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Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 18822         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1280.

AMPARO DIRECTO 15184/2004. BANCA SERFÍN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SERFÍN.


CONSIDERANDO:


QUINTO. Antes de entrar al examen de los conceptos de violación, es pertinente señalar que por escrito de primero de noviembre de dos mil cuatro, la tercera perjudicada Edna Álvarez Sánchez, al expresar alegatos, solicita que se sobresea en el juicio de amparo, por no existir violación alguna a las garantías individuales de la institución bancaria quejosa, y emite diversos razonamientos que ven al fondo del asunto.


En el caso, no procede el sobreseimiento del asunto por las razones que vierte la tercera perjudicada, dado que dichos alegatos ven al fondo del asunto, y, por ende, se deberá dar respuesta a los motivos de inconformidad de la quejosa, para culminar con el dictado de una sentencia en la que se niegue o conceda el amparo, toda vez que la tercera perjudicada no invoca en concreto alguna causa de improcedencia prevista dentro del artículo 73, de la Ley de Amparo y como este Tribunal Colegiado no advierte que se actualice alguna de ellas, se procede al análisis de fondo del amparo.


En el primer concepto de violación la sociedad bancaria quejosa cuestiona la legitimidad de la tercerista, bajo el argumento de que como la Sala responsable asumió plenitud de jurisdicción, tenía la obligación de examinar de oficio la legitimidad de las partes y al no hacerlo transgredió en su perjuicio la tesis del rubro: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA."; que en el caso la tercerista carece de legitimación, porque exhibió un documento privado que no se reconoció expresamente, ni se corroboró con prueba alguna, por lo que la tercería que entabló debió declararse improcedente.


No asiste razón a la institución bancaria quejosa. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, sentó el criterio de que la tercería excluyente de dominio es un medio de defensa que tiene la persona a quien se le ha embargado indebidamente un bien de su propiedad en un juicio al que es ajena y que se hace valer con el propósito de acreditar que se tiene mejor derecho sobre dicho bien, a fin de sustraerlo de la ejecución que lo afecta; esto es, que al probarse plenamente que el tercero es el propietario de ese bien, el tribunal deberá levantar el embargo que exista sobre el mismo y ordenar que le sea devuelto a dicho tercero; que por ello, el propietario de la cosa puede acceder a la defensa de la misma mediante la promoción de la tercería excluyente de dominio, en virtud de que cuenta con la legitimación activa que le otorga la ley para realizarlo, pues únicamente él es quien puede probar plenamente la titularidad del derecho de propiedad.


De ahí que si la ahora tercera perjudicada María Edna Álvarez Sánchez se ostentó como propietaria del bien inmueble materia de la tercería, es evidente que tiene legitimación activa para promover la tercería.


Sirve de apoyo a lo anterior, por el espíritu que la rige, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 1a./J. 108/2001, aparece publicada en la página 181, del Tomo XIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:


"TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. EL USUFRUCTUARIO CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 1367 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 612 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE SINALOA). Dentro de nuestro derecho positivo, la tercería excluyente de dominio es un medio de defensa que tiene la persona a quien se le ha embargado indebidamente un bien de su propiedad en un juicio al que es ajena y que se hace valer con el propósito de acreditar que se tiene mejor derecho sobre dicho bien, a fin de sustraerlo de la ejecución que lo afecta; esto es, que al probarse plenamente que el tercero es el propietario de ese bien, el tribunal deberá levantar el embargo que exista sobre el mismo y ordenar que le sea devuelto a dicho tercero. En esa medida, como el requisito de procedibilidad de la tercería excluyente de dominio, previsto en el artículo 1367 del Código de Comercio, de similar redacción del diverso 612 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, radica en que la acción relativa debe fundarse justamente en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que ejercita alegue el tercero, resulta incuestionable que la persona que promueva ese medio de defensa deberá ostentar la propiedad de los bienes objeto de la afectación. Ante esa premisa, resulta lógico establecer que el usufructuario de un bien carece de legitimación activa para promover la acción de tercería excluyente de dominio, ya que al través del derecho real de usufructo no adquiere la propiedad o dominio del mismo ius abutendi, sino sólo los derechos de usar el bien usufructuado ius utendi, y el de aprovecharse de los frutos ius fruendi, los cuales no resultan idóneos para legitimar su pretensión."


No se soslaya que lo relativo a la eficacia probatoria del título en que se fundó la tercería es una cuestión de fondo que se debe examinar para determinar la procedencia o improcedencia de la tercería, y de cuyo estudio se hará cargo este cuerpo colegiado con posterioridad, pero no para la legitimación en la causa, pues para ello basta que quien promueve se ostente como propietario del bien.


En el segundo concepto de violación el banco quejoso alega que la Sala responsable no hizo un examen cuidadoso de los documentos que exhibió la tercerista, en especial del contrato privado de compraventa que sólo reconoció la ejecutada en el juicio natural, pero no la impetrante de garantías por no haber intervenido en esa transacción; que dicho tribunal no fundó ni motivó de manera legal, las razones que justifican su conclusión en el sentido de que un documento privado proveniente de tercero, se perfecciona con otros documentos privados también de fecha incierta. Enseguida cuestiona las copias del procedimiento que se ventiló ante la Procuraduría Federal del Consumidor y que exhibió la tercerista en copia simple al carbón, bajo el argumento de que carecen de valor probatorio. Agrega, que la propiedad de un bien inmueble tiene que demostrarse fehacientemente y no de manera presuncional, como lo hizo el tribunal de alzada en violación a la tesis del rubro: "DOCUMENTOS. LA FALTA DE OBJECIÓN A LOS, NO LES GENERA EFICACIA PROBATORIA DE LA QUE CAREZCAN.". Sigue diciendo la sociedad impetrante de garantías, que en nada beneficia el reconocimiento del ejecutado en el juicio natural, porque resulta obvio que a él le beneficia la promoción de la tercería; que por el contrario, se trata de documentos que nunca aceptó, ni admitió, ni reconoció el hoy quejoso, ya que no participó en ellos y tampoco los elaboró y, por ende, sólo surten efectos entre quienes los elaboraron y no entre terceros, cita en apoyo de lo alegado las tesis de los rubros: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL BIEN EMBARGADO, ES INEFICAZ SI NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA NO ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE NO FUESE OBJETADO."


No asiste razón al impetrante del amparo.


Debe decirse en principio, que la tercerista María Edna Álvarez Sánchez, en los hechos de su demanda señaló que por contrato privado de compraventa de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, adquirió de Constructora e Inmobiliaria San Alberto, Sociedad Anónima de Capital Variable, la casa habitación construida sobre el lote ocho, de la calle Ingeniero Jesús Manuel Tapia, sujeto al régimen de propiedad en condominio del conjunto Arboleda San Antonio, ubicado en el lote uno, resultante de la subdivisión del terreno denominado San Andrés, sito en la calle de Centenario sin número, Municipio de Chiautla, Distrito de Texcoco, Estado de México, es decir, fundó su derecho de propiedad en un contrato privado de compraventa.


Ahora bien, debe decirse que es sabido que el documento privado no prueba su origen, como lo prueba el público. De ahí se sigue el principio de que se puede impugnar la eficacia de ese tipo de documentos mediante la impugnación o el desconocimiento. En ese supuesto, deberá perfeccionarse el valor del documento con otros medios de convicción.


El documento privado tendrá fuerza probatoria cuando exista el reconocimiento expreso o tácito, o cuando haya sido comprobada la autenticidad de la firma. En esta hipótesis, dicho documento hace tanta fe como el documento público. No obstante, en determinados casos existe una sola diferencia entre la eficacia probatoria del instrumento público y de la escritura privada: la concerniente a la fecha.


En el instrumento público la fecha debe reputarse verdadera, mientras no haya una objeción de falsedad que se acredite debidamente, puesto que la fijación de la fecha es obra exclusiva del funcionario público, pero el documento privado es obra de las partes, las que incluso pueden ponerse de acuerdo para antedatar o estampar una fecha posterior a la verdadera, y por lo mismo no puede hacer igual fe.


Por lo que hace a la eficacia probatoria de la fecha en un documento privado, cabe distinguir entre las partes y los terceros. Entre las partes, esto es, entre las personas que intervinieron en el acto jurídico consignado en la escritura privada, y por extensión a sus representantes y herederos, la fecha se reputa verdadera mientras no se demuestre su falsedad. Al efecto, son admisibles todos los medios de prueba, en el entendido de que no se trata de negar que la fecha que en la escritura aparece fue o no puesta por las partes o por alguna de ellas, sino que se trata de negar que la fecha consignada en la escritura corresponde a la verdadera.


En relación con los terceros, la fecha contenida en el documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los modos indicados por la ley, o por otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera.


Debe decirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 2034, fracción III, del Código Civil, y la jurisprudencia del rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.", los hechos que hacen cierta la fecha son: la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo que se entiende, en atención a que verificándose el registro con la anotación del documento otorgado en los registros públicos del funcionario respectivo, es eficaz garantía de que existía la escritura privada al tiempo en que se registró; la entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio; y la muerte de cualquiera de los que lo firmen, porque es evidente que en tal caso el documento no podrá tener fecha posterior a la de la muerte.


Sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en sí no deba considerarse de fecha cierta, no veda a quien lo exhibe su derecho a acreditar, por cualquier otro medio, la certeza, con la pertinente aclaración de que los hechos deben ser tales, que de ellos surja como consecuencia necesaria la existencia de la escritura al tiempo en que se verificaron. Lo anterior, conforme a la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este cuerpo colegiado comparte, visible en la página 561, del Tomo XIII, junio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor siguiente:


"DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS, CASOS EN QUE ES NECESARIA LA. En determinados casos existe una sola diferencia entre la eficacia probatoria del instrumento público y de la escritura privada: la concerniente a la fecha. En el instrumento público la fecha debe reputarse verdadera, mientras no haya una objeción de falsedad que se acredite debidamente, puesto que la fijación de la fecha es obra exclusiva de un funcionario público; pero en la escritura privada es obra de las partes, las que incluso pueden ponerse de acuerdo para antedatar o estampar una fecha posterior a la verdadera, y por lo mismo no puede hacer igualmente fe. Al respecto, por lo que hace la eficacia probatoria de la fecha en un documento privado, cabe distinguir entre las partes y los terceros. Entre las partes, esto es, entre las personas que intervinieron en el acto jurídico consignado en la escritura privada, y por extensión a sus representantes y herederos, la fecha se reputa verdadera mientras no se demuestre su falsedad. En relación con los terceros, la fecha contenida en el documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los modos indicados por la ley, o por otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Entre esos terceros quedan comprendidos los causahabientes que en virtud de la escritura de fecha anterior a su adquisición de un derecho real o equiparado al real, resentirían un perjuicio, y que por ende, están interesados en pretender la certeza de la fecha; así como los acreedores quirografarios, dado que ejercitan un derecho propio, como sucede cuando impugnan un acto realizado en fraude de sus derechos, lo que se confirma por el hecho de que cuatro de los precedentes que conforman la jurisprudencia número 131 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, de 1917-1985, visible en la página 379, con el rubro: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.’, se dictaron en un procedimiento de tercería excluyente de dominio."


Por esa razón, es legal la consideración del tribunal de alzada en el sentido de que, en el caso, se presentaron diferentes elementos que permiten concluir la fecha cierta del contrato que exhibió la tercerista, pues como ya se dijo, cuando un documento no es de fecha cierta, quien lo exhibe puede, por cualquier otro medio, demostrar su certeza.


En el caso, como correctamente lo advirtió el tribunal de alzada, la tercerista ofreció como pruebas de su parte, entre otras, las siguientes:


Documental privada, consistente en el contrato privado de compraventa de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, celebrado entre Constructora e Inmobiliaria San Alberto, S.A. de C.V. y la tercerista.


Un recibo de pago expedido por la demandada Constructora e Inmobiliaria San Alberto, Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto del primer pago del enganche a cuenta del precio pactado en el contrato privado de compraventa.


Ocho recibos de pago del impuesto predial correspondientes a los de mil novecientos noventa y seis a dos mil tres a nombre de la tercerista.


Recibo de pago del impuesto de traslado de dominio de fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno y la declaración de dicho pago.


Carta de la inmobiliaria de veintidós de junio de dos mil uno, donde le hace saber a la compradora, hoy tercerista, el descuento que le hará sobre el precio del inmueble por materiales no usados.


Carta de la inmobiliaria de doce de octubre de dos mil, donde le propone a la compradora un nuevo esquema de pago.


Carta donde la vendedora le comunica a la hoy tercerista que está próxima la fecha de escrituración y los pasos a seguir.


Carta de la inmobiliaria donde le hace saber a la compradora el adeudo que tiene y le ofrece tramitarle un crédito hipotecario.


Documental privada, consistente en la carta de cinco de diciembre de dos mil uno, a través de la cual la inmobiliaria ejecutada le informa a la compradora que se le concedió un plazo para liquidar la deuda que tiene con el banco, ahora ejecutor, y que en enero o febrero de dos mil dos le hará saber la fecha de la escrituración.


Comunicado de quince de diciembre de dos mil uno, donde le informa a la compradora que la escrituración tendrá lugar con el notario que ella elija.


Carta de la constructora de veintinueve de enero de dos mil dos, donde le hace saber que la escritura de compraventa podrá firmarse en la primera o segunda semana de febrero de ese mismo año.


Carta suscrita por la ahora tercerista donde le pide a la constructora que le informe el nombre del banco y de las personas a quienes debe dirigirse para que le informen de la situación hipotecaria del inmueble que adquirió.


La confesión a cargo del apoderado del banco, hoy solicitante del amparo.


Es pertinente señalar, como lo advirtió el tribunal de alzada, que el banco ahora quejoso objetó las pruebas documentales que exhibió la tercerista pero sólo en cuanto a su alcance y valor probatorio, argumentando al efecto que: "... desde este momento objeto todas y cada una de las pruebas documentales que exhibe la tercerista en cuanto al alcance, valor probatorio y hechos que dice acredita, en virtud de que con cada una de ellas pretende demostrar todos los hechos de su demanda, siendo esto falso, cada una tiene una característica específica e independiente a las demás, así las que ha identificado en sus apartados A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y N, se trata de documentos que carecen de fuerza y eficacia intrínseca dada su naturaleza, y por ser documentos elaborados sin consentimiento, conocimiento e intervención de mis apoderados ... Por lo que se refiere a las pruebas que marca con las letras L, M, Ñ y O, que pretende la tercerista, y menos aún la propiedad del bien inmueble que pretende excluir ..."


Por su parte, Constructora e Inmobiliaria San Alberto, Sociedad Anónima de Capital Variable, no objetó las pruebas, por el contrario al dar contestación a la demanda entablada en su contra reconoció la celebración del contrato de compraventa que se exhibió al manifestar lo siguiente: "... desde el momento en que se celebró dicho contrato de compraventa quedó perfectamente establecido que el inmueble objeto de esta tercería estaba hipotecado a favor de la actora, y que ésta le había otorgado a mi mandante un crédito puente para construir el conjunto habitacional denominado ‘Arboleda San Antonio’, y que se tiene la obligación de finiquitarlo en sus términos ...", reconocimiento que, contra lo que sostiene el banco quejoso, no beneficia a los intereses de la constructora ejecutada, sino por el contrario le perjudica al tener que responder por el adeudo que se le reclama en el juicio origen de la tercería, con bienes diferentes al inmueble de la tercerista.


Ahora bien, como legalmente lo razonó el tribunal de alzada, de una valoración conjunta de las pruebas, conforme a la lógica y a la experiencia, tal como lo ordena el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, se concluye que con las documentales y demás medios de convicción que aportó la tercerista, demostró la celebración del contrato privado de compra venta base de la acción.


Así es, la constructora enjuiciada al dar respuesta a la demanda entablada en su contra reconoció expresamente la celebración de la compraventa, es decir, que el bien inmueble salió de su patrimonio; y si bien es cierto que la institución de crédito, ahora quejosa, objetó el contrato de compraventa base de la tercería, también lo es que esa objeción no resulta suficiente para desvirtuar el hecho de la compraventa, ya que la objeción de mérito la hizo depender de la circunstancia de que no participó en ese contrato de compraventa, por lo que es extraña a tal documento.


Asimismo, con los recibos de pago mediante los cuales María Edna Álvarez Sánchez realizó diversos pagos a la constructora con motivo de la compraventa y con las diversas comunicaciones que suscribió dicha constructora se robustece el hecho de la

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