Consulta tradicional. Ejecutorias.

Actualizado a Mayo de 2019
Completa Sin datos de localización
Favor de esperar que este habilitado el boton de copiado
copiar
Imprimir
Imprimir

Décima Época Semanario Judicial de la Federación 27725         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. LOS DICTÁMENES ELABORADOS POR PERSONAL MÉDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LOS FORMATOS ST-2, ST-3, ST-7 Y ST-9, NO SON ACTOS DEFINITIVOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y, POR TANTO, NO SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NI ANTE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. LOS DICTÁMENES ELABORADOS POR PERSONAL MÉDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LOS FORMATOS ST-2, ST-3, ST-7 Y ST-9, SON ACTOS INSTRUMENTALES Y, POR TANTO, NO REQUIEREN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y QUINTO DEL PRIMER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y SÉPTIMO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 7 DE FEBRERO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: RAFAEL QUERO MIJANGOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito y no se requiere la intervención del Pleno.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue realizada por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo directo 499/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.

TERCERO.-Posturas contendientes. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

De la misma manera, estableció que por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de este Alto Tribunal, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

En este orden de ideas, con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada se estima conveniente reseñar, en la parte que interesa, las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

En cuanto a la primera denuncia de probable contradicción de tesis, se tiene que:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en sesión de **********, al pronunciarse en el amparo directo 308/2016,(2) en lo que interesa, sostuvo:

"...El acto impugnado en el juicio de nulidad de origen consistió en el dictamen de calificación de riesgo de trabajo, contenida en el formato ST-7, emitido por la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del percance que el **********, sufrió una empleada de la persona moral ahora quejosa.

"De la lectura de las consideraciones de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación se desprende que el problema a resolver consiste en determinar si ese documento constituye una resolución definitiva que incida en la esfera jurídica del gobernado, que haga procedente el juicio de nulidad promovido en su contra, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que, en lo conducente, dispone:

"‘Artículo 14.’

"Para tal fin, amerita partir de lo que por resolución definitiva impugnable en el procedimiento contencioso administrativo federal entendió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 11 de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el seis de diciembre de dos mil siete, por ser la redacción de ese precepto, en la parte que se examina, idéntica al numeral 14 de la ley de actual vigencia.

"Así, se tiene que, al resolver la contradicción de tesis número 79/2002-SS, el Máximo Tribunal del País razonó que la acción contenciosa administrativa, por parte de los administrados, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo se requiere de afectación que dé origen al nacimiento de un interés simple, no procede contra todo acto de la administración pública.

"Explicó que la materia de estudio en esta clase de juicios no está abierta en posibilidades a todo acto de autoridad administrativa, sino más bien se trata de un juicio de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía se encuentra condicionada a que el acto a impugnar posea la característica de ser ‘resoluciones administrativas definitivas’ y, además, que se encuentren mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia expresas de asuntos que son de la competencia del referido tribunal administrativo.

"Acotó que, a pesar de que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa precisa qué se debe entender por resolución definitiva, al establecer que tendrán tal carácter las resoluciones que no admitan recurso o admitiéndolo se trate de recursos optativos, es contra derecho determinar el alcance de lo que es una ‘resolución definitiva’ para efectos del juicio contencioso-administrativo federal, solamente con base en la expresión del texto normativo.

"Por ende, dijo, la definitividad para efectos del juicio contencioso-administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa, a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa.

"Indicó que dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas, a saber: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o b) como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.

"Por tanto, consideró que, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, no podrán considerarse ‘resoluciones definitivas’ las emitidas durante las fases de dicho procedimiento o los actos de naturaleza inter procedimental, puesto que sólo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimiento.

"En cambio, dijo, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión, cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.

"Esos razonamientos se condensan en la tesis aislada número 2a. X/2003, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, cuyos rubro y texto son:

"‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’

"En el caso, el acto impugnado no reúne la característica de definitividad, porque la calificación de accidente de trabajo no es una determinación o decisión que refleje la última voluntad de la autoridad administrativa, habida cuenta que, aun cuando ciertamente el dictamen de calificación de riesgo de trabajo debe ser considerado por el empleador en la revisión anual de siniestralidad, no es el acto con el que culmina ese procedimiento verificador, ni se traduce en una determinación o decisión, cuyas características impidan reformarla.

"En efecto, los artículos 50, 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social, disponen lo siguiente:

"...

"En tanto que los numerales 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, dicen:

"...

"De la lectura correlacionada de los numerales reproducidos se obtiene que en el mecanismo de revisión de la siniestralidad para efecto del pago de aportaciones patronales al seguro de riesgo de trabajo, opera de la siguiente manera:

"a) Al inscribir a sus trabajadores, surge la obligación patronal de cubrir al instituto las cuotas que le correspondan.

"b) El grado de riesgo conforme al cual aportan las primas correspondientes puede ser aumentado o disminuido, para lo cual, aquéllas, el empleador tendrá la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, atento al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta.

"c) Para tal fin, los patrones deben llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad, desde el inicio de cada uno de sus casos hasta su terminación, mediante el establecimiento y operación de controles de documentación e información que al efecto generen, así como de la que elabore el instituto.

"d) La siniestralidad de la empresa es el producto de multiplicar el índice de frecuencia por el de gravedad del lapso que analice bajo la fórmula que se indica expresamente en el reglamento respectivo.

"e) El instituto, en términos de la ley, tendrá la facultad de rectificar la clasificación de un patrón, siempre que se den los supuestos que expresamente se prevén en el reglamento y si se lleva a cabo la rectificación de que se habla, ésta surtirá todos sus efectos a partir de la fecha que se determine en la resolución respectiva de acuerdo a las reglas que se indican en el reglamento de mérito.

"En ese contexto, es hasta la determinación, por la revisión anual del mencionado grado de riesgo que el propio patrón debe efectuar, el momento en el que la calificación de un siniestro como riesgo de trabajo pudiera causarle un perjuicio, toda vez que hasta entonces se sabrá la forma en que el dictamen respectivo, que se toma en cuenta para obtener los índices de frecuencia y gravedad, de cuyo producto se obtiene el grado de riesgo, modifica la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo.

"Por lo que, como ya se dijo, el dictamen de calificación de riesgo de trabajo, contenido en el formato ST-7, emitido por la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, no puede constituir una resolución definitiva, dado que no es la determinación que culmina el procedimiento de rectificación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo.

"De donde se sigue que, como lo sostuvo la Sala, con su sola emisión ese acto administrativo no afecta de manera material y directa a la ahora quejosa, al ser necesaria la realización de actos posteriores, tales como que ella misma autodetermine su grado de siniestralidad en un porcentaje mayor al que ha venido enterando, o bien, que el Instituto Mexicano del Seguro Social rectifique lo declarado por la empresa y requiera a ésta el pago de las diferencias respectivas.

"Luego, como la impetrante pretendió combatir en el juicio de origen la calificación del riesgo de trabajo, no por sus efectos inmediatos, sino por la eventual afectación en el grado de siniestralidad a considerar para la elaboración de la declaración anual para la determinación de la prima de seguro de riesgos de trabajo, es correcto lo concluido por la Sala, en el sentido de que la calificación del riesgo de trabajo no es una resolución definitiva que cause una afectación actual en la esfera de derechos de la accionante, pues será hasta el momento en que ella misma realice el recuento de todos los accidentes de trabajo habidos en la empresa en el año respectivo, cuando se podrá conocer si la calificación del riesgo de trabajo cuestionada influyó en el índice de siniestralidad y, por ende, en el monto de las primas por concepto de riesgo de trabajo.

"...

"Decisión. Así, ante lo ineficaz del concepto de violación analizado, lo procedente es negar el amparo solicitado. ..."

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en sesión de **********,(3) dictada en el amparo directo 315/2013, en lo que interesa, expuso:

"... Ahora bien, debe desestimarse el argumento relativo a que, por tratarse de documentos públicos los consistentes en el dictamen por alta por riesgo de trabajo ST-2, el aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo ST-7, el dictamen de calificación de veintitrés de enero de dos mil nueve, los reportes de atención médica por probable capital constitutivo (RAMPCC), el oficio 30 01 16 9100v/.289, de diecisiete de abril de dos mil nueve, la consulta de capital constitutivo y la forma CM-CC-0l, deben estar fundados respecto a la competencia de los médicos que los emitieron.

"Al respecto, se precisa que no por tener el carácter de documentos públicos, deben cumplir con el requisito de la debida fundamentación que establece el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, pues éste únicamente se exige para aquellos actos de autoridad que deban notificarse a los particulares, no así a los documentos públicos en general, como lo refiere la parte quejosa, tal como se corrobora de su contenido:

"‘Artículo 38.’

"Por tanto, como lo refirió la Sala responsable, las documentales antes señaladas no son actos administrativos que deban notificarse al particular, en términos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, por tratarse de documentos de carácter interno que se encuentran en los archivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativos a la atención médica prestada al trabajador que sufrió el riesgo de trabajo y que si bien se emplean por el instituto para la emisión de la cédula de liquidación en la que se determina el capital constitutivo, ello no implica que deban cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación en los términos del artículo 16 constitucional, ya que, dada su naturaleza y objeto, las conclusiones en ellos asentadas no son vinculatorias ni trascienden a la esfera jurídica del gobernado, temporal o definitivamente; ya que es la referida cédula de liquidación el acto de autoridad en el que se comunica a la empresa, ahora quejosa, la determinación del crédito a su cargo y, por tanto, es esta última la que sí debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; consecuentemente, la circunstancia de que no se haya citado precepto legal alguno para justificar la competencia de los médicos que emitieron la documentación relativa a la atención médica y prestaciones otorgadas al trabajador, en modo alguno los convierte en ilegales y, por ende, no amerita la nulidad de la resolución determinante del crédito.

"Al efecto, se citan, por igualdad de razón, las tesis aisladas 2a. CLV/2000 y 2a. CLVI/2000, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 423 y 440, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor:

"‘ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SU NATURALEZA Y OBJETO.’

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA GARANTÍA RELATIVA NO ES EXIGIBLE, GENERALMENTE, RESPECTO DE LAS ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA.’ ..."

Ejecutoria que dio lugar a la tesis VI.1o.A.60 A (10a.), que a la letra expresa:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LOS REQUISITOS RELATIVOS NO SON EXIGIBLES RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN MÉDICA QUE SIRVE DE BASE PARA EL FINCAMIENTO DE UN CAPITAL CONSTITUTIVO.-Al no constituir actos administrativos que deban notificarse al particular en términos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, los documentos consistentes en el aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo ST-7, el dictamen por alta por riesgo de trabajo ST-2, así como los reportes de atención médica por probable capital constitutivo elaborados por los médicos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, no es necesario que cumplan con los requisitos de fundamentación y motivación en los términos del artículo 16 constitucional, ya que dada su naturaleza y objeto, las conclusiones en ellos asentadas no son vinculatorias ni trascienden a la esfera jurídica del gobernado, temporal o definitivamente, por tratarse de documentos de carácter interno que se encuentran en los archivos del citado instituto, relativos a la atención médica prestada al trabajador que sufrió el riesgo de trabajo, y si bien se emplean para la emisión de la cédula de liquidación de capitales constitutivos, es ésta la que debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación."(4)

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró:

• En sesión de **********, en el juicio de amparo directo 253/2013:(5)

"... SÉPTIMO.-Se procede al análisis de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa.

"En el único concepto de violación, la quejosa aduce que la sentencia reclamada es ilegal, ya que la Sala responsable omitió analizar la totalidad de los conceptos de impugnación hechos valer en la demanda de nulidad, en particular, el referente a que la autoridad demandada omitió fundar su actuar en el acuerdo expedido por el procurador, en el que se detalla cómo se aplicarán las medidas de apremio.

"Sostiene que desde la demanda de nulidad indicó que el artículo 8 del Reglamento de la Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor establece que las medidas de apremio se aplicarán conforme a los criterios que expida el procurador federal del Consumidor, mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y que la Sala Fiscal omitió por completo atender ese argumento en la sentencia reclamada.

"Aduce la quejosa que la Sala responsable omitió el análisis del concepto de impugnación en que se hizo valer la deficiente fundamentación del acto reclamado, ya que el artículo 8 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que las medidas de apremio a que se refiere el artículo 25 de la ley se aplicarán conforme al acuerdo que expida el procurador, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y, en el caso, la autoridad demandada omitió fundar su actuar en dicho acuerdo.

"Es esencialmente fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa y, para demostrarlo, conviene transcribir la parte relativa de la demanda de nulidad, en la que se aprecia lo manifestado por la quejosa como parte de sus conceptos de anulación, ante la Sala responsable y que no fue objeto de pronunciamiento por parte de ésta.

"...

"De lo reproducido se aprecia con claridad que la parte actora, ahora quejosa, adujo en sus motivos de impugnación los motivos por los cuales la autoridad emisora carecía de competencia, y que la multa combatida se fundó inadecuadamente.

"Correlativamente, la Sala del conocimiento no se pronunció respecto del tema señalado, pues únicamente resolvió que la resolución impugnada fue expedida por una autoridad que existe jurídicamente y que fundó debidamente su competencia territorial.

"De lo anterior se obtiene que la Sala de origen no se pronunció sobre lo planteado por el actor en la demanda de nulidad; de ahí que la sentencia reclamada vulnera el principio de congruencia, porque no da respuesta a lo efectivamente planteado en la demanda de nulidad, respecto del tema de la competencia de la autoridad emisora.

"Ello se sostiene así, en atención a que la Sala del conocimiento omite pronunciarse expresamente sobre los argumentos expuestos en la demanda de nulidad, pues no basta con señalar los preceptos que citó la autoridad emisora como fundamento de su competencia, sino que también debió pronunciarse respecto de los conceptos de impugnación expuestos por la parte quejosa, atento al principio de congruencia, el cual establece que la sentencia se ocupará de lo expuesto por las partes.

"Así, refiere el inconforme que la Sala juzgadora, al momento de emitir la sentencia, debió resolver sobre los argumentos de referencia.

"Por tanto, es correcta la apreciación de la parte quejosa, en el aspecto en el que indica que la Sala del conocimiento no analizó cuestiones que le fueron planteadas.

"Con motivo de dicha omisión, la Sala del conocimiento transgredió lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que debe analizar la contienda conforme a los aspectos que hayan propuesto las partes.

"El referido precepto establece:

"‘Artículo 50.’

"Por lo tanto, como la Sala responsable transgredió lo dispuesto por el precepto transcrito, al no haber estudiado parte de uno de los conceptos de anulación, violó en perjuicio de la parte quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales.

"Sin que se esté en el caso de que este órgano colegiado se sustituya en el estudio de los argumentos antes referidos, dado que, al no haber un pronunciamiento al respecto, de dicha Sala Fiscal, ese proceder queda reservado a su potestad, a efecto de que determine lo que en derecho proceda. ..."

• En sesión de **********, en el juicio de amparo directo 324/2016:(6)

"... 13. En su único concepto de violación, la quejosa aduce, sustancialmente, que es ilegal la determinación de la Sala responsable, porque la revisión de siniestralidad de las empresas es una obligación que recae en los patrones, para determinar si permanecen en esa prima, o bien, si la disminuyen o aumentan, para lo cual, deberán atender a los casos de riesgos de trabajo determinados durante el periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año en que se trate, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 74 de la Ley Seguro Social y 32, 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

"14. Con base en lo anterior, afirma que el dictamen de calificación del siniestro como accidente de trabajo que constituye la resolución impugnada sí tiene la categoría de resolución definitiva, contra la cual, procede el juicio de nulidad.

"15. Los argumentos anteriores son infundados.

"16. En primer lugar, se impone mencionar que el formato ST-7 contiene en un solo documento: a) la información de la primera atención médica; b) la información complementaria que el patrón o su representante legal proporcionó en relación al probable accidente de trabajo; y, c) el dictamen de calificación emitido por los Servicios de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, como a continuación se advierte:

"...

"17. Ahora, para dar respuesta a los planteamientos de la parte quejosa, es menester tener en cuenta lo precisado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"18. De la imagen preinserta se colige que el dictamen de calificación contenido en el aviso de atención médica inicial y clasificación de probable accidente de trabajo, formato ST-7, de cinco de mayo de dos mil quince, emitido por la doctora **********, médico del servicio de salud de la unidad de medicina familiar número **********, en **********, **********, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual califica como accidente de trabajo el percance de la trabajadora ********** -que constituye el acto impugnado en el juicio de nulidad-, no se ubica en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de nulidad, contemplados en el dispositivo antes transcrito.

"19. En efecto, el dictamen de calificación contenido en el aviso de atención médica inicial y clasificación de accidente de trabajo, formato ST-7, de cinco de mayo de dos mil quince, no constituye una resolución definitiva susceptible de impugnarse en la vía contenciosa administrativa, porque no es un pronunciamiento firme que por su sola expedición, en forma inmediata y coactiva, declaren o transformen la situación jurídica de la ahora quejosa, vinculándola invariablemente a realizar el entero del tributo en los términos diversos a los que venía haciéndolo, sino como su nombre lo indica, constituye un dictamen que califica un probable accidente de trabajo.

"20. En efecto, al referirse a un dictamen de calificación de accidente de trabajo de un caso aislado, no constriñe o vincula a la quejosa a modificar el grado de riesgo de trabajo que ha determinado para el pago de la prima de seguro correspondiente.

"21. Al respecto, es preciso atender a lo que disponen los artículos 32 y 33 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, normativos que establecen el procedimiento para la determinación de la prima del seguro de riesgo de trabajo y su rectificación.

"22. Asimismo, en lo que ahora importa, coligen que el patrón se encuentra obligado a revisar anualmente su siniestralidad para determinar si permanece en la misma prima, la disminuye o la aumenta, cubriendo las cuotas del seguro de riesgos de trabajo, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá rectificarla o determinarla mediante la emisión de una resolución en caso de que el patrón no la haya determinado o lo hiciere incorrectamente, no presente declaración alguna, o bien, ‘... exista escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima y ésta sea procedente’.

"23. Así, en los supuestos previstos en las tres primeras fracciones del artículo 33 referido, la rectificación o determinación de la prima la realiza el instituto, al ejercer sus facultades de revisión y emitir la resolución correspondiente, mientras que el supuesto de la fracción IV contempla la posibilidad de que el patrón presente escrito manifestando desacuerdo con la prima que se autodeterminó, caso en el cual, si la autoridad lo considera procedente podrá rectificarla.

"24. En consecuencia, contrariamente a lo afirmado por la quejosa, los documentos que se refieren a un accidente de trabajo determinado por un médico, no constituyen la última voluntad del instituto que genere un agravio a la ahora quejosa, quien no ha rectificado la prima, ni se le ha negado la rectificación expresada en su respectivo escrito de desacuerdo.

"25. Por ello, para promover el juicio de nulidad, la quejosa tendrá que esperar a que la autoridad emita una resolución adversa a sus intereses o, en todo caso, de no estar conforme con el resultado de la autodeterminación de la prima, así lo exprese al instituto y éste resuelva que no procede rectificarla, momento en el cual, podrá controvertir el dictamen en cita, pues será justamente en ese instante cuando impacte en su situación particular.

"26. Bajo ese contexto, queda demostrado que el acto que a través del juicio de nulidad pretendió impugnar la peticionaria de amparo, no se ubica en lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que, para acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe existir un acto que en definitiva sea adverso a los intereses del patrón, lo que no se cumple con sólo atender al dictamen médico de accidente de trabajo.

"27. De ahí que si el patrón tiene la posibilidad de expresar su desacuerdo con el dictamen de enfermedad de trabajo, cuando se autodetermine la prima de seguro respectiva, sin que a la fecha lo haya hecho, ni la autoridad haya emitido resolución desfavorable al respecto, no existe resolución que cause un agravio al quejoso, que pueda ser impugnada a través del juicio de nulidad.

"28. En mérito de lo anterior, resulta infundado lo expuesto por la quejosa, consistente en que si cumple con sus obligaciones, no habrá otro momento para impugnar la calificación que se dio al siniestro de mérito como accidente de trabajo, pues como se adujo, aun cumpliendo con la obligación de considerar todos los siniestros acontecidos durante el año, para determinar su grado de riesgo y prima a pagar, en el momento que determine dicha prima, podrá manifestar su desacuerdo con ésta, surgiendo la posibilidad de que el instituto la rectifique, en términos de lo dispuesto por el artículo 33, fracción IV, del reglamento en comento.

"29. Resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 14/92922, (sic) de rubro: ‘CALIFICACIÓN AISLADA DE UN SINIESTRO COMO ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO. NO PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
Completo Sin datos de localización
Cargando
Descripción