de confianza y que atendiendo a su esfera competencial, la naturaleza de confianza de los servidores del Estado estará sujeta a la índole de sus atribuciones; en consecuencia, para determinar el cargo de confianza, se deberá atender a la naturaleza de las funciones que desempeña con independencia de su nombramiento, por tanto, si el actor se desempeñaba como asesor de círculos, con actividades como coordinar, supervisar y crear grupos de adultos mayores con fines de esparcimiento y distracción, además de ser activador físico para dichas personas, así como las actividades inherentes al puesto contratado, tenía facultades de dirección y supervisión, estimó que se trata de un empleado de confianza.

28. Sobre el tópico se agregó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/2016, en lo conducente, sostuvo que:

29. • "Trabajador al servicio del Estado, es toda persona que presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los Municipios del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores temporales".

30. • Los empleados al servicio del Estado, Municipios e instituciones descentralizadas, se dividen generalmente en dos grupos:

I. De base.

II. De confianza.

31. • Trabajador de confianza es "la persona que por razón de jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la actividad que desarrolla al servicio de una empresa, patrón o entidad de gobierno, adquiere representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, las cuales lo ligan de manera íntima al destino de esa empresa o a los intereses particulares o públicos de quien lo contrata, en forma tal, que sus actos merezcan plena garantía y seguridad, y tenga su comportamiento laboral plena aceptación".

32. • De la interpretación de los artículos 73, fracción X, 115, último párrafo, 116, fracción VI, y 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determinó:

33. • Corresponde a las Legislaturas de los Estados expedir las leyes que regulen las relaciones entre las entidades del Gobierno Estatal y Municipal y sus operarios; y esos ordenamientos jurídicos deben emitirse con base en lo dispuesto en el ordinal 123 de la Carta Magna y sus leyes reglamentarias.

34. • La Ley Fundamental acoge como una garantía individual el derecho que toda persona tiene de realizar un trabajo digno y socialmente útil, además de la estabilidad en el empleo, pues de manera expresa se establece que los operarios sólo por causa justificada podrán ser suspendidos o cesados de sus labores en los términos que fije la regulación respectiva.

35. • Los asalariados denominados de confianza solamente disfrutarán de las medidas de protección al estipendio y gozarán de los beneficios de la seguridad social; esto es, se les excluye de la prerrogativa a la estabilidad en el empleo, pues esta sólo está reservada para los de base.

36. • La calidad en comento, no puede hacerse depender del cargo que se encuentre mencionado en un nombramiento o establecido en una hipótesis normativa, pues suele suceder que se varíen las actividades designadas a un empleado de acuerdo con las necesidades o finalidades de la institución u órgano de Estado, o bien, suele acontecer en la práctica que existen trabajadores de confianza dentro de la estructura de gobierno que no necesariamente desarrollan funciones propias de esa categoría; de ahí que se justifique razonablemente acudir además a verificar las tareas o naturaleza de la labor desempeñada.

37. • El carácter en mención depende de la naturaleza de las funciones desarrolladas; las cuales generalmente suelen ser de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón; pues la sola existencia de un supuesto taxativo establecido por el legislador para determinar una calidad de ese tipo, no implica que sea acorde con la realidad de un operario, ni garantiza que se proteja de forma integral a la parte débil de la relación.

38. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 71/2016 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes primero de julio de 2016 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Tomo I, julio de 2016, página 771, de título, subtítulo y texto siguientes:

39. "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN CON ESE CARÁCTER. Las leyes estatales que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias estatales y municipales, describen diversos puestos y funciones a los que se les asigna la calidad de confianza; sin embargo, si alguna ley, reglamento o cualquier otra disposición normativa de carácter general atribuye a un cargo o función la calidad excepcional referida, como acontece con la mayor parte de las legislaciones laborales de los Estados de la República Mexicana, ello no es determinante para concluir que se trata de un trabajador de confianza, pues no debe perderse de vista que, al constituir una presunción, admite prueba en contrario y al ser aplicable sobre todo a los hechos jurídicos, deben encontrarse plenamente demostrados, esto es, lo relativo a las actividades desplegadas por el trabajador, pues sólo así, el hecho presumido se tendrá por cierto, lo cual es coherente con el carácter protector de las leyes laborales hacia el trabajador, quien es la parte débil de la relación laboral."

40. Expuesto lo anterior, se tomó en cuenta, que la referida facultad –prevista en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional–, se materializa en el artículo 75, inciso b), del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, que establece en lo conducente:

41. "‘Artículo 75. Los trabajadores al servicio del Estado se dividirán en tres grupos:

"‘I. Trabajadores de base;

"‘II. Funcionarios y empleados de confianza; y,

"‘III. Trabajadores eventuales y extraordinarios.

"‘a) Son trabajadores de base los no incluidos dentro del grupo de funcionarios y empleados de confianza, y que por ello, no podrán ser cesados o despedidos, sino por las causas que este código establece.

"‘Asimismo se considerarán trabajadores de base los empleados que reuniendo los requisitos anteriores perciban sueldo con cargo a una partida de presupuesto y los de lista de raya con antigüedad mayor de seis meses.

"‘b) Son funcionarios y empleados de confianza del Poder Ejecutivo: el secretario de Gobierno, El fiscal general del Estado, los directores generales y coordinadores, el secretario particular del gobernador, los Jefes de departamento, oficina y división; los agentes y sub-agentes del Ministerio Público, adscritos a la Fiscalía General del Estado y de la Policía al mando del Ministerio Público dependiente de la misma, el encargado del Departamento de Identificación Criminal y los peritos técnicos y médicos legistas; los abogados consultores del Gobierno, los presidentes, secretarios, notificadores o actuarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; el procurador general de la Defensa del Trabajo y los procuradores auxiliares, así como los inspectores del trabajo; los representantes del Gobierno en la Comisión Agraria Mixta y en la Junta Local de Caminos, los jefes de las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Registro Civil; el jefe de la Oficina Estatal de Profesiones; los recaudadores, contadores y cajeros de las Oficinas Receptoras; el director, subdirector, los agentes de seguridad y celadores de la Penitenciaría del Estado; el director y encargado del Periódico Oficial del Estado, el director de Teléfonos del Estado; los miembros de los Patronatos de la Asistencia Pública y Beneficencia Privada; los directores de los hospitales y demás centros asistenciales, los celadores y las trabajadoras sociales a su servicio; el secretario y el director de la escuela de rehabilitación dependiente del mismo tribunal; los inspectores fiscales; los inspectores de ganadería; el intendente del Palacio de Gobierno, los jefes de tránsito; los agentes de la Policía de Tránsito del Estado; los comisionados especiales y empleados al servicio personal del gobernador; los inspectores de Municipios y los jefes de almacén de la proveeduría... .’

"‘También serán considerados como empleados de confianza en todas las
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