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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 26990         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 03 de marzo de 2017 10:06 h
CUESTIONARIO ESCRITO PARA VERIFICAR EL ORIGEN DEL BIEN IMPORTADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, FRACCIÓN 1, INCISO (A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ENTENDIDO COMO UN PROCEDIMIENTO EFICAZ DE VERIFICACIÓN, COMPRENDE LA FACULTAD DE REQUERIR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS DISPOSICIONES CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL BIEN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, OCTAVO Y VIGÉSIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE DIECINUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, ARTURO ITURBE RIVAS, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, RODRIGO MAURICIO ZERÓN DE QUEVEDO Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. AUSENTE: FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ. PONENTE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. SECRETARIO: MANUEL PATRICIO GÁRATE VÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, aprobado por el Pleno del propio Consejo en sesión ordinaria de dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, reformado mediante diverso Acuerdo General 52/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince diciembre de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre dos Tribunales Colegiados de Circuito, con residencia en la Ciudad de México, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis fue denunciada por parte legitimada para ello, pues la formularon la Magistrada Emma Margarita Guerrero Osio y los Magistrados Francisco Paniagua Amézquita y Salvador González Baltierra, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, los integrantes de uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.(2)

TERCERO.-Naturaleza y elementos para determinar la existencia de contradicción de tesis. El artículo 215 (sic) de la Ley de Amparo preceptúa que la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia.(3)

La jurisprudencia por contradicción de tesis -o también denominada por unificación de criterios-, es una de las formas en que se integra jurisprudencia en nuestro sistema jurídico, y opera sobre la base del principio de contradicción.

La jurisprudencia por contradicción ha sido tan prolífica que actualmente se le considera un factor trascendente en la evolución de la cultura jurídica.

La Primera Sala del Alto Tribunal estableció, al analizar el contenido del artículo 197-A de la Ley de Amparo -abrogada-, que la contradicción de tesis constituye una forma o sistema de integración de la jurisprudencia cuya finalidad primordial es preservar la unidad de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo el criterio que debe prevalecer cuando exista oposición entre las posturas que sustenten los órganos jurisdiccionales en torno a un mismo problema legal, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se emitieron dichos criterios.

El razonamiento anterior se contiene en la jurisprudencia que lleva por rubro:(4)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA JURÍDICA."

En ese sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal apuntó en la tesis aislada 1a. IX/2002,(5) que: "... la finalidad del sistema implantado para resolver la discrepancia de criterios entre los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación, es la de definir con certeza y seguridad jurídica tanto para los gobernados como para los órganos encargados de aplicar el derecho, los criterios de interpretación que deben sostenerse respecto de normas generales o constitucionales ..."

Posteriormente, estableció que para determinar si existe materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión.

Para que se suscite la contradicción de tesis se requiere que la denuncia de criterios se refiera a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas expuestas en la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis divergentes.

No basta entonces, que existan ciertas o determinadas contradicciones, si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en relación con la sustancia del problema jurídico debatido.

Por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determinará materialmente la contradicción de tesis que tornará necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de jurisprudencia.

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de voz:(6)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA."

Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia P./J. 26/2001, que la existencia de tesis contradictorias requiere la concurrencia de los siguientes supuestos:

a) Que al resolver negocios jurídicos se analicen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia entre los criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La jurisprudencia de referencia lleva por rubro:(7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."

Cabe señalar que nuestro Alto Tribunal interrumpió, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la jurisprudencia en comento.(8)

Lo anterior originó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definiera, a partir de un nuevo examen del contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo -vigente hasta el dos de abril de dos mil once-,(9) el alcance del término "contradictorio", para efectos de la procedencia de la contradicción de tesis.

Al respecto, estableció que el alcance de ese concepto debe entenderse cuidadosamente y no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica.

Señaló que la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica, que en la de comprobar que se reúne una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.

En ese sentido, apuntó que para determinar si existe o no una contradicción de tesis, debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en alguno de los razonamientos de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -mas no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad.

Sobre el particular, estableció que si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, para que una contradicción de tesis se actualice es necesario cumplir las siguientes condiciones:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa en que ejercieron el arbitrio judicial a través de una labor interpretativa, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre, al menos, un razonamiento en el que la diferente interpretación efectuada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

En ese contexto, concluyó que en las contradicciones de tesis se deben reducir al máximo, cuando no eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Actualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para decidir si existe contradicción de tesis es necesario analizar si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes acerca de un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central.

Esto, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no resulten iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, puesto que la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos.

De ahí que considerar que la contradicción de tesis sólo se actualiza cuando los asuntos resultan exactamente iguales, constituye un criterio rigorista que impide resolver si existe o no la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia.

Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen los criterios opuestos y denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Estas precisiones se contienen en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro:(10)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

En términos de la citada jurisprudencia, para que exista contradicción de tesis se exige que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos que constituyen materia de la denuncia, hayan:

a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales.

b) Llegado a conclusiones encontradas con respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfacen estos dos supuestos, sin que resulte obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho, no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean.

CUARTO.-Asuntos de los que surge la contradicción de tesis. Enseguida, con el propósito de establecer si se actualiza la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, en lo relativo a los requisitos concernientes al examen de hipótesis jurídicas esencialmente iguales y la adopción de conclusiones divergentes, resulta conveniente transcribir para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyan las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, en sesión de treinta de junio de dos mil dieciséis (que es el más reciente de los precedentes dictados por ese órgano judicial de los que constituyen materia de la presente contradicción de tesis), sostuvo las consideraciones siguientes:

"SÉPTIMO.-La autoridad recurrente sostiene, en su escrito de agravios, de manera toral: (se transcribe).-Por cuestión de técnica jurídica los argumentos de que se trata se analizarán en forma conjunta y, para ello, conviene tener en cuenta las siguientes precisiones: La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue firmada ad referéndum, por parte del plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, el veintitrés de abril de mil novecientos sesenta y nueve, aprobada por el Senado de la República el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y dos, y publicada el catorce de febrero de mil novecientos setenta y cinco en el Diario Oficial de la Federación, y en sus artículos 31 al 33 dispone: ‘Artículo 31.’.-‘Artículo 32.’.-‘Artículo 33.’ (se transcriben).-Como se desprende de lo antes transcrito, de acuerdo con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, para desentrañar el alcance de lo previsto en cualquier instrumento internacional debe, en principio, acudirse al sentido literal de las palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar el respectivo documento final, debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión que sea lógica con el contexto del propio tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración.-Por cuanto al contexto se refiere, el artículo 31 citado establece que se integra por: a) el texto del tratado, su preámbulo y anexos; y, b) todo acuerdo o instrumento que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado y como elementos adicionales a considerar se encuentran: a) lo establecido en todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación o aplicación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado, que implique una interpretación de las partes acerca del tratado; y, c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.-Por su parte, el artículo 32 establece los medios de interpretación complementarios (en particular, a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración), a los cuales se podrá acudir: 1. Para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31; o, 2. Para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o, b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.-Finalmente, el artículo 33, se refiere a la interpretación de los tratados traducidos en dos o más idiomas en cuyo supuesto se entenderá que los términos del tratado tienen en cada texto igual sentido.-Por otra parte, los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de Canadá y de los Estados Unidos de América, con el propósito de reafirmar los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones, contribuir al desarrollo armónico a la expansión del comercio mundial y ampliar la cooperación internacional, crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos en sus territorios, reducir distorsiones en el comercio, establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial, asegurar un marco comercial previsible para la planeación de las actividades productivas y de la inversión, desarrollar sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación, así como fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales, entre otros aspectos, acordaron celebrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.-Entre los objetivos del citado tratado se encuentra el de eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las partes; promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias, y establecer los lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de ese tratado (artículo 102).-Así, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito por México, Canadá y Estados Unidos, el cual entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2203 del propio tratado.-Ahora bien, el artículo 102 del Tratado de Libre Comercio que nos ocupa, referente a la interpretación de sus normas, señala: ‘Artículo 102.’ (se transcribe).-Del artículo citado se desprende que la interpretación del tratado se realizará a la luz de los objetivos establecidos en el mismo y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional.-Por lo que hace a los objetivos del tratado, que se inspiran en los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, aparecen citados los que se refieren a eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes, promover las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio y establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado.-Sentadas las premisas anteriores, toca interpretar el artículo 506, punto 1, inciso (a), del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las reglas 35, 37 y 39 de las reglamentaciones uniformes y, para ello, conviene tener en cuenta que los artículos 501 a 508, contenidos en el capítulo V, ‘Procedimientos aduaneros’, sección A. ‘Certificación de origen’ y sección B. ‘Administración y aplicación del tratado’, establecen lo siguiente: ‘Artículos 501 a 508.’ (se transcriben).-Del contenido de los preceptos transcritos se advierte, en lo que interesa, que establecen el procedimiento que deberá seguirse para certificar que un bien califique como originario con el fin de que reciba un trato arancelario preferencial al momento de introducirlo en territorio de otro país de los contratantes: Canadá, Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos (artículo 501); siendo obligación de las partes contratantes requerir al importador en su territorio que solicite trato arancelario preferencial, que exhiba el certificado de origen válido que demuestre que el bien tiene la calidad de originario (artículo 502); existiendo ciertas excepciones para que no sea requerido dicho certificado de origen (artículo 503); siendo obligación de las partes imponer las medidas que estime necesarias al exportador o productor que no cumpla la normativa que regula los certificados de origen (artículo 504); así como el deber que tiene el exportador o productor de conservar en su territorio durante cinco años todos los registros relativos a los certificados de origen de un bien que recibió trato arancelario preferencial (artículo 505), entre otros deberes. El artículo 506 del instrumento internacional, tal como lo apuntó la Sala establece el procedimiento que deberá seguirse para verificar que un bien califica como originario, lo cual se podrá hacer de dos formas: 1) a través de cuestionarios escritos dirigidos al exportador o al productor en territorio de otra parte; o, 2) por visitas a las instalaciones de las empresas comercializadoras con el objeto de examinar los registros respectivos e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien; en este último caso, se deberá cumplir con el trámite que establece el citado precepto legal, siendo que, cuando se lleve a cabo la verificación, se expedirá una resolución por escrito al exportador o al productor cuyo bien esté sujeto a verificación en que se determine si califica como originario y, en caso de haberse presentado declaraciones falsas o infundadas, se podrá suspender el trato arancelario preferencial.-El artículo 507 del tratado prevé la confidencialidad de la información comercial proporcionada en materia de certificados de origen, y el artículo 508 del citado instrumento establece el tipo de sanciones que se impondrán a los infractores de tales disposiciones.-Como puede advertirse, de las disposiciones del citado tratado se acordó dar un trato preferencial arancelario a los bienes que fueran originarios de los Estados Parte y, para gozar de ese beneficio, se estableció como requisito la expedición de un certificado de origen para constatar que un bien que se exporte del territorio de una parte al territorio de otra califica como originario.-Asimismo, que cada una de las partes: (a) exigirá al exportador en su territorio que llene y firme un certificado de origen respecto de la exportación de un bien para el cual un importador pudiera solicitar trato arancelario preferencial en el momento de introducirlo en territorio de otra parte; y, (b) dispondrá que, en caso de que no sea el productor del bien, el exportador, dentro de su territorio, pueda llenar y firmar el certificado de origen con fundamento en: (i) su conocimiento respecto de si el bien califica como originario; (ii) la confianza razonable en la declaración escrita del productor de que el bien califica como originario; o, (iii) un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor y proporcionado voluntariamente al exportador.-De ese modo, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un exportador (sic) en México puede dar un trato preferencial arancelario a la mercancía originaria de los Estados Parte, siempre que se cuente con el certificado de origen que demuestre que el bien califica como originario de uno de los países que suscribieron el tratado; es decir, Canadá o Estados Unidos.-En la sección E, denominada ‘Reglamentaciones uniformes’, el artículo 511 del tratado que se analiza prevé lo siguiente: ‘Artículo 511.’ (se transcribe).-Del citado precepto se desprende que se estableció que cada una de las partes signantes a más tardar el primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, establecerían y pondrían en ejecución, mediante sus leyes y reglamentaciones; así las reglamentaciones uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración, entre otros, del referido capítulo V, en sus reglas 35, 37 y 39 disponen: ‘Regla 35.’, ‘Regla 37.’ y ‘Regla 39.’ (se transcriben).-La regla 35 dispone que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505 del tratado, los exportadores o productores en territorio nacional que llenen un certificado de origen que ampare un bien que se exporte a territorio de otra de las partes bajo trato arancelario preferencial, deberán conservar todos los registros relativos al origen del bien, en los términos del Código Fiscal de la Federación, inclusive los referentes a: 1. la adquisición, los costos, el valor y el pago del bien exportado; 2. la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales, incluso los indirectos, utilizados en la producción del bien exportado; y, 3. La producción del bien en la forma en que se exporte.-Asimismo, que quienes importen bienes originarios bajo trato arancelario preferencial, deberán conservar el certificado de origen y la demás documentación relativa a la importación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera y el Código Fiscal de la Federación.-Por su parte, la regla 37 establece que para los efectos de la regla 35, los importadores, exportadores o productores que estén obligados a conservar documentación o registros, de conformidad con el artículo 505 del tratado, podrán mantener dicha documentación y registros en medios electrónicos, en los términos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ponerlos a disposición de la autoridad aduanera en caso de ser requeridos, otorgando facilidades para su inspección, siempre que se cumpla con los requisitos de notificación y consentimiento a que hace referencia el artículo 506 (2) del tratado.-Finalmente, la regla 39 prevé que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 506 del tratado, la autoridad aduanera podrá verificar si un bien importado a territorio nacional califica como originario mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: 1. Visitas a las instalaciones del exportador o del productor del bien en el territorio de otra parte con el propósito de examinar los registros a que se refiere el artículo 505 (a) del tratado e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien; 2. Cuestionarios escritos dirigidos al exportador o productor del bien en el territorio de otra parte; 3. Oficios de verificación en que se requiera información al exportador o productor del bien en territorio de otra parte en los que se deberá señalar el bien objeto de verificación; y, 4. Cualquier otro medio de verificación que la autoridad aduanera pueda legalmente llevar a cabo.-Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales competentes con relación al cumplimiento de las demás obligaciones de los importadores en materia aduanera.-Del contenido de los preceptos citados se advierte que, tratándose de mercancías importadas, los contribuyentes están obligados a demostrar ante la autoridad aduanera que las mercancías son originarias de un país firmante del tratado, lo cual se hace, por regla general, a través de un certificado de origen para identificar las mercancías a fin de recibir los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.-Sin embargo, en el artículo 506 multicitado, se establece un mecanismo de verificación del origen de las mercancías y, por ende, de la validez del certificado de origen; es decir, se inician las facultades de comprobación de la autoridad aduanera en materia de comercio exterior y de encontrar que los bienes materia de la importación no son originarias del territorio de alguna de las partes, se emite la resolución que determina que el certificado no es válido.-En esas condiciones, el certificado de origen no es un documento indubitable que haga prueba plena de lo ahí asentado, sino que, en términos del artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se encuentra sujeto a verificación, no propiamente el certificado, sino la mercancía que éste respalda, a fin de que la autoridad pueda comprobar que realmente el producto sí es originario del territorio de alguno de los países contratantes.-Ciertamente, el artículo 506 del tratado, es una norma procedimental que permite que la autoridad realice, entre otros, cuestionarios escritos dirigidos al exportador o al productor en territorio de otra parte o visitas para la verificación del origen de mercancías importadas bajo el beneficio de un trato preferencial previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; para tal fin, se deberán seguir los procedimientos ahí previstos, y se establece que en caso de determinar que una mercancía no califica como originaria de uno de los países miembros del tratado, se le negarán los beneficios correspondientes.-Así, con independencia del fundamento con el que se haya llenado y firmado el certificado de origen, se trata de un documento que, en términos del artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puede ser susceptible de verificación, por parte de la autoridad; siendo que, si se demuestra que éste no es válido, la autoridad hacendaria puede negar los beneficios del tratado.-Por lo anterior, queda claro que los cuestionarios son un medio para llevar a cabo la verificación del origen de las mercancías, como lo previene expresamente el artículo 506 del tratado.-También es cierto que el propio precepto dispone que se puedan realizar visitas a las instalaciones de un exportador o un productor en territorio de otra parte, con el propósito de examinar los registros e inspeccionar las instalaciones.-Precisado lo anterior, en atención a la litis sometida a consideración de este Tribunal Colegiado y atendiendo a que el tratado que nos ocupa ha de interpretarse conforme a sus objetivos y a las reglas de interpretación de derecho internacional, y conforme a estos últimos debe entenderse que los textos constituyen la manifestación auténtica de la intención de las partes y a las palabras ha de atribuirse el significado natural ordinario que les sea propio, se debe establecer el alcance de la palabra ‘cuestionarios’, establecida en el inciso a) del numeral 1 del artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.-Lo anterior, de acuerdo con la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también invocada en la sentencia recurrida, publicada en el
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