Actualizado a Mayo de 201
Completa Sin datos de localización
Favor de esperar que este habilitado el boton de copiado

Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28693         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h
IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA. LOS ARTÍCULOS 48, 130 Y 131 TER DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDEN LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, A LA IDENTIDAD Y AL NOMBRE DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO, AL CONTENER UNA DISCRIMINACIÓN NORMATIVA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 9 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA, RAFAEL RIVERA DURÓN, HÉCTOR GUZMÁN CASTILLO, JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA, MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, IGNACIO CUENCA ZAMORA Y GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES; CON EL VOTO CONCURRENTE DE LOS TRES ÚLTIMOS MENCIONADOS. PONENTE: JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA. SECRETARIAS: VICTORIA LUISA SÁNCHEZ GAYTÁN Y MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.

Chihuahua, Chihuahua, Acuerdo del Pleno del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión de nueve de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS los autos para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis.

Mediante escrito recibido en la Secretaría de Acuerdos del Pleno del Decimoséptimo Circuito, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la licenciada Luz Elba de la Torre Orozco, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, denunció la contradicción de tesis, entre las razones que sustentan el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, al resolver el recurso de revisión civil 146/2017 y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en las propias materias y Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 137/2017.

SEGUNDO.—Integración del asunto.

Por proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno del Decimoséptimo Circuito, admitió a trámite la denuncia de mérito; tuvo a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, adjuntando copia certificada de las sentencias dictadas por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión civil 137/2017 y 146/2017, respectivamente; asimismo les solicitó informaran si los criterios emitidos al resolver los amparos en revisión respectivos, se encontraban vigentes o, en su caso, las causas por las que se tuvieran por superados o abandonados.

Mediante oficio 6861/2018, la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, remitió copia certificada de la sentencia dictada al resolver el amparo en revisión civil 146/2017 de su índice, así como su versión digitalizada e informó que el criterio sostenido se encuentra vigente.

De igual forma mediante oficio 130/2018, el Magistrado José de Jesús González Ruiz, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, remitió copia certificada de la sentencia dictada al resolver el amparo en revisión civil 137/2017 de su índice, así como la versión digitalizada e informó que el criterio sostenido se encuentra vigente.

Mediante oficio CCST-X-417-11-2018, la encargada del despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anexó copia simple del oficio emitido por el secretario de Acuerdos de ese Alto Tribunal, a través del cual informó que no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guardara relación con: "DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO, DEPENDIENDO DE LA VÍA EN QUE TRAMITEN LA SOLICITUD DE ADECUACIÓN DE SU ACTA DE NACIMIENTO, CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 48, 130 Y 131 TER DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ESTO ES LA JURISDICCIONAL O BIEN LA ADMINISTRATIVA."

TERCERO.—Turno.

En proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se ordenó el turno del expediente al Magistrado José Octavio Rodarte Ibarra integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, para la formulación del proyecto de resolución respectivo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero y el quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidar y determinar en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por la Juez Primero de Distrito con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

TERCERO.—Criterios contendientes.

Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.

• Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

En sesión de once de octubre de dos mil dieciocho, el indicado Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el amparo en revisión civil 146/2017, determinando confirmar en la materia de la revisión la resolución recurrida y negar el amparo reclamado al Congreso y gobernador, ambos del Estado de Chihuahua.

En esencia consideró, que los artículos 48, 130 y 131 ter del Código Civil del Estado de Chihuahua, no constituyen normas discriminatorias que contravengan los derechos de igualdad y libre desarrollo de la personalidad de las personas transgénero, en tanto que en ellas sí se contempla la posibilidad de que acudan a un procedimiento jurisdiccional accesible e idóneo para obtener la adecuación o concordancia sexogenérica de sus actas de nacimiento, apoyando su determinación en lo siguiente:

Señaló que en la resolución recurrida, la responsable dejó de ocuparse de uno de los motivos de disenso, específicamente lo vinculado a que la intervención judicial para la modificación del acta de nacimiento, en el caso de las personas transgénero, resultaba desproporcionada, porque el trámite no era rápido, ni sencillo y estaba sujeto a una carga probatoria y preponderantemente en razón de que la intervención judicial invadía la autonomía de la persona, pues correspondía al individuo y no al Estado decidir sobre la identidad de manera autónoma, por lo que este último debía limitarse a realizar esa adecuación en el acta del Registro Civil correspondiente y no obligar al particular a tramitar un juicio donde probara lo correspondiente y luego tomar una determinación judicial.

En virtud de lo anterior, reasumió jurisdicción y como preámbulo para su decisión hizo mención al derecho a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad e identidad de género; al nombre, así como a los procedimientos de modificación de las actas de nacimiento.

Precisando que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no encuadran dentro de lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), a efecto de considerarlas vinculantes para los juzgadores mexicanos; sin embargo, señaló que cuentan con "efectos jurídicos innegables", por lo que constituyen criterios orientadores, a fin de desentrañar el sentido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Detalló que el desarrollo del estudio, se llevaría a cabo bajo el esquema siguiente: I. Derecho a la igualdad y a la no discriminación; II. Derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género; III. Derecho al nombre; IV. Procedimientos de modificación de las actas de nacimiento; y, V. Punto de estudio.

• Respecto al derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Hizo alusión al contenido de artículo 1o. constitucional, en el que se encuentra la prohibición a todo tipo de discriminación y señaló que el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico.

Expuso que el principio de igualdad se asocia a la idea de no arbitrariedad, es decir, que el Estado puede tratar a las personas de un modo diferente siempre y cuando utilice un criterio razonable para justificar ese trato diferenciado.

Hizo mención a los fenómenos sociales estructurales comúnmente identificados como grupos sociales y sus subclasificaciones, entre éstos las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, así como a la protección especial que les otorga el artículo 1.1 de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada el cinco de junio de dos mil trece.

• Respecto al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género.

Expuso que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que todo individuo, tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes, por lo que el libre desarrollo de la personalidad comprende la libre opción sexual, pues son estos aspectos, evidentemente, los que forman parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma.

Agregó, que también implicaba el derecho a la identidad sexual, la cual se integra a partir, no sólo de su aspecto morfológico, sino, primordialmente, de acuerdo a sus sentimientos y convicciones.

Citó lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 6/2008. Asimismo, que el reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado, es un elemento constitutivo de la identidad de las personas, que resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluida la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Señaló que el derecho de las personas a definir de manera autónoma su propia identidad sexual y de género, se hace efectivo garantizando que tales definiciones concuerden con los datos de identificación consignados en los distintos registros, así como en los documentos de identidad y que la falta de ello podría implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, lo que dificultaría el pleno ejercicio de sus derechos, aunado a que constituye un factor determinante para que se sigan reforzando los actos de discriminación.

• Respecto al derecho al nombre.

Puntualizó algunos aspectos señalados por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal, al resolverse el amparo directo en revisión 2424/2011, en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, a fin de precisar que el nombre es un derecho humano reconocido en el artículo 29, segundo y tercer párrafos, constitucional; fijó su contenido y alcance a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales; estableciendo que es un derecho humano que no puede restringirse ni suspenderse.

Considerando el concepto establecido en cuanto al nombre en la Declaración de Derechos Humanos y lo indicado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que es válida su modificación en el acta de nacimiento, concluyó que la identificación cumple con la función de ser el nexo social de la identidad el cual era inherente a la persona humana como tal, siendo, además, inalienable e imprescriptible.

• Respecto al procedimiento de modificación de las actas de nacimiento.

Hizo alusión a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-24/17 y en relación al cuestionamiento central que la motivó, relacionado con la naturaleza del procedimiento, se observó que se preguntó por la Nación de Costa Rica, ¿Si se podía considerar contrario a la Convención Americana, que la persona interesada en modificar su nombre de pila solamente debiera acudir a un proceso jurisdiccional sin que exista un procedimiento para ello en vía administrativa?

Luego, se reprodujo la respuesta dada por el tribunal interamericano a la interrogante planteada y se procedió al estudio del tema de fondo.

Estipulado lo anterior, procedió a abordar los conceptos de violación, señalando que los argumentos vertidos por la solicitante del amparo debían desestimarse, dado que los artículos 48, 130 y 131 Ter del Código Civil del Estado de Chihuahua, no constituyen normas discriminatorias que contravengan los derechos de igualdad y libre desarrollo de la personalidad de las personas transgénero, en tanto que en ellas sí se contempla la posibilidad de que ese grupo de personas acuda a un procedimiento jurisdiccional accesible e idóneo para obtener la adecuación o concordancia sexogenérica de sus actas de nacimiento.

Transcribió el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalando que de dicha norma se advertía la obligación de los Estados Parte a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades ahí reconocidos, sin discriminación alguna, indicando de manera enunciativa una serie de "categorías sospechosas"; es decir, cualidades o condiciones por las cuales estaría prohibido efectuar distinciones, dentro de las cuales destaca la prohibición de discriminar por cuestión de sexo.

Aludió nuevamente al contenido del artículo 1o. constitucional que establece el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación con base en las "categorías sospechosas" como son la orientación sexual y la identidad de género, puntualizando que tanto la identidad de género como la orientación sexual son categorías especialmente protegidas por el artículo 1o. de la Carta Magna.

Precisó, que conforme al bloque de constitucionalidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación permea a todo el ordenamiento jurídico, de modo que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la constitución o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en que el Estado Mexicano sea Parte es, per se, incompatible con la Norma Suprema.

Posteriormente, transcribió los artículos 48, 130 y 131 Ter del Código Civil del Estado de Chihuahua, señalando que de su lectura, se advertían las siguientes normas de derecho:

1. Se puede solicitar la rectificación de las actas cuando los cambios no sean sustanciales, a petición de la parte interesada, por vía administrativa, a través del jefe de la oficina, o bien, cuando sí lo sean, por resolución judicial.

2. La rectificación, modificación o nulidad de las actas del estado civil por vía administrativa se dará siempre que no se afecte la identidad de las personas ni la sustancia del acto, además de los casos siguientes: cuando sean simples errores mecanográficos, ortográficos y que la corrección se deduzca directamente del acto asentado en el documento; por error cometido al asentarla que se demuestre con diversa acta de fecha anterior y se anulará cuando se presente un acta expedida por la autoridad competente de otro país y cuando el sustantivo propio registrado sea discriminatorio, peyorativo, denigrante o que exponga a la persona al ridículo, afectando su dignidad humana.

3. En ningún caso el jefe de la oficina deberá afectar con la rectificación, modificación o nulidad de las actas del estado civil (entre ellas, las actas de nacimiento), la identidad de las personas ni la sustancia del acto.

Puntualizando que la legislación citada permitía la enmienda de las actas de estado civil por la vía judicial, cuando se solicitara variar la identidad de las personas o la sustancia del acto y por la vía administrativa cuando no fuera así.

De modo que para conocer las circunstancias esenciales sobre el registro del acto jurídico, consistente en el nacimiento de una persona, es menester recordar que entre los datos asentados debe identificarse el día, hora y lugar de nacimiento de una persona, su sexo, el nombre o nombres propios y los apellidos que correspondan.

Agregó que los artículos reproducidos, contienen normas permisivas que facultan a las personas cuyo nacimiento se registró en esa entidad federativa, solicitar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente la rectificación por enmienda de su acta de nacimiento, específicamente por cuanto hace al nombre u otro dato esencial, como lo es el nombre, sexo y la identidad de género.

En este punto destacó que aun cuando las citadas normas no establecen cuál es la finalidad de permitir una rectificación por enmienda de las actas del estado civil (entre ellas el acta de nacimiento), conforme a una interpretación teleológica es factible colegir que la ratio de éstas es la de adaptar el acta respectiva a la verdadera realidad social del individuo.

Así, resolvió que no asistía razón a la solicitante del amparo respecto a que los artículos 48, 130 y 131 Ter del Código Civil del Estado de Chihuahua eran discriminatorios, violatorios de los principios de igualdad y atentan contra la dignidad de la persona porque no prevén un procedimiento jurisdiccional idóneo que permita la adecuación o concordancia sexogenérica del acta de nacimiento, pues las personas registradas en el Estado pueden acudir vía jurisdiccional a solicitar la rectificación por enmienda de su acta de nacimiento, específicamente por cuanto hace al nombre u otro dato esencial, como lo son el sexo y la identidad.

De manera que, al ser factible, a través de la vía jurisdiccional, adaptar el acta respectiva a la verdadera realidad social del individuo, en particular por cuanto hace a su nombre y sexo o identidad de género, entonces debía concluirse que el procedimiento jurisdiccional ahí previsto es idóneo para obtener la adecuación o concordancia sexogenérica de su acta de nacimiento que derive en el ejercicio de su derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad.

Estableció que dichos artículos no trasgreden el derecho de igualdad y no discriminación, porque contrario a lo alegado por el solicitante del amparo, en ellas no se establece un trato diferenciado; menos aún distingos basados en alguna de las denominadas "categorías sospechosas", porque la permisión para solicitar la rectificación de un acta del estado civil (acta de nacimiento), a través de la vía judicial, es para todas las personas cuyo nacimiento se hubiere registrado en el Estado.

Señaló que el hecho de que en dichas normas no se indique de manera específica o particular que están dirigidas a las personas transexuales o transgénero no las torna inconstitucionales o inconvencionales, porque el derecho a la igualdad y no discriminación, desde el punto de vista legislativo, se satisface cuando el legislador se abstiene de hacer distinciones injustificadas o arbitrarias que se apoyen en categorías sospechosas, no así cuando incorpora como destinatario de las normas a las personas que se ubican en todas las categorías sospechosas.

En ese sentido, sería evidentemente ilógico y contrario a la
Completo Sin datos de localización
Cargando
Descripción