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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28664         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 24 de mayo de 2019 10:29 h
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014).

AMPARO EN REVISIÓN 416/2018 (CUADERNO AUXILIAR 1001/2018) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO, ANTES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 19 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: RUBÉN PAULO RUIZ PÉREZ. PONENTE: ROBERTO OBANDO PÉREZ. SECRETARIO: LUIS RAFAEL BAUTISTA CRUZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Estudio de los agravios hechos valer por el quejoso. Los motivos de inconformidad formulados, que enseguida se analizan, resultan sustancialmente fundados.

Concretamente, en la página cuatro del escrito mediante el cual interpuso el recurso de revisión, refiere el recurrente que la sentencia atacada le causa agravio, ya que el Magistrado adscrito al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito debió advertir que en el proceso penal se valoraron pruebas ilícitas que impactaron en el debido proceso penal, por lo que era obligación del órgano de amparo examinar, de manera preponderante, si se actualizó o no algún supuesto de exclusión probatoria, a efecto de que la responsable pueda emitir la nueva determinación excluyendo los medios de convicción correspondientes.

Señala que el Magistrado de derechos fundamentales debió determinar la ilicitud de los requerimientos de la Procuraduría Fiscal realizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que dieron pauta a la emisión de los dictámenes periciales, puesto que los mismos resultan contrarios a derecho, porque se basaron en documentos que fueron solicitados por una autoridad incompetente para fines no fiscales y, por ende, ello constituyó una afectación directa al debido proceso que resultaba de mayor entidad que el respeto a la fundamentación y motivación.

En apoyo a su argumento, cita la tesis I.1o.P.83 P (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2103, Libro 50, Tomo IV, enero de 2018, materias constitucional-común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2015919 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de enero de 2018 a las 10:06 horas», de título, subtítulo y texto:

"DEBIDO PROCESO. SI AL ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EL JUEZ DE AMPARO ESTIMA ENCONTRARSE IMPEDIDO PARA ANALIZAR CUESTIONES INHERENTES AL FONDO DEL ASUNTO, PORQUE DICHO ACTO NO SATISFACE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN LO CONCERNIENTE A SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ELLO NO LO RELEVA DE VERIFICAR, AUN DE OFICIO, EL CUMPLIMIENTO DE AQUEL DERECHO. Cuando al realizar el estudio de constitucionalidad del auto de formal prisión reclamado, el juzgador de amparo estima encontrarse impedido para analizar cuestiones inherentes al fondo del asunto, porque aquél no satisface el principio de legalidad, en lo concerniente a su debida fundamentación y motivación; tal situación no lo releva de verificar, aun de oficio, el cumplimiento del debido proceso en su emisión, ya que de resultar transgredido este derecho humano y dependiendo de la violación procesal que eventualmente se genere, podría trascender, incluso, a la exclusión probatoria y, ello a su vez, se relaciona con los medios de prueba que la responsable deberá ponderar para emitir, bajo las directrices establecidas en la sentencia de amparo, la nueva resolución de término constitucional. Es decir, la preservación del derecho a que ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales es un tema inherente al debido proceso que debe estudiarse, aun cuando el acto no resulte ajustado al principio de legalidad."

A su vez, en parte del primero y del tercero de los motivos de inconformidad, señala el recurrente que la sentencia combatida es contraria a la legalidad, en virtud de que el Magistrado de amparo omitió considerar que en el acto reclamado la responsable valoró pruebas que emanaron de un actuar ilícito, dado que los informes rendidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relacionados con las cuentas bancarias del recurrente, no fueron obtenidos conforme a derecho.

Expresa que si bien el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que compete a la Dirección General de Delitos Fiscales investigar los hechos relacionados con delitos fiscales y recabar información, no lo autoriza para actuar en forma contraria a las disposiciones legales, lo que implica que no puede realizar actos fuera de lo previsto por la legislación.

Añade que el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizaba al mencionado director a actuar en forma contraria al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en su fracción IV prevé que las instituciones con ese carácter están obligadas a dar las noticias o información relativa a las operaciones y servicios bancarios, en los casos en que sean solicitadas por "Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales", por lo que si ese numeral condicionaba a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a atender los informes que se le solicitaran para tales efectos, resultaba claro que los mismos se referían a datos para ser usados en procesos fiscalizadores, por lo que no era dable emplearlos para fines "penales" o "fiscales penales", en tanto ello no lo permite el citado precepto 117.

Indica que en virtud de que el secreto bancario se encuentra protegido a nivel constitucional en el artículo 16, sólo puede accederse a él cuando la ley lo autorice expresamente, ya que al ser una excepción al derecho de privacidad, los supuestos que permiten la irrupción son de aplicación estricta, por lo que resulta evidente que en esa hipótesis no podía encuadrar una solicitud que tuviera como finalidad preparar una querella por un delito tributario, en tanto que ello no constituía un fin fiscal.

Después de citar una opinión que vertió una persona que, afirma, fue procurador fiscal de la Federación, sobre la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para allegarse de datos que permitan la obtención de información financiera, y de reseñar lo que contenía un proyecto de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, concretamente, al artículo 142, que anteriormente era el 117, concluye que el Magistrado de amparo debió advertir que el tribunal de alzada valoró pruebas ilícitas, concretamente, en las solicitudes realizadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de los estados de cuenta del ahora disconforme, puesto que se violó el secreto bancario y, sobre todo, porque dicha autoridad requirente no era fiscalizadora, sino que era incompetente para realizar dichas solicitudes de información a la mencionada comisión.

Tales motivos de disenso son sustancialmente fundados.

Para evidenciar lo fundado de dichos motivos de disenso, en principio, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.), estableció que el derecho a un debido proceso conforme lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende el derecho del justiciable a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales.

Tal jurisprudencia se encuentra publicada en la página 2057, Libro III, Tomo 3, diciembre 2011, materia constitucional, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 160509, de rubro y texto siguientes:

"PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.—Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables."

Sobre esa base, al realizar el examen constitucional de los actos reclamados, los resolutores de amparo no sólo están obligados a revisar el juicio de valoración de la prueba efectuado por las autoridades responsables, sino que también están constreñidos a examinar si la obtención de las mismas fue irregular, ya sea por contravenir el orden constitucional o legal, en el entendido de que cuando ello acontezca, se debe efectuar la declaratoria correspondiente, a efecto de que las autoridades responsables la consideren inválida, pues sólo así se garantiza el derecho a un debido proceso que tiene raigambre constitucional.

En el caso, este Tribunal Colegiado advierte que si bien son correctas las consideraciones esgrimidas por la responsable, relativas a que se acreditaron en autos los dos primeros elementos del sector material del delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil once, consistentes en "que alguien tenga el carácter de contribuyente" y la "existencia de una declaración fiscal", por las razones expuestas en el acto reclamado, las cuales quedaron sintetizadas con anterioridad, el Magistrado de amparo debió advertir que fue incorrecta la conclusión atinente a que existieron datos bastantes para tener por acreditado el tercero de los elementos del cuerpo del antisocial en comento, atinente a que "en dicha declaración el contribuyente presente ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos", en tanto que la responsable se basó en pruebas que fueron obtenidas en forma contraria a la ley.

A fin de evidenciar lo anterior, conviene reiterar que los hechos por los que el Juez de Distrito dictó el auto de formal prisión contra el ahora disconforme, consistieron en que éste, en su calidad de contribuyente, en la declaración anual del ejercicio de ********** del impuesto sobre la renta, presentó ingresos acumulables menores a los realmente percibidos, puesto que en dicha declaración afirmó que percibió ingresos totales por actividad empresarial y profesional, así como por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado por la cantidad de $********** (**********), cuando los realmente obtenidos ascendieron a un total de $********** (**********), lo que implicó que dejara de pagar por concepto de impuesto sobre la renta la cantidad de $********** (**********).

Lo anterior se conoció por el querellante, a partir del informe que rindió la institución bancaria denominada **********, Sociedad Anónima, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la medida en que de éstos se infirió que se realizaron depósitos en la cuenta número **********, por la cantidad de $********** (**********), así como pagos a una tarjeta de crédito con número **********, expedida por la misma institución, que ascendían a la cantidad de $********** (**********).

En el acto reclamado, el Magistrado adscrito al Primer Tribunal Unitario del Décimo Circuito confirmó el auto de formal prisión, sobre la base de que el cúmulo de pruebas existentes en la indagatoria reveló que se realizaron múltiples depósitos en las cuentas bancarias aperturadas a nombre del ahora disconforme, así como pagos a la tarjeta bancaria del mismo, y que la suma de los cobros y pagos mencionados ascendió a la cantidad de $********** (**********), los cuales se entendían como ingresos gravables para efectos del impuesto sobre la renta.

Al respecto, las pruebas esenciales que ponderó la responsable fueron:

a) El dictamen técnico contable de **********, elaborado por los peritos adscritos a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ********** y **********, en el que, esencialmente, sostuvieron que el contribuyente ********** consignó ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvo en el año del calendario **********, en materia del impuesto sobre la renta, toda vez que en la anualidad citada, sus ingresos acumulables ascendieron a un total de $**********.********** (********** **********), y no los $********** (**********), que plasmó al presentar su declaración de impuestos por el ejercicio **********;

b) Dictamen técnico contable complementario de **********, elaborado por los peritos ya referidos, donde determinaron que el contribuyente ********** dejó de pagar al fisco federal la cantidad de $********** (**********);

c) El diverso dictamen contable de **********, emitido por **********, perita oficial adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, quien indicó que el importe del impuesto sobre la renta no pagado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al ejercicio fiscal de **********, por el contribuyente **********, ascendió a la suma de $**********. ********** (**********) (**********);

d) La querella que formuló el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que dicho servidor público afirmó que, con base en el primero de los dictámenes, se conoció que el activo declaró ingresos acumulables inferiores a los que realmente obtuvo en el ejercicio fiscal **********, lo cual se sustentó en el informe que rindió la institución bancaria denominada **********, a través del cual remitió la documentación referente a los estados de las cuentas bancarias a nombre de **********, atinentes al periodo comprendido del ********** de **********.

Ahora, como quedó plasmado en el considerando de antecedentes de esta ejecutoria, los dictámenes periciales antes señalados se basaron en los estados de cuenta bancarios y documentales proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a petición del director general de delitos fiscales, quien mediante oficio **********, de **********, solicitó al vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la mencionada comisión, diversa documentación bancaria a nombre del ahora disconforme **********, en los siguientes términos:

"Oficio número **********.
"Exp. **********.
"Mtro. **********.
"Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos.
"Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"PRESENTE.

"Me refiero al expediente indicado en esta unidad administrativa bajo el número **********, en contra del contribuyente **********, con el Registro Federal de Contribuyentes **********, por hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales.

"Sobre el particular, me permito solicitarle tenga a bien girar a sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que remita a esta Dirección General a mi cargo, copias certificadas legibles de la siguiente documentación:

"• Contratos de apertura, tarjetas de firma, identificaciones, estados de cuenta (sic) bancarias y/o tarjetas de crédito, respecto del periodo del ********** al **********, de todas y cada una de las cuentas bancarias a nombre de la persona de referencia.

"Le agradeceré que la búsqueda de la documentación que se requiere, se realice indistintamente con el nombre de **********, y/o con su Registro Federal de Contribuyente (sic) **********, y/o con su homoclave **********.

"Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 117, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, 42, fracción VIII de (sic) Código Fiscal de la Federación y 82, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

"ATENTAMENTE.

"El Director General de Delitos Fiscales.

"**********"

De la transcripción que antecede, se observa que en el expediente **********, iniciado contra el ahora disconforme **********, por hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales, el mencionado director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con fundamento en los artículos 117, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, 42, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación y 82, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le remitiera contratos de apertura, tarjetas de firma, identificaciones, estados de cuenta bancarios y de crédito, por el periodo comprendido del ********** al ********** de **********, de todas y cada una de las cuentas bancarias a nombre del antes citado.

Sin embargo, dicha actuación se estima contraria a derecho, en la medida en que el mencionado director carecía de facultades para proceder en los términos en que lo hizo.

A efecto de evidenciar lo anterior, es necesario traer a contexto el contenido de las disposiciones normativas señaladas, vigentes en marzo de dos mil trece, que disponían:

Ley de Instituciones de Crédito vigente en 2013.

"Artículo 117. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

"Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las
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