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Décima Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 24703         1 de 1
Primera Sala Libro XXVI, Noviembre de 2013 , Tomo 1, página 406.

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.


CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. EL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y LA MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS MANIFESTARON RESERVARSE EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.


CONSIDERANDO:


PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia penal, en la que se encuentra especializada esta Sala.


No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.


En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.


Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y del interés social.(7)


SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.


TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.


El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el ********** el recurso de revisión RP. **********,(8) confirmó la negativa de amparo impugnada, analizando un asunto con las siguientes características:


1. Antecedentes:


a) ********** (en su carácter de ofendido) promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó del fiscal de Procesos en Juzgados Civiles, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del oficial secretario del Ministerio Público, con quien firmó y dio fe del acto reclamado, la resolución recaída al recurso de inconformidad que confirmó el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa ********** y su acumulada **********, seguida en contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente.


b) Seguidos los trámites legales, el Juez de Distrito negó el amparo solicitado.


c) Inconforme con dicha determinación, el ofendido quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al citado Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que determinó confirmar la negativa del amparo, para lo cual resolvió el asunto conforme al principio de estricto derecho, es decir, limitándose a la materia de los agravios sometidos a su consideración, dado que la figura del ofendido no está prevista en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.


2. Resolución del Tribunal Colegiado:


"OCTAVO. De conformidad con el principio de estricto derecho, se resolverá el presente asunto limitándose a la materia de los agravios sometidos a la consideración de este Tribunal Colegiado, dado que el ofendido no está en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, a fin de suplirle la deficiencia de la queja.


"Son aplicables al caso en particular las tesis de jurisprudencia 1a./J. 26/2003 y 1a./J. 27/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ...


"‘OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (transcribe)


"‘OFENDIDO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A SU FAVOR CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (transcribe)


"Se afirma lo anterior sobre la base de las siguientes consideraciones:


"El numeral 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de su reforma el seis de junio pasado, que entró en vigor el cuatro de octubre, en lo que interesa, dice:


"‘Artículo 107. (transcribe)


"‘II.’ (transcribe)


"Asimismo, el ordinal 107, fracciones II y III, inciso a), vigente de la norma en cita, es del tenor literal siguiente


"‘Artículo 107. (transcribe)


"‘II. (transcribe)


"‘III. ...


"‘a) ...’ (transcribe)


"De los preceptos constitucionales aludidos se advierte el principio de instancia de parte agraviada (con sus excepciones actuales), asimismo, en ambos preceptos se prevé que la suplencia de la queja será regulada en la ley reglamentaria, es decir, el legislador preverá a cuáles personas (sujetos de derecho) se le suplirán los defectos en sus conceptos de violación o agravios, aun ante la ausencia de éstos, figura regulada en el numeral 76 Bis de la Ley de Amparo, mismo que no ha sido modificado, el cual reza:


"‘Artículo 76 Bis. (transcribe)


"‘I. (transcribe)


"‘II. (transcribe)


"‘III. (transcribe)


"‘IV. (transcribe)


"‘V. (transcribe)


"‘VI.’ (transcribe)


"En corolario a lo expuesto, en la materia que nos ocupa, es evidente que la institución en examen parte del supuesto de otorgar seguridad jurídica al quejoso que es constitucional o legal, respectivamente, la determinación penal o intraprocesal en el juicio de amparo de esa naturaleza, en el que está en juego, por su origen, la privación de su libertad; garantía que debe ser mayormente tutelada después de la vida, aun cuando no se hubieran expresado conceptos de violación o agravios, precisamente por la trascendencia del derecho fundamental que se protege.


"Lo anterior, resulta vinculatorio con la regla general establecida en el artículo 190 de la ley en comento, que señala que las sentencias del juzgador de amparo no comprenderán más cuestiones que las legalmente propuestas en la demanda recurso (sic) (congruencia interna y externa), claro, disposición atemperada por el numeral 76 Bis in supra en los términos expuestos.


"No pasa inadvertido tampoco que el legislador, en el numeral 20, apartados (sic) B (antes de su reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho) y C (ulteriormente) constitucional, reconoció diversas garantías a favor de las víctimas u ofendidos, incluyendo el que se le considere parte del procedimiento penal, pero no se advierte alguna tendente a que deba suplírsele en éste o en el diverso de amparo sus deficiencias o ausencias en lo relativo a los motivos de disenso.


"La racionalidad de esa postura parte precisamente, porque éstos no pueden considerarse en igualdad de circunstancias, porque la víctima pretende se sancione a través de sus diversas penas al ‘reo’ -variando su denominación según la etapa de que se trate-, es decir, la inicial, con independencia de los daños sufridos (materiales, morales y perjuicios, que también pueden ser resarcidos por la vía civil) persigue que se puna al delincuente, en la mayoría de los casos, con sanción restrictiva de libertad, entonces, es evidente que esa diferencia tan divergente y abismal permite concluir que no pueden considerarse iguales ante la ley, porque merece mayor protección a quien se le privará de su libertad ambulatoria, reconocida constitucionalmente como ius puniendi, instituido para abandonar la justicia de propia mano, prohibida en el numeral 17 constitucional, por lo que se justifica que antes de privar al gobernado del segundo de los más preciados derechos humanos reconocidos internacionalmente, se realice un estudio oficioso de la resolución de que se trate tendente a ese fin, por ende, lo que está en juego en caso del ‘reo’ es predominantemente superior a las pretensiones del sujeto pasivo del ilícito.


"Es aplicable, por el principio que la rige, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ...


"‘IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.’ (transcribe)


"Lo sustentado no se contrapone con lo dispuesto en el numeral 1o. constitucional anterior y el vigente a partir del once de junio pasado, que prevén la garantía de igualdad, los cuales, respectivamente, son del tenor siguiente:


"‘Artículo 1o.’ (transcribe)


"‘Artículo 1o.’ (transcribe)


"En efecto, se sostiene lo expuesto, aun cuando el derecho de igualdad de las víctimas y los ‘reos’ están previstos, además de la Constitución, en diversos instrumentos internacionales, los cuales, debido a la reforma del artículo 1o. in supra expresamente se incorporaron a nuestro sistema nacional, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 7 y 8); Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 17); Convención Americana sobre los Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’ (artículo 25) y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo II); los cuales disponen:


"‘Artículo 7.’ (transcribe)


"‘Artículo 8.’ (transcribe)


"‘Artículo 17.’ (transcribe)


"‘Artículo 25.’ (transcribe)


"Así es, de dichos preceptos se desprende que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta, derecho humano y fundamental que a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, le corresponde promover, respetar, proteger y garantizar, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, bajo los parámetros del control de constitucionalidad y convencionalidad, que se expresan en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ...


"‘PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.’ (transcribe)


"Entonces, recapitulando, la Constitución señala que el legislador en la ley secundaria señala a quiénes se les deberá suplir la deficiencia de la queja, entre los que no se incluyó al ofendido, por ende, el numeral 76 Bis, fracción II, in supra, es acorde con los instrumentos internacionales transcritos que prevén la garantía de igualdad, ya examinada, dado que se itera, es adecuado que se trate igual a todas las víctimas, es decir, igual a los iguales, empero, tratándose cuando están contrapuestos con los ‘reos’, no es viable equipararlos, pues la premisa debe ser tratar desigual a los desiguales, toda vez que ya quedó expresado que la base de ese distingo es precisamente la valía de las garantías que están en juego (reparación del daño versus sanción restrictiva de libertad, entre otras) por lo que, en aplicación del principio pro homine (interpretación en sentido amplio) no es posible ‘igualar’ a los sujetos pasivo y activo del delito, mucho menos se advierte diversa interpretación (en sentido estricto) en los tratados de derechos humanos o disposición alguna que siquiera permita vislumbrar que deba considerárseles en un plano de igualdad o que deba suplírseles las deficiencias técnicas en que incurran los ofendidos cuando comparecen por propio derecho, en los recursos que interpongan o en los juicios que promuevan, por lo que se puede inaplicar o ‘expulsar’ del orden jurídico mexicano lo dispuesto en el ordinal 76 Bis mencionado, en particular la fracción II, lo que deriva en que aún son aplicables las tesis de jurisprudencia citadas al inicio de este considerando.


"En esa vertiente, el derecho fundamental a comento refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en igual situación de hecho, porque la igualdad lo es ante la ley y ante su aplicación.


"En efecto, no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación a esta garantía, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable y, en la especie, ya quedó establecido; lo anterior está evidenciado, toda vez que el pasivo y activo no pueden considerarse iguales, porque los derechos fundamentales que se podrían ver afectados son de diversa valía.


"Por ello, con base en esta diferencia, es claro que no se está en presencia de iguales supuestos con semejantes consecuencias jurídicas de las partes en cita pues, se insiste, respecto del ‘reo’ se examina la procedencia de la privación de su libertad y del ofendido, la reparación del daño, por lo que no existe apoyo para considerar que deban estimarse en condiciones iguales o similares ante la norma y su aplicación, por lo que es adecuado que al ‘reo’ se le supla la deficiencia, si existe motivo, y a la víctima se le aplique el principio de estricto derecho.


"En conclusión, la prerrogativa en examen permite al legislador contemplar la desigualdad de trato, pero lo prohíbe en los casos en que resulta artificiosa o injustificada, además, la diferenciación debe ser acorde con las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, las que deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo; de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.


"De aquí que por las consideraciones anotadas este órgano jurisdiccional no comparte lo establecido en la jurisprudencia del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en ...


"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y 1a./J. 26/2003).’ (transcribe)


"En esa tesitura procédase en términos del numeral 197-A de la Ley de Amparo. ..."


Resolución de la cual se emitió el criterio plasmado en la tesis aislada I.5o.P.3 P (10a.),(9) cuyos rubro y texto son:


"OFENDIDO, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD QUE EN JUICIO DE AMPARO SE APLIQUE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. La Ley de Amparo en su numeral 76 Bis fracción II establece que en materia penal procede la suplencia de la queja de los conceptos de violación o agravios en favor del ‘reo’. La garantía de igualdad estaba prevista en el artículo 1o. de la Carta Magna antes de su última reforma y en el vigente a partir del once de junio de dos mil once, que incorporó al Ordenamiento Supremo los tratados internacionales en derechos humanos signados y ratificados por el Estado Mexicano, que también estatuyen esas prerrogativa fundamental, la que consiste en que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta, pero no toda desigualdad de trato supone violación a esta garantía, pues el legislador puede establecer diferencia cuando existe justificación objetiva y razonable, la cual debe ser acorde con las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional, derecho del gobernado que los juzgadores de amparo, entre otras acciones, requiere proteger, bajo las directrices del control de constitucionalidad y convencionalidad. Ahora bien, es claro que la diferenciación que realizó el legislador con relación a la institución y sujetos que nos ocupa, se ajusta a esos parámetros, dado que los bienes jurídicos protegidos del pasivo (reparación del daño) y el activo (restricción de su libertad) son de diferente valía, razón por la que en ponderación de éstos, aun en aplicación del principio pro homine en sentido amplio y estricto, no pueda equiparárseles. En ese tenor, no se está en presencia de supuestos iguales o semejantes consecuencias jurídicas, porque la garantía del ‘reo’ debe ser mayormente tutelada permitiendo el estudio oficioso del acto reclamado, aun cuando no se hubieran expresado motivos de disenso, precisamente por la trascendencia del derecho fundamental en análisis, por lo que no es jurídicamente correcto inaplicar o ‘expulsar’ del orden jurídico, lo dispuesto en el ordinal 76 Bis fracción II in supra, lo que deriva en que aún son aplicables las tesis de jurisprudencia 1a./J. 26/2003 y 1a./J 27/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, páginas 175 y 127, cuyos rubros dicen: ‘OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ y ‘OFENDIDO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A SU FAVOR CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO COMPAREZCA COMO

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