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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 24768         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 17 de enero de 2014 13:02 h
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL DISTRITO FEDERAL. LES RESULTA APLICABLE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y, POR ENDE, LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR ES COMPETENTE PARA SUPERVISARLAS Y, EN SU CASO, SANCIONARLAS CUANDO TENGAN COMO ACTIVIDAD PREPONDERANTE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO OCTAVO, QUINTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE DIECISIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, JORGE ANTONIO CRUZ RAMOS, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, SONIA ROJAS CASTRO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ANGELINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y DAVID DELGADILLO GUERRERO. DISIDENTE: MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA. PONENTE: SONIA ROJAS CASTRO. SECRETARIO. FERNANDO CRUZ VENTURA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron los criterios de los que deriva el posible punto de divergencia se encuentran especializados en materia administrativa y están adscritos al Primer Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados y la Magistrada del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante.

TERCERO.-Los antecedentes y las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios son los siguientes:

A) Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1. El diez de marzo de dos mil tres, María Isabel Tejeda Fuentes interpuso queja por incumplimiento al contrato de prenda, ante la Delegación Sur de la Procuraduría Federal del Consumidor, en contra de Nacional Monte de Piedad, institución de asistencia privada, de la cual se originó el procedimiento por infracciones que se siguió bajo el expediente 251/2003/815 y culminó con la resolución de diez de diciembre de dos mil tres, a través de la cual se impuso a la institución de referencia una multa por $8,730.00 (ocho mil setecientos treinta pesos).

2. Inconforme con la resolución mencionada en el punto que precede, Nacional Monte de Piedad, institución de asistencia privada, promovió juicio contencioso, del que conoció la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 6966/04-17-11-4, en el que se dictó sentencia el dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.

3. Contra tal fallo, la actora promovió el juicio de amparo directo DA. 240/2005, que fue resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil cinco, cuyas consideraciones -en la parte que al caso interesa- se sintetizan:

• Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada, de nacionalidad mexicana, con personalidad jurídica propia, que efectúa obras asistenciales con fines humanitarios en beneficio de las clases económicamente débiles.

• Del texto de los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal se advierte que, por su naturaleza, son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que, con bienes de propiedad particular, ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios; entendiéndose por asistencia social al conjunto de acciones dirigidas a proporcionar el apoyo, la integración social y el sano desarrollo de los individuos o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social, así como las acciones dirigidas a enfrentar situaciones de urgencia, fortalecer su capacidad para resolver necesidades, ejercer sus derechos y, de ser posible, procurar su reintegración al seno familiar, laboral y social, comprendiendo acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación, acciones que por tratarse de instituciones de asistencia privada se realizan con bienes de propiedad particular.

• De los artículos 1o., fracciones VI y VII, 2o., fracciones I y II, 5o., 6o., 7o., 9o., 12, 20, 24, fracción I y 57 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (vigentes al catorce de enero de dos mil tres) se apreció que el objeto de tal ordenamiento era promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; debiendo entenderse, por el primer término, a la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios, y por el segundo, a la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios.

• Asimismo, conforme a tales numerales, la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio; tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, su funcionamiento se rige por lo dispuesto en la ley que se comenta, sus reglamentos y sus estatutos.

• Además, entre otras atribuciones, tiene la de promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

• Del propio ordenamiento se desprende que tiene la calidad de "consumidor", la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta, como destinatario final, bienes, productos o servicios, y de "proveedor" la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios.

• En términos generales, dicha ley y la procuraduría tienden a promover y a proteger los derechos del consumidor, aplicando las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

• De la exposición de motivos de la original Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación con el tema de las "relaciones de consumo", se apreció que el legislador la orientó a establecer principios de equidad que aseguraran la concordancia entre el crecimiento económico y la justicia social en la actividad del consumo, es decir, estableció la rectoría de las relaciones de consumo que permitieran orientar la actividad de proveedores y consumidores hacia la evolución previsible de la actividad comercial.

• Por tanto, se concluyó que si el objeto de la quejosa era efectuar obras asistenciales con fines humanitarios en beneficio de las clases económicamente débiles, y las actividades que realizaba con tal propósito no tenían fines lucrativos, entonces, el incumplimiento del "contrato de prenda", que dio origen al procedimiento de infracción a la ley que se siguió por la Procuraduría Federal del Consumidor, no encuadraba en el concepto de actividad comercial y relación de consumo, ni se ubicaba la quejosa en el concepto de "proveedor", para efectos de la verificación o control de sus actividades por parte de la procuraduría de referencia.

• Se consideró que la actividad que realizó la quejosa y que fue motivo de revisión en el procedimiento por el que se le sancionó (contrato de prenda), no guardaba relación alguna con la actividad comercial y, por consecuencia, con las "relaciones de consumo", cuya rectoría era orientada por la ley de mérito.

• Si bien al celebrar el contrato de prenda la quejosa presta un servicio frente al deudor prendario, lo cierto es que esa actividad no puede ser materia de verificación por la Procuraduría Federal del Consumidor, en tanto que tal servicio no tiene como finalidad la obtención de lucro ni la institución quejosa ostenta el carácter de proveedor.

• En esa tesitura, se concluyó que ninguna de las disposiciones examinadas facultaba a la autoridad demandada en el juicio de nulidad a seguir el procedimiento para sancionar a la institución quejosa, con motivo del supuesto incumplimiento de un contrato de prenda.

De la ejecutoria de mérito se originó la tesis I.5o.A.45 A, de rubro y texto que se transcriben:

"PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. CARECE DE FACULTADES PARA CONOCER DE QUEJAS PRESENTADAS EN CONTRA DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.-El artículo 1o. de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal establece que tales instituciones son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores (persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios) y consumidores (persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios). Por tales motivos, la mencionada procuraduría carece de facultades para conocer de quejas presentadas en contra de instituciones de asistencia privada, por presunto incumplimiento de un contrato de prenda, ya que tal actividad no tiene como finalidad la obtención de un lucro."(1)

4. Con relación a lo anterior, cabe mencionar que el artículo 225 de la Ley de Amparo establece que para que exista contradicción de tesis se requiere la existencia de criterios discrepantes -entre otros- entre Tribunales Colegiados de Circuito.

En ese sentido, toda vez que el Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó que en sesión plenaria del tribunal que representa se decidió abandonar el criterio que en esta contradicción contiende, de conformidad con el numeral antes mencionado, se colige que la resolución correspondiente al amparo directo 240/2005, del índice de dicho tribunal no participará en la presente contradicción.

La anterior determinación guarda concordancia con la esencia de una contradicción de tesis, la cual radica en dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica, por lo que si en la sesión plenaria de esta fecha se informó que uno de los criterios que participa fue abandonado, lo pertinente es que -como se anticipó- dicho criterio no forme parte de esta contienda.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y por el criterio que la informa, la tesis 2a. XXII/2009,(2) que lleva por rubro y texto los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE CONOCIMIENTO DE QUE UNO DE ELLOS, CON POSTERIORIDAD AL PLANTEAMIENTO DE LA CONTRADICCIÓN, ABANDONA SU CRITERIO Y EMITE UNO COINCIDENTE CON EL DEL OTRO, DEBE DECLARARLA SIN MATERIA.-La contradicción de tesis tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer como jurisprudencia obligatoria cuando exista oposición entre los que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito en torno a un mismo tema jurídico, sin que se afecten las situaciones concretas cuestionadas en los asuntos en los que se sostuvieron las posturas, de tal manera que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene conocimiento de que uno de dichos tribunales, con posterioridad al planteamiento de la contradicción, se ha apartado del criterio que venía sosteniendo y ha asumido uno similar al del otro, desaparece la inseguridad jurídica y, en consecuencia, ya no existe la necesidad de determinar cuál es el que debe prevalecer, por lo tanto, debe declararse sin materia y no inexistente, puesto que si al momento de la denuncia sí existía la contradicción, con el cambio de criterio de uno de los órganos colegiados ya no hay materia sobre la cual decidir, y así debe determinarse. Consecuentemente, esta Segunda Sala se aparta del criterio que sostuvo al resolver la contradicción de tesis 90/98, en la tesis aislada 2a. CIII/99, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEJA DE EXISTIR CUANDO EL CRITERIO SUSTENTADO POR UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, ES SUPERADO O CAMBIADO POR EL MISMO ÓRGANO, COINCIDIENDO EN LO ESENCIAL CON LO CONSIDERADO POR EL OTRO TRIBUNAL COLEGIADO.’."

B) Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1. El uno de octubre de dos mil nueve, el titular de la Delegación Netzahualcóyotl de la Procuraduría Federal del Consumidor emitió el oficio PFC/NEZ/OD/1066/2009, en el que resolvió que era infundado el recurso de revisión administrativa interpuesto por Montepío Luz Saviñón, institución de asistencia privada y, en consecuencia, confirmó la diversa resolución de seis de julio de dos mil nueve, en la que se impuso a esa persona moral multa en cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos) por haber infringido la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. Contra las resoluciones referidas en el punto que antecede, la institución de asistencia privada promovió juicio contencioso, que se radicó ante la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 1688/10-17-12-5, y fue resuelto mediante sentencia de siete de octubre de dos mil diez, en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

3. Inconforme con tal fallo, el once de febrero de dos mil once la actora promovió el juicio de amparo directo DA. 258/2011, que resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en sesión de veintinueve de junio de ese año, conforme a las consideraciones siguientes:

• Se estimó que el primer concepto de violación que adujo la quejosa era fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado.

• En principio, se señaló que la litis en el juicio de origen consistió en dilucidar si la Procuraduría Federal del Consumidor tenía competencia material para instaurar un procedimiento con motivo del incumplimiento de un contrato prendario respecto a una institución de asistencia privada y, en su caso, sancionarla económicamente conforme al procedimiento previsto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• De los artículos 1o. y 75 del Código de Comercio; 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 1o., 2o., 3o., 45, fracción XVII, 51, 60, 61 y 62 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, así como de los estatutos sociales de la quejosa, se advirtió que ésta era un monte de piedad con el carácter de institución de asistencia privada, cuyo objeto era hacer préstamos de dinero a toda clase de personas con un módico interés mensual con garantía de prendas, con la finalidad prevista en la ley de la materia que la rige, esto es, como fundación con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, que podía ejecutar actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios y los actos de asistencia inherentes a sus fines, entre otros, celebrar contratos de prenda en los términos señalados por el Código Civil para el Distrito Federal, particularmente de conformidad con lo dispuesto por su artículo 2892.

• En ese contexto, se estimó que:

a) La quejosa no era una sociedad mercantil, porque no aparecía en las diversas reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en cambio, legalmente tenía la calidad de institución de asistencia privada, sin ánimo de lucro, y los servicios asistenciales que prestaba los realizaba conforme a sus estatutos, las leyes aplicables de acuerdo al marco de su actuación, sus reglamentos y demás disposiciones que tuvieran el carácter obligatorio en la materia.

b) Con motivo de sus actividades asistenciales, la quejosa cotidianamente suscribía contratos civiles prendarios, a través de los cuales otorgaba préstamos de dinero a toda clase de personas con un módico interés mensual con garantía prendaria. Actos que realizaba acorde con sus estatutos, objeto y fines como fundación de asistencia social privada, así como lo dispuesto por los artículos 2892 del Código Civil para el Distrito Federal y 62 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, siendo que este último limitaba a la institución a no hacer préstamos de dinero con garantía de simples firmas, ni operaciones con acciones o valores sujetos a fluctuaciones del mercado.

Este tipo de contrato prendario es el acto de asistencia social que realiza cotidianamente la quejosa para llevar a cabo sus fines humanitarios, en tanto que el interés también es consecuencia del acuerdo de voluntades pactado, cuya naturaleza es civil acorde a su origen.

c) En consecuencia, con motivo de la suscripción del contrato prendario, no se generaba una relación comercial de proveedor y consumidor, sino una relación contractual de naturaleza civil, entre la quejosa como institución de asistencia social privada y el deudor prendario, pignorante o beneficiario.

d) La fracción XXI del artículo 75 del Código de Comercio no prevé como actos de comercio, entre otros, las obligaciones que son de naturaleza esencialmente civil.

e) La quejosa no tiene la calidad de oficina de negocio comercial ni casa de empeño, y si bien enajena al público los bienes no desempeñados por el deudor, ello lo hace para recuperar el numerario del préstamo otorgado y los intereses pactados. El producto de esa venta se destina a los fines asistenciales y al objeto de la institución previsto en sus estatutos, además de que no puede realizar actividades distintas a las previstas en ellos sin ser sancionada y, por su parte, el patronato y la Junta Directiva están obligados a destinar y verificar que los fondos de la institución se apliquen exclusivamente al desarrollo de las actividades asistenciales y objeto de la misma, de conformidad con el objeto establecido en el estatuto.

• Establecido lo anterior, se procedió a examinar si el incumplimiento de un contrato prendario de naturaleza civil, por parte de una institución de asistencia social privada, se encontraba en los supuestos de infracción previstos por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• De la transcripción de los artículos 1o., 2o., 5o., 6o., 24 y 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se concluyó que la Procuraduría Federal del Consumidor no tenía competencia legal para sancionar a una institución de asistencia social privada por el incumplimiento de un contrato prendario de naturaleza civil, fundamentalmente, porque dicho incumplimiento no surgió con motivo de una relación comercial de proveedor y consumidor por actos de comercio con especulación económica, sino por la suscripción de un contrato de naturaleza meramente civil, firmado por una fundación que no tiene la calidad de sociedad mercantil ni el carácter de casa de empeño.

• Las instituciones de asistencia privada surgen en el país como un medio para realizar acciones en beneficio de la sociedad, cuyo objetivo primordial se traduce, por un lado, en brindar liquidez inmediata mediante el otorgamiento de préstamos prendarios con la tasa más baja de interés y el propósito de ayudar a todos aquellos que tengan necesidades económicas urgentes y, por otro lado, destinar el remanente de la operación prendaria a proyectos asistenciales mediante otras instituciones de asistencia privada, que ofrecen sus servicios a niños, jóvenes, adultos mayores, enfermos carentes de recursos económicos en áreas de protección, salud, trabajo y educación, entre muchos otros.

• Asimismo, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia señaló que la quejosa era una institución de asistencia privada con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad particular ejecutaba actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios, cuyos servicios debían someterse a lo dispuesto por sus estatutos, las leyes aplicables de acuerdo al marco de su actuación, sus reglamentos y demás disposiciones que tengan el carácter obligatorio en la materia; sin embargo, de tales disposiciones no se advirtió que su actuación pudiera ser considerada de carácter mercantil y menos aún que puedan reputarse como comerciante o proveedor.

• La Ley Federal de Protección al Consumidor es un ordenamiento que regula las relaciones de consumo en el mercado de bienes y servicios, los cuales se presentan cuando el proveedor es un comerciante que hace del comercio su ocupación ordinaria o, en su caso, realiza un acto aislado de comercio con ánimo de lucro, o se trate, en su caso, de una empresa de participación estatal u organismo descentralizado del Estado en cuanto a estos últimos desarrollen actividades de producción, distribución de bienes o prestación de servicios a los consumidores.

• Al respecto, el artículo 75, fracción X, del Código de Comercio define que son actos de comercio los realizados por casas de empeño, pero no se refiere a los actos realizados por instituciones de asistencia privada.

• Por su parte, los artículos 24, fracción XV y 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor establecen la obligación relativa a que los proveedores, personas físicas o sociedades mercantiles no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, sólo podrán operar previo registro ante la procuraduría y de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor; sin embargo, dichos preceptos legales no están referidos a las instituciones de asistencia privada, como lo es la quejosa, por lo que ésta se regula acorde con sus estatutos y a lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, para lograr los fines que persigue.

• En consecuencia, los servicios que presta la quejosa no se ofrecen dentro de un mercado de consumo y menos existe especulación comercial ni ánimo de lucro. Además, las personas que tienen acceso a los servicios asistenciales que presta no son consumidores, sino beneficiarios de los mismos y, finalmente, no existe una relación de consumo entre la institución agraviada y sus deudores prendarios.

• Además, aun cuando la quejosa realiza actos de carácter civil y entre las actividades que lleva a cabo con terceros se encuentran: el remate en almoneda pública de los objetos no desempeñados, la práctica de avalúos, así como la realización de inversiones de capital, según las leyes aplicables, y la venta de objetos mediante una comisión que fija la institución; sin embargo, el beneficio económico que se obtiene con esas actividades no constituye una ganancia por especulación, sino que tiene por objeto mantener las condiciones necesarias para cumplir con el fin de las instituciones de asistencia privada, por lo que la quejosa no se constituye como proveedor de bienes y servicios, ni tampoco es una casa de empeño.

• El objeto de las instituciones de asistencia privada, consideradas por el legislador como de utilidad pública, es de carácter humanitario y no persigue fines de especulación o lucro, por lo que no adquieren el carácter de proveedor para efectos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, máxime que sus ganancias son aplicadas para cumplir con su objeto de asistencia social, según sus estatutos, leyes y ordenamientos aplicables.

• Por tanto, las actividades que realiza la quejosa no constituyen actos de comercio, ya que no reúnen las características inherentes a los comerciantes y, en consecuencia, no puede entablar relaciones de consumo con el público que hace uso de sus servicios asistenciales, ya que se trata de una institución de asistencia privada y no es factible que se le apliquen las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en tanto que su objeto y fin social no es la realización reiterada de actos de especulación con fines de lucro o ganancia económica, tan es así que sus actividades no están gravadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• En ese contexto, a la quejosa no puede considerársele como proveedor, porque es una institución de asistencia privada y no una sociedad mercantil, y su finalidad es la prestación altruista de servicios asistenciales, por lo que es considerada por el legislador como una institución de utilidad pública; servicios que no se ofrecen ni se prestan en el mercado de consumo y las personas que acceden a ellos no son consumidores, sino beneficiarios, sin que sea su actividad preponderante obtener ganancia o lucro, o alguno con motivo de los intereses pactados en el contrato civil prendario, pues acorde a sus estatutos, los fondos obtenidos por el incumplimiento del contrato y venta del bien es favorecer la asistencia social y no generar ganancias económicas vía la especulación comercial.

• Por lo anterior, se afirmó que la quejosa no era proveedor en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ni realizaba actos de comercio, en razón de que los servicios asistenciales que ofrecía eran con fines humanitarios para brindar un servicio social para el cual fue constituida.

El asunto de referencia originó la tesis I.7o.A.804 A, del rubro y texto siguientes:

"INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR CARECE DE COMPETENCIA PARA SANCIONARLAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO PRENDARIO CELEBRADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2892 DEL CÓDIGO CIVIL PARA DICHA ENTIDAD.-Los artículos 1 y 3 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal disponen que éstas son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propios, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios, cuyos actos y servicios deberán someterse a lo dispuesto por sus estatutos, las leyes aplicables de acuerdo al marco de su actuación, sus reglamentos y demás disposiciones obligatorias en la materia. De lo anterior se sigue que la Procuraduría Federal del Consumidor carece de competencia para sancionar a dichas instituciones por el incumplimiento de un contrato prendario celebrado en términos del artículo 2892 del Código Civil para el Distrito Federal, fundamentalmente porque ese pacto de voluntades no surgió con motivo de una relación comercial entre proveedor y consumidor con el propósito de realizar actos de comercio con ánimo de lucro o especulación mercantil, sino por la suscripción de un contrato de naturaleza civil, por una institución que no tiene la calidad de sociedad mercantil ni el carácter de casa de empeño, ya que esos actos o servicios son asistenciales o humanitarios, sin especulación con fines de lucro o ganancia económica, tan es así que sus actividades o servicios no están gravados por la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme lo prevé su artículo 95, fracción VI."(3)

C) Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1. El catorce de septiembre de dos mil diez, Eduardo Sergio Oviedo Trujillo presentó reclamación ante la Delegación Chihuahua de la Procuraduría Federal del Consumidor, en contra de Nacional Monte de Piedad, institución de asistencia privada, pues adujo que se le estaba cobrando interés sobre una cantidad que no se le enteró en el contrato de mutuo celebrado el diez de mayo de dos mil diez.

2. Dentro del procedimiento de conciliación, se impusieron a Nacional Monte de Piedad, institución de asistencia privada, cuatro multas, en monto total de $12,000.00 (doce mil pesos).

3. La institución de referencia promovió juicio de nulidad en el que impugnó las resoluciones referidas, el cual se radicó ante la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 29963/10-17-06-8, órgano jurisdiccional que dictó sentencia el dieciséis de octubre de dos mil doce, en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

4. Inconforme con tal fallo, el cinco de diciembre de dos mil doce la actora promovió el juicio de amparo directo DA. 43/2013, que fue resuelto por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante ejecutoria de tres de mayo de dos mil trece, cuyas consideraciones -en su parte conducente- se sintetizan:

• La quejosa es una institución de asistencia privada, cuya organización está regulada por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.

• En la demanda de nulidad y en los conceptos de violación reconoce que en forma habitual y periódica ofrece al público, en general,
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