Consulta tradicional. Ejecutorias.

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Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 19715         1 de 1
Segunda Sala Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 710.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.


MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.


CONSIDERANDO:


PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y el sentido de los Acuerdos Plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicción de criterios en materia común entre Tribunales Colegiados de Circuito, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.


En efecto, los dos últimos acuerdos anotados dicen, en la parte que interesa, lo siguiente:


Acuerdo 4/2002:


"Segundo. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del comité de listas."


Acuerdo 6/2003:


"Primero. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes:


"...


"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto."


Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, debe decirse que subsiste la clara intención por parte del Tribunal Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando al mismo los de mayor interés y relevancia para el ámbito jurídico nacional.


Lo anterior se advierte en las partes considerativas de los acuerdos que señalan:


Acuerdo 4/2002:


"Séptimo. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;


"Octavo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede;


"Noveno. Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido."


Acuerdo 6/2003:


"Séptimo. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno. ..."


Así, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Tribunal Pleno, el mismo debe resolverse en la Sala de adscripción, en el caso, esta Segunda Sala.


SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que la formula el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.


Efectivamente, el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, entre otros asuntos, de las denuncias de contradicción sustentadas por las Salas que la componen o por los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas.


Por su parte, tanto el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el 197-A de la Ley de Amparo, disponen que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales Colegiados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis contradictorias hubieran sido sustentadas.


En ese sentido, como en el caso, la denuncia de contradicción de tesis se formuló por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que tal denuncia proviene de quien está legitimado para presentarla.


TERCERO. Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.


Lo anterior encuentra respuesta en el contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, y de cuya interpretación esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que para que exista materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:


a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;


b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,


c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.


Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, que dice a la letra:


"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."


Conforme a las anteriores precisiones debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia previamente transcrita.


Con ese propósito, es de señalar que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió la tesis de jurisprudencia I.5o.C. J/34, consultable a foja doscientos ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, dice a la letra:


"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO PRESENTADO ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. Si del escrito de demanda de amparo se viene al conocimiento que la quejosa siempre tuvo la convicción de promover un juicio de amparo indirecto, en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, porque la propia quejosa aludió a que su demanda satisfacía los requisitos del artículo 116 de dicha ley reglamentaria, que se refiere a los requisitos que toda demanda de amparo bi-instancial debe reunir para ser eficaz, señalando como acto reclamado una sentencia interlocutoria, la cual no es de los actos que puedan reclamarse en amparo directo, por no ser una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio; debe concluirse, que la recepción de la demanda por la autoridad responsable, en la especie, no produce efecto legal alguno en relación con el término para la interposición del juicio de garantías indirecto, porque la intención de la peticionaria fue la de promover el juicio de amparo indirecto previsto en el título correspondiente a su tramitación en la ley de la materia, y no pretender seguir el procedimiento relativo al juicio de amparo directo, en el que sí se permite presentar la demanda relativa a través de la autoridad responsable, como lo prevé el numeral 163 del ordenamiento citado, único caso en el que esa autoridad está facultada para recibir la demanda de amparo, con lo cual se interrumpe el término respectivo."


Esa jurisprudencia se integró, entre otras, con la ejecutoria del recurso de revisión 665/88 que dice, en lo conducente:


"RESULTANDO:


"PRIMERO. Guadalupe Luna Carrillo promovió juicio de garantías contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que hizo consistir en lo siguiente: ‘Sentencia dictada en autos del toca número 1947/87, el día treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, y cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: «PRIMERO. Son infundados los agravios expresados por la recurrente. En consecuencia. SEGUNDO. Se confirma el auto de fecha tres de agosto del año en curso, dictado por el Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad, en el juicio ordinario civil seguido por Guzmán Rodríguez Hilaria en contra de Guadalupe Luna y/o Graciela Carrillo. TERCERO. No se hace especial condena en costas. CUARTO. Notifíquese y remítase testimonio de esta resolución al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.».’


"SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien previa aclaración, por auto del quince de febrero del año en curso, la admitió, ordenando emplazar a la tercero perjudicada Hilaria Guzmán Rodríguez, solicitó a la responsable su informe justificado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo el ocho de marzo del presente año, y concluyó mediante sentencia que negó el amparo; la sentencia se notificó a la quejosa por medio de lista el seis de abril pasado y surtió efectos el siete siguiente.


"TERCERO. Inconforme con el fallo anterior, la quejosa interpuso el recurso de revisión el veinte de abril del año en curso; una vez distribuidas entre las partes las copias del escrito de agravios adjunto a los autos relativos, fue remitido por la Juez de Distrito, turnándose a este Tribunal Colegiado, donde se admitió el recurso por auto del veintiséis de mayo del año en curso y, satisfecho el trámite legal, se turnó el expediente al Magistrado ponente, con lo que quedó en estado de sentencia.


"CONSIDERANDO:


"...


"SEGUNDO. Es innecesario transcribir las consideraciones esenciales del fallo recurrido, así como los agravios de la recurrente, en virtud de que este tribunal advierte que en el presente asunto se surte la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y preferente al de cualquier otra cuestión, conforme a la tesis de jurisprudencia número 158, publicada en la página 262 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, así como la tesis relacionada en segundo lugar a esa jurisprudencia, publicada en al página 63 de dicha publicación que, respectivamente, dicen: ‘IMPROCEDENCIA ...’ (se transcribe). ‘IMPROCEDENCIA. ALCANCE DE LAS TESIS SOBRE QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO.’ (se transcribe).


"Ahora bien, del escrito de demanda de amparo se viene al conocimiento que la quejosa siempre tuvo la convicción de promover un juicio de amparo indirecto, en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, tanto porque el escrito se dirige a un Juez de Distrito, como porque la propia quejosa aludió a que su demanda satisfacía los requisitos del artículo 116 de dicha ley reglamentaria, que se refiere a los requisitos que toda demanda de amparo biinstancial debe reunir para ser eficaz, señalando como acto reclamado la sentencia interlocutoria referida en el resultando primero de esta ejecutoria, la cual no es de los actos que puedan reclamarse en amparo directo, por no ser una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio.


"Por tanto, si la intención de la recurrente es la de promover un juicio de amparo indirecto, es evidente que debió sujetarse a lo previsto en el artículo correspondiente a su tramitación en la Ley de Amparo, y no pretender seguir el procedimiento relativo al juicio de amparo directo, en el que sí se permita presentar la demanda relativa a través de la propia responsable, como lo prevé el artículo 168 de la Ley de Amparo, único caso en el que la autoridad responsable está facultada para recibir la demanda de amparo, con lo cual se interrumpe el término respectivo. En cambio, tratándose del amparo directo, la ley no otorga esa facultad a la autoridad responsable, y por ello es inconcuso que la recepción de la demanda por dicha autoridad no produce efecto alguno en relación con el término para interposición del juicio de garantías indirecto. Razón por la cual, es inconcuso que en el presente caso se surte la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que si el acto reclamado se notificó a la quejosa recurrente por Boletín Judicial el ocho de diciembre del año pasado y surtió efectos el día siguiente, y el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley reglamentaria en cita, comenzó a correr a partir del día siguiente y concluyó el quince de enero del año en curso, y la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad hasta el veintiocho de ese mes de enero, es claro que fue presentada fuera del término que establece la ley, actualizándose así la hipótesis de improcedencia aludida, por lo cual se debe revocar la sentencia recurrida que negó el amparo y, en su lugar, sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la ley de la materia."


El mismo criterio fue aplicado por ese órgano al fallar el recurso de revisión 435/89, así como las improcedencias 953/91 y 755/93, cuya transcripción se considera innecesaria, al no variar en los presupuestos y conclusiones.


De manera similar resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito las improcedencias 1260/93 y 3466/99, así como los amparos en revisión 1826/94 y 1916/94, emitiendo la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/32, del Tomo XV, enero de 2002, publicada en la página mil ciento veinte del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto que dicen a la letra:


"AMPARO INDIRECTO, DEMANDA DE. SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY QUE LO RIGE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 114 de la Ley de Amparo, disponen que la instauración del juicio indirecto de garantías se hará ante el Juez de Distrito; luego, si esa demanda contra actos de autoridades judiciales en materia civil, se promueve por conducto de la responsable, el término establecido en el artículo 21 de la última ley en cita no se interrumpe, dado que debe computarse hasta la fecha en que el escrito sea recibido en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, en virtud de que dicha autoridad carece de competencia legal para la recepción de una petición de esa naturaleza, toda vez que no se está en el caso de excepción a que aluden los preceptos 37 y 40 de la referida ley reglamentaria de nuestro Código Fundamental."


Ahora bien, para integrar las jurisprudencias de mérito, se incluyeron el amparo en revisión 1445/93 y la improcedencia 4056/2001, resueltos los citados por los mencionados Tribunales Colegiados Quinto y Sexto en Materia Civil del Primer Circuito, respectivamente, a pesar de que esas ejecutorias partieron de supuestos diversos, como puede apreciarse de su transcripción:


Ejecutoria del recurso de revisión 1445/93, emitida el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:


"RESULTANDO:


"PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, ante la Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Esther Flores de la Rosa, en su carácter de albacea de la sucesión de Esteban Flores Olivares, promovió juicio de amparo contra el acto de la Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta capital, que hizo constar en lo siguiente: ‘la sentencia de fecha dos de abril de mil novecientos noventa y tres, dictada en el toca número 12/93, y que resolvió el recurso de apelación interpuesto por Andrea Concepción, Ramón, Gloria Petra y Jesús Roberto, todos de apellidos Flores Osorno, en contra del auto pronunciado por el Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal, el seis de octubre de mil novecientos noventa y dos, en los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Esteban Flores Olivares, en el expediente número 148/71’.


"Dicha demanda de amparo se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil

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