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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 26984         1 de 1
Primera Sala Publicación: viernes 03 de marzo de 2017 10:06 h
DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1072/2014. 17 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JULIO CÉSAR RAMÍREZ CARREÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado en un juicio de amparo directo, y la materia es penal.

SEGUNDO.-Oportunidad. El recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo. De las constancias de autos se advierte que la sentencia de amparo le fue notificada por lista a las partes el veintisiete de febrero de dos mil catorce,(7) surtiendo efectos el día veintiocho siguiente, por lo que el plazo de diez días que señala el artículo referido corrió del tres de marzo al catorce de marzo de dos mil catorce, descontándose los días uno, dos, ocho y nueve de marzo, todos de dos mil catorce, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado el trece de marzo de dos mil catorce,(8) es evidente que se interpuso oportunamente.

TERCERO.-Cuestiones necesarias para resolver el asunto. En este considerando se resumen los conceptos de violación, las consideraciones del Tribunal Colegiado y los agravios esgrimidos por el recurrente.

I. Demanda de amparo. En su escrito de demanda, **********, por conducto de su representante **********, señaló los siguientes argumentos en contra de la sentencia dictada por la Sala responsable:

• Se omitió el análisis de los agravios del agente del Ministerio Público, a pesar de que se expresaron con plena suficiencia de fundamento y razonamientos lógico-jurídicos en relación con la solicitud de incremento del grado de culpabilidad. Dado el papel de la representación social como apoyo de las víctimas del delito, sobre todo cuando se trata de un menor de edad; en todo caso, la Sala responsable debió haber suplido la deficiencia de la queja de los agravios vertidos por el Ministerio Público, tomando como principio rector el "interés superior del niño" y el de "igualdad procesal de las partes".

• La sentencia reclamada viola los principios de legalidad, congruencia, imparcialidad, justo y debido proceso, puesto que en ella se concluyó que los medios probatorios aportados en la causa son insuficientes para tener por comprobados los delitos imputados "absolviendo al enjuiciado", sin que dicha determinación se sustentara en el adecuado estudio del acervo probatorio, pues únicamente se tomó en cuenta la versión del justiciable.

• No se tomaron en cuenta: lo expuesto por la madre del menor ofendido, el deposado del propio menor afectado, los dictámenes oficiales, impresión diagnóstica e informe, todos en materia de psicología ofrecidos durante la averiguación previa y sus ampliaciones, ni la opinión de la perito tercero en discordia.

• Ante un conflicto de dos o más bienes jurídicos tutelados, deberá preferirse el interés superior del niño por lo que la sentencia que revoca la de primera instancia, causa agravio directo al menor al no castigarse las "conductas antijurídicas" en su perjuicio.

II. Sentencia de amparo directo. El Tribunal Colegiado expresó las siguientes consideraciones en su sentencia:

• Es infundado que la autoridad responsable fuera omisa en el estudio de los agravios planteados, con los cuales se pretendió rebatir el grado de culpabilidad y la reparación del daño moral; ya que si bien estos aspectos no fueron abordados, ello se debió a que el tribunal de alzada estimó que conforme al conjunto de datos que constan en la causa de que se trata, no se llega a la certeza de las imputaciones realizadas en contra del justiciable, de modo tal que por la existencia de prueba insuficiente lo absolvió.

• Respecto al concepto de violación en el que se alega que se debió suplir la deficiencia de la queja a favor del menor con base en el interés superior del niño, aunque el recurrente haya sido la representación social; cabe destacar que dicho principio resulta orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses, pero que el tema de la ponderación de las pruebas en supuestos en donde se vean involucrados derechos de menores, en realidad constituye un tema de legalidad. Si como en el caso se determinó insuficiencia probatoria para dictar una sentencia condenatoria, tal forma de resolver no implica que dado el sentido de su fallo hubiera transgredido el interés superior del niño.

• Es correcta la consideración de la autoridad responsable de que en segunda instancia las pruebas presentadas por la representación social, resultan insuficientes para tener por acreditados los citados delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada.

• Se advierte que se consideró la minoría de edad de la víctima al aplicarse el principio jurídico garantista del interés superior del niño, pues se tomó en cuenta su versión de los hechos en el entendido de que no puede exigírsele la claridad de un adulto y también que, por el tipo de delitos generalmente de realización oculta, la versión de la víctima adquiere especial relevancia. Sin embargo, ello no significa que la sola manifestación del pasivo baste para tener por demostrados los ilícitos, ya que debe verse fortalecido con las demás pruebas recabadas de modo que hagan verosímil el relato, pues de no ser así, se reduce a mero indicio.

• En consideración al principio de presunción de inocencia, el imputado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le atribuye la comisión del delito, por el contrario quien acusa debe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del activo.

• No obstante que se cuenta con la imputación del infante agredido, del análisis de sus diversas manifestaciones se observan inconsistencias no menores y no existen otros medios de convicción eficaces que pudiera fortalecer la señalada imputación. Además, no se puede soslayar un contexto familiar hostil, lo que lleva a concluir que el dicho del afectado denota "influencia externa" sobre el mismo. Todo el contexto de violencia dentro del núcleo familiar incidió en el menor creando "disposición contraria" respecto del enjuiciado (refiere el menor "ahora son enemigos"). Otras inconsistencias se refieren al lugar de los hechos, en las primeras declaraciones el menor agredido señaló las oficinas de televisión **********, lugar de trabajo de su padre, como uno de los sitios donde se dieron los hechos delictuosos; pero ello no corresponde con el dicho de una compañera del imputado que indicó que los niños asistían a dichas oficinas sin que se observaran alterados, al contrario, se refirió a ellos como niños muy normales, además de que en dichas instalaciones habían más personas por lo que se torna poco creíble la versión del menor agredido. También resulta inconsistente con el dicho del pasivo, la versión de su hermano ********** (de nueve años de edad), quien supuestamente también era agredido sexualmente por su padre, pues ********** no refirió evento alguno de esa naturaleza y señaló que su papá, su hermano y él se la pasaban bien juntos, siempre muy divertidos. El menor agredido relató los hechos de maltrato y violencia sexual el veintiséis de agosto, doce de septiembre y veinte de octubre de dos mil ocho, pero también obran en autos del incidente de cambio de guarda y custodia las declaraciones del menor de fechas veintiuno de julio y veintisiete de agosto del referido dos mil ocho, en donde expresó su deseo de seguir jugando con su hermano y convivir con su papá, pero que extraña mucho a su mamá.

• Las frases utilizadas(9) por el menor agredido hacen pensar en la posibilidad de influencia externa, pues son de un cierto grado de abstracción que no es común en personas de tan corta edad (cuatro años). También se hizo notar por el ad quem que ante el Ministerio Público el dicho del menor no fue espontáneo sino conducido mediante el interrogatorio que el fiscal le formuló, enfocado al tema del ataque sexual que se denunciaba, de modo que refirió el menor "mi papá biológico es ‘malo’ y al cuestionarle ¿alguien te dijo que nos dijeras eso? Respondió: ‘mi mamá dijo que mi papá biológico es malo’".

• La aseveración de que el dicho del menor no se encuentra apoyado en otros elementos probatorios eficaces, se debe a que lo narrado por la madre y la abuela materna del menor; así como los dictámenes oficiales en psicología carecen de valor convictivo.

• De conformidad con los artículos 162 y 264 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, su finalidad es auxiliar al juzgador en el examen de personas u objetos que requieran conocimientos especiales; en la etapa del proceso corresponde al juzgador su valoración, quien según las circunstancias del caso determinará si cuentan o no con fuerza probatoria, pues en él recae la responsabilidad de decidir en torno a la certeza de los hechos investigados.

• En la especie se tienen tres opiniones técnicas, emitidas por las peritos oficiales **********, ********** y ********** que en lo esencial concluyeron que sí se detectaron alteraciones psicológicas emocionales y conductuales, mismas que son compatibles con menores que han sido víctimas de agresión sexual. Se sugiere una exploración profunda sobre posible agresión sexual y la afectación en el sano desarrollo psicosexual. La afectación psicoemocional que presenta el niño ********** como consecuencia de la violencia sexual, coincide con los síntomas descritos por los especialistas, los cuales han sido encontrados en personas que han sido sexualmente agredidas.

• El dictamen psicológico victimal suscrito por la perito ********** no se relaciona con el delito que se investiga, pues se menciona como delito el de lesiones y aunque se sugiere una exploración profunda sobre posible agresión sexual, no realiza determinaciones respecto a ese punto sino referidas a violencia familiar.

• En relación al dictamen emitido por **********, aunque se realizó con los requisitos formales y bajo la metodología correspondiente, no se encuentra dentro del dictamen el sustento para afirmar que en el evento vivenciado por el menor fue agredido por una persona significativa para él, como lo es su padre. Que el menor presenció el acercamiento sexual entre su padre y su actual pareja; observándose que dichos hechos aún están en investigación en la averiguación previa, por lo que no es dable afirmarlos como ciertos.

• Respecto a la impresión diagnóstica suscrita por **********, se destaca que el mismo no está dirigido a aclarar los hechos sino a determinar una intervención en el ámbito clínico a fin de implementar un proceso psicoterapéutico. Además que en dicho documento no aparecen datos relacionados con los antecedentes personales y familiares del menor, pues sin ellos no se puede tener un panorama general del caso en cuestión. No se desprende el sustento que tiene para mencionar "como consecuencia de la violencia sexual, pues dicho hecho aún está en investigación en la averiguación previa que nos ocupa."

• Por otro lado, la perito tercero en discordia indicó que los dictámenes a cargo de ********** y ********** presentan inconsistencias, al carecer de cierta información, al no sustentar su dicho, que se indicó que el menor tiene un pensamiento funcional, cuando a la edad de cuatro años, el tipo de pensamiento es concreto, no se cita a los especialistas de acuerdo a los cuales los síntomas observados son indicativos de agresión sexual, ni se detalla cuáles son dichos síntomas. Por otro lado, se hace notar que ni el especialista en materia de psicología propuesto por la defensa ni la perito tercero en discordia pudieron entrevistarse con el menor, en virtud de que la madre de éste se opuso, por lo que esta última perito no pudo tampoco determinar la sintomatología que presentaba el menor.

• Se presentó como otro motivo de queja que no se consideró el informe del proceso terapéutico del menor afectado, emitido el veintisiete de enero de dos mil doce, por **********, coordinadora del área infantil de la ********** en el que se señaló: "Las manifestaciones emocionales que presentaba ********** en las primeras sesiones terapéuticas como consecuencia de la violencia sexual y física que vivió eran: ambivalencia emocional hacia su padre **********, miedo, angustia y tristeza por volverlo a ver o que se esconda de nuevo; juegos sexuales que no corresponden a su edad; sobreestimulación sexual; cambios en el estado de ánimo que van de la agresividad a la indefensión; ansiedad; terrores nocturnos; enuresis; regresiones". Sin embargo, en contraposición a tal documental se encuentra el diverso informe académico suscrito por la profesora ********** de veintiuno de mayo de dos mil doce, en el que hizo saber que el menor cursaba el segundo año de primaria, con madurez y aprovechamiento adecuado al grado escolar, teniendo un promedio de 8.5 y un comportamiento adecuado. "Alumno que reporta buen comportamiento, buenos hábitos, cumplimiento de trabajo y buenas relaciones con sus compañeros.". Así, que se encuentran puntos de vista contrarios en torno a la actitud y conducta del menor, que en realidad constatan la débil firmeza convictiva de los elementos probatorios tendentes a evidenciar que aquél cuenta con los rasgos característicos de quienes han sufrido una agresión sexual.

• Otro elemento contrapuesto es la versión del inculpado quien negó la imputación en su contra y que indicó que siempre trató bien a su hijo, que nunca lo atacó sexualmente; lo cual halla sustento en el dicho de diverso menor ********** (medio hermano mayor del agredido), así como en el de la abuela paterna **********, la compañera de trabajo del justiciable, ********** y la persona encargada de cuidar a los menores, **********. Por otro lado, los perfiles psicológicos del justiciable no revelan que su personalidad denote características de los agresores sexuales y a diferencia de los otros dictámenes, se estimó que éste sí reúne los requisitos formales, de contenido y metodología indispensables, correspondiendo los resultados de su evaluación con sus conclusiones.

• Así, al resultar infundados los conceptos de violación expresadas por la amparista principal y al no advertirse deficiencia alguna que suplir a su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se declara constitucional la sentencia reclamada y se niega el amparo.

III. Recurso de revisión. La parte recurrente principal planteó los siguientes agravios en contra de la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Colegiado:

• Indebida interpretación de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Tribunal Colegiado del conocimiento, al restar valor convictivo al dicho del menor, las periciales en materia de psicología (considerando décimo) y confirmar la sentencia reclamada en la que se absuelve al imputado de los delitos de abuso sexual y violación equiparada; no atiende al mandato de interpretación como lo prescribe el artículo 1o. constitucional y demás instrumentos internacionales que tutelan los derechos de los niños. Existe una ley en blanco que no denota los alcances materiales de la ponderación del interés superior del niño en casos penales, en relación con el tema de la suplencia de la queja, pues así lo establece el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y la tesis aislada 1a. CXIV/2008, de rubro: "MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO SON VÍCTIMAS DE UN DELITO, PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, INCLUSO SI EL RECURSO DE REVISIÓN LO INTERPUSO EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN."

• El Tribunal Colegiado omitió aplicar el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes, ya que se debió garantizar el acceso a la justicia, fundándose en el respeto de los derechos humanos del menor ofendido.

• En atención a la garantía de seguridad jurídica que consagra el artículo 16 constitucional, merece especial atención la manera en que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pone en manos del juzgador la facultad discrecional de decidir cuándo una prueba es insuficiente. En el caso, se sesgan inapropiadamente las declaraciones del menor y las opiniones vertidas en los dictámenes en materia de psicología, pues en la resolución no se replica de modo completo cada uno de los elementos de prueba señalados, sino que se selecciona determinada porción descontextualizándola, a fin de resaltar ciertos aspectos que considera pertinentes pero sin fundamento alguno (lo anterior constituye una tergiversación por parte del Tribunal Colegiado de las constancias que efectivamente obran en autos).

• Los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado alegando un contexto de grave hostilidad entre los padres del menor, califican de manera subjetiva el actuar de la madre del menor y al respecto citan todas las actuaciones en el juicio familiar y en la causa penal donde la madre y la abuela materna fueron señaladas como imputadas del delito de homicidio en grado de tentativa en contra del padre. Bajo esta perspectiva se indica que el menor fue influido de manera externa para declarar.

IV. Recurso de revisión adhesiva. La parte recurrente adhesiva planteó los siguientes argumentos para sustentar las consideraciones de la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Colegiado:

• El interés superior del niño no implica que su aplicación pueda ser arbitraria, ya que al analizar lo que sea más benéfico para el menor no debe llevar al juzgador a soslayar el análisis de sus declaraciones, sobre todo como en el caso que resulta evidente un conflicto entre la representante del menor (madre) y el inculpado.

• La resolución debe partir de bases firmes con pruebas fehacientes que sustenten el derecho o bien jurídico transgredido, pues también es parte de la protección del menor evitar hacerle creer situaciones no acordes a la realidad.

• No puede prevalecer el interés superior del menor frente a otro derecho fundamental, sino que ambos deben interpretarse de forma armónica. En el caso, aun supliendo la deficiencia de la queja, la autoridad judicial concluyó que había insuficiencia probatoria.

• La valoración de las pruebas constituye un tema de legalidad, no siendo dable su análisis por ser una apreciación de la autoridad judicial que no conlleva resolver sobre temas de constitucionalidad.

CUARTO.-Estudio de la procedencia del recurso de revisión. De conformidad con el artículo 107, fracción IX, de la Constitución «Federal», 81, fracción II, de la Ley de Amparo y los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario Número 9/2015, para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, tienen que actualizarse cualquiera de los supuestos previstos en el inciso (a) y cumplirse, adicionalmente, con los requisitos a los que se refiere el inciso (b):(10)

(a) En la sentencia recurrida debe subsistir alguno de los problemas de constitucionalidad que a continuación se señalan: (i) pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma general; (ii) interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte; o, (iii) haber omitido el estudio de cualquiera de las cuestiones mencionadas o, cuando se hubieren planteado en la demanda,(11) se hayan calificado de inoperantes, insuficientes o ineficaces.

(b) El problema de constitucionalidad debe entrañar la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. Al respecto, el Acuerdo General Plenario 9/2015 señala que se actualizará dicho requisito, cuando habiéndose surtido los requisitos del punto anterior, se aprecie que la decisión dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, así como cuando lo analizado en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

De acuerdo con tales premisas, se advierte que en el caso el recurso de revisión resulta procedente ya que en Tribunal Colegiado de Circuito realizó una interpretación de los artículos 4o. constitucional y 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación al interés superior del niño, por las razones siguientes:

De los antecedentes reseñados y de una lectura íntegra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo **********, se advierte que si bien no se reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma de carácter general en la demanda de amparo, sí se invocó el interés superior del menor como marco de referencia para resolver el asunto.(12)

En efecto, el menor agraviado, por conducto de su representante (progenitora) señaló en sus conceptos de violación que "si bien no existe disposición expresa en relación a la suplencia de la queja a favor de la víctima u ofendido, se señala que los derechos de éstos deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos sin olvidar que en el caso particular es de considerarse el interés superior del niño ...";(13) toda vez que consideró no se suplió la deficiencia de la queja en favor de su menor hijo al estimar en segunda instancia que ante la insuficiencia probatoria, lo procedente era absolver al sentenciado de los delitos de abuso sexual agravado (dos) y violación equiparada agravada (dos).

En relación con lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito señaló que, el interés superior del menor es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses, por lo cual la autoridad judicial tiene el deber de determinar lo mejor para el menor. Que el tema de la ponderación de las pruebas en supuestos donde se vean involucrados derechos de menores, en realidad constituye un tema de legalidad. La determinación de la veracidad de los hechos es una cuestión de apreciación y valoración que no implica, una afectación al interés superior del niño, ya que una cosa es resolver lo más benéfico para el menor, y otra, establecer cuáles son las premisas fácticas de los casos donde se vean involucradas las prerrogativas de los infantes.(14)

El órgano colegiado concluyó que no es posible, con apoyo en el principio del interés superior del menor, soslayar los requisitos indispensables para el dictado de una sentencia condenatoria, como es la suficiencia e idoneidad de las pruebas, ya que el juzgador deberá ponderar además otros principios inmersos como el de legalidad, debido proceso, adecuada defensa y presunción de inocencia, haciéndolos coexistir como elementos complementarios del ordenamiento jurídico. La resolución absolutoria en favor del sentenciado, no implica la afectación al interés superior del menor, sino que aun considerándolo (pues el menor pudo rendir su versión de los hechos), atendiendo al principio de legalidad y sin que exista deficiencia alguna que suplir en su favor, lo procedente es declarar la constitucionalidad de la sentencia reclamada y negar el amparo.

En vista de lo anterior, es evidente que el Tribunal Colegiado se pronunció sobre la interpretación del artículo 4o. constitucional, en cuanto a los alcances del principio del interés superior del menor en materia penal cuando se involucra un menor como víctima, pues consideró que ante la insuficiencia probatoria y la ponderación de los principios de legalidad, debido proceso, adecuada defensa y presunción de inocencia, el interés superior del menor no se trastocó.

Asimismo, de la lectura íntegra del escrito del recurso de revisión, se advierte que los razonamientos vertidos por el Tribunal Colegiado, fueron controvertidos por la parte recurrente principal, pues se duele principalmente de que se realizó una incorrecta interpretación de los artículos 1o. y 4o. constitucionales y demás instrumentos interpretativos que tutelan los derechos de los niños. Existe una ley en blanco que no denota los alcances materiales de la ponderación del interés superior del niño como víctima en casos penales.

De esta forma, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá establecer si la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado de Circuito es acorde con dicho interés del menor, las normas de protección de la infancia y los derechos del inculpado, previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

Además, en lo que atañe a los requisitos de importancia y trascendencia, los mismos también se satisfacen en el caso particular, toda vez que se involucra el estudio de la especial relación que guarda el principio del interés superior del menor y la suplencia de la deficiencia de la queja en el procedimiento penal en el que el menor es señalado como víctima.

Por otra parte, son inoperantes para efectos de la procedencia del recurso de revisión, el agravio del recurrente tendente a combatir las consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito, relativas a la calificación de legal del acto reclamado en cuanto a la apreciación y valoración de las pruebas, pues se trata de un aspecto de legalidad que no es materia del recurso de revisión en amparo directo.

Ahora bien, conforme a la técnica del recurso de revisión en amparo directo, procede atender los agravios adhesivos encaminados a controvertir la procedencia del recurso principal, por ser de estudió preferente ya que de prosperar sería innecesario estudiar el asunto en el tema de fondo.

Apoya lo anterior la tesis «2a. LXIV/2007»(15) de la Segunda Sala, de rubro y contenido siguientes:

"REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LA INOPERANCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, SON DE ESTUDIO PREFERENTE.-Los agravios expresados en la revisión adhesiva tendientes a demostrar la inoperancia de la impugnación constitucional de un precepto legal en el amparo directo en revisión, cuando se equiparan a los concernientes a la improcedencia de un juicio de amparo indirecto contra leyes, son de estudio preferente, pues versan sobre una cuestión que conforme a la estructuración procesal debe decidirse en forma preliminar al tema de fondo, ya que de resultar fundados, harían innecesario el pronunciamiento en ese último aspecto."

Al respecto, el recurrente adhesivo señala que al tratarse en lo principal, de un debate en relación con la valoración de las pruebas, dicho ejercicio ponderativo por parte de la autoridad judicial, no implica una resolución sobre temas de constitucionalidad, sino que solamente son aspectos relativos a la legalidad de la sentencia recurrida. Lo anterior resulta infundado, pues como se explicó en el apartado de esta ejecutoria relativo a la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, en el presente caso, el Tribunal Colegiado se pronunció sobre la interpretación del artículo 4o. constitucional, en cuanto a los alcances del principio del interés superior del menor en materia penal cuando se involucra un menor como víctima, pues consideró que ante la insuficiencia probatoria y la ponderación de los principios de legalidad, debido proceso, adecuada defensa y presunción de inocencia, el interés superior del menor no se trastocó, de forma tal, que el análisis que el presente caso amerita debe determinar si la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado de Circuito es acorde con dicho interés del menor, las normas de protección de la infancia y los derechos del inculpado, previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

QUINTO.-Estudio de fondo. Es importante destacar que en el presente asunto opera la suplencia de queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, porque se trata de la víctima como recurrente, inclusive ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

Con mayor razón debe suplirse la deficiencia al recurrente, por tratarse de un menor de edad. Lo cual resulta procedente con independencia de la naturaleza de los derechos cuestionados.(16)

Precisado lo anterior, cabe recordar que en el presente asunto, el progenitor fue acusado de cometer en contra de su menor hijo, actos probablemente constitutivos de dos delitos de abuso sexual agravado y dos de violación equiparada agravada. En primera instancia se dictó sentencia condenatoria, y en segunda instancia, la Sala responsable absolvió al sentenciado por insuficiencia probatoria, para acreditar tales
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