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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28696         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h
PENSIÓN DE INVALIDEZ DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA SU OTORGAMIENTO Y PAGO, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA JURISDICCIONAL, DEBE AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y EL REGLAMENTO RESPECTIVO, QUE INICIA CON LA SOLICITUD RELATIVA Y CULMINA CON LA EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN EN LA QUE SE RESUELVA SOBRE LA APROBACIÓN O NEGATIVA DEL ESTADO DE INVALIDEZ.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2019. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, JORGE ARMANDO WONG ACEITUNO, RENÉ SILVA DE LOS SANTOS, CARLOS GABRIEL OLVERA CORRAL, CARLOS ALBERTO LÓPEZ DEL RÍO, EDGAR GAYTÁN GALVÁN Y ALFREDO MANUEL BAUTISTA ENCINA. PONENTE: RENÉ SILVA DE LOS SANTOS. SECRETARIA: MARÍA MAYELA VILLA ARANZÁBAL.

Torreón, Coahuila de Zaragoza, acuerdo del Pleno del Octavo Circuito, correspondiente a la sesión de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis 4/2018, entre los criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, ambos con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza.

RESULTANDO:

PRIMERO.—A través del oficio 134/2018-III, presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, en la Secretaría de Acuerdos del Pleno del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, denunció la posible contradicción de tesis, entre el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el juicio de amparo directo laboral 752/2016; y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de las mismas materias y Circuito, al fallar el juicio de amparo directo laboral 665/2017, al que acompañó copia certificada de la ejecutoria relativa a este último juicio, así como un disco compacto que contiene el archivo de ese fallo.

SEGUNDO.—En proveído de once de abril de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno del Octavo Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción, registrándola en su índice con el número 4/2018, y le solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito contendiente, copia certificada de la resolución dictada al resolver el juicio de amparo directo 752/2016, así como también el disco compacto en el que se contuviera la versión electrónica de dicho fallo, así como la información relativa a si su criterio estaba aún vigente.

TERCERO.—Mediante oficio 2455/2018-SA, signado por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, dio cumplimiento a lo que se le requirió en auto de once de abril de dos mil dieciocho, e informó que a la fecha el criterio sostenido en el juicio de amparo directo laboral 752/2016, seguía vigente.

CUARTO.—En proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno de Circuito, tuvo por recibido el oficio y anexos que le remitió el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, que contiende en la denuncia de contradicción 4/2018, que nos ocupa.

QUINTO.—Por oficio de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno del Octavo Circuito, informó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, con residencia en la Ciudad de México, sobre la admisión de la posible contradicción de tesis; asimismo, le solicitó información sobre la existencia o no, de una diversa contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema "Antes de acudir a la vía jurisdiccional, es o no necesario agotar el trámite administrativo previsto en el artículo 124 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para reclamar el reconocimiento, otorgamiento y pago de una pensión de invalidez."

SEXTO.—En proveído de treinta de abril de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno del Octavo Circuito ordenó se agregara a los autos la contradicción 4/2018, el oficio CCST-11-C-283-04-2018, signado por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en la Ciudad de México, en el que le solicitó al secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si sobre el tema antes destacado, existía o no, alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SÉPTIMO.—En esa misma fecha, mediante oficio SGA/GVP/282/2017, el secretario general de Acuerdos le informó a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis, que de la consulta realizada al sistema de seguimiento de contradicción de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente en los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis relativa al tema referido como tema de la presente contradicción de tesis; y, dicho oficio lo tuvo por recibido el presidente del Pleno del Octavo Circuito en auto de once de mayo de dos mil dieciocho.

OCTAVO.—Una vez integrado el presente expediente, el presidente del Pleno del Octavo Circuito, conforme al sorteo aleatorio aprobado en la segunda convocatoria plenaria de trámite, en auto de once de mayo de dos mil dieciocho, turnó la contradicción de tesis 4/2018, al Magistrado Miguel Negrete García, entonces integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

NOVENO.—Con motivo de la readscripción del Magistrado Miguel Negrete García al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en la segunda sesión extraordinaria de trámite del Pleno del Octavo Circuito, celebrada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Magistrada presidenta acordó que la contradicción de tesis 4/2018, le fuera turnada al Magistrado Marco Antonio Arroyo Montero, para el estudio y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

DÉCIMO.—En la tercera sesión ordinaria del Pleno de este Octavo Circuito, celebrada el once de diciembre de dos mil dieciocho, se sometió a discusión y votación del proyecto de resolución relativo a la contradicción de tesis 4/2018, donde los integrantes de dicho órgano colegiado consideraron que el asunto propuesto por el Magistrado ponente, debía retirarse y quedar aplazado, para en un nuevo estudio, determinar si el tema materia de la contradicción, fue dilucidado o no, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/97, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RIESGO DE TRABAJO. SU CALIFICACIÓN TÉCNICA CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PERO ES OPTATIVO PARA EL TRABAJADOR IMPUGNARLA ANTE EL INSTITUTO O DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."

DÉCIMO PRIMERO.—El veintidós de enero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la primera sesión de entrega recepción, en la que estuvieron presentes los Magistrados que integran el Pleno del Octavo Circuito durante la administración dos mil diecinueve, y donde el Magistrado René Silva de los Santos, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, quedó formalmente designado para integrarlo, en sustitución del Magistrado Marco Antonio Arroyo Montero.

DÉCIMO SEGUNDO.—En auto de presidencia de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se returnó la contradicción de tesis 4/2018, al Magistrado René Silva de los Santos, para que ordenara la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, empezando desde esa fecha a correr el término de quince días previsto en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—El Pleno del Octavo Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados integrantes de este Octavo Circuito, al resolver asuntos en materias civil y laboral.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Para poder resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en primer lugar, debe determinarse, si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

1. El criterio que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, al resolver el juicio de amparo directo laboral 752/2016, en sesión de doce de enero de dos mil diecisiete, dice lo siguiente, en la parte que interesa:

"SÉPTIMO.— ... En diverso apartado del segundo de los conceptos de violación el instituto demandado, aquí quejoso, expresa una serie de manifestaciones en las que, esencialmente, aduce que la declaración de invalidez compete realizarla única y exclusivamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que considera que ilegalmente determinó el tribunal obrero, que se cumplieron los requisitos para el otorgamiento de dicho beneficio de seguridad social, añadiendo de dicho beneficio de seguridad social, añadiendo (sic) que las actoras no acreditaron haber realizado la solicitud por escrito y agotado el procedimiento administrativo previsto en la Ley del ISSSTE, ni la negativa de la pensión, y que la Junta responsable sólo se basó en sus manifestaciones.

"Se estiman infundadas las anteriores aseveraciones, dado que es inexacto que la declaración de invalidez, en términos de lo señalado en el artículo 118 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, competa exclusivamente al instituto demandado, hoy peticionario del amparo, toda vez que aun cuando en dicho numeral se establece que la declaración de invalidez debe ser realizada por el instituto de seguridad social en cuestión; sin embargo, esa circunstancia, no impide que los asegurados puedan optar por realizar dicho trámite ante el propio órgano de seguridad social, o bien, demandar directamente el otorgamiento de esa prestación ante el tribunal respectivo, sin que sea necesario, como se argumenta, que cuenten con la aludida negativa de pensión, ni tampoco es menester que se haya agotado un trámite administrativo interno de manera previa, toda vez que no existe disposición legal que justifique la exigencia de dichos requisitos.

"Esto es así, porque si bien, el establecimiento de instancias de naturaleza administrativa puede coadyuvar al desahogo de las cargas de dichos organismos descentralizados y a una resolución pronta del conflicto, tal propósito, no puede llegar al extremo de desconocer el derecho que asiste a los gobernados de decidir si optan por ellas o acuden directamente ante el tribunal correspondiente.

"A tal conclusión se arriba, partiendo del hecho de que, tratándose de la tutela jurisdiccional de prerrogativas derivadas de una relación entablada entre sujetos de derecho que acuden a ella en un mismo plano, no se advierte en la Constitución General de la República algún motivo que justifique el obligar a una de las partes, a agotar una instancia administrativa antes de solicitar el reconocimiento de aquellos derechos ante un tribunal previsto en la propia Norma Fundamental, pues, sostener lo contrario, implicaría vulnerar en perjuicio de los gobernados el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia que garantiza el artículo 17 de la Carta Magna.

"Resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia clave P./J. 114/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época, página 7, cuyos rubro y texto dicen:

"‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.—Conforme a lo dispuesto en el citado artículo 295, las controversias entre los asegurados y sus beneficiarios, por una parte, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, relacionadas con las prestaciones que prevé el propio ordenamiento podrán plantearse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, siempre y cuando se agote previamente el recurso de inconformidad. Ante tal condición o presupuesto procesal, tomando en cuenta que las prestaciones contempladas en la Ley del Seguro Social tienen su origen en una relación jurídica en la que tanto los asegurados y sus beneficiarios, como el mencionado instituto, acuden desprovistos de imperio, pues aquélla deriva por lo general de una relación laboral o de la celebración de un convenio, y que a través de las diversas disposiciones aplicables el legislador ha reconocido, por su origen constitucional, la naturaleza laboral del derecho de acción que tienen aquéllos para acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a solicitar el cumplimiento de las respectivas prestaciones de seguridad social, esta Suprema Corte arriba a la conclusión de que la referida obligación condiciona en forma injustificada el derecho de acceso efectivo a la justicia que garantiza el artículo 17 de la Constitución General de la República, ya que tratándose de la tutela de prerrogativas derivadas de una relación entablada entre sujetos de derecho que acuden a ella en un mismo plano, desprovistos de imperio, no existe en la propia Norma Fundamental motivo alguno que justifique obligar a alguna de las partes a agotar una instancia administrativa antes de solicitar el reconocimiento de aquellos derechos ante un tribunal, máxime que en el caso en estudio la instancia cuyo agotamiento se exige debe sustanciarse y resolverse por una de las partes que acudió a la relación jurídica de origen; destacando, incluso, que tratándose de controversias de las que corresponde conocer a una Junta de Conciliación y Arbitraje, en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la propia Constitución, no se sujetó el acceso efectivo de los gobernados a requisitos de esa naturaleza. Debe considerarse, además, que la regulación del referido recurso administrativo, prevista en el reglamento respectivo, desconoce los requisitos y prerrogativas que para hacer valer la mencionada acción laboral prevé la Ley Federal del Trabajo, generando un grave menoscabo a los derechos cuya tutela jurisdiccional puede solicitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.’

"En esa línea de pensamiento, resulta conveniente destacar que, contrario a lo alegado, tampoco puede ser obstáculo para acudir al tribunal respectivo, el agotar previamente los recursos contemplados en la citada legislación de seguridad social, en atención a que el hecho de que se encuentre previsto un medio de impugnación en el ámbito administrativo, no impide que quien se encuentre inconforme acuda directamente a la vía jurisdiccional.

"Es ilustrativa, por las razones que la informan, la jurisprudencia clave 2a./J. 9/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, marzo de 1997, Novena Época, página 444, cuyos rubro y texto dicen:

"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RIESGO DE TRABAJO. SU CALIFICACION TECNICA CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PERO ES OPTATIVO PARA EL TRABAJADOR IMPUGNARLA ANTE EL INSTITUTO O DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.—De una interpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos 36 a 40 de la Ley del ISSSTE en concordancia con el artículo 110 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concluye que corresponde al ISSSTE la facultad exclusiva de calificar un riesgo de trabajo y ante la inconformidad con dicha calificación, el trabajador afectado tiene la facultad de impugnarla ante el propio instituto en la vía administrativa, o directamente ante un tribunal de trabajo, toda vez que, de conformidad con el segundo supuesto, el instituto no quedaría en estado de indefensión por cuanto a que las partes contendientes, en el procedimiento respectivo, pueden proponer los peritos que a sus intereses convenga, y en caso de discrepancia respecto de la existencia del riesgo profesional y del grado de disminución orgánica funcional se nombraría un perito tercero; mecanismo que es similar a lo que dispone el propio artículo 36 de la Ley del ISSSTE. Lo anterior, obviamente sin perjuicio de que, agotado el trámite ante el referido instituto, el trabajador se inconforme ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que la definitividad que establece el artículo 36 examinado, sólo se refiere al ámbito administrativo y, por tanto, no impide la vía jurisdiccional.’."

2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, al resolver el juicio de amparo directo laboral 665/2017, en sesión plenaria de dos mil dieciocho, determinó lo siguiente, en la parte que interesa:

"SÉPTIMO.— ... Por otra parte, el enjuiciado, hoy impetrante del amparo, sostiene en diverso apartado de sus conceptos de violación, que la Junta responsable, indebidamente consideró improcedente la excepción opuesta por aquél, consistente en que la actora, ahora tercero interesada, carece de legitimación activa en el juicio, porque previo a su instauración no realizaron el trámite administrativo para el otorgamiento de su pensión de invalidez, previsto en el artículo 124 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni demostró haber solicitado ante ese instituto de seguridad social, el otorgamiento de las prestaciones reclamadas, así como que dicho demandado, ahora quejoso, se hubiere negado a realizar dicho trámite.

"Añade que, de manera errónea, la Junta laboral equiparó la demanda laboral presentada por la actora, a la solicitud que se previene en el numeral 124 antes citado, cuando que tal procedimiento es de naturaleza administrativa y la declaración de invalidez compete exclusivamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Los argumentos anteriores devienen fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, pues si bien es verdad que este Tribunal Colegiado, al resolver el diverso amparo directo laboral expediente número **********, en la sesión pública ordinaria de tres de marzo de dos mil dieciséis, sostuvo que la Junta Especial
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