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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 25836         1 de 1
Pleno Publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h
ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. FORMA DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO RELATIVO TRATÁNDOSE DE PERSONAS INDÍGENAS.

ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO.

ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA.

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA.

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES.

TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

VIOLACIÓN SEXUAL. CASO EN QUE SE SUBSUME EN UN ACTO DE TORTURA.

VIOLACIONES A DERECHOS DE LA MUJER. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN COLMAR LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO CUANDO AQUÉLLAS SE ACTUALICEN.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. OBLIGACIONES POSITIVAS DE CARÁCTER ADJETIVO QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO.

VARIOS 1396/2011. 11 DE MAYO DE 2015. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO E. MUÑOZ ACEVEDO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de mayo de dos mil quince.

VISTOS para resolver el expediente varios identificado al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Publicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú" contra los Estados Unidos Mexicanos. El once de julio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se ordena la publicación de los párrafos uno a cinco, once, trece, dieciséis a dieciocho, veinticuatro, veinticinco, setenta y ocho a ochenta y nueve, ciento diecisiete a ciento treinta y uno, ciento treinta y seis a ciento treinta y ocho, ciento cuarenta y tres a ciento cuarenta y nueve, ciento cincuenta y siete a ciento cincuenta y nueve, ciento setenta y cinco a ciento ochenta y tres, ciento noventa a ciento noventa y ocho, doscientos, doscientos uno, doscientos veintitrés y doscientos veinticuatro de la sentencia emitida el treinta de agosto de dos mil diez, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Fernández Ortega y otros contra los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, en la misma fecha y medio oficial de difusión fue publicado el acuerdo por el que se ordena la publicación de los párrafos uno a cinco, once, trece, dieciséis a dieciocho, veinticuatro, veinticinco, setenta a setenta y nueve, ciento siete a ciento veintiuno, ciento veintisiete a ciento treinta y uno, ciento treinta y siete a ciento treinta y nueve, ciento cincuenta y nueve a ciento sesenta y siete, ciento setenta y cuatro a ciento ochenta y dos, ciento ochenta y cuatro, ciento ochenta y cinco, doscientos a doscientos dos, doscientos seis y doscientos siete de la sentencia emitida el treinta y uno de agosto de dos mil diez, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Rosendo Cantú y otra contra los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.-Trámite del expediente "varios". Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre del dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú solicitaron al Ministro presidente Juan N. Silva Meza que tuviera a bien ordenar la formación y registro de un expediente "varios", concerniente a evaluar las medidas a seguir para atender las sentencias y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias de los Casos Inés Fernández Ortega y otros contra los Estados Unidos Mexicanos, y Valentina Rosendo Cantú y otra contra los Estados Unidos Mexicanos.

Mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil once, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 10, fracción XI y 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formuló una solicitud al Tribunal Pleno para que determinara las medidas que, en su caso, deben adoptarse en el orden jurídico del Estado Mexicano para la recepción de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en los Casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú".

En el mismo acuerdo, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y el registro del expediente "varios" 1396/2011 y determinó turnarlo al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para que lo estudiara y formulara el proyecto respectivo, asimismo, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la remisión de las copias fehacientes de los textos íntegros de las sentencias de treinta y treinta y uno de agosto de dos mil diez, dictadas por dicho tribunal regional, en los Casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, ambos contra los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, tuvo por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que se indican en el referido escrito, así como el domicilio que para tal efecto señalaron.

El dos de enero de dos mil doce, mediante los oficios de número OF. SSGA-VII-49154/2011, OF. SSGA-VII-49155/2011, OF. SSGA-VII-49156/2011, fueron notificados del acuerdo que antecede, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.

Por otra parte, el veintitrés de mayo de dos mil once, el secretario de Gobernación remitió a la Oficina General de la Presidencia de este Alto Tribunal, copias certificadas de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el treinta y treinta y uno de agosto de dos mil diez respectivamente, en los Casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, ambos contra los Estados Unidos Mexicanos.

El trece de enero de dos mil doce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte tuvo por cumplimentada la solicitud realizada en el proveído de catorce de diciembre de dos mil once.

Por escrito recibido el diecinueve de enero de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Secretaría de Gobernación solicitó que se expidieran a su favor copias fotostáticas simples de los escritos a través de los cuales las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, solicitaron a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del expediente "varios".

Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil doce, el presidente de este Alto Tribunal ordenó la expedición y remisión al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Secretaría de Gobernación de la copia simple del escrito que dio origen al expediente "varios 1396/2011", mismo que fue notificado en dicha secretaría, el treinta y uno de enero siguiente.

Mediante escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil doce, María Paula Castañeda Romero, a ruego de las organizaciones que integran la articulación regional feminista por los derechos humanos y la justicia de género, remitió a este Tribunal Constitucional diversas manifestaciones, en relación con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México.

Por acuerdo de veintiocho de septiembre siguiente, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por recibido el citado documento e hizo del conocimiento de la promovente que había tomado conocimiento de las manifestaciones en él planteadas; finalmente, se devolvieron los autos al Ministro ponente para su resolución.

Por acuerdo de tres de diciembre de dos mil doce, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó returnar el presente asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán, para actuar como ponente en este sumario.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para dictar la resolución en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el punto segundo, fracción XV, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece; asimismo, en cumplimiento al acuerdo de catorce de diciembre de dos mil once, el presidente de este Alto Tribunal acordó que fuera el Tribunal Pleno quien determinase las medidas que, en su caso, deben adoptarse en el orden jurídico en el Estado Mexicano para la recepción de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú".

SEGUNDO.-Consideración toral de lo resuelto por este Tribunal Pleno en el expediente "varios 912/2010". En la resolución dictada en el Caso Rosendo Radilla por este Tribunal Pleno, en su sesión pública correspondiente al catorce de julio de dos mil once, determinó medularmente:

• La participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el "Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos".

• Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la República hizo del conocimiento general la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de forma tal que los Estados Unidos Mexicanos reconoció, en forma general y con el carácter de obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de dicho órgano jurisdiccional sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este reconocimiento de la jurisdicción de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos implica que existe la obligación de los Estados Unidos Mexicanos de cumplir con la decisión de ese órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que así lo establece expresamente.

• Definió qué obligaciones concretas le resultaban al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas.

TERCERO.-Antecedentes del asunto. Partiendo de lo señalado en el párrafo que antecede conviene precisar los antecedentes del presente asunto proporcionados tanto por el propio orden jurídico nacional, como por la publicación en el Diario Oficial de la Federación del extracto de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, en el Caso de Inés Fernández Ortega y otros contra los Estados Unidos Mexicanos y, en segundo término, en el Caso de Valentina Rosendo Cantú.

Ver antecedentes

CUARTO.-Temática de la solicitud. El presente asunto tendrá como punto jurídico destacado determinar qué medidas deben adoptarse en el orden jurídico del Estado Mexicano para la recepción de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en los Casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú", en específico, en el Poder Judicial de la Federación, tomando en consideración, como antecedente, lo resuelto en la diversa consulta a trámite 489/2010 que, en la parte conducente establece: "Consecuentemente, para estar en aptitud de discutir y aprobar cuál debe ser la postura del Poder Judicial de la Federación en torno a la sentencia materia de la presente consulta."

QUINTO.-Reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus criterios vinculantes. De los antecedentes narrados, resulta un hecho inobjetable, consistente en que la determinación de sujeción de los Estados Unidos Mexicanos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una decisión ya consumada del Estado Mexicano.

Por tanto, cuando el Estado Mexicano ha sido parte en una controversia o litigio ante la jurisdicción de la Corte Interamericana, a propósito del desconocimiento de una prerrogativa que se obligó a honrar, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada y corresponde exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por el propio Estado Mexicano, ya que se trata de una instancia internacional, cuya competencia para dirimir estas cuestiones fue reconocida por el Estado Mexicano.

En efecto, el Estado Mexicano es parte en el litigio ante la Corte Interamericana y tiene la oportunidad de participar activamente en el proceso. Es el Estado Mexicano el que resiente las consecuencias del mismo, ya que las autoridades competentes del país litigaron a nombre de éste. Este Tribunal, aun como Tribunal Constitucional, no puede evaluar este litigio ni cuestionar la competencia de la Corte, sino sólo limitarse a su cumplimiento en la parte que le corresponde y en sus términos, pues prevalece la razón de que el fallo, precisamente, se relaciona con una obligación expresamente aceptada y no cumplida.

En este sentido, esta Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma se excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos, cuya justificación intrínseca radica en la obligación no cumplida.

La firmeza vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deriva, además, de lo expuesto, de lo dispuesto en los artículos 62.3, 63.1, 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, al efecto, establecen:

"Artículo 62

"...

"3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial."

"Artículo 63

"1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."

"Artículo 67

"El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo."

"Artículo 68

"1. Los Estados Partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

"2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado."

La obligación de los Estados de cumplimentar con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, sobre todo, de reparar las violaciones cometidas -conforme al transcrito precepto 63.1-, constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del derecho de las gentes.(1) Es en suma, un imperativo fundado en el derecho internacional público y regulado enteramente por éste, que implica que toda violación de una obligación internacional, que haya producido un daño, comporta un deber de repararlo adecuadamente, siendo que la reparación de esa lesividad consista en la plena restitución -restitutio in integrum-.(2)

En el entendido de que las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional, cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado Mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias, al haber figurado como Estado parte en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.

Por otro lado, cabe precisar que este Tribunal Pleno ha determinado que el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado Mexicano no figura como parte, también tendrá el carácter de criterio vinculante cuando resulte más favorable en términos del principio pro persona contenido en el artículo 1o. constitucional, toda vez que éste sienta las bases para una interpretación mínima respecto a un derecho particular. Debiéndose precisar que, en estos casos, no debe entenderse el carácter vinculante de los criterios interamericanos en un sentido fuerte, sino como una vinculación a los operadores jurídicos a observar en sus resoluciones un estándar mínimo, que bien podría ser el internacional o el nacional, dependiendo cuál resulte más favorable a las personas.

De ahí que este carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana exige a los operadores jurídicos mexicanos lo siguiente: (I) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido Parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (II) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (III) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas.

De este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, al interpretarlos, y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución, en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso, a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos.

Sustenta las anteriores consideraciones, la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), que se lee bajo el rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA."(3)

SEXTO.-Obligaciones concretas que debe realizar el Poder Judicial. Como una cuestión previa al pronunciamiento de vinculación de este Poder con los asuntos materia de cumplimiento, se hace necesario precisar, en forma concreta, el alcance de las obligaciones de este Alto Tribunal.

Para ello, se parte del hecho ya referido de que la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada por el Estado Mexicano y que, en esa medida, en tanto se esté frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por dicho signante, no corresponde, entonces, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizar, revisar, calificar o decidir, si una sentencia dictada por este organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia de este Tribunal Constitucional del Estado Mexicano, como garante de la supremacía constitucional, descansa ontológica e inminentemente en su actuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación, en atención a las sentencias internacionales, se estima adecuado analizar siempre la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con aquellos que se encuentran dispuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los tratados que el Estado Mexicano celebre y que, por tanto, se comprometió a respetar, en el entendido de que, si alguno de los deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer ésta, en términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, en sesión de tres de septiembre de dos mil trece, y que originó la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), intitulada: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL."(4)

Lo anterior es coincidente con la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el diez de junio de dos mil once, mediante la cual se dio pleno reconocimiento del goce que toda persona tiene en nuestro país, de los derechos humanos dispuestos en nuestro Máximo Ordenamiento y en los tratados internacionales celebrados por la nación mexicana que estén de acuerdo con éste y de los que la nación mexicana sea parte.

En efecto, el cumplimiento de las sentencias del orden internacional consiste:

a) En todos los casos que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos protegidos y declarados, específicamente, en un instrumento internacional, en el caso concreto, a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1, 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 de la misma y 1.2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

b) Que el Estado Mexicano también es responsable, al haberse así comprometido, por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

c) En el Caso Rosendo Cantú, que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos del Niño, consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación al artículo 1.1 de la misma.

d) En el Caso Fernández Ortega, que el Estado Mexicano es responsable por la violación al derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio, consagrado en el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En términos de la precisión apuntada, es de advertirse que en los asuntos en estudio, los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentran correspondencia con lo previsto en los artículos 1o., 2o., 4o., 13, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son de aquellos que el Estado Mexicano se comprometió a salvaguardar a través de los instrumentos internacionales ya citados, quedando así incólume el principio de supremacía constitucional antes apuntado.

Ahora bien, en lo específico, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, resultan las siguientes obligaciones para el Poder Judicial como parte del Estado Mexicano, aclarando que aquí únicamente se identifican de manera enunciativa y serán desarrolladas en los considerandos subsecuentes:

a) Los Jueces deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad.

b) Deberá restringirse la interpretación del fuero militar en casos concretos.

c) El Poder Judicial de la Federación deberá implementar medidas administrativas derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Debe señalarse que el tratamiento que se dará en esta ejecutoria a los incisos a) y b), tiene sustento por lo resuelto por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso expediente "varios" 912/2010, en sesión de catorce de julio de dos mil once.

SÉPTIMO.-Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. Una vez que se ha dicho que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado Mexicano haya sido Parte son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos y comprobado el hecho de que las obligaciones derivadas del fallo corresponden precisamente a aquellas que se comprometió a respetar, deberá pronunciarse sobre lo previsto en el párrafo 236 del Caso "Fernández Ortega" y el diverso 219 del Caso "Rosendo Cantú", respectivamente, de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, que establecen lo siguiente:

"236. Este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus Jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. El Poder Judicial debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana."

"219. Este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus Jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. El Poder Judicial debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana."

Lo conducente ahora es determinar si el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad oficioso y cómo es que debe realizarse este control, ya que en cada Estado se tendrá que adecuar al modelo de control de constitucionalidad existente.

En este sentido, en el caso mexicano se presentó una situación peculiar, ya que derivado de una interpretación jurisprudencial, el control de constitucionalidad se ejerció de manera exclusiva por el Poder Judicial Federal, mediante los mecanismos de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad. De manera expresa, a estos medios de control se adicionó el que realiza el Tribunal Electoral mediante reforma constitucional de uno de julio de dos mil ocho, en el sexto párrafo del artículo 99 de la Constitución Federal, otorgándole la facultad de no aplicar las leyes sobre la materia contrarias a la Constitución. Así, la determinación de si en México ha operado un sistema de control difuso de la constitucionalidad de las leyes en algún momento, no ha dependido directamente de una disposición constitucional clara, sino que, durante el tiempo, habrá resultado de distintas construcciones jurisprudenciales.(5)

En otro aspecto, el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal para quedar, en sus primeros tres párrafos, como sigue:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino
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