Consulta tradicional. Ejecutorias.

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Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 5758         1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Agosto de 1999, página 681.

IMPEDIMENTO 10/99. FORMULADO POR EL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.


CONSIDERANDO:


SEGUNDO.-El impedimento legal que se plantea es infundado.


En efecto, cabe decir que de la demanda de amparo indirecto promovida por Carlos de Jesús Toledo Rosado no se desprende que haya señalado como autoridad responsable ordenadora al Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, ni hay datos válidos acerca de que los actos que reclamó, consistentes en la "orden de aprehensión y la orden de cateo", así como su ejecución, estén relacionados con la causa penal 137/98 instruida ante el aludido Juez Federal contra el citado quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito "previsto y sancionado por el artículo 98 fracción I" (sic).


Aunado a lo anterior cabe decir que el proceso penal 137/98 se sigue ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal en su carácter de Juez Penal Federal, mas no como juzgador de amparo en materia penal; de ahí que para determinar la procedencia del impedimento planteado debe examinarse esa circunstancia respecto de la persona física del juzgador y no en relación con el órgano jurisdiccional, por lo que es necesario demostrar que la causa aducida por el Juez a quo afecta su imparcialidad para conocer de la demanda de garantías de mérito. Sobre el particular este órgano colegiado comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito visible en la página cuatrocientos veintisiete del Tomo III, correspondiente al mes de febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "IMPEDIMENTO PLANTEADO POR UN JUEZ DE DISTRITO. INEXISTENCIA DEL.-No debe calificarse de legal el impedimento formulado por un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, en el cual se reclama un auto de formal prisión pronunciado por el mismo Juez Federal, en virtud de que no se está en presencia de una causal de impedimento, sino de un motivo de incompetencia, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Amparo, el cual establece que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo distrito. No se debe confundir la incompetencia con el impedimento, pues aun cuando ambas figuras jurídicas consisten, en principio, en la incapacidad legal para conocer de un asunto, la primera se refiere al órgano jurisdiccional, con independencia de quien desempeñe el cargo, mientras que el segundo atañe a la persona física, concreta e individual que encarna al órgano judicial, y en la especie, es en la entidad jurisdiccional y no en la persona de su titular, en la cual recae la prohibición, que se desprende de dicho numeral, para conocer del asunto.". Asimismo, es aplicable al caso la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable a foja sesenta y uno, Segunda Parte, del Informe correspondiente al año de 1986, Séptima Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPEDIMENTO. LA CAUSA QUE SE INVOQUE DEBE TENER RELACIÓN DIRECTA CON LA PERSONA DEL JUZGADOR.-Si por impedimento se entiende la circunstancia que obsta el conocimiento de un asunto porque puede afectar la imparcialidad de un Ministro, Magistrado o Juez, dicha circunstancia debe examinarse precisamente respecto de la persona física del juzgador y no en relación con otro funcionario judicial o con el órgano jurisdiccional, por lo que es necesario el señalamiento y la demostración de que la causa aducida por el promovente afecta la imparcialidad del juzgador para conocer del asunto.".


Lo anterior es así porque la imparcialidad y ecuanimidad de las personas que encarnan los órganos jurisdiccionales son requisitos esenciales para una correcta administración de justicia y lo que se pretende evitar, con la reglamentación de los impedimentos, es que las resoluciones judiciales se dicten con parcialidad.


De igual manera, es dable aseverar que aun cuando la incompetencia y el impedimento son figuras jurídico-procesales referidas a la imposibilidad legal para conocer de un asunto, se diferencian entre sí, en cuanto a que la primera está referida al órgano jurisdiccional con independencia del servidor público que desempeña el cargo; mientras que el segundo atañe a la persona física, concreta e individual que encarna al órgano judicial; conforme a la tesis sostenida por este Tribunal Colegiado publicada en la página seiscientos cincuenta y cinco del Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPEDIMENTO. HIPÓTESIS EN LA QUE NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, SINO UNA CAUSAL DE INCOMPETENCIA.-La incompetencia y el impedimento son figuras jurídico-procesales referidas a la imposibilidad legal para conocer de un asunto. Se diferencian entre sí, en cuanto a que la primera está referida al órgano jurisdiccional con independencia del servidor público que desempeña el cargo; mientras que el segundo atañe a la persona física, concreta e individual, que encarna al órgano judicial. De ahí que cuando se acredite que Juez y autoridad responsable no son idéntica persona, no debe calificarse de fundado el impedimento planteado por el Juez de Distrito para conocer como autoridad de amparo de la demanda de garantías en la que fue señalado como autoridad responsable, toda vez que no se encuentra comprendido en la hipótesis de impedimento a que se refiere la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia de la hipótesis referida sino, en todo caso, de un motivo de incompetencia, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Amparo.".


En ese orden de ideas, es evidente que el hecho de que ante el referido Juez Federal se esté instruyendo un proceso penal federal contra el amparista no es motivo suficiente para declararse impedido para conocer de la controversia constitucional que se le planteó, cuando de la demanda de garantías no se advierten datos aptos y suficientes que permitan concluir que fue él quien emitió los actos reclamados.


Aunado a lo anterior cabe decir que no asiste razón al Juez de Distrito al fundar la excusa que invoca en el artículo 146 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ya que el artículo 66 de la Ley de Amparo señala en forma limitativa las causales que dan origen a impedimentos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de garantías. Dichos impedimentos se establecen en forma limitativa en el referido precepto, pues éste dispone en su penúltimo párrafo que: "... Sólo podrán invocarse, para no conocer de un negocio, las causas de impedimento que enumera este artículo ...". Lo anterior se hace patente si se toma en cuenta el artículo 146 fracción XVII in fine de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el cual se enumeran los impedimentos de los funcionarios en cita, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados para conocer de los asuntos de su competencia, que expresamente previene que: "... Tratándose de juicios de amparo, se observará lo dispuesto en la Ley de Amparo ..."; es decir, lo que al respecto prescribe la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, tomando en consideración que en el artículo 66 de la Ley de Amparo se señalan en forma limitativa las causas de impedimento de mérito y que, por consiguiente, en dicho ordenamiento existe disposición expresa sobre la materia, debe concluirse que tratándose de impedimentos de los Ministros de la Suprema Corte, de los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Jueces de Distrito, para conocer del juicio de amparo, no pueden aplicarse en forma supletoria los preceptos relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que para tal efecto no se da la hipótesis que contempla el artículo 2o. de la invocada Ley de Amparo, y tampoco es aplicable el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación mencionada, por disposición expresa de dicho numeral, sino única y exclusivamente el referido artículo 66. Orienta esta determinación la jurisprudencia 5/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página noventa y nueve del Tomo I, correspondiente al mes de mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se lee: "IMPEDIMENTO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, NO SON ENUNCIATIVAS SINO LIMITATIVAS.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpe el criterio sustentado en la jurisprudencia número 7/90, publicada en la página 109 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, citada bajo el rubro: ‘IMPEDIMENTO. CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO.’. Lo anterior obedece, a que de la correcta interpretación del numeral 66 del referido ordenamiento, se llega a la conclusión que las causas de impedimento ahí mencionadas, no son enunciativas sino limitativas; por tanto, si los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado, alegan estar impedidos para conocer del amparo directo, en virtud de que con anterioridad conocieron del recurso de revisión contra la sentencia dictada en amparo indirecto contra el auto de formal prisión, tal causa de impedimento no debe calificarse de legal, ya que no se encuentra contemplada en la fracción IV, del artículo 66 de la Ley de Amparo, es decir, los Magistrados no habían tenido con anterioridad el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, no aconsejaron como asesores en el pronunciamiento de la resolución reclamada, ni emitieron ésta en otra instancia o jurisdicción.". Asimismo, este órgano jurisdiccional comparte los criterios del Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Octavo Circuito visibles a fojas mil ciento siete del Tomo VII, correspondiente al mes de enero de 1998, y seiscientos cincuenta y tres del Tomo VII, del mes de junio de 1998, ambos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que respectivamente dicen: "IMPEDIMENTOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO. NO DEBEN ANALIZARSE CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.-No deben confundirse los impedimentos establecidos en el artículo 66 de la Ley de Amparo, con los previstos en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que el dispositivo legal señalado en primer término, en su penúltimo párrafo, establece de manera imperativa que en materia de amparo sólo podrán invocarse para no conocer de un negocio, las causas de impedimento que enumera ese artículo, las cuales determinan la excusa forzosa del servidor público; lo que permite concluir que si se hace valer una causa de impedimento para conocer de un juicio de garantías, prevista en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no es procedente puesto que dichos supuestos regulan otras materias diversas de los del referido juicio de amparo."; e "IMPEDIMENTO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISÉIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, NO SON APLICABLES EN LOS JUICIOS DE AMPARO.-El artículo 46 (sic) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es categórico en señalar que tratándose de los impedimentos de los Jueces de Distrito, serán conocidos y resueltos en términos de la ley relativa a la materia de su conocimiento. Por lo anterior, si el asunto en que se plantea el impedimento es un juicio de amparo indirecto, la legislación aplicable es la Ley de Amparo, ordenamiento que en su artículo 66 establece limitativamente seis hipótesis que pueden invocarse como causas de impedimento, según lo dispuesto en el penúltimo párrafo de tal precepto legal, que señala que en la materia de que se trata sólo podrán invocarse, para conocer de un negocio, las causas de impedimento que enumera dicho artículo, excluyéndose así definitivamente a los supuestos previstos en otras leyes, máxime que el artículo 2o. de la Ley de Amparo establece que tanto la sustanciación como la decisión del juicio de garantías será con arreglo a las formas y procedimientos determinados en el libro primero de esa legislación y que únicamente permite la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles, siempre y cuando falte disposición expresa, por lo que es evidente que tratándose de impedimentos planteados por los Jueces de Distrito en juicios de amparo, no tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente. A mayor abundamiento, la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios reiteradamente sostuvo que las causas de impedimento previstas en el artículo 82 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no era aplicable tratándose de juicios de garantías, señalando que éste se refería a que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito sólo están impedidos para conocer de los asuntos penales, administrativos y civiles, y que en el artículo 66 de la Ley de Amparo se establecen en forma limitativa las causas de impedimento que podrían invocarse para no conocer de un juicio de garantías y que, por lo anterior, tampoco eran susceptibles de citarse las causas de impedimento establecidas en el artículo 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Consecuentemente, como la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, nada dice en relación a las causas de impedimento, atendiendo a la interpretación gramatical y sistemática de la ley de referencia, debe convenirse que subsisten también las mismas razones que la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo para estimar inaplicable la referida ley orgánica tratándose de los motivos de impedimento que surjan en los juicios de garantías. Lo anterior es así, en razón de que, por una parte, la Ley de Amparo no ha sido reformada, derogada o abrogada; por la otra, la redacción del artículo 146 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es similar a la del artículo 82 de la abrogada ley orgánica, por lo que no existe razón legal alguna que permita adoptar un criterio distinto del sostenido por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, de haber sido el deseo del legislador que las causas de impedimento enumeradas en el artículo 146 de la ley orgánica vigente fueran aplicables en los juicios de garantías, no hubiera señalado en su texto que tratándose de juicios de amparo, se observará lo dispuesto en la Ley de Amparo, leyenda que también contenía el artículo 82 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas al final de la fracción XVII, estableciéndose como un agregado en la nueva redacción, la fracción XVIII, que establece como causal de impedimento cualquier otra análoga de las anteriores diecisiete fracciones. Asimismo, de haber querido el legislador que los motivos de impedimento establecidos en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente se agregaran a los que limitativamente se establecen en el numeral 66 de la Ley de Amparo o sustituyeran a los previstos en este precepto, así lo hubiera indicado en los artículos transitorios, que establecen las reglas de aplicación de la nueva ley orgánica, pues incluso en el artículo noveno transitorio de ésta, indicó que a partir de su entrada en vigor, los días hábiles a que se refiere el artículo 23 de la Ley de Amparo serán los indicados en el artículo 160 de aquélla, estableciendo claramente la inaplicabilidad del numeral 23 citado.".


En esas condiciones, lo que procede es declarar infundada la causal de impedimento hecha valer por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, por lo que deber avocarse al conocimiento de la demanda de garantías de que se trata.


Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 37 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:


ÚNICO.-Se declara infundado el impedimento planteado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, licenciado José Rafael Vásquez Hernández, para conocer de la demanda de amparo indirecto formulada por el quejoso Carlos de Jesús Toledo Rosado, contra los actos y autoridades responsables que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.


Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal; y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.


Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Enrique Rueda Dávila (presidente), Amado Guerrero Alvarado (ponente) y Alicia Rodríguez Cruz.

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