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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 27894         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 22 de junio de 2018 10:28 h
ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 158, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO REFORMADA DEL ESTADO DE OAXACA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOTERCER CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DARÍO CARLOS CONTRERAS FAVILA, ROSA ILIANA NORIEGA PÉREZ Y JOSÉ LUIS LEGORRETA GARIBAY. PONENTE: ROSA ILIANA NORIEGA PÉREZ. SECRETARIO: GUADALUPE SERVANDO QUIROZ AYUSO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno del Decimotercer Circuito, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de criterios, sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz; en auxilio del dictado de la resolución en un amparo en revisión del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito y este último órgano jurisdiccional, y el tema de fondo corresponde a la materia de amparo administrativa (común), en la que puede suscitarse dicha contradicción, dada la semiespecialización de los Tribunales Colegiados de este Circuito.

Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a),(4) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de «título y subtítulo»: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Por lo tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito, en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que se estiman discrepantes, son las siguientes:

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al resolver el amparo en revisión administrativa 222/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en lo conducente estimó:

"SEXTO.—El quejoso-recurrente aduce, en esencia, que la a quo, no valoró las pruebas ofrecidas, ni analizó todos los conceptos de violación que hizo valer en su demanda de amparo y su ampliación, en concreto, aquellos por los que refirió que no se le respetó la garantía de audiencia que prevé el artículo 14 constitucional, previo a la ejecución del acto de autoridad; ello, pues manifiesta que incluso del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se advierte que en ningún momento del procedimiento se le respetó tal derecho, a pesar de que existe jurisprudencia obligatoria sobre ese aspecto, emitida por el Pleno del Decimotercer Circuito, de rubro: ‘ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’

"Los anteriores argumentos son sustancialmente fundados.

"En efecto, en parte del primer concepto de violación hecho valer en su demanda de garantías y del segundo propuesto en su escrito de ampliación, se aprecia que el quejoso, ahora recurrente, adujo, medularmente, que el arresto decretado en su contra conculca sus derechos fundamentales de legalidad y debido proceso contemplados en el artículo 14 de la Constitución Federal, consistentes en que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, previamente a la imposición del acto privativo de la libertad, es decir, que se le debió otorgar oportunidad de una defensa, previo al acto privativo; lo que, apuntó, en el caso particular no ocurrió, por lo que el arresto decretado resulta ilegal.

"Ahora bien, del considerando sexto de la sentencia recurrida se aprecia que la a quo, al examinar la constitucionalidad del arresto administrativo decretado, concluyó en negar el amparo y, vía consecuencia, hizo extensiva dicha negativa de la protección constitucional a los restantes actos inherentes a la suspensión de la licencia de conducir y el pago de grúas y multas para la devolución del vehículo y demás bienes.

"Empero, como se aduce, la Jueza de Distrito únicamente examinó las facultades que tiene la autoridad responsable para imponer el arresto reclamado, de conformidad con los artículos 47, fracciones I y II, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, 53, 137, fracción I, 141, párrafo primero, y 158, Grupo especial Ebriedad, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito reformada para el Estado de Oaxaca; y concluyó que el arresto impugnado fue emitido por autoridad legalmente facultada para ello y que éste no infringía los derechos fundamentales protegidos por el artículo 21 de la Constitucional Federal.

"Asimismo, a la luz del artículo 16 de la Constitución Federal, analizó el contenido de la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecisiete, emitida en el expediente administrativo SSP/DGPVE/DJ/0136/2017, por la que se impuso al quejoso arresto administrativo de veinticuatro horas, y derivado de ello, la suspensión de su licencia de conducir por un término de tres meses y el pago de grúas y multa; determinando que dicho arresto era legal porque debidamente fundado y motivado; razones por las cuales, como se dijo, negó el amparo solicitado e hizo extensiva la negativa por los actos que se combaten vía ejecución del citado arresto.

"De lo anterior se advierte que, como lo indicó el quejoso-recurrente, en su único agravio, la a quo fue omisa en analizar lo expresado en su primer concepto de violación de la demanda de amparo y segundo motivo de disenso de la ampliación, relativos a que no se le respetó su derecho fundamental de audiencia previamente a la imposición del arresto decretado; por lo que al resultar fundados sus agravios en este recurso, procede que este Tribunal Colegiado efectúe el análisis de los referidos conceptos de violación en términos del artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo.

"Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 3/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Número 86-2, febrero de 1995, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro «digital»: 205393, que dice:

"‘ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR.’ (reproduce texto)

"SÉPTIMO.—Los aludidos conceptos de violación reseñados en líneas precedentes relacionados con la violación a la garantía de audiencia son sustancialmente fundados por las razones que se expondrán a continuación.

"De las constancias allegadas al juicio de amparo por el jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal; en representación de su director, se advierte que en el procedimiento administrativo instaurado contra el quejoso, que culminó con la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecisiete, por la que se le impuso arresto administrativo de veinticuatro horas, y derivado de ello la suspensión de su licencia de conducir por el plazo de tres meses, a más de, por derivación, el pago de grúas y multa, al serle detenido el vehículo, no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento como se verá a continuación.

"En efecto, de las copias autorizadas del expediente administrativo SSPO/DGPVE/DJ/0136/2017 instaurado al quejoso-recurrente, se aprecia que la autoridad responsable, al momento de la detención del peticionario **********, le hizo saber del inicio del procedimiento administrativo seguido en su contra, comunicándole sus derechos humanos y garantías constitucionales, como lo justifica con la razón de notificación respectiva de veintiocho de enero de dos mil diecisiete, que obra a foja veintinueve del juicio de amparo.

"Sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que ello resulta insuficiente para considerar que se cumplió con el derecho fundamental de ‘previa audiencia’, toda vez que el mismo día en que se notificó al quejoso el inicio de procedimiento respectivo, esto es, el veintiocho de enero de dos mil diecisiete, también se dictó la resolución en la que se le impuso el arresto inconmutable por veinticuatro horas. (fojas 35 a la 39 ídem)

"Además de que, incluso, desde el propio acto de notificación del procedimiento se llevó a cabo su detención, según se advierte de la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecisiete impugnada, en la que en su resolutivo II determinó la legalidad de la detención del peticionario, y en el diverso IV indicó que el arresto administrativo impuesto debería contarse a partir del momento de su detención. (foja 38 ídem)

"Lo que evidencia que previamente a ser sancionado, no se respetó al quejoso-recurrente su derecho fundamental de audiencia, por lo que se le dejó en estado de indefensión al no otorgársele oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en el procedimiento, ni de alegar lo que a sus intereses conviniera, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, Novena Época, con registro «digital»: 200234, que dice:

"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (copia texto)

"Más aún se tiene que al resolver la contradicción de tesis 4/2016, el Pleno del Décimo Tercer Circuito (al que pertenece el Tribunal Colegiado Auxiliado) determinó lo siguiente:

"‘Una vez precisado que el arresto reclamado es un acto de carácter privativo y definitivo, procede ahora determinar si dicho acto privativo se rige por las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, previstas en el artículo 14 de la Constitución Federal y, como consecuencia de ello, si deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, previo a su dictado, esto es, la garantía de previa audiencia, como lo consideraron los Tribunales Colegiados de este Circuito.

"O bien, como lo apreció el Tribunal Colegiado Auxiliar, que no debe regir la garantía de previa audiencia, pues el arresto reclamado, se encuentra en un supuesto de excepción a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, tomando en cuenta el párrafo cuarto del artículo 21 de la Carta Magna, en el que se establece la facultad de las autoridades administrativas para sancionar la transgresión a reglamentos gubernativos o de policía, no permite la intervención del particular sancionado.

"A fin de resolver tal cuestión, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la citada garantía de audiencia, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo rige respecto de actos privativos, entendiéndose por tales, los que en sí mismos persiguen la privación con efectos definitivos y no provisionales o accesorios.

Ahora bien, si se toma en cuenta que el arresto administrativo previsto en el artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, por sí mismo persigue la privación de la libertad personal ambulatoria de los presuntos infractores, con efectos definitivos, entonces, es indudable que, por tratarse de un acto privativo, se rige por la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal y, como consecuencia de ello, deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, previo a su dictado, esto es, la garantía de previa audiencia.

"La garantía de audiencia prevista en el invocado normativo 14 constitucional, consiste, acorde al criterio reiterado del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se ‘cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’.

"Formalidades esenciales que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en lo siguiente:

"1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

"2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

"3) La oportunidad de alegar; y,

"4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

"Así, de no respetarse alguno de estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

"En ese sentido, tratándose del acto privativo de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con motivo del arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, para que la defensa sea adecuada y efectiva, debe ser previa a la imposición de tal sanción, a efecto de garantizar eficazmente ese bien, constitucionalmente protegido a través del mencionado artículo 14.

"En efecto, previo a la imposición de la sanción administrativa de que se trata, por la infracción al artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, el presunto infractor debe ser escuchado en el momento oportuno, a fin de que manifieste lo que a su defensa convenga, por tanto, dicho propósito sólo se puede lograr a través del respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a las cuales hace referencia el artículo 14 constitucional.

"Sin que lo anterior se contraponga al artículo 21 de la Constitución Federal, pues si bien es cierto que este precepto establece la facultad de las autoridades administrativas para sancionar la transgresión a reglamentos gubernativos y de policía, también lo es, que no prohíbe la intervención del particular, previo a la imposición del arresto, esto es, no prevé algún caso de excepción a la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal; de ahí que los citados preceptos, en el apartado respectivo, se complementan en beneficio de los gobernados otorgándoles la protección más amplia, como lo estatuye el artículo 1o., párrafo segundo, de la mencionada Ley Suprema.’

"Dicha ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia PC.XIII. J/5 A, que invoca el quejoso, sustentada por el Pleno del Decimotercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Libro 40, marzo de 2017, Décima Época, con número de registro «digital»: 2013792, cuyo de (sic) rubro y texto:

"‘ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’ (transcribe texto)

"Como se advierte del anterior criterio, tratándose de arrestos administrativos de los contemplados por el artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, como es el caso particular, previamente a su imposición, la autoridad emisora debe respetar la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; en razón de que tal prerrogativa, constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus derechos, como son la libertad y sus propiedades.

"En ese sentido, y en aplicación de la referida jurisprudencia, resulta inconcuso que al no mediar un plazo razonable entre la fecha en que se notificó al quejoso el inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra, y aquella en que se emitió la resolución con la que éste culminó y se le impuso el arresto administrativo, en razón de que ambos actos se verificaron el mismo día, esto es, el veintiocho de enero de dos mil diecisiete; en consecuencia, con ello se trastocó el derecho fundamental de audiencia en perjuicio del quejoso.

"Lo anterior, en la inteligencia de que el señalado criterio del Pleno del Decimotercer Circuito es de observancia obligatoria, acorde a lo dispuesto en el artículo 217, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que dice:

"‘Artículo 217. ...

"La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.’

"Máxime que la sentencia recurrida fue emitida el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, fecha en la cual ya estaba publicado el anterior criterio jurisprudencial en el Semanario Judicial de la Federación y, por tanto, resultaba obligatorio y apto para resolver el juicio de amparo en términos del propio artículo 217, último párrafo, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario y de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 139/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 391, Décima Época, con registro «digital»: 2010625 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas», de «título, subtítulo» y texto siguientes:

"‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (copia texto)

"En ese orden de ideas, al resultar fundados los conceptos de violación analizados, que omitió estudiar la Jueza de Distrito, procede modificar en esta parte (negativa del amparo) la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional para los efectos siguientes:

"a). La autoridad responsable, director General de la Policía Vial Estatal, deje insubsistente la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecisiete reclamada, por la que se impuso al quejoso arresto administrativo de veinticuatro horas.

"b). Reponga el procedimiento administrativo a partir de la notificación de su inicio y otorgue al peticionario «el» plazo prudente para ofrecer y desahogar pruebas en las que finque su defensa respecto de los actos que se le imputan, asimismo, le dé oportunidad de alegar; y,

"c). Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, emita la resolución que conforme en derecho proceda; atento al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 16/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 497, Novena Época, con número de registro «digital»: 170392, de rubro: ‘AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE
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