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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28005         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h
PRELACIÓN DE CRÉDITOS EN LOS CONCURSOS MERCANTILES. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES NO JUSTIFICAN LA CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA ESPECIAL EN AQUÉLLA.

PRELACIÓN DE CRÉDITOS EN LOS CONCURSOS MERCANTILES. LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA NO JUSTIFICAN LA CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA ESPECIAL PARA LOS CONSUMIDORES, DIFERENTE DE LA DERIVADA DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.


CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y BENITO ALVA ZENTENO, QUIEN ASISTIÓ EN SUSTITUCIÓN DEL MAGISTRADO CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. DISIDENTES: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN Y NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, QUIEN SE ADHIERE AL VOTO PARTICULAR FORMULADO POR EL MAGISTRADO FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ. PONENTE: JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN. SECRETARIOS: VIANNEY RODRÍGUEZ ARCE, ALEJANDRA FLORES RAMOS Y ALFREDO DÍAZ MELO.

CONSIDERANDO

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una contradicción de tesis en materia civil, suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentran facultados para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:

I. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito concedió el amparo a la parte quejosa, porque consideró que, en un concurso mercantil, los créditos de los consumidores no debían ubicarse en el lugar de los acreedores comunes, sino que debían colocarse inmediatamente después de los pertenecientes a los trabajadores, y antes de los fiscales; lo anterior, debido a que, al analizar los derechos de los consumidores, reconocidos como derechos humanos, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por los tratados internacionales, coligió que era obligatorio aplicar el principio pro homine para la obtención de su mayor beneficio, debido a la desigualdad que existe en la relación de consumo frente al comerciante y otros acreedores. En consecuencia, al interpretar los artículos 217 a 222, 224, fracción I, de la Ley de Concursos Mercantiles, estableció que los créditos de los consumidores debían ubicarse inmediatamente después de los correspondientes a los trabajadores, pues, sólo de ese modo, el Estado estaría haciendo lo posible para resarcirlos en la satisfacción de sus créditos.

Este criterio está contenido en la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil doce, pronunciada en el amparo directo 82/2012, promovido por la **********, contra la sentencia definitiva de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, que emitió en el concurso mercantil de ********** número **********, tramitado ante el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

Las consideraciones que sustentan la resolución de que se hace mérito, en lo que interesan, son las siguientes:

"En el séptimo concepto de violación, la quejosa aduce que se infringen sus garantías previstas en los artículos 1o. y 28 constitucionales, por transgresión a los preceptos 24 y 25 de la Convención Americana de (sic) Derechos Humanos (Pacto de San José), y 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno; porque, no obstante que, a partir del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se reconoció en el orden jurídico constitucional mexicano la especial protección a los consumidores, a fin de que tuvieran una efectiva tutela, ya fuera que comparecieran en lo individual o como masa o grupo, por encontrarse en una situación de desventaja frente a los proveedores o prestadores de servicios.

"Lo cual se refleja con mayor magnitud cuando se trata de grupos afectados por un mismo hecho, de los cuales el Poder Judicial de la Federación ha destacado las características y acciones para su defensa, definiéndolos como intereses colectivos o difusos; pues el Estado está obligado a protegerlos de relaciones de consumo inequitativas, asimétricas e injustas.

"Asevera que ello se vincula con evidente nitidez con los intereses de los consumidores que representa, pues, aunque es factible que los miembros de ese grupo promuevan, en forma separada, la exigencia de sus derechos; esto provocaría desincentivar a cada uno debido a lo costoso de los procedimientos, en comparación con los beneficios obtenidos por una comunidad de afectados.

"Por tal razón, y, atendiendo al orden de graduación que propone la Ley de Concursos Mercantiles, subraya que son comunes los créditos que no estén considerados en sus artículos 218 al 221 y 224; mientras los laborales están reconocidos como preferenciales para ser pagados antes que cualquiera de los demás acreedores establecidos, con fundamento en su trascendencia social y el fenómeno económico que es el concurso, como deriva de la exposición de motivos de esa ley, cuya parte conducente reproduce.

"Esto, porque se previó, como principal objetivo ante la quiebra, preservar y respetar los derechos de los acreedores, a fin de que no quedaran vulnerados; quienes, de tener cualidades específicas como grupo con intereses comunes, logran un mejor lugar de reconocimiento para el pago de lo que el comerciante les adeude al declararse su concurso.

"Con base en esto, y en sus facultades para tutelar los derechos e intereses de los consumidores que representa, aun sin su consentimiento la peticionaria de amparo estima que los créditos de estos últimos, y, los laborales convergen en la trascendencia de sus derechos colectivos, por pertenecer ambos a grupos sociales que pueden quedar en desventaja frente a la comerciante, al poder dejarlos en estado de indefensión.

"Por lo cual, no obstante que la Ley de Concursos Mercantiles establece ya un grado de prelación de pago para ellos, propone que, conforme a las amplias facultades otorgadas por la más reciente reforma al artículo 1o. de nuestra Carta Magna, este tribunal resuelva la incompatibilidad que contravenga los derechos tutelados de los consumidores; en términos de la protección más amplia, como sector frágil de la sociedad, frente a la concursada, y de acuerdo con el método de interpretación de los derechos fundamentales o humanos reconocidos constitucionalmente, que coincide con el previsto en los tratados internacionales de los que México es parte.

"De ahí que, inclusive, por encontrarse ello previsto en el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la demandante de garantías indique que, atendiendo a la función de control constitucional de los Tribunales Colegiados, les corresponda examinar los derechos fundamentales de los consumidores que representa, en términos de una valoración igualitaria a los de aquellos grupos que se encuadran en la misma situación jurídica; pues, si existe una identidad manifiesta entre las condiciones y naturaleza de las prerrogativas crediticias de sus representados, con las de los trabajadores en el concurso, debe tratárseles como iguales.

"Además, la promovente del amparo expone que, para la interpretación a la cual alude, debe tomarse en cuenta el propósito del constituyente, como es proteger de los eventuales, y con frecuencia, graves efectos del perjuicio, a personas o a grupos que cuentan con una historia de desventaja o victimización; más aún porque los derechos de igualdad, entre ambos sectores cuestionados, encuentran sustento en el espíritu que emana de las leyes de orden público, y su interés por salvaguardar los derechos colectivos.

"Consecuentemente, sostiene que la sentencia reclamada transgrede los derechos humanos de sus representados, al situarlos en calidad de acreedores comunes de la fallida, y desconocer sus prerrogativas como grupo vulnerable, que tienen con motivo de la suspensión de actividades; porque ellos conllevan a la aplicación de un derecho igualitario con el de los trabajadores, y, por ende, a que también se les considere acreedores preferenciales, respecto de cualquier otro crédito.

"Máxime, pues al ser de carácter público el servicio de transporte aéreo concesionado, el cual está regulado por una ley de ese mismo tipo, es clara la afectación de los usuarios de tal servicio, que constituyen una colectividad vulnerable, y son los acreedores más desprotegidos en ley concursal.

"A lo cual suma que, ante la abstención de la autoridad de segunda instancia de realizar un examen de los tratados internacionales que invoca, y aduce, consagran los derechos humanos de ‘igualdad ante la ley’ y ‘protección judicial’ que todo gobernado debe tener garantizados, y pueden ampliar los tutelados en nuestra Constitución para encontrar un equilibrio entre los que tienen la empresa deudora, sus representados; es que sugiere que los derechos colectivos de estos últimos tienen igualdad de circunstancias a los trabajadores.

"Para finalizar, estimamos que los argumentos, antes sintetizados, son fundados sólo en parte.

"Lo anterior, porque, si bien es cierto que, los derechos de los consumidores, como derechos humanos reconocidos por el artículo 28 constitucional, deben ser protegidos conforme al principio pro homine, para la obtención del mayor beneficio posible; también estimamos que, tal protección, no puede llegar al nivel de equipararlos con el grado de prelación de pago que tienen los trabajadores dentro del concurso mercantil, como pretende la demandante de garantías. ...

"No obstante lo anterior, tal como lo adelantamos, asiste razón a la quejosa en cuanto a que a los consumidores no les corresponde ocupar el grado de acreedores comunes en el concurso mercantil.

"Así, para dar solución al problema 7.1 propuesto en la consideración sexta de esta resolución [hoja 102 (11-14)], ante la obligación de todo órgano de control constitucional y jurisdiccional de realizar una interpretación extensiva de los alcances de los derechos humanos para hacer menos restrictivas sus limitaciones, adoptamos el criterio de maximizarlos y optimizarlos, siguiendo el principio pro homine; de conformidad con el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, y los preceptos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 5o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"Por lo cual tenemos que los artículos 217 a 222, 224, fracción I, y 225, fracción I, de la Ley de Concursos Mercantiles, disponen:

"‘Artículo 217. Los acreedores se clasificarán en los grados siguientes, según la naturaleza de sus créditos: I. Acreedores singularmente privilegiados; II. Acreedores con garantía real; III. Acreedores con privilegio especial, y, IV. Acreedores comunes.’

"‘Artículo 218. Son acreedores singularmente privilegiados, cuya prelación se determinará por el orden de enumeración, los siguientes: I. Los gastos de entierro del comerciante, en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea posterior al fallecimiento, y II. Los acreedores por los gastos de la enfermedad que haya causado la muerte del comerciante en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea posterior al fallecimiento.’

"‘Artículo 219. Para los efectos de esta ley, son acreedores con garantía real, ... I. Los hipotecarios, y II. Los provistos de garantía prendaria.—Los acreedores con garantía real percibirán el pago de sus créditos del producto de los bienes afectos a la garantía, con exclusión absoluta de los acreedores a los que hacen referencia las fracciones III y IV del artículo 217 de esta ley y con sujeción al orden que se determine con arreglo a las disposiciones aplicables en relación con la fecha de registro.’

"‘Artículo 220. Son acreedores con privilegio especial todos los que, según el Código de Comercio o leyes de su materia, tengan un privilegio especial o un derecho de retención.—Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos términos que los acreedores con garantía real o de acuerdo con la fecha de su crédito, ...’

"‘Artículo 221. Los créditos laborales diferentes de los señalados en la fracción I del artículo 224 y los créditos fiscales se pagarán después de que se hayan cubierto los créditos singularmente privilegiados y los créditos con garantía real, pero con antelación a los créditos con privilegio especial. ...’

"‘Artículo 222. Son acreedores comunes todos aquellos que no estén considerados en los artículos 218 al 221 y 224 de este ordenamiento y cobrarán a prorrata sin distinción de fechas.’

"‘Artículo 224. Son créditos contra la masa y serán pagados en el orden indicado y con anterioridad a cualquiera de los que se refiere el artículo 217 de esta ley: I. Los referidos en la fracción XXIII, apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias aumentando los salarios a los correspondientes a los dos años anteriores a la declaración de concurso mercantil del comerciante.’

"‘Artículo 225. Frente a los acreedores con garantía real o con privilegio especial, no puede hacerse valer el privilegio a que se refiere el artículo anterior, sino que sólo tienen privilegio los siguientes: I. Los acreedores por los conceptos a los que se refiere la fracción XXIII, apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias considerando los salarios de los dos años anteriores a la declaración de concurso mercantil del comerciante; ...’

"De tales disposiciones observamos que los consumidores no tienen un reconocimiento explícito en el orden de pago, por lo cual, por exclusión, deben estar con los comunes.

"No obstante, estimamos que la manera de proteger adecuadamente su derecho, conforme al referido principio pro homine, es el de ubicarlos a la par que los acreedores reales; pues juzgamos que su posición en el último lugar, de las categorías previstas para el pago de los créditos en el concurso, como es la de los acreedores comunes, reduce sus posibilidades a ser resarcidos, de modo efectivo, por el incumplimiento de la comerciante en la prestación del servicio contratado.

"En cambio, si se eleva su posición en cuanto al orden en el cobro, es la mejor manera de garantizar el reembolso del pago del servicio que no se les proporcionó, de lograr su mayor beneficio y de dar vigencia al derecho reclamado.

"Así, tratándose de la afectación de los derechos humanos de los consumidores, y el reconocimiento expreso, a nivel internacional, del que tienen a la restitución, en caso de que el servicio no se preste bajo las condiciones que el propio Estado imponga, tenemos que la falta de previsión expresa en el orden en que han de ser pagados, permite designar aquella que consiga la mejor satisfacción del derecho afectado.

"Por ende, aunque no al nivel de los trabajadores, concluimos que deben quedar situados en el grado inmediato inferior, atenta la desventaja que tienen frente a los demás acreedores de la concursada; como en específico, son los que tienen garantías reales, porque al menos ellos tienen amparado el pago de sus créditos con los bienes de la concursada otorgados mediante hipoteca o prenda.

"Mientras que los consumidores, como acreedores comunes, no gozan de ninguna garantía para el pago de sus créditos, sino que, por el contrario, quedan en desventaja total frente a los restantes; cuando, como hemos explicado, conforme a las normas protectoras de sus derechos a nivel constitucional, internacional y de las leyes secundarias, deben tener resguardos sus intereses por ser desiguales al proveedor o comerciante, considerándolos como parte débil.

"Además, tampoco estimamos que deban quedar por debajo del orden en el pago de los créditos fiscales, que son satisfechos antes que los privilegiados; pues no estaría justificado que el Estado cobrara primero la cantidad que le corresponda por concepto de impuestos, sobre los créditos de los consumidores, porque esa ubicación no disminuiría la desigualdad existente entre comerciante y consumidor, sino que enfrentaría a este último a una nueva situación de desigualdad frente al ente público.

"Incluso, el hecho de que la autoridad fiscal sea satisfecha en el pago de sus créditos, antes que los consumidores, tendría como consecuencia que el Estado antepusiera su interés, al de aquellos a quienes debe proteger contra actos que menoscaben sus derechos humanos; es decir, el cobro que ejecutaría la autoridad hacendaria previo a los consumidores, disminuiría las cantidades que quedaran para la satisfacción de sus créditos.

"Por tanto, la interpretación de los reproducidos artículos de la Ley de Concursos Mercantiles, en aplicación del principio pro homine, conlleva a concluir que, ante la falta de disposición expresa sobre el lugar en que deben pagárseles a los consumidores los créditos que tengan contra la concursada, deben ser ubicados en el nivel inmediato inferior a los créditos de los trabajadores, pues, de ese modo, el Estado estará haciendo lo más posible para resarcirlos en la satisfacción de los créditos que les corresponden y respetando sus derechos humanos."

Esta ejecutoria dio origen a la tesis I.7o.C.10 C (10a.), publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1820, con número de registro digital: 2000742, cuyos rubro y texto dicen:

"CONSUMIDORES. CRÉDITOS DE LOS, EN UN CONCURSO MERCANTIL Y SU PRELACIÓN; SE UBICAN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LOS TRABAJADORES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 217 A 222, 224, FRACCIÓN I Y 225, FRACCIÓN I DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES). Al analizar los derechos de los consumidores reconocidos como derechos humanos, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por los tratados internacionales, es obligatorio aplicar el principio pro homine para la obtención de su mayor beneficio posible; entre otras razones, por su desigualdad en la relación de consumo frente al comerciante y otros acreedores. En consecuencia, al interpretar los artículos 217 a 222, 224, fracción I, y 225, fracción I, de la Ley de Concursos Mercantiles, los créditos de los consumidores deben ubicarse inmediatamente después de los créditos de los trabajadores, pues de ese modo el Estado estará haciendo lo posible para resarcir a aquéllos en la satisfacción de sus créditos. Sin que esto signifique desconocer el orden preferente de pago que corresponde a los créditos de los trabajadores en el concurso, porque derivan de su principal fuente de ingresos, lo que no sucede en esa magnitud respecto de los consumidores. Por otra parte, a diferencia de los créditos reales cuyo pago está amparado con los bienes de la concursada mediante hipoteca o prenda, los consumidores no gozan de ninguna garantía, encontrándose así en desventaja frente a ellos. Asimismo deben estar por encima en el orden de pago de los créditos fiscales, que son satisfechos antes que los privilegiados, pues no estaría justificado que el Estado cobrara antes que los consumidores, pues al hacerlo estaría anteponiendo su interés al de aquellos a quienes debe proteger contra actos que menoscaben sus derechos humanos. Además, una ubicación diferente no disminuiría ni permitiría equilibrar la desigualdad entre comerciante y
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