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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28644         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 17 de mayo de 2019 10:22 h
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL, DEBEN CONSIDERARSE COMO ACTOS O RESOLUCIONES DEFINITIVAS, AQUELLAS EN LAS QUE SE SEÑALE QUE SON RECURRIBLES CONFORME AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. PROCEDE CONTRA EL "DICTAMEN DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE GIRO", EMITIDO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.

AMPARO DIRECTO 451/2018. 24 DE ENERO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA LETICIA MORALES GARCÍA. PONENTE: GERARDO MARTÍNEZ CARRILLO. SECRETARIA: JULISSA GONZÁLEZ ROJAS.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio. Parte de los conceptos de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección constitucionales solicitados.

Sostiene la quejosa que la resolución administrativa impugnada en el juicio de origen sí tiene el carácter de definitiva en el procedimiento de solicitud de dictamen, ya que el dictamen impugnado constituye esa resolución definitiva, con independencia de que previamente se haya emitido o no una opinión de la Delegación Municipal.

Indica que el artículo 9, fracción I, del Reglamento para el Almacenaje, Venta, Porteo y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Querétaro, en que se fundó la resolución reclamada, no establece que la omisión en la emisión de la opinión del delegado municipal impida la emisión del dictamen y, en tal caso, esa omisión constituiría un vicio del procedimiento, pero no quita la naturaleza de resolución definitiva al dictamen impugnado.

Como se adelantó, atento a la causa de pedir de los argumentos reseñados, asiste razón a la peticionaria del amparo.

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro dispone que el juicio contencioso administrativo es procedente, entre otros casos, contra resoluciones definitivas, esto es, aquellas dictadas por las autoridades administrativas, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

Sobre el dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro, es pertinente traer a glosa algunas disposiciones normativas:

Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro.

"Artículo 261. El dictamen de uso de suelo es un documento de carácter administrativo que emite la dirección, acorde a lo dispuesto en los planes, el cual contiene las características en materia de vialidad, estacionamiento, áreas verdes, áreas de maniobras, densidad de población y cualquier otra, mismas que se asentarán en la licencia de construcción correspondiente. La vigencia del dictamen de uso de suelo estará sujeta a las actualizaciones y/o modificaciones de los planes.

"El dictamen de uso de suelo será necesario en todos aquellos casos en que se pretenda realizar en un predio cualquier otro uso diferente al habitacional unifamiliar.

"La factibilidad de giro, es el documento administrativo que emite la dirección, en el cual se autoriza la actividad específica de una edificación de manera parcial o total conforme a los planes. Siendo obligatorio para otorgar la licencia de funcionamiento."

Código Urbano del Estado de Querétaro.

"Artículo 324. El dictamen de uso de suelo es el documento administrativo emitido por la autoridad competente, en el que se mencionarán las condiciones y términos que fijan los programas de desarrollo urbano respecto de un predio, en materia de vialidad, estacionamiento, áreas abiertas, áreas de maniobras, densidad de población y cualesquiera otras, mismos que para los efectos de observancia, serán asentados en la licencia de construcción correspondiente.

"La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, señalarán los derechos que resulten aplicables en cada caso, por la emisión del dictamen en comento."

"Artículo 325. Se requiere del dictamen de uso de suelo para la construcción, reconstrucción, adaptación y modificación de las edificaciones que pretendan realizarse en las localidades del Estado."

Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

"Artículo 1. Esta ley es de orden público; tiene por objeto regular los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública estatal y municipal, así como de sus órganos descentralizados, fideicomisos y organismos constitucionales autónomos."

"Artículo 15. Las autoridades administrativas, en sus relaciones con los particulares, tendrán las siguientes obligaciones:

"I. Solicitar su comparecencia, mediante citación por escrito, en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla;

"II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, sólo en aquellos casos previstos en ésta u otras leyes;

"III. Hacer de su conocimiento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico y proporcionarle copia de los documentos contenidos en ellos, cuando sean solicitados;

"IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la recepción de los mismos;

"V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir los alegatos que se formulen, los que deberán ser tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución;

"VI. Abstenerse de requerir documentos o información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento o que ya se encuentren en el expediente que se esté tramitando;

"VII. Proporcionar información y orientarlo acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se pretendan realizar;

"VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras leyes;

"IX. Tratarlos con respeto, sin discriminación alguna, facilitando el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y

"X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones les formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley."

"Artículo 16. La autoridad administrativa resolverá lo que corresponda en un plazo que no excederá de un mes. Transcurrido dicho plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que, transcurrido el plazo aplicable la resolución, deba entenderse en sentido positivo. De no entregarse la constancia en el plazo señalado, se tendrá por negada la petición del gobernado.

"En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución y ésta, a su vez, no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo."

"Artículo 17. Cuando los escritos que presenten los interesados no cumplan con los requisitos de ley, la autoridad les prevendrá, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que haya surtido efectos la notificación.

"La prevención de información faltante, deberá hacerse dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. De no realizarse la prevención mencionada dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar la solicitud argumentando que está incompleta. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga oportunamente, el plazo para que la autoridad correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste."

"Artículo 19. El procedimiento administrativo continuará de oficio, sin perjuicio del impulso que puedan darle los interesados. En caso de corresponderles a estos últimos y no lo hicieren, operará la caducidad en los términos previstos en esta ley.

"Artículo 83. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo."

Lo transcrito permite colegir que el procedimiento relativo a la solicitud de autorización del uso de suelo y/o actividad específica de una edificación (factibilidad de giro), culmina con la emisión de una resolución administrativa en la que la autoridad decide sobre esa cuestión; además, dicho documento es denominado "dictamen".

Se suprimió la imagen.

En el caso, la resolución impugnada es del contenido siguiente:

De esta reproducción es importante destacar el rubro del documento "Dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro", la leyenda "factibilidad de giro no factible" y el texto siguiente:

"Una vez analizada su petición nuevamente, con base en el artículo 9, fracción I, del Reglamento para el Almacenaje, Venta, Porteo y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Querétaro, y a la opinión emitida vía electrónica por la delegación (sic) municipal Josefa Vergara y Hernández, de fecha 27 de diciembre de 2017; se dictamina no factible la modificación del dictamen de uso de suelo Núm. **********, de fecha 19 de mayo de 2011, para ubicar un local comercial (tienda de conveniencia con venta de cerveza, vinos y licores, en envase cerrado).

"No omito informarle que en caso de solicitar una revisión del presente documento, se requerirá la opinión de la delegación municipal correspondiente, conforme al artículo 9, fracción I, del Reglamento para el Almacenaje, Venta, Porteo y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Querétaro.

"El presente es recurrible mediante el recurso de revisión que se contempla en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro..."

Así, el enlace entre lo previsto en las disposiciones normativas y lo destacado, permite concluir que el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo sí constituye una resolución definitiva que puso fin al procedimiento sobre autorización de uso de suelo y/o actividad específica de una edificación (factibilidad de giro), pues se aprecia la decisión negativa respecto de la solicitud respectiva, pronunciada por la autoridad administrativa, mediante la emisión del documento denominado: "Dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro".

Corrobora esa circunstancia, el hecho de que en el propio documento se precise que esa resolución es recurrible en términos del artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, pues tal precepto contempla la procedencia del recurso de revisión, precisamente contra resoluciones definitivas, además de la optatividad entre el recurso y el juicio contencioso administrativo:

"Artículo 109. Los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y Municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán interponer el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o acudir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa."

En este tenor, debe considerarse que el acto impugnado tiene el carácter de definitivo, tanto por las disposiciones normativas que así lo sostienen, como por la manifestación aludida en el documento en cuestión, pues conforme a lo previsto en el artículo 4, fracción XII, de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, tratándose de actos administrativos recurribles, las autoridades locales tienen el deber de hacer mención de los recursos que procedan, de modo que, ignorar la efectividad de tal precisión hecha en el acto impugnado, implicaría desconocer un acto de autoridad que crea consecuencias de derecho, permitiendo que, aun en el caso de que exista un vicio en el actuar de la autoridad al mencionar la procedencia del recurso, ello redunde en perjuicio de los derechos fundamentales de la quejosa, de tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.

Por identidad de razones, sustenta lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 46/2013 (10a.),(8) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. ES PROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL PLAZO LEGAL DE 15 DÍAS, ÚNICAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD SEÑALÓ UN PLAZO DISTINTO PARA ELLO.—Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tratándose de los actos impugnables en la vía sumaria, la demanda respectiva debe presentarse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada y no hacerlo así trae como consecuencia su desechamiento, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Magistrados instructores deben desechar la demanda si no se ajusta a lo previsto en la ley. Sin embargo, cuando en la resolución impugnada se informa al particular que cuenta con un plazo distinto para promover el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, debe estimarse oportuna la demanda presentada dentro del plazo señalado por la autoridad emisora, a fin de garantizar el derecho de defensa de los gobernados, ya que ésta fue la intención del legislador al establecer en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la obligación de la autoridad de precisar en sus resoluciones los plazos para impugnarlas. Ignorar la efectividad de tal precisión, implicaría desconocer un acto de autoridad que crea consecuencias de derecho, permitiendo que su falta de técnica y acuciosidad redunde en perjuicio de los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, seguridad y certeza jurídicas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

En este orden de ideas, tal como lo sostiene la quejosa, si bien el artículo 9, fracción I, del Reglamento para el Almacenaje, Venta, Porteo y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Querétaro, prevé la necesidad de la opinión del delegado municipal para la emisión del dictamen sobre factibilidad de giro, lo cierto es que, en caso de que el acto impugnado no cuente con dicha opinión, ello no demerita el carácter definitivo de esa determinación pues, en todo caso, esto sería motivo de análisis sobre la legalidad del acto.

Así, la resolución reclamada resultó violatoria de los derechos de la quejosa, en especial del de legalidad, dada su indebida motivación, pues a pesar de que la impugnante hizo valer sustancialmente los argumentos aquí reseñados en su recurso de reclamación, el Juez administrativo los desestimó; por lo que lo procedente será conceder al amparo y protección de la Justicia Federal a **********, contra la resolución dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, en el recurso de reclamación interpuesto en el expediente **********, para el efecto de que dicha autoridad deje insubsistente la resolución, en su lugar emita otra en la que declare fundados los agravios formulados en el recurso de reclamación y, de no advertir diversa causa de improcedencia, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho proceda sobre la demanda de origen.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia Federal ampara y protege a **********, contra la resolución dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, en el recurso de reclamación interpuesto en el expediente **********; por las razones y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno de este tribunal, hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, Magistrados, presidente Gerardo Martínez Carrillo, Leticia Morales García, quien formula voto concurrente, así como el secretario en funciones de Magistrado Christian Armando García Ruiz, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de octubre de dos mil dieciocho, siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.







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8. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, página 1289.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de mayo de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación.


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