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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 26966         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h
PENSIÓN ALIMENTICIA O COMPENSATORIA EN UNIONES DE HECHO QUE NO SEAN CONSTANTES Y ESTABLES. PARA DECRETAR SU PROCEDENCIA, ES INSUFICIENTE QUE SE HAYA PROCREADO UN HIJO EN COMÚN O QUE UNO DE SUS INTEGRANTES SE HAYA DEDICADO AL CUIDADO DE ÉSTE.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE DICIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO (CON SALVEDAD), MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. PONENTE: CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI. SECRETARIO: ALBERTO MENDOZA MACÍAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia.

El Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación.

La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por el Magistrado presidente de un Tribunal Colegiado de este Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el tribunal que integra emitió uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-Objeto concreto de la denuncia de contradicción de criterios.

Determinar si la consideración de que la mujer, que no puede tener la calidad de esposa o concubina del varón con el que procreó un hijo porque éste se encuentra casado, no tiene derecho a recibir alimentos de parte de él, constituye un trato discriminatorio en relación con la mujer que haya procreado con un varón y tiene derecho a recibirlos por ser su esposa o concubina.

CUARTO.-Posturas contendientes completas de los Tribunales de Circuito.

I. El Décimo Tercer Tribunal conoció del amparo directo DC. 447/2016, promovido por **********, por conducto de su mandatario judicial **********, en el que reclamó la sentencia definitiva de veinte de abril de dos mil dieciséis, pronunciada por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca **********/2016, relativa a la controversia del orden familiar, expediente **********/2015; en la cual confirmó la sentencia recurrida.

Las consideraciones que sustentaron su resolución consisten:

"SEXTO.-Los anteriores motivos de inconformidad son ineficaces.-La quejosa manifiesta que la Sala responsable no resolvió la litis en la demanda reconvencional y su contestación, dado que se pronunció en relación con la figura del concubinato como si fuera parte de la litis, cuando nunca mencionó dicha figura, sino que hizo valer que entre el tercero interesado y la quejosa ‘madre de los dos hijos que procrearon juntos’ existía una dependencia económica y un vínculo jurídico por el solo hecho de haber procreado hijos en común.-Que la Sala responsable desconoce el derecho a los alimentos de la quejosa que ha procreado hijos con el tercero interesado, lo cual viola los artículos 1o. y 4o. de la Constitución que establece la obligación de respetar y proteger los derechos humanos.-Que la autoridad responsable pierde de vista la presunción de que la mujer es dependiente económica por dedicarse al cuidado de los hijos menores de edad que procreó con el tercero interesado, con independencia del estado civil de ambos padres y de que no pueda configurarse el concubinato, ni estén unidos en matrimonio civil, ya que basta ese vínculo jurídico que surge de la relación padre, hijo, madre y que ésta no pueda proveerse a sí misma los ingresos necesarios para subsistir.-Los anteriores motivos de inconformidad son ineficaces por los motivos siguientes: La Sala responsable sí atendió la litis correctamente, en tanto consideró que si bien los artículos 1o. y 4o. de la Constitución resaltan la protección de los alimentos como un derecho humano y establecen la obligación del Estado de garantizar ese derecho, siendo que precisamente para cumplir con tal obligación es que se expiden las leyes correspondientes, dentro de cuyos supuestos no se ubicó la apelante, de tal suerte que en el escrito de reconvención aceptó que en el caso no existió fuente generadora alguna de su derecho a ser alimentado como sería el matrimonio o concubinato.-De ahí que no asiste razón a la quejosa al referir que la Sala responsable atendió incorrectamente la litis porque omitió considerar que, en virtud de que la apelante procreó hijos con el demandado reconvencionista existía una dependencia económica y un vínculo jurídico por ese solo hecho, por lo que tenía derecho a que aquél le otorgara alimentos, pues como se vio, la Sala responsable sí atendió esa circunstancia pero consideró que la apelante no se encontraba en los supuestos establecidos en la ley para tener derecho a ser alimentada (como lo sería el matrimonio o concubinato), pues a su juicio, acorde con la ley, el solo hecho de procrear hijos no da derecho a recibir alimentos, pues deben considerarse todas las circunstancias de cada caso en específico y en atención a la fuente que se haya señalado como generadora de ese derecho, resultando necesario reiterar también que el apelado nunca aceptó el contenido del hecho en que la apelante dijo haberse dedicado al cuidado de los hijos, por lo que su afirmación de que esa circunstancia refleja la obligación del reconveniente de otorgar alimentos a la apelante, a juicio de la Sala responsable, resultó infundada.-A mayor abundamiento, la Sala responsable consideró que la manifestación de la apelante consistente en que el cuidar a sus hijos le otorga derecho a recibir alimentos es infundada, porque no encuentra sustento en precepto jurídico que contenga alguna norma local o internacional; siendo que si bien esa afirmación se hace en una tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello sólo constituye un criterio de interpretación de un precepto legal sostenido en forma aislada por algunos integrantes de un Tribunal Colegiado, por lo que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo no resulta obligatoria en cuanto a su aplicabilidad.-También refirió la Sala responsable que ello no se trata de una conducta discriminatoria por parte de la Juez de origen sino de un estricto apego al contenido de la ley y a los criterios emitidos por las autoridades federales y que tal afirmación encuentra sustento en el contenido del artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que en el caso, a juicio de la Sala responsable, no se está restringiendo el derecho de la apelante a recibir alimentos del demandado por el hecho de ser mujer, más bien se está precisando la improcedencia de lo pedido al no ubicarse en los supuestos previstos por la ley para ser favorecida con esa pensión.-En ese sentido, la manifestación de la quejosa relativa a que la Sala responsable desconoce el derecho a los alimentos de la quejosa que ha procreado hijos con el tercero interesado es infundado, en tanto la Sala responsable sí lo consideró, pero estimó que el solo hecho de haber procreado hijos no le da derecho a recibir alimentos, argumento que no es combatido eficazmente por la quejosa.-Por otro lado, es infundada la manifestación de la quejosa relativa a que la sentencia reclamada da un trato discriminatorio a la quejosa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad. Así, la discriminación resulta inadmisible al crear diferencias de trato entre seres humanos que no corresponden a su única e idéntica naturaleza.-De lo anterior se desprende que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, pues no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.-En ese sentido, es correcta la determinación de la Sala responsable relativa a que no procede el pago de alimentos a la quejosa si ésta no cumple con los requisitos establecidos en la ley para ser sujeto de una pensión alimenticia, pues no tiene el carácter de concubina o esposa que se requieren satisfacer para obtener alimentos del padre de sus hijos, ya que no se le está considerando que está en una situación inferior o las mujeres que son concubinas o esposas están en un grupo superior a las mujeres que tienen hijos, sino que el legislador consideró que para obtener el beneficio de alimentos resultaba necesario ubicarse en alguna de esas hipótesis, pues este derecho nace de la relación con el acreedor alimentario que únicamente puede ser de aquellas dos situaciones.-Finalmente, la tesis que cita de rubro: ‘ALIMENTOS. LA MUJER QUE HA PROCREADO HIJOS, TIENE DERECHO A RECIBIRLOS DEL PADRE DE ELLOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UN MATRIMONIO PREVIO, QUE IMPIDA CONFIGURAR EL CONCUBINATO O ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN DE FAMILIA, YA QUE ES UN TRATO DISCRIMINATORIO EXIGIR ALGUNO DE ESOS VÍNCULOS, PORQUE ES EL MEDIO NATURAL DE LA PROCREACIÓN EL QUE ORIGINA LA NECESARIA RELACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AYUDA MUTUA ENTRE MADRE E HIJOS Y PADRE.’, no es de aplicación obligatoria para este Tribunal Colegiado, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, por lo que procede denunciar la contradicción de criterios existente ante el Pleno de este Circuito.-En las relatadas circunstancias, al resultar ineficaces los conceptos de violación y no advertirse que en contra de la quejosa se hayan transgredido sus derechos fundamentales ni existan motivos para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo solicitado."

II. El Tercer Tribunal conoció del amparo directo DC. 357/2012, promovido por **********, en el que reclamó la sentencia definitiva de veintiséis de marzo de dos mil doce, pronunciada por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en el toca **********/2012-IV, relativa a la controversia del orden familiar sobre alimentos; en la cual modificó la sentencia recurrida, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes:

"PRIMERO.-Fueron parcialmente fundados, pero suficientes los agravios expresados, en consecuencia.-SEGUNDO.-Se modifica la sentencia definitiva impugnada, cuyos puntos resolutivos deberán quedar en el tenor siguiente: ‘PRIMERO.-Ha sido procedente la vía de controversia del orden familiar sobre alimentos, en donde la parte actora ********** acreditó los extremos de sus pretensiones y el demandado **********, no justificó sus defensas, en consecuencia; SEGUNDO.-Se condena a **********, al pago de una pensión alimenticia con carácter definitivo a favor de la actora ********** y de su menor hija **********, en términos de los artículos 302, 303, 308 y 311 del Código Civil, consistente en el treinta por ciento del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe cada mes en su centro de trabajo, salvo los descuentos correspondientes que se realicen por ley. En tal virtud, deberá girarse atento oficio al C. representante legal de **********, para que se sirva realizar el descuento aludido, y la cantidad resultante la entregue a la C. **********, en su favor y en representación de su menor hija, en los días de pago acostumbrados para tal efecto, previa identificación y recibo que se otorgue, siendo que en caso de renuncia, jubilación o separación de su empleo por parte del demandado de la indemnización que en su caso le corresponda se deberá retener el porcentaje señalado y la cantidad que resulte se entregue a la parte actora previa identificación y otorgamiento de recibo que se realice, quedando regulado su aumento en términos del artículo 311 del Código Civil, debiendo informar a la suscrita en el término de ocho días, el cumplimiento que se dé a la presente orden o en su cado (sic) las causas que se tengan para no hacerlo, apercibido que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, se le aplicarán las medidas de apremio que resulten aplicables con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles.-TERCERO.-Se deja sin efectos la pensión alimenticia provisional decretada por proveído de fecha veintinueve de enero del dos mil nueve, quedando en sustitución de la misma la descrita en el resolutivo que antecede.-CUARTO.-Glósese copia certificada de la presente resolución a su legajo de sentencias.-Notifíquese ...’ TERCERO.-No se hace condena en costas en esta instancia.-CUARTO.-Notifíquese ..."

Las consideraciones que sustentaron el criterio son:

"CUARTO.-Conforme al contenido integral de la sentencia y de los conceptos de violación, son dos los temas fundamentales los que constituyen la litis en este juicio de amparo directo: a) Determinar si la confesión ficta a cargo de ********** es suficiente para determinar que ha perdido su calidad de acreedora alimentaria por haber confesado que tiene una nueva pareja que le suministra recursos económicos para satisfacer sus necesidades alimenticias.-b) Determinar si la madre de los hijos del deudor alimentario, que no tiene la calidad de cónyuge o concubina, puede tener la calidad de acreedora alimentaria para el efecto de fijar el monto de la pensión alimenticia en favor de las acreedoras alimentarias que son parte actora en el juicio de alimentos.-En el caso está demostrado: 1) Que el ahora quejoso contrajo matrimonio civil con ********** el veintiocho de julio de dos mil cuatro.-2) Que en diligencia de fecha doce de enero de dos mil doce ********** fue declarada fíctamente confesa de que tiene una relación sentimental con ********** y que esta última persona le proporciona ingresos para sufragar sus gastos y necesidades propias, según la diligencia citada que se desahogó conforme a las posiciones 12 y 13, que son del tenor siguiente: ‘... 12. Que usted a la fecha sostiene una relación sentimental con el señor **********.-13. Que usted derivado de la relación mencionada en la posición inmediata anterior, en la actualidad tiene ingresos que le proporciona su actual pareja que le permiten sufragar sus gastos y necesidades propias.’.-3) Que el quejoso **********, tiene dos hijos de nombres ********** de apellidos ********** que procreó con **********; tal y como se desprende de las actas de nacimiento que exhibió como pruebas.-4) En la sentencia reclamada la Sala responsable fijó por concepto de alimentos el treinta por ciento (30%) del salario mensual del ahora quejoso, para ********** y su menor hija, con lo cual redujo la pensión alimenticia del cuarenta por ciento (40%) fijada en primera instancia, al treinta por ciento (30%) de los ingresos ordinarios y extraordinarios del deudor alimentario.-5) No está probada la disolución del vínculo conyugal con prueba documental idónea como sería la sentencia de divorcio o el acta registral con la anotación respectiva; por lo que, por un lado, ********** para el veintinueve de enero de dos mil nueve todavía tenía derecho a alimentos en su carácter de cónyuge.-6) No se dio la hipótesis del artículo 302 del Código Civil para el Distrito Federal respecto a la obligación que tienen los concubinos de proporcionarse alimentos, ya que no se reúne el requisito de no tener impedimento para contraer matrimonio, porque al fijarse la litis se encontraba casado.-Lo que implica que para la fecha en que inició el juicio de origen, al encontrarse unido en vínculo matrimonial con la actora, no existían los supuestos que la ley requiere para considerar la unión de concubinato que invoca el demandado como motivo para variar el monto de la pensión alimenticia a su cargo.-7) La Sala responsable tomó en consideración a los dos hijos del demandado que procreó con ********** así como las necesidades alimentarias del propio deudor, para disminuir un porcentaje del treinta por ciento (30%), el fijado en primera instancia que fue del cuarenta por ciento (40%).-I. En ese contexto, los argumentos relativos a la valoración de la confesión ficta de la actora, respecto de que tiene una relación sentimental con ********** y que el mismo le proporciona ingresos para sufragar sus gastos y necesidades propias fue debidamente valorada por la Sala, en términos del artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, porque solamente es un indicio de que no necesita alimentos, por lo que era necesario que se adminiculara con otra prueba que diera plena convicción al juzgador sobre ese tema.-En efecto, tal confesión es un indicio que no es suficiente para desvirtuar la presunción legal de necesitar alimentos, de quien se ostenta como cónyuge del quejoso, ya que no hay alguna posición de la que derive que viva fuera del domicilio de sus padres, y que tenga una vivienda independiente en la que reciba la aportación económica de la persona mencionada; sino que el ahora quejoso, al formular una de las posiciones reconoce que la actora habita el mismo domicilio con sus padres, lo cual pone de manifiesto que tal relación, probada con la confesión, no es un vínculo que determine la satisfacción alimentaria de ella.-II. En cambio, es fundado el argumento de que la madre de sus otros dos hijos sí tiene derecho a alimentos.-Con las actas de nacimiento exhibidas por el demandado, queda demostrado que procreó dos hijos con **********, quien se presume que materialmente se hace cargo de los mismos, dado que tienen la edad de dos y un año; por tanto, la madre de ellos es una dependiente económica que también debe concurrir en su carácter de acreedora alimentaria.-El ordenamiento civil local establece categorías de quienes tienen derecho a recibir alimentos, como son los cónyuges; los concubinos; los hijos; los hermanos; los padres; el adoptante y el adoptado; así como quienes tiene la obligación correlativa, hasta llegar al pariente colateral dentro del cuarto grado, según lo previenen los artículos 301, 302, 303, 304, 305, 306 y 307 del Código Civil para el Distrito Federal, comprendiéndose también lo previsto por el artículo 13 de la Ley de Sociedad en Convivencia para el Distrito Federal.-Dentro de esas categorías no existe más limitación que el obligado y beneficiario se encuentren dentro del cuarto grado y el denominador común es que exista una relación de parentesco o un vínculo jurídico, que por la especial situación del menor o mayor de edad, sea necesario que otra persona mayor de edad y con capacidad económica, le suministre los alimentos indispensables para su subsistencia.-Hay entre deudor y la madre de sus hijos como acreedor alimentario una situación de dependencia económica y un vínculo jurídico que se extiende por el solo hecho de haber procreado hijos aunque no se surta el supuesto del matrimonio o del concubinato.-Incluso, aceptar que solamente la mujer casada o que vive en concubinato tiene derecho a alimentos, tendría un efecto discriminatorio hacia otra mujer que al igual que aquellas también ha procreado hijos y necesita alimentos.-En el caso, la Sala responsable consideró que no puede reconocerse la calidad de acreedora alimentista a quien ha procreado un hijo con una persona que tiene subsistente un matrimonio y, por tanto, no se le pueden otorgar alimentos.-Esa determinación desconoce el derecho de la mujer que ha procreado hijos, a los alimentos y es discriminatoria, lo cual viola lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política Mexicana que establece la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, como es el derecho a los alimentos y se infringe el principio de igualdad del hombre y de la mujer; también el artículo 1 en relación con los artículos 2, inciso d), 13, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual el Estado Mexicano es Parte, al haberla suscrito el presidente de la República, por conducto del Plenipotenciario designado y ratificada por el Senado el catorce de diciembre de dos mil uno y publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil dos, los cuales disponen: (se transcriben).-Esos preceptos de fuente internacional que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal ya forman parte del derecho mexicano, disponen que los Estados se comprometen a abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades actúen de conformidad con esa obligación entendiendo por discriminación toda distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas políticas, social, económica, cultural, y civil o en cualquier otra materia; asimismo, se reconoce el derecho de la mujer, en la esfera económica y social, a las prestaciones familiares, dentro de las cuales debe estimarse comprendido el derecho a los alimentos.-Entonces, el derecho a las prestaciones familiares, que incluye el derecho a los alimentos sobre una base de igualdad entre hombre y mujer, y por mayoría de razón, de cualquier mujer frente a otra mujer, cuyo denominador común sea el haber procreado hijos o incluso haber tenido la misma situación de una cónyuge, aunque no pueda reunir la calidad de concubina por el obstáculo jurídico de un matrimonio anterior, queda menoscabado, cuando se exige por la ley o la autoridad judicial nacional al interpretarla, que exista una relación de matrimonio o concubinato no obstante que haya procreado hijos y se dedique al hogar y al cuidado de ellos, con lo cual no está en posibilidad real de proveerse a sí misma los ingresos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias.-Por tanto, sobre la presunción de que la mujer es dependiente económica por dedicarse a cuidar a los hijos menores de edad que procreó con el presunto deudor alimentario, con independencia del estado civil de éste o de ella, y de que no pueda configurarse el concubinato, ni estén unidos en matrimonio civil, el acreedor y deudor alimentario, basta ese vínculo jurídico que surge de la relación padre, hijo, madre y que ésta no pueda proveerse a sí misma los ingresos necesarios para subsistir, para que se genere el derecho a los alimentos.-Se trata de satisfacer el derecho a la subsistencia, por lo que no puede depender de que exista una relación matrimonial o de concubinato, o de que no se demuestre la disolución de un matrimonio anterior, porque no se trata de un derecho exclusivo o excluyente de una persona frente a otra (como incluso lo prevé expresamente el artículo 17 de la Ley de Sociedad en Convivencia para el Distrito Federal), sino que resulta exigible cuando nace un vínculo de solidaridad entre personas, determinado no solamente por razones de familia o de establecer un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, a través del matrimonio, concubinato, sociedad en convivencia o el parentesco, sino que es el hecho natural consistente en la procreación de hijos mutuos o adoptados, lo que motiva que la mujer se haga cargo del hogar donde viven y del cuidado de los menores, para la atención de sus necesidades, lo que genera una situación de dependencia (salvo que el deudor o el interesado desvirtúe esa presunción).-Además, con tal actividad ella coadyuva a mantener ese núcleo surgido de la mera situación filial con los hijos; puesto que la menor edad de éstos exige uno de los progenitores o miembros de la familia ampliada (abuelos, tíos, primos) se dedique a su atención y cuidado, lo que materialmente lo hará dependiente del proveedor de recursos para el hogar, al dejar de realizar actividades remuneradas o generadoras de riqueza.-En este supuesto, la mujer tiene el derecho a alimentos y podrá reclamar de su pareja o del padre de los hijos menores, esos alimentos que no surgen de un específico estado civil en que se encuentran, sino de las relaciones de solidaridad y ayuda mutua que han entablado, que se reflejan en la procreación de los hijos y en la atención y cuidado de estos últimos.-Por tanto, no constituye una razón válida para negar la existencia del derecho a reclamar y la obligación de pagar alimentos, a quien como mujer tiene esa relación de solidaridad y ayuda con el deudor alimentista y que ha procreado hijos, con independencia de que exista un matrimonio previo, que impida configurar el concubinato o alguna otra institución de familia, porque no se discute la titularidad de un derecho patrimonial que derive de ese régimen a favor de uno de los cónyuges o del concubino, como es una donación, la herencia o la administración de la sociedad conyugal, que son derechos personalísimos en su goce y ejercicio por los cónyuges y concubinos, sino el cumplimiento de un mínimo deber de solidaridad entre personas que guardan un nexo que debe ser tutelado por la ley y por la autoridad judicial, por tener hijos en común.-Entonces, la condición de mujer no casada o no concubina pero que cuida un hijo procreado con el deudor alimentista, no puede servir de base para excluirla del reconocimiento a una prestación familiar, como los alimentos porque implica una discriminación por razón de sexo y estado civil proscrito por el artículo 1o., in fine de la Constitución Federal y los artículos enunciados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.-Por otro lado, es cierto que esa persona, cuya existencia alega el quejoso, no es parte en el juicio, pero basta que se demuestre que tiene ese derecho para que sea reconocida como una acreedora alimentaria más, para efecto de calcular el monto de la pensión alimenticia a cargo del deudor común de todos los acreedores alimentarios; de ahí que no haya base para dejar de analizar ese aspecto; máxime que la autoridad judicial está obligada a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia, como lo previene el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Federal.-De lo expuesto se obtiene que la Sala responsable no debió negar el carácter de acreedora alimentaria a ********** a fin de fijar la pensión alimenticia a cargo del demandado, pero tal aspecto no motiva el conceder el amparo para que se disminuya más el monto de la pensión, porque el treinta por ciento (30%) fijado es legal.-En el fallo reclamado la Sala responsable consideró que la pensión alimenticia a favor ********** y de ********** debía ser de treinta por ciento (30%); es decir, dividida entre dos, se atribuyó un quince por ciento (15%) suficiente para cubrir a cada una de sus necesidades.-Con la confesión ficta quedó acreditado que ********** vive en casa de sus padres con la menor **********, lo cual implicaría que la pensión alimenticia debe otorgarse a ambas, mientras no se demuestre que el matrimonio ya no subsista o que ya haya terminado un periodo igual al que duró el matrimonio; lo cual además desvirtúa que pueda recibir ingresos de su pareja sentimental, porque en realidad no tiene un lugar independiente para vivir y que haga con él vida en común.-Por tanto, habrá, de un lado, dos acreedoras alimentarias y del otro, tres.-Entonces, el deudor tiene cinco acreedores alimentarios y también debe tener en cuenta que de sus ingresos debe subsistir, y que si ha formado un núcleo familiar con la madre de sus otros dos hijos, está integrado por cuatro personas, por lo que el cien por ciento (100%) de sus ingresos se dividiría entre seis, lo que equivale a un dieciséis por ciento (16%) por cada persona; mientras que la autoridad responsable fijó el treinta por ciento (30%), lo cual es menor que el treinta y dos punto doce por ciento (32.12%) a que se llega haciendo la distribución por el número de personas.-De ahí que lo resuelto por la Sala le sea más favorable, ya que el treinta por ciento (30%) de sus ingresos equivale a $********** pesos (********** moneda nacional), mientras que el salario mínimo vigente en el Distrito Federal es de $********** pesos (********** moneda nacional), que por treinta días da la cantidad de $********** pesos (********** moneda nacional).-Es notorio que el salario mínimo difícilmente cubre los gastos necesarios para la subsistencia, dados los precios de la canasta básica que se integra con diversos productos mismos que han sido clasificados por el Banco de México en siete grupos: alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado, y accesorios; vivienda; muebles, aparatos, y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento; y otros, dichos datos se encuentran consultables en la página de Internet http://www.banxico.org.mx/estadísticas/index.html, y es un hecho notorio para este tribunal.-En ese contexto, por el número de acreedores alimentistas procede dejar el treinta por ciento (30%) de las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor, atendiendo a la edad de la menor que actualmente tiene siete años, y las necesidades de su madre; así como a que al no estar incorporada a la casa del deudor alimentista debe generar gastos individuales y no en conjunto, como la alimentación, educación, vestido, etcétera, mientras que frente a esa obligación el deudor
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