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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28246         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 14 de diciembre de 2018 10:26 h
INCORPORACIÓN FISCAL. EL DERECHO A TRIBUTAR BAJO ESE RÉGIMEN DEBE DEMOSTRARSE Y NO PRESUMIRSE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ÁNGEL MÁTTAR OLIVA, SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ Y ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. PONENTE: JOSÉ ÁNGEL MÁTTAR OLIVA. SECRETARIO: MANUEL ORTIZ ALCARAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 226, facción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el Magistrado presidente de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Cancún, Quintana Roo, órgano jurisdiccional que resolvió los recursos de revisión fiscal que motivaron la emisión de las tesis contendientes, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Posturas contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió lo siguiente:

"Por otra parte, en el segundo agravio señalan, esencialmente, que la sentencia recurrida es ilegal, porque la Sala Fiscal, tras declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, reconoció el derecho del actor para que su aviso de actualización de actividades sea inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes bajo el régimen de incorporación fiscal a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, sin que previamente se haya constatado que los ingresos que percibió el accionante en el ejercicio inmediato anterior fue por el monto inferior de dos millones de pesos y que no se ubica en algún supuesto de excepción previsto en el párrafo cuarto del mismo precepto legal.

"Tal agravio es infundado, porque, en todo caso, correspondió a la autoridad demandada acreditar que el ingreso del accionante como ruletero de taxi supera los dos millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior a la solicitud de cambio de régimen de tributación, es decir, en la anualidad dos mil quince o que en el caso existe una excepción a que se refiere el párrafo cuarto del precepto 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, que el actor en el juicio administrativo fue socio, accionista o integrante de una persona moral o parte relacionada, en términos del enunciado 90 del citado ordenamiento legal o cuando exista vinculación con persona que hubiere tributado en los términos de la sección relativa a dicho régimen; realice actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios o actividades financieras o que fuera persona física que obtuviera ingresos por concepto de comisión, mediación, representación, correduría, consignación o distribución y, por consecuencia, su impedimento legal para emigrar al régimen de incorporación fiscal.

"Al no hacerlo, pues dicha negativa la sustentó bajo el argumento de que el contribuyente ya se encontraba tributando bajo el régimen de persona física con actividades empresariales y que, por ello, resultaba improcedente el cambio de régimen fiscal, decisión que como ya se precisó resultó desacertada; de ahí que en ningún momento puso en duda los ingresos del contribuyente y, por el contrario, tácitamente reconoció la afirmación del accionante en cuanto a que el monto que percibió en la referida anualidad no superó la cantidad señalada y tampoco demostró con las pruebas idóneas que se encuentre en algún caso de excepción; por tanto, su argumento es infundado y los efectos de la sentencia impugnada acordes a la solicitud de origen."

De lo anterior se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito determinó que fue correcta la decisión de la Sala Regional a quo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de reconocer el derecho subjetivo de la actora a ser inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el régimen de incorporación fiscal, por lo siguiente:

i. Ante la pretensión de la parte actora de que se le reconociera tal derecho subjetivo, correspondió a la autoridad fiscal demandada acreditar que aquélla no reunía los requisitos legales para ello, esto es, la autoridad debió demostrar que el ingreso de la actora en el ejercicio fiscal anterior superó los dos millones de pesos o que se encontraba en un caso de excepción previsto en el párrafo cuarto del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

ii. Al no hacerlo, la autoridad demandada reconoció tácitamente que la parte actora reunía las condiciones para el reconocimiento de su derecho subjetivo a ser inscrita en el régimen de incorporación fiscal.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió lo siguiente:

"Alega la recurrente, en su segundo concepto de agravio, que la referida Sala Regional no debió reconocer el derecho subjetivo del actor para que se registre su trámite de ‘Aviso de actualización de actividades’. Es así, dice, porque aun cuando en la resolución impugnada de nulidad no se puso en duda que el actor cumpliera con los requisitos del primer párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ello es insuficiente como constatación de la existencia del derecho subjetivo.

"Para ello, afirma, la Sala Regional a quo debió constatar que el actor se ubica en alguno de los supuestos del primer párrafo del artículo 111 aludido, que en el ejercicio anterior sus ingresos fueron menores a dos millones de pesos, y que no se presenta alguno de los supuestos de las fracciones I a V de ese precepto. Más, de las constancias del expediente, asegura, no se advierte prueba alguna que acredite esos extremos.

"El anterior concepto de agravio es fundado, porque la citada Sala Regional estimó que el actor cuenta con el derecho subjetivo para que se resuelva favorable su solicitud de cambio de régimen fiscal, pero sin constatar, conforme a las normas que rigen ese derecho, si se acreditaron los requisitos exigidos para acceder a él.

"En efecto, los artículos 50, penúltimo párrafo y 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(1) establecen que por virtud del modelo de plena jurisdicción con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la sentencia que dicte puede no limitarse a la mera declaración de nulidad del acto impugnado, sino que, si cuenta con elementos para ello, tutelar en toda su extensión el derecho subjetivo del actor y fijar con claridad la forma en que será restituido o reparado.

"Esta obligación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene operatividad cuando:

"1. Se analiza la pretensión del actor y se determina que es fundada para declarar la nulidad del acto impugnado.

"2. La autoridad administrativa está obligada a emitir una determinación (una devolución fiscal, pago de una pensión o en recursos administrativos).

"Si se colman ambos extremos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe avocarse a constatar si el actor en el juicio de nulidad cuenta con el derecho subjetivo y si es el caso, ordenar su restitución. Para ello, el tribunal debe contar con los medios de prueba suficientes para valorar ese aspecto, de lo contrario, deberá declarar la nulidad del acto impugnado sin examinar dicho tema en la sentencia que dicte.

"Esto es, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe pronunciarse sobre el derecho subjetivo del actor a partir de datos y pruebas que éste allegue al juicio de nulidad, que sean suficientes para analizar si cuenta con el derecho para que se le otorgue lo pedido, porque ante la duda acerca de algún elemento constitutivo, tendrá que reservar dicho examen a la autoridad administrativa.

"Lo anterior implica que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe constatar, en su caso, la existencia del derecho subjetivo del actor, atenta la específica regulación de la prerrogativa afectada con el acto impugnado, para determinar, con base en las normas aplicables a ese derecho, si se demostró y, de ser el caso, ordenar su restitución.

"En otras palabras, la obligación de constatar ese derecho no conlleva a que el órgano jurisdiccional lo aprecie libremente, pues debe tomar en cuenta los elementos y requisitos que exigen las normas relativas para acceder a tal derecho.

"...

"Si esto es así, queda en evidencia que la Sala del conocimiento resolvió que el actor tiene el derecho subjetivo de que se registre su trámite y se tengan por actualizadas sus obligaciones sin constatar la existencia de ese derecho conforme a las reglas legales que le son aplicables. En lugar de ello, la Sala Regional del Caribe a quo decidió con base en la actitud procesal que la autoridad demandada desplegó en el juicio de nulidad y en el acto impugnado en ese procedimiento.

"Esto es, la referida Sala Regional resolvió que como la autoridad demandada no controvirtió ciertas afirmaciones del actor, entonces esas afirmaciones deben tenerse por demostradas. Al hacerlo así, aplicó las reglas procesales de la carga de la prueba a una circunstancia que no debe decidirse por esas reglas, sino por las que resulten aplicables para el derecho subjetivo que, estimó, debe restituirse.

"La Sala Regional del Caribe resolutora debió comprobar conforme a las reglas aplicables al trámite que promovió el actor, si:

"a) Es indispensable que la autoridad demandada deba emitir una determinación.

"b) En las constancias del juicio existen pruebas suficientes para estimar que procede la actualización de régimen fiscal.

"c) De estimar que se colman ambos extremos, resolver que el actor cuenta con el derecho subjetivo de que se registre su trámite de ‘Aviso de actualización de actividades’ y se tengan por actualizadas sus obligaciones para tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal a partir del uno de enero de dos mil diecisiete.

"d) De lo contrario, esto es, de no reunirse ambos extremos, reservar a la autoridad demandada su facultad para resolver.

"Al no haberlo hecho así, la Sala Regional excedió su facultad. De ahí lo fundado del concepto de agravio."

De lo anterior se desprende que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito determinó que no fue correcta la decisión de la Sala Regional a quo de reconocer el derecho subjetivo de la actora a ser inscrita en el régimen de incorporación fiscal, por lo siguiente:

i. Ante la pretensión de la parte actora de que se le reconociera tal derecho subjetivo, la Sala Regional juzgadora debió analizar, conforme a las normas que rigen ese derecho, si se acreditaron los requisitos exigidos para acceder a él.

ii. De no existir pruebas suficientes para reconocer ese derecho subjetivo, la Sala Regional debe constatar los requisitos para resolver lo conducente (atendiendo a los elementos con que cuente para ello).

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

En primer orden, debe determinarse si de las consideraciones referidas con antelación se corrobora la contradicción de criterios denunciada.

Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

Así, lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes.

Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)

Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

Con base en lo referido, en la especie, sí existe contradicción entre los criterios de los tribunales contendientes, porque ante la pretensión de la parte actora de que en un juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la omisión de la autoridad demandada de constatar que el actor se ubica en alguno de los supuestos del primer párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se le reconozca ese derecho subjetivo (ser inscrita la actora en el régimen de incorporación fiscal), ambos sostuvieron posiciones discrepantes.

En efecto, mientras el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito sostiene que, al no haber cumplido la autoridad demandada con la obligación de constatar los requisitos de inscripción en el régimen de incorporación fiscal, debía concluirse que tácitamente los reconoce cumplidos y, consecuentemente, es posible presumir ese derecho y ordenar la inscripción correspondiente, porque "tácitamente" reconoció ese derecho; el Tercer Tribunal señala que para el mismo supuesto, la Sala Regional debió analizar las pruebas de la existencia de los requisitos y, de no ser suficientes, en lugar de reconocer implícita su existencia, reservar a la demandada su atribución para resolver lo conducente.

Tales posturas revelan que el problema jurídico a resolver en la presente contradicción de tesis consiste en determinar si ante la pretensión de la parte actora de que se le reconozca el derecho a ser inscrita en el régimen de incorporación fiscal, al no haber cumplido la autoridad demandada con la obligación de constatar si la actora cumplía o no con los requisitos para ello:

a) La Sala del conocimiento debe considerar que la autoridad enjuiciada reconoce tácitamente que se cumplen esos requisitos y, por ende, presumir que la actora tiene derecho a ser inscrita en el régimen de incorporación fiscal; o bien,

b) La Sala resolutora debe analizar la existencia de los requisitos y, de no ser suficientes las pruebas, reservar a la autoridad demandada su atribución para resolver lo conducente (sin presumir la juzgadora la existencia del derecho de la actora a ser inscrita en el referido régimen fiscal).

En el primer supuesto la existencia del derecho subjetivo a ser inscrito en el régimen de incorporación fiscal nace de una presunción (derivada de la omisión de la autoridad demandada de constatar que la actora se ubica en el supuesto del primer párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que implica un reconocimiento tácito de su parte).

En contraposición, en el segundo supuesto, la existencia del derecho subjetivo proviene de su demostración fehaciente (derivada del análisis de los requisitos del pretendido derecho), pues de no ser suficientes los requisitos tendientes a su acreditación, deberá reservarse a la autoridad demandada su atribución originaria para resolver lo conducente.

En síntesis, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si ante la pretensión de la actora, planteada en el juicio contencioso administrativo, de que se reconozca su derecho a ser inscrita en el régimen de incorporación fiscal y ante la omisión de la autoridad demandada de haber constatado el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello: (1) debe presumirse que la actora reúne tales requisitos y que, por ende, tiene derecho a la inscripción, o (2) deben analizarse tales requisitos y, de no ser suficientes, reservar a la demandada su atribución de resolver lo conducente.

QUINTO.—Estudio de fondo.

Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno de Circuito que, en esencia, coincide con el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por las razones que se expresan a continuación:

En principio, cabe destacar que en ambos asuntos, el problema jurídico a resolver derivó de la pretensión del actor de que se reconociera su derecho subjetivo a tributar bajo el régimen de incorporación fiscal previsto en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dispone:

"Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.

"Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta sección.

"También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

"No podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección:

"I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley, o cuando exista vinculación en términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta sección.

"II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquellos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda.

"III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este
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